Desde manifiesto por la Vida saludamos el nacimiento de una nueva página en defensa de la vida humana, en la localidad de Bullas.
Se trata de un proyecto gestado a raíz de la charla que el pasado fin de semana tuvo lugar en aquella localidad, y que pretende ser la voz de todos los que defienden en Bullas la vida humana.
La Cámara de los Diputados italiana ha aprobado recientemente, prácticamente por unanimidad (solo dos abstenciones), una ley que desea garantizar el acceso a los cuidados paliativos y a la terapia del door.
Entre las innovaciones de esta ley figura el llamado proyecto “hospital-territorio sin dolor”, para mejorar la calida de vida de quienes padecen sufrimientos físicos graves, así como el apoyo a sus familias. A juicio de altos cargos de ministerio de sanidad italiano, importa mucho atender adecuadamente a las personas más débiles para asegurar un prudente equilibrio entre la tutela de la vida y la libertad de elección de terapias.
Y hasta aquí, una noticia positiva en la que se observa el sentir de todo un parlamento nacional, el italiano, a favor de la vida y respeto a la dignidad de la persona.
En contraste con esta noticia buena, pasemos a la noticia aparecida recientemente, contraria totalmente al respeto por la vida de toda persona, pisoteando su dignidad. La noticia procede de la Junta de Andalucía, y es la siguiente:
La Junta de Andalucía ha presentado, para su discusión en el Parlamento Andaluz, un proyecto de ley titulado “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte”. En tan largo y complicado título, se esconde una palabra, a la que le tienen miedo los promotores de colocar, como es la EUTANASIA.
La Junta considera a este proyecto de ley, como pionero en España, regulando la “muerte digna”, haciendo prevalecer los derechos del paciente a poner fin a su vida decidiendo no recibir determinados tratamientos.
Al conocerse la noticia, un partido político, no el PP ni por supuesto el PSOE, hizo público un comunicado en el que denuncia “la puesta en marcha de una ley para legalizar, encubriéndola semánticamente, la Eutanasia en Andalucía”, recordando asimismo que la puesta en marcha de esta normativa es posible porque el Estatuto de Andalucía, apoyado por el PP y el PSOE, en su articulado abría la puerta a la Eutanasia.
En la caa de cultura de Bulas tuvo lugar el acto
Entre los actos organizados en Pamplona por la Coordinadora por la Vida, el abogado que coordinó la denuncia que llevó a la cárcel al abortista Morín, Carlos Martínez-Cava, pronunció una apasionante, documentadísima, bien eleborada y muy aplaudida conferencia con el título “¿Decidimos nosotros quién debe vivir o morir?
Al acto, que duró unos 90 minutos, fue celebrado en las dependencias del céntrico salón MIKAEL, acudieron en torno a medio centenar de personas, representantes de diversas asociaciones de las que integran la Coordinadora por la Vida como, ANDEVI (Asociación Navarra en Defensa de la Vida), el partido social cristiano Alternativa Española (de la que Martínez-Cava es miembro de su junta nacional y responsable de asuntos jurídicos), Derecho a Vivir, Acción Familiar, Hermandad de la Pasión del Señor, Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz… así como personalidades de la universidad, la medicina o la abogagía de la Comunidad Foral.
El acto estuvo presentado por el conocido abogado pamplonés y presidente de la Coordinadora por la Vida, don Miguel Ángel Arbeloa y, terminada la conferencia tuvo lugar un animado coloquio en el que Carlos respondió a las preguntas de los asistentes.
Ana Pastor, que introdujo en España las píldoras que provocan el aborto químico.
Ayer por la mañana, la responsable de Política Social del PP, Ana Pastor, habló en la cadena Cope de radio. Lo hizo para hacer propaganda de su partido como partido defensor de unos valores que está muy lejos de querer defender. Según la principal promotora de la legalización del aborto químico en España, el Partido Popular elaborará una Ley de apoyo a la Maternidad y creará un Ministerio de las Familias. También se ha mostrado convencida de que el Tribunal Constitucional rechazará la Ley del Aborto. Por último, en la linea del discurso de su partido, alabó la ley actual de despenalización del descuartizamiento de niños.
El intento de presentación del partido abortisa como uno pro-vida de la cadena de radio ha sido detestable. El titular de la noticia “El PP afirma en COPE que derogará la Ley del Aborto si llega a La Moncloa” es falso. Lo que dice la introductora de las píldotras abortivas en España, es que como seguro que el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, ellos la derogarán. Ellos, y cualquiera que gobierne en España. No se puede mantener una ley inconstitucional.
Resulta significativo, sin embargo, el resultado de la encuesta que la propia cadena hace a los oyentes en la parte inferior de la página en la misma noticia. En ella, el 40% de los oyentes están convencidos de que el PP mantendrá la ley abortista, mientras que otro 20% dice que esperarán a que el TC les resuelva la papeleta.
Manifestantes provida ante el negocio abortista Ginemédica, finanaciado generosamente por el PP
Y mientras hacen los medios afines intentan presentar al PP como un partido defensor de la vida (todavía lo cree el 39% de los que respondieron a la encesta anterior), ellos se empeñan en demostrar lo contrario. Recientemente el gobierno del PP de Castilla y León ha justificado la financiación de la clínica Ginemédica apelando al derecho al aborto.
En respuesta a una ciudadana que se quejaba del acuerdo por el que se financia la prestación de abortos por parte de la Clínica Ginemédica, la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León ha justificado el pago de dichos abortos con dinero público apelando al «derecho a la maternidad libremente decidida» de las mujeres. La Consejería asegura que las políticas de protección de la vida prenatal son eficaces mediante el apoyo a las mujeres embarazas y a la maternidad, pero «pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella».
Por su interés, reproducimos la respuesta que ha recibido una ciudadana de Castilla y León por parte de la Consejería de Salud del gobierno autónomo de dicha región:
Estimada Sra:
En respuesta a su correo electrónico de fecha 21 de febrero, en el que pone de manifiesto su rechazo con el acuerdo para la prestación de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que la Junta de Castilla y León ha firmado con la Clínica Ginemédica, queremos trasmitir que:
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, así como que ésta decisión sea respetada.
La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad, por ello desde la Consejería de Sanidad se vienen desarrollando una serie de medidas propuestas para garantizar que la mujer adopte su decisión, tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella.
Por todo ello esta institución tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad los derechos reconocidos según la normativa, así como guardar y hacer cumplir los requerimientos que están recogidos en la legislación vigente. Asimismo, el servicio público de salud deberá asumir esta prestación, cuando no se proporcione en los Centros asistenciales del ámbito de SACYL, en un centro acreditado en el que se cumplan las condiciones requeridas por la Ley.Atentamente
Me he leído la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Es una lectura que recomiendo se haga lenta y pausadamente y en varias ocasiones. Cada nueva lectura se me ocurren nuevas objeciones a un texto que trata de vendernos la mercancía de que el aborto no es un crimen, sino un derecho.
La Ley afirma que lo que pretende es «garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia de la mujer y de la vida prenatal». Esta protección de la vida prenatal la afirma en cuatro ocasiones. Personalmente, no logro entender cómo se protegen los derechos de la vida prenatal, vida humana según una gran mayoría de científicos y de las que ya se consideran madres, matando al feto.
Tampoco respeta la objeción de conciencia, un derecho humano fundamental, que sólo se autoriza a «los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que será articulado en un desarrollo futuro de la Ley». Incluso este derecho fundamental sólo puede alegarse, según la Ley, por los directamente implicados, no por el personal secundario, pero ni siquiera los primeros se libran, porque el artículo 19 de la Ley dice: «Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia». En cambio se quiere reforzar la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios en las intervenciones de interrupción del embarazo, para que no se pueda volver a coger con las manos en la masa por prácticas ilegales a un centro abortista. Por cierto, en la formación de los profesionales de la salud entran las prácticas abortivas.
Con respecto a la educación sexual, esta Ley pretende imponer la información y educación afectivo sexual en los contenidos formales del sistema educativo, sin tener en cuenta el derecho primordial de los padres a decidir qué tipo de convicciones ha de darse a sus hijos e incidiendo así en el totalitarismo. Además, la pretensión de dar esta educación con perspectiva de género supone la negación de lo evidente y minimiza las diferencias corpóreas, llamadas sexo, en beneficio de la dimensión estrictamente cultural, llamada género, hasta el punto que cada individuo escoge el sexo y el modo de vida que más le atrae, considerándose la castidad como algo obsoleto.
Pero la gran perla de la Ley es «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida» (art. 3.2), fórmula con la que se reconoce al aborto como un derecho.
Pocas veces en mi vida, o nunca, he leído un texto legislativo más lleno de cinismo y maldad. Padres y abuelos, estad atentos a lo que sucede y no permitáis que se destroce la vida de vuestros hijos y nietos.
Hoy jueves, a partir de las 18:00 tendrá lugar en la localidad de Bullas un acto que, bajo el nombre
“EL ABORTO: ASPECTOS MEDICOS, JURIDICOS Y SOCIALES” intentará hacer vera la población de la ciudad cuál es la realidad del aborto, lejos de la propaganda y los mensajes confusores de la ideologia de género.
La charla coloqio tendrá lugar en la Casa de Cultura de la localidad sito en la Plaza de España nº 12.
Intervendrá el profesor de instituto Juan Antonio Villa y el médico Luis Escobar.
La asociación Universitarios por la Vida ha convocado para mañana, jueves, una concentración “pacífica” ante la clínica abortista Dátor de Madrid, a partir de las ocho de la tarde.
La concentración, según informó la organización en un comunicado, tiene como objetivo “defender la vida y homenajear a las víctimas del aborto”.
“Queremos demostrar que la juventud española defiende la vida y apoya a la mujer embarazada. Por ello, numerosos jóvenes encenderán cientos de velas enfrente del centro abortista para recordar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de nacer”, indica la nota.
La presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, envió hoy una carta a los 350 diputados del Congreso en la que les solicita que “en la siguiente ocasión en la que tengan que pronunciarse sobre la vida del más débil y desprotegido” lo hagan a favor “sin vacilación y a costa de lo que sea”.
Pese a que la nueva Ley del Aborto ya ha sido aprobada, la federación envía la carta porque “la batalla de la vida se libra no sólo en la sociedad sino también en el interior de las personas”. En la misiva, Latorre explica que España “lleva detrás de sí demasiado dolor” y que, aunque no se puede hacer nada por cambiar el pasado, está en las manos de todos “que ninguna mujer recurra al aborto por encontrarse sola o confundida”.
La presidente dice que las 28 asociaciones a las que representa, que llevan 30 años trabajando en favor de la mujer embarazada, “conocen de cerca el aborto, no sólo su crueldad inhumana hacia el ser más inocente, sino también el terrible sufrimiento que arrastra la mujer y todos los que por acción u omisión han colaborado de alguna forma”.
“Cada día vemos con impotencia derrumbarse ante nosotros mujeres destrozadas por la peor decisión de sus vidas, que no tiene marcha atrás”, agrega. Por el contrario, destaca que supone “una alegría incomparable asistir al parto y al primer abrazo de esa madre con un hijo por el que ha luchado contra viento y marea”.
La presidente recalca que estas asociaciones no tienen “ningún interés personal ni económico, ni dependen de ningún partido político” y su “carta de presentación” son sus voluntarios, que han apoyado a unas 70.000 mujeres y han ayudado a nacer a casi 40.000 niños.
“Se puede discrepar en la cuestión nacionalista, en presupuestos o infraestructuras pero todos los políticos deberían estar de acuerdo en que los derechos humanos no se discuten y que es obligación de quienes gobiernan asegurarlos”, añade.
Además de la carta, la federación ha enviado a los diputados un vídeo de siete minutos y un “pequeño libro en el que se refleja el drama del aborto”. Por último, Latorre pide al diputado que busque “el bien común con soluciones positivas más allá de fronteras territoriales o ideológicas”.
La ginecóloga Nuria Parera, vocal de la Sociedad Española de Contracepción, con motivo del X Congreso de la Sociedad Española de Contracepción ha contado a los medios de comunicación que la mitad de las adolescentes españolas embarazadas deciden abortar. Ésto le sirve como pretexto para afirmar que por lo que es necesario trabajar para introducir la educación sexual como asignatura obligatoria en la escuela y ofrecer así a los jóvenes una información clara y contundente sobre estos riesgos.
A pesar del contínuo despilfarro en campañas de promoción de la promiscuidad bajo la “protección” de preservativos y anticonceptivos, éstas presentan de modo reiterado un estrepitoso fracaso, disparando los embarazos y abortos entre niñas. Sin embargo, los partidarios de la muerte se quejan de que la edad en que los jóvenes españoles comienzan a tener relaciones sexuales se sitúa en torno a los 17 años y, aunque hay una tendencia a adelantar ese momento, los adolescentes son más “tardíos” que en otros países, como en el norte de Europa y Estados Unidos. Inclusola doctora Parera ha recalcado que son “pocos” los menores que inician su vida sexual a los 14. Seguramente le gustaría que fuesen más.
Para conseguir difundir la promiscuidad entre los niños, y educarles al margen de sus familias, la Sociedad de anticoncepción, al servicio de la ideología de género insiste en que “hay que ofrecer a estos jóvenes toda la información posible al respecto, en un primer momento sobre los principales riesgos, como el embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual, pero también hay que dar una visión más global sobre la sexualidad, por ejemplo en los que respecta a sus derechos.” Según lamentó la ginecóloga promuerte, los adolescentes acceden a mucha información y sus principales fuentes son la familia y la escuela, pero la educación sexual “desgraciadamente” no es una asignatura “obligatoria”, aunque debería serlo, porque “la salud sexual tiene que ser algo evolutivo a lo largo del tiempo, empezar en la infancia y seguir en la adolescencia”.
En el congreso que se ha inaugurado hoy, además de debatir sobre “Adolescencia y Anticoncepción” también se va a prestar promocionar otras cuestiones relacionadas con la agenda de la ideología de género, como la situación de “la salud sexual y reproductiva”(aborto) en Iberoamérica o la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva (Ley del Aborto), de la que ha comentado que la Sociedad Española de Contracepción siempre ha abogado por “la defensa de los derechos de las personas” y da la bienvenida a todo lo que facilite “un mejor acceso a la contracepción y un mejor acceso a la información”.
