Carta abierta a D. Juan Carlos I, por Rafael López-Diéguez

Rafael López-Dieguez en un acto contra el aborto en la sede madrileña del PSOE

Hace unas semanas los hombres y mujeres de AES nos concentrábamos en la plaza de Chamberí de Madrid para pedirle al Jefe del Estado, D. Juan Carlos I que, de aprobarse la criminal ley del aborto no la sancionara, que siguiera el ejemplo de su coetáneo el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y se niegue a firmar cualquier ley en contra de la vida.
Se lo pedíamos apelando a su confesionalidad y se lo pedíamos apelando a su obligación de actuar acorde a la ley natural y la moral objetiva. Nadie le pondrá una pistola en el pecho, pero es que, aunque se la pusieran, su obligación seguiría siendo no firmar.
Un rey católico, que presume de ello, NO PUEDE SANCIONAR ESTA LEY, sí, yo me atrevo a decirlo, no titubeo y además digo que si lo hace será connivente moralmente con el crimen execrable del aborto, colaborador necesario del mismo, como lo han sido los que han votado a favor de la ley, y un colaborador necesario, es un pecador público y como tal sobre él ha de recaer todo el peso del Código Canónico. Es de esperar que la jerarquía de la Iglesia reaccione ante esta más que posible actitud del Rey. En 1985 cuando firmó la anterior ley del aborto solo se alzó una voz, la de Monseñor Guerra Campos, que fue acallada por los demás miembros de la jerarquía, hoy a quien le toca ese rol. Es la hora de que la Jerarquía se pronuncie, es la hora de que se diga sin tibiezas cuáles son las consecuencias de que un católico, como dice el Rey ser, de una forma pública y notoria colabore en una forma necesaria e imprescindible con el aborto. No nos vengan con aquello de las eximentes de obligatoriedad por razón de su cargo, no nos vengan con aquello de que está obligado constitucionalmente, ninguna norma de derecho positivo es susceptible de burlar las normas de derecho natural, porque esta burla la convierte en ilegitima y por lo tanto no ha de ser cumplida. El Rey SI puede negarse a firmar, como yo me puedo negar a cometer cualquier injusticia, aunque en ello vaya mi cargo o incluso mi vida.
Nadie olvide que un proyecto pasa a tener carácter vinculante y rango de ley exclusivamente por la firma del Rey, por lo que el Rey tiene “in fine” capacidad normativa, nada está regulado en cuanto a la negativa del Rey a firmar, es una laguna de ley; se establecen plazos, 15 días, pero nada se dice si este plazo se incumple, esta laguna puede ser aprovechada por el Jefe del Estado, esta laguna es su oportunidad. De la literalidad del artículo 91 de la Constitución no se desprende obligatoriedad alguna, pero insisto aunque existiera tal obligatoriedad él tendría el deber de no firmar y/o abdicar.
La pregunta que me hago es siempre la misma ¿el Rey sancionaría un proyecto de ley por el cual se extinguiera en España la monarquía y con ello su renuncia al trono?, seguramente en este caso pactaría, se movilizaría, intentaría llegar a acuerdos, lo que supongo no ha hecho en este caso.
Monseñor Temiño, quien fue Obispo de Orense, nos recordaba “si las leyes se oponen al bien común es deber de todos procurar que no se promulguen y promulgadas no cumplirlas. No pueden obligar. Antes bien, obliga lo contrario. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Señor, ya sé que no le ha de importar mucho la opinión de este español de a pie, sé que ni tan siquiera se molestará en leer esta mi carta, asumo que de leerla le importará muy poco, es más que se reirá de lo que dice este pobre españolito que paga sus impuestos para mantener una Casa Real, pero este españolito no tiene reparos en decirle en esta carta abierta que si usted llegara a sancionar la ley ya no representaría nada para él, que usted, que ya goza de una escasa credibilidad y legitimidad, la perdería por completo y que este españolito abogaría porque se marchara a su casa y con ello dignificara una institución por la que siento gran respeto, cual es la Monarquía.
Solo terminar con una frase de Lope de Vega que leyó mi buen amigo Jose Maria, monárquico por cierto, pero monárquico de verdad, de los que están dispuestos a darlo todo y de hecho lo ha dado, que se ha jugado su puesto de trabajo por ser consecuente con su Credo, si, su puesto de trabajo y lo ha hecho con alegría, con orgullo, casi lo mismo que usted, ¿verdad?, pues bien, el autor decía así:
“Todo lo que manda el Rey que va contra lo que Dios manda, ni tiene rango de ley, NI ES REY QUIEN ASI DESMANDA”.
En la monarquía de Jose María creo, pero Señor si usted vuelve a firmar, en la suya no, usted y los suyos me sobran.

Rafael López-Diéguez, presidente de Alternativa Española

Obispos españoles y aborto: la historia se repite

Reproducimos por su interés el siguiente artículo, publicado en Religión en Libertad por Ángel David Martín Rubio, sacerdote licenciado en Geografía e Historia y en Historia de la Iglesia en la diócesis de Coria-Cáceres. Ha impartido clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ahora lo hace en el Instituto Teológico Virgen de Guadalupe y en el Seminario Diocesano de Cáceres:

El cardenal Tarancón y Adolfo Suarez, en la época en que se dió en España el pistoletazo de salida a la cultura de la muerte.

Todos los indicios hacen pensar que los obispos españoles van a repetir lo ocurrido en 1985 cuando, en los debates previos a la aprobación de la ley despenalizadora del aborto, se limitaron a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas en caso de salir adelante la ley, como ya lo están con la ahora vigente.
Ahora bien, en relación con la previsible aprobación de la ley que convierte el crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el democrático estado español, hay que reconocer que en esta ocasión, las alarmas se han disparado y ha sido el propio portavoz de la Conferencia Episcopal el que ha bajado a la arena para escenificar una defensa del Monarca responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Y es que iniciativas como las promovidas desde Religión en Libertad, han demostrado con argumentos jurídicos y teológicos contundentes, que era posible esperar que el Jefe del Estado niegue la sanción de la ley. Como todo hace pensar que don Juan Carlos de Borbón, firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos de miles de inocentes no nacidos, la Conferencia Episcopal ha decidido acudir en socorro del interpelado.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar ayer, los periodistas preguntaron hasta siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del Estado ante la ratificación de la ley del aborto. Teniendo en cuenta que la cuestión no pudo sorprenderle desprevenido se capta el verdadero alcance de las respuestas:
«La situación de Su Majestad el Rey es única, ningún otro ciudadano está en esa situación no existe un principio general para su caso y no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario», afirmó.
Al insistir los periodistas, añadió: «El caso del Rey es único, distinto del político que da su voto, pudiendo no darlo. La Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el acto del Rey, que es distinto al del parlamentario».
Y al ser preguntado una vez más, afirmó: «La Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto único que hace el Rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a emitir».
La doctrina de la Iglesia
Soy consciente de la agudeza crítica y del prestigio intelectual de Monseñor Martínez Camino y alguien con su perfil no puede estar convencido de las razones alegadas por él mismo, argumentos que se refutan desde los más elementales principios de la moral católica y que están en franca contradicción con los que fueron expuestos en 1985 por el entonces Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos. Menos aún se entiende tan exquisita prudencia a la hora de emitir un juicio cuando están en juego millones de vidas humanas.
Recordemos, como ya hicimos en otros artículos, la doctrina expuesta por monseñor Guerra Campos en una serie de intervenciones que contienen la única expresión completa de la doctrina católica sobre la legislación abortiva hecha pública por un obispo español. A diferencia de Martínez Camino, Guerra Campos precisó la responsabilidad de las autoridades concretada en los autores de la ley entendiendo como tales el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; los parlamentarios que la voten y el jefe del Estado que la sancione. Terminaba recordando que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de «gravísima violación del orden moral», con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en «manifiesto pecado grave». ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación in sacris la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Menos aún hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto en relación con la ampliación de la actual ley, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces obispo de Cuenca hacía unas afirmaciones que adquieren ahora mayor actualidad:
«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)».
¿Qué se puede esperar ahora?
Ahora solo cabe esperar que algunos obispos a título particular y con toda la autoridad magisterial que les compete, se desmarquen de la posición expresada por Martínez Camino y vuelvan a exponer y actualizar la doctrina católica en relación con las leyes injustas y con los responsables de su aprobación y aplicación. Esta reacción —la de cada uno de los obispos sin el paraguas de la Conferencia Episcopal— será un auténtico test que nos permita comprobar si realmente se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español (como sostienen algunos con mejores deseos que capacidad de análisis) o nos encontramos ante la enésima re-edición de la autodemolición en su más ibérica versión taranconiana.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, a nadie debería extrañar una intervención de la Sede Apostólica, tan activa en la defensa de los derechos humanos. Sería muy deseable que Benedicto XVI hiciera pública su posición para evitar que alguno de esos especialistas en detectar malas intenciones le reprochen —como ya hicieron con Juan Pablo II y el episcopado español— la aceptación tácita de la Ley de 1985.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985… O acudan a manifestaciones promovidas por sedicentes pro-vida que evitan cualquier referencia clara en contra de la legislación abortiva vigente porque se oponen a la ampliación de la actual regulación pero aceptan esta última.
En el fondo, toda la casta política y los millones de españoles que la respaldan con sus votos, actúa al servicio del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). El árbol se plantó entonces, ahora basta recoger sus frutos y lo único que admite una mínima disputa es quién habrá de llevarse la cosecha.

Si hay alternativa, únicamente será posible en la medida que tenga lugar la recuperación de la hegemonía cultural en la sociedad. Algo que implica la lucha por la Verdad ―que no se impone por sí misma― y la capacidad de generar instrumentos coercitivos que, al amparo de la ley, actúen como freno de las tendencias disgregadoras.

Unidos por la Vida dará respuesta a la ley de plazos con un “catering” a los senadores

Hoy viernes 26, a las 13:30, la asociación Unidos por la Vida, en representación de toda la sociedad española que ha sido despreciada y vejada por la decisión de ayer de legalizar el aborto, hará entrega en el Registro del Senado de un “catering” representativo de lo que ha sido aprobado ayer por esta cámara. El “catering” está dirigido a todo el cuerpo legislativo y ejecutivo responsables de esta alta traición al Estado de Derecho y a la voluntad popular.

Datos de la convocatoria:
Plaza de la Marina Española
Viernes 26, 13:30 hs.

Duran recurriría al TC la ley del aborto si tuviera diputados para hacerlo

El presidente de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha admitido hoy que si dispusiera de diputados suficientes recurriría ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto, pero al no ser así se ha desvinculado de cualquier decisión que al respecto pueda adoptar el PP, que sí los tiene.
“Es el PP quien tiene los diputados suficientes y por tanto es el PP el que sabrá si quiere o puede recurrir esa ley”, ha manifestado el también portavoz parlamentario de CiU en una rueda de prensa.
El Senado aprobó ayer la reforma de la ley del aborto, una nueva norma que Unió considera inconstitucional hasta el punto de que sus senadores intentaron vetar su tramitación en la Cámara Alta.
Para que una fuerza política pueda recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional requiere de la firma de 50 diputados ó 50 senadores.
Al ser preguntado en una rueda de prensa por el posible apoyo de los diputados de Unió a un eventual recurso del PP, Duran ha insistido en que este partido dispone de parlamentarios suficientes para recurrir “y no necesita el complemento de los diputados de Unió Democràtica de Catalunya”.
En consecuencia, ha desestimado cualquier tipo de “conversación” con el Partido Popular para ponerse de acuerdo sobre un posible recurso de inconstitucionalidad.

Mañana es 25-V. Concentraciones en la Región ante los negocios abortistas

Mañana jueves 25 de febrero como todos los 25 de cada mes nos volveremos a concentrar frente a los abortorios de forma pacífica y silenciosa para dar a conocer que hoy en día de una forma cruel, violenta y silenciosa se derrama a diario la sangre de inocentes. Esa tortura despiadada para la mujer y para el nasciturus se llama aborto. Ese holocausto silencioso esta acabando de forma infame con millones de vidas, el equivalente a países enteros.
Por todo ello, para decirle a la mujer que no está sola, que la vida de su bebé merece la pena y que no es un problema, que puede contar con nosotros.
Reivindicamos un SI A LA VIDA, EL DERECHO QUE TODA PERSONA INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD, TAMAÑO, CONDICIÓN FISICA Y PSIQUICA VALE LA PENA Y TIENE DERECHO A NACER Y A VIVIR.

Manifiesto por la Vida apoya las concentraciones de mañana 25 de febrero

Presentarán en Baja California Sur iniciativa contra aborto

Por primera vez en la historia del Estado, la sociedad civil de Baja California Sur hace uso de las facultades que le confiere la Ley de Participación Ciudadana y tras recopilar cerca de 20 mil firmas este miércoles presentará al Congreso de la entidad una Iniciativa Ciudadana para plasmar en la Constitución el reconocimiento y protección del derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
Se busca que se apruebe una reforma constitucional a fin de que quede inscrito explícitamente que: “El

Manifestantes por la vida en Méjico

Estado de Baja California Sur reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural; esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal”.
Pero como sucede en España con los providas, lor promotores de la iniciativa, que en realidad pone excepciones a la vida humana, harán posible que ninguna mujer sea sancionada penalmente si incurre en práctica de aborto en caso de que su embarazo sea producto de violación, si corre peligro su vida, si existe malformación congénita del bebé, por accidente o por inseminación artificial no consentida.
La sociedad civil en el Estado expresó su deseo de que la Constitución local incluya en su texto la defensa del derecho a la vida por considerar que si una sociedad no asume una actitud firme en la defensa de éste no tendrá la fuerza ni la capacidad de exigir respeto a todos los demás derechos como seres humanos.
Oscar Amador Encinas Notario Público número 9, certificó la legalidad y autenticidad de cada uno de los documentos firmados, mismos que serán puestos a disposición de los diputados del Congreso del Estado.
En un proceso legislativo de esta importancia, donde está de por medio el derecho a la vida de todo ser humano, es fundamental tomar en cuenta la opinión y el sentir del mayor número de ciudadanos.
“Por ello, los ciudadanos de Baja California Sur que creemos en la defensa de la dignidad humana de todas y todos, independientemente de su condición social, económica, de la edad, sexo, filiación política o creencia religiosa, hacemos uso del derecho establecido en el artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur para someter al Congreso una Iniciativa Ciudadana”, explicó el abogado Jorge Ignacio Pasalagua Morales, representante común del movimiento ciudadano.
A través de las 19 mil 930 firmas que entregan al Congreso de Baja California Sur solicitarán que la Iniciativa Ciudadana que tiene como propósito proteger el derecho a la vida desde el momento de la fecundación, se entregue a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a efecto de que sea considerada para su análisis correspondiente.
Cabe destacar que la Ley de Participación Ciudadana de la entidad establece como requisito para interponer una Iniciativa Ciudadana que sea acompañada por el 0.5 por ciento del último listado del padrón nominal electoral, es decir, alrededor de mil 900 rúbricas de ciudadanos sudcalifornianos, por lo que el requisito se rebasó.

ACAI muestra su satisfacción por la aprobación de la Ley del Aborto

Los traficantes del aborto, exultantes con la nueva ley del aborto, acumulan denuncias y condenas por delitos de diversa índole

La patronal de los exterminadores de niños, llamada Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se ha mostrado exultante por la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto en el Senado.
Los traficantes de abrtos han felicitado al Ministerio de Igualdad por haber sido promotor de esta nueva el, que “reconoce por primera vez a las mujeres su derecho a decidir sin tutelas sobre su maternidad”.
En un comunicado, la asociación ha abogado porque la voluntad de conseguir la “mejor ley posible”(para sus intereses económicos e ideológicos) se mantenga en el desarrollo reglamentario de la norma.
Tras la aprobación de la ley, ACAI ha pedido a los gobiernos autonómicos que no obstaculicen la aplicación efectiva de la nueva legislación desde su capacidad de gestión sanitaria. Seguramente no encontrarán en ellos obstáculo alguno, como no lo han encontrado a la hora de cometer fraudes y tropelías de todo tipo con la ley anterior.
ACAI ha reclamado al Ejecutivo, coincidiendo en esto tanto con Hazte Oír, como con algunos otros grupos que se autodenominan “provida”, la incorporación de la prestación sanitaria del “aborto provocado” al Sistema Nacional de Salud.
La asociación ha señalado que, debido a que la interrupción de la gestación es una práctica no normalizada en el Sistema Nacional de Salud, “existe una clara reticencia a la realización de abortos por parte de los médicos y ginecólogos de la sanidad pública que no encuentran proyección profesional en su práctica”.
Por ello, ha considerado que, con independencia de la formación de los profesionales y de la regulación de la objeción de conciencia, es imprescindible normalizar la práctica para asegurar que en España haya médicos comprometidos con este derecho básico de la mujeren el servicio sanitario público.
Queremos recordar que a ACAI pertenecen Santiago Barambio, que ha sido su portavoz, y ha sido condenado por daños contra una mujer a la que realizó un aborto, el negocio Isadora, donde se perpetran asesinatos de niños más allá de la edad legal permitida por la ley en vigor, el negocio Mediterranea Médica, de la que es director médico José Luis Carbonell, imputado por delito de aborto por su participación en el barco de la muerte, el abortorio El Bosque, investigado por cometer todo tipo de delitos contra la salud y la hacenda pública, o los negocio abortista Triana en Sevilla y Atocha Ginecológica en Málaga(ahora llamado Centro Médico 2002) implicados en una trama de subvenciones irregulares de millones de euros a cargo del Servicio Andaluz de Salud. Vamos, todo un elenco de criminales, no sólo por su profesión de asesinos de bebés.

El Obispo de Ávila asegura que el aborto es un crimen

Monseñor Jesús García Burillo, Obispo de Ávila.

El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha señalado en una carta dirigida a una joven abulense de 16 años que en el tema del aborto siempre se habla del derecho de la madre a decidir, pero nunca se hace referencia al derecho a la vida del ser que esta engendra en su seno. Se pregunta además porqué el aborto era antes un delito y ahora es un derecho.
García Burillo ha señalado que los cristianos consideramos el aborto como un crimen ya que se considera que la unión de los dos gametos da como resultante “una célula que es ya un ser humano”. Se pregunta por ello “porqué el aborto era antes un delito y ahora un derecho”.
El Obispo de Ávila ha considerado por ello la ley del aborto como una “reforma innecesaria e injusta”, a la vez que se ha preguntado “dónde está escrito que ser madre joven sea una desgracia insuperable”.
Las palabras del prelado no dejan mucho margen a los cristiano para apoyar éste crimen, en ningún supuesto, y menos aún exigir su financiación pública.

Corrupción sexual de menores y promoción del aborto en Gran Bretaña desde los 5 años

La Casa de los Comunes del Reino Unido se dispone a votar una legislación esta semana que pretende introducir un programa de educación sexual a niños de escuela primaria a gusto de los impositores de la ideología de género, a partir de los cinco años. La Children, Schools and Families Bill también contiene muchas otras cláusulas que, dicen los críticos, no es tanto una negación de la enseñanza católica “como un completo desarraigo de la relación de ley natural entre padres, hijos y el Estado”.
La ley, que los miembros del Parlamento votarán este martes está causando una amplia preocupación entre sacerdotes y laicos del Reino Unido, que la ven como una ulterior erosión de las legítimas libertades. Dado que muchas de las escuelas católicas son financiadas o mantenidas por el Estado, la ley también amenaza erosionar la identidad católica de estas escuelas.
La legislación –que un sacerdote calificó de “espantosa”, sería imperativa para todas las escuelas estatales, incluidas las escuelas confesionales con financiación pública–, pretende no sólo enseñar sexo y educación en relaciones (SRE) sino que incluye orientación y direcciones para abortar y otros servicios opuestos a la vida y la familia.
Los críticos afirman que las escuelas serían forzadas a enseñar SRE según los principios de “igualdad”, “diversidad” y “derechos”, lo que es interpretado por el Gobierno como que incluye el aborto, control de natalidad, homosexualidad y “un amplio abanico de prácticas sexuales”. También tendrán que examinar sus programas de SRE según los principios de la ley, y tener en consideración el programa de educación sexual del Gobierno.
El Gobierno insiste en que las escuelas confesionales tienen derecho a proteger su ideario, pero queda sin clarificar cómo el Gobierno ordenará a las escuelas confesionales aceptar su agenda de salud sexual. Grupos de defensa, como la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC), afirman que aunque las escuelas puedan adaptar “el modo en que se enseñan las cosas”, el Gobierno a pesar de todo insistirá en que todos los aspectos de SRE tendrán que ser impartidos en todas las escuelas.
“No puede haber duda de que el Gobierno usará la ley, si se aprueba, para promover el aborto en las escuelas –dijo John Smeaton, director de SPUC–. Los principios de la ley serán usados para asegurar que la propaganda pro-aborto domine el contenido de la educación sexual” “Igualdad” y “diversidad”, dijo, “serán usadas para suprimir la oposición al aborto” y la abolición del derecho de los padres a retirar a los chicos mayores de las clases de educación sexual, “asegurará que ningún niño deja la escuela estatal sin que su cerebro haya sido lavado con la mentalidad pro-aborto”.
Los padres pueden pedir retirar a sus hijos de las lecciones de SRE, pero una vez que sus hijos llegan a los 15 años no podrán hacerlo. Los críticos señalan que esta edad está por debajo de la edad legal de consentimiento en el Reino Unido que es de 16 años. Actualmente, los padres tienen derecho a retirar a sus hijos de las clases de educación sexual a lo largo de todos los años de la educación obligatoria, aunque quienes se oponen a la ley afirman que el proceso es “confuso”.

Manipulación del dolor para imponer el aborto

El Population Research Institute (PRI),denuncia el tráfico con el dolor de una mujer embarazada con cáncer que se lleva a cabo en Nicaragua, y que ha utilizado el grupo abortista de ultraizquierda Amnistía Internacional entre otors, para exigir la imposición del aborto en este país, en el que la vida humana de cualquier concebido está protegida por ley.
‘Amelia’ es el nombre ficticio que dieron a la mujer embarazada con cáncer cuyos familiares “presentaron entre lágrimas” en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), según reportaba El Nuevo Diario de Managua. Pedían a las autoridades de salud que hagan algo para salvarle la vida a esta mujer de 27 años, que de fallecer dejaría en la orfandad a una niña de 10 años.

Y no estaban solos. La misma nota consignaba las declaraciones del Dr. Oscar Flores Vigil quien explicó que “Amelia” tiene cáncer metastásico que ha avanzado mucho, y con el embarazo se había agravado. “Para tratar el cáncer, lo único que puede salvarle la vida es la quimioterapia, pero esto significa que tendría que hacerse un aborto terapéutico, ya que el bebé no soportaría la radiación. El bebé en desarrollo podría sobrevivir, pero seguramente quedaría afectado con daños severos en su constitución física”, dijo Flores.
También citada en la misma nota, Marta María Blandón señaló que desde el 12 de febrero se giró carta al director del hospital, al ministro de salud, al Presidente de la República, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, apelando “a que hagan lo que tengan que hacer” (el aborto), y que el Estado cumpla con su deber de salvar la vida de todas sus ciudadanas.
Llama la atención la coincidencia en un punto por parte de todos los actores de este drama: que el aborto salvaría a la paciente, como si éste fuese la cura del cáncer.
Pero resulta que el Dr . Flores Vigil y de la señora Blandón son miembros destacados del autodenominado “Grupo Estratégico por la Despenalización del aborto”. Flores tiene una larga trayectoria al frente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia abogando por la despenalización del aborto terapéutico situándose al lado de las grandes organizaciones abortistas del mundo como UNFPA, UNICEF, OMS, IPPF y otras. (Ver por ejemplo http://www.puntos.org.ni/boletina/contenido.php?CodBole=140&key=1943) Marta María Blandón es nada menos que la Directora de IPAS en Centro América. (IPAS es el mayor promotor y distribuidor de máquinas de succión para hacer abortos del mundo). Es decir, estamos hablando de dos personas que si se aprobase el aborto en Nicaragua estarían primeros en la fila de proveedores.
Ya existen ofrecimientos concretos para ayudar a “Amelia” con el tratamiento de su cáncer que no pasa por la necesidad de un aborto. Pero una vez más la mujer que supuestamente ayudan estos grupos abortistas no está accesible para la ayuda. Impera más bien el discurso político de Flores y Blandón para los cuales la única solución es la legalización del aborto. El 19 de Febrero, “El Nuevo Diario” reproducía las amenazas de Blandón y otros miembros de su grupo:

“Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”…
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico(derechos humanos ya es sinónimo de aborto en casi todos los rincones del mundo), dijo que después de hacer público el caso de “Amelia”… creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia”.

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/68704

Es decir, la “urgencia” coincide perfectamente con la agenda política del aborto legal de los últimos años y toca tangencialmente otros asuntos como el tratamiento de “Amelia” que bien podría esperar a que dicha gestión se resuelva.
Otro caso manipulado
¿Tan rápido se ha olvidado el destape de las mentiras feministas en el caso “Rosita”? PRI hizo un informe de este destape hace unos años. “Rosita” fue violada por su padrastro y no por el costarricense a quien las feministas culparon. El padrastro quien se regodeó por años publicitando la necesidad del aborto para Rosita, la había embarazado de nuevo y cuando las dirigentes feministas lo supieron decidieron ocultarlo. “Rosita” siguió todo ese tiempo abusada, pobre y utilizada en función de un objetivo político. El aborto no fue nunca una solución sino un abuso más al que se puso término cuando literalmente arrebataron a “Rosita” de las manos de sus supuestas “defensoras”. “Rosita” fue solamente la excusa a quien no se quiso ayudar verdaderamente.
Estaban involucradas las mismas personas como es el caso de la señora Blandón. Y básicamente se desarrolló el mismo patrón:

Las feministas detrás de casos de miseria y dolor de mujeres o niñas muy vulnerables,
Exposición mediática de esos casos como emblemáticos,
Las víctimas permanecen ocultas e inaccesibles para cualquier tipo de ayuda. Nunca se revelan los detalles de su historia clínica. Solamente se comunica una versión pública y oficial del grupo abortista.
Fundamentalmente para decir (y nadie pueda objetar) que la legalización del llamado “aborto terapéutico” es la solución para salvar vidas de mujeres.
Los promotores del aborto son presentados como salvadores de la vida de la mujer y quienes se opongan a sus demandas abortistas son cuasi criminales.
Sin embargo, y esto es la moraleja del caso “Rosita”, no se puede tapar el sol con un dedo ni con una red… feminista.

¿Qué dice la ciencia en los casos de cáncer de ovario en mujeres embarazadas?

Recurrimos a un servicio de información médica conocido e ideológicamente imparcial como es Up to Date (http://www.uptodate.com) La información que nos ofrece sobre el tratamiento de cáncer de ovario en una mujer gestante puede resumirse así: En la mayoría de casos de cánceres de mujeres embarazadas es posible tratar a la madre embarazada sin poner en riesgo serio al bebé. Es raro que haya necesidad de extraer la matriz para reducir el cáncer si la cirugía se realiza durante el embarazo. Y finalmente, terminar temprano el embarazo no mejora la prognosis (pronóstico) del cáncer del ovario. Se señala que un cáncer de ovario se puede curar con quimioterapia aún en los casos donde se presente metástasis. El informe completo en inglés lo puede ver haciendo clic aquí.

Por su parte la Asociación Médica Nicaragüense emitió un Comunicado donde expresa que “siente la obligación de dar a conocer a la ciudadanía los criterios científicos para el manejo de estos casos” y a continuación señala:

Está demostrado científicamente que en casos de cáncer ginecológico el embarazo no influye ni en la progresión ni en la expansión de los Tumores.
Según el estadío clínico del cáncer, en Nicaragua existen diversas opciones de tratamientos (quirúrgico, radioterapia y quimioterapia) los cuales pueden ser combinados.
Que si bien es cierto que se han obtenido éxitos en la curación de cáncer diagnosticado en etapas tempranas, estos porcentajes disminuyen a medida que la enfermedad progresa siendo prácticamente nulo cuando se llega al estado de metástasis.
Según múltiples estudios y experiencias, tomando en cuenta la evolución natural de un cáncer, su inicio se fija entre siete a diez años antes de que dicho cáncer se manifieste con metástasis.
Los cánceres diagnosticados durante el embarazo se tratarán de acuerdo a su origen, estadío, localización y severidad, bajo el concepto de consentimiento informado y actuando directamente contra la enfermedad y no contra el bebé.
En el caso de la quimioterapia puede administrarse a la madre embarazada, esperándose afectación al bebe en un 7%, lo cual no justifica que se efectúen acciones directas contra el bebe (aborto provocado).
Si como consecuencia del tratamiento (7%) se produjese la muerte del bebé, ésta se daría como un acto indirecto no querido ni procurado, lo cual, siguiendo el principio bioético de doble efecto, no sería causal de sanción penal, bioética, ni moral.
Por lo tanto ASOCIACION MEDICA NICARAGUENSE, ante la situación mediática que ha suscitado el caso “AMELIA” no encuentra ninguna justificación para que sea sometida a un aborto directo provocado. El aborto no la va a curar de su cáncer ni de sus metástasis, por lo que hay que brindarle terapia adecuada, ya sea curativa o paliativa, asegurarle calidad de vida y dar soporte psicológico a élla y su familia.

Otros casos fabricados

“Fabricar casos” es toda una estrategia. La desarrolla el Center for Reproductive Rights con sede en Nueva York. Sus autoras y patrocinadas son Mónica Roa (la del aborto en Colombia), Luisa Cabal y Lilian Sepúlveda.

Le comento algunos de los casos que ellas han trabajado en Perú:

Mamerita Mestanza. Ella murió a consecuencia de una de las más de 300,000 esterilizaciones realizadas durante el gobierno de Fujimori bajo el discurso de la Salud Reproductiva. De un día para otro, los promotores de las esterilizaciones se convirtieron defensores de la familia de Mamerita. Hicieron una ceremonia pública donde se tomaron fotos y se felicitaron a estos “defensores”. A los familiares les prometieron una indemnización que nunca se cumplió. La “defensa” se hizo en la medida de la publicidad y de las políticas públicas que querían del gobierno y mientras los favorecía. Hoy ya no es así y el caso de Mamerita quedó en nada.
Karen Llantoy. Las feministas la representaron para denunciar al Estado Peruano por no haberle practicado un “aborto terapéutico” por tener un embarazo de niño anencefálico (sin cerebro). Como es frecuente en estos casos el niño murió a las pocas horas de nacido. Acusaron al Estado de trato inhumano y cruel. Lograron que el Comité de Derechos Humanos recomendará una indemnización pero a través de este caso han presionado por la despenalización del aborto terapéutico en el Perú. Roa usó este caso como argumento para despenalizar el aborto terapéutico en Colombia. Lo anecdótico del caso es que para el gobierno peruano como para cualquiera medianamente informado de las leyes peruanas, éste hubiese sido un caso de “aborto eugenésico” claramente tipificado como delito para las leyes peruanas. Es importante señalar que la vida de Karen nunca estuvo en riesgo. Ella ahora vive en España y es una vocera ocasional a favor del “aborto terapéutico”.
Caso LC. Con las mismas características del caso “Amelia”, grupos feministas presentaron el caso de una niña de 13 años que cansada de los ultrajes de un hombre mayor se lanzó desde el techo de su casa y producto de la caída y quedó cuadraplégica. Al evidenciarse su estado de gestación, se argumentó que el embarazo ponía en grave riesgo su vida y que era necesario un aborto y el hospital se lo negó. Igualmente se ofreció ayuda a la niña pero los grupos feministas la han permanecido oculta hasta hoy y nunca presentaron la evidencia médica para ser analizada.