Acto de Unidos por la Vida en los juzgados en protesta por la impunidad de los criminales de Isadora

Unidos por la Vida, apoyados por otras asociaciones de defensa de la vida han entregado hoy una carta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que solicitan que se abra un expediente al juez de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro de Dios, por el archivo injustificado del caso del negocio abortista Isadora. En este sentido, estudian también querellarse contra él por prevaricación. El juez falló que no había indicios de criminalidad.
Antes de la entrega, miembros de Unidos por la Vida, Projusticia y Universitarios por la Vida, secundados por los ciudadanos que apoyaban su demanda, se apostaron frente a los Juzgados de Plaza de Castilla para realizar un acto de protesta por la exculpación del centro abortista, al que se investigaba por el hallazgo de fetos de más de 22 semanas de vida en unos contenedores próximos.
La presidenta de Unidos por la Vida, Pilar Gutiérrez, calificó el auto dictado por el juez el pasado 15 de octubre de “injusto”, “parcial”, “arbitrario” y “oportunista”, denunciando la “incongruencia” del auto ante “las pruebas evidentes de que Isadora practicó abortos en los casos no contemplados por la Ley”, informa Europa Press. “Queremos que el Consejo depure responsabilidades. Este juez tiene un trastorno cognitivo o un problema ideológico”, apostilló.
Oportunismo
Gutiérrez ha llamado la atención sobre la “coincidencia” de que, después de un año de tramitación tras el hallazgo de fetos de hasta 28 semanas -siete meses de gestación- en el contenedor de la clínica, el auto sobre el archivo se diera a conocer precisamente el día antes de la manifestación del 17-O.
En este sentido, se refirió a que la noticia salió a la luz coincidiendo con la manifestación masiva del pasado sábado, donde más de un millón y medio de personas se concentraron para mostrar su repulsa a la reforma legal proabortista que impulsa el Gobierno de Zapatero.
Asimismo, consideró que resulta “llamativa” la propuesta del juez de actuar contra la Guardia Civil y la “inmediata reacción del ministro del Interior abriendo expediente contra ellos”. “La Justicia no debe sólo ser justa sino también parecerlo, y la policía merece un respeto que le están negando las mismas instituciones que se lo deberían otorgar”, añadió.
Juan Sánchez Galera, de la plataforma La Vida Importa, coincidía con todo ello al afirmar que “la actuación del juez parece evidente y hay indicios de que ha sido tremendamente irregular, tanto porque ha habido materia para haber investigado y no lo ha hecho, como por los indicios de que hay ciertos componentes ideológicos: el sacar esto un día antes de la manifestación del 17-O o las afirmaciones de que ‘no hay el más mínimo indicio de delito’, cuando las fotos hablan de fetos de fetos de unas 28 semanas”.
Estas plataformas estudian también actuar contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por ordenar una investigación contra estos guardias civiles que destaparon el caso.
La historia del caso Isadora comenzó en febrero de 2007: dos agentes del Seprona acudieron hasta el lugar y tras inmovilizar unos cubos de basura, decidieron acudir al Juzgado de guardia de Madrid por sospechar que en el centro se habían perpetrado abortos ilegales a raíz de la imagen de los fetos abortados que se habían encontrado en los mismos. Las fotos que tomó el Seprona y que se aportaron a la causa evidencian, según prestigiosos expertos sanitarios consultados, que responderían a fetos de más de 22 semanas de gestación, por lo que los abortos serían ilegales.

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