Rusia limita la publicidad del aborto

Rusia, uno de los primeros países en legalizar el aborto en 1920, bajo el gobierno comunista, quiere limitar esta plaga que mata al año a cerca de dos millones de niños no nacidos, según Vladimir Kulakov, director del servicio de Obstetricia y Ginecología del Ministerio de Sanidad. El número de nacimientos es de solo un millón 200 mil lo cual no asegura el reemplazo generacional.
Hace tres semanas tuvo lugar en Moscú una Cumbre Demográfica bajo el lema “La Familia y el Futuro de la Humanidad” en la Universidad Social Estatal Rusa. El evento auspiciado por el movimiento provida reunió a unos mil participantes y recibió el apoyo del propio presidente Medvedev, del primer ministro Putin, del Patriarca de Moscú y Rusia Kirill y de altos representantes de la Duma (el Parlamento).
En un comunicado Medvedev reconoce que “la fuerte disminución de la población, que provocaba una menor densidad tres veces inferior al promedio mundial produce un debilitamiento de la influencia política, económica y militar de Rusia en el mundo y el eventual reclamos de territorios del país”.
No sorprende entonces que firmara, días atrás, una ley que establece normas que obligan a señalar, en la publicidad de las clínicas, que el crimen del aborto es dañino y peligroso para la salud de la mujer y que puede tener efectos colaterales como la pérdida de la fertilidad.
Los defensores de la ley destacan que estos aspectos se oponen por ejemplo a las ideas de las Naciones Unidas que siguen sosteniendo que el aborto no perjudica la salud de las mujeres.
Pero según algunos observadores esta ley sólo es un primer paso ya que algunos políticos piensan proponer nuevas disposiciones para limitar los abortos. La diputada Elena Mizulina presidenta de la comisión para la Familia, la Mujer y la Infancia de la Duma denuncia que “el aborto en Rusia es algo tan fácil como comprar un botella de vodka” y afirma que el tema “está en plena evolución”.

Es comprensible la oposición a la ley del proceso final de la vida por “su ambigüedad y posibles abusivas interpretaciones”

Desde que el pasado 17 de junio se publicara en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el polémico Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, han ido creciendo las críticas de instituciones y organizaciones que consideran que esa ley, si se llega a aprobar tal como está redactada, generará aún más controversia e incluso “podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”, tal como advertía la Conferencia Episcopal Española.
La Asociación Medicina y Persona, por ejemplo, presentó recientemente un manifiesto en el que ponía al descubierto las “tres grandes mentiras” que encierra el anteproyecto de ley elaborado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Unos días antes, el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Javier Rocafort, advertía de “como se está apresurando la ley” y denunciaba que de las 36 alegaciones que habían presentado ante Sanidad junto a la Organización Médica Colegial (OMC) sólo se había tenido en cuenta una.
También el presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, José Jara, entraba en el debate el pasado 2 de junio con un artículo publicado en Diario Médico en el que advertía de hasta seis “puntos oscuros” en la propuesta de ley que regula el proceso final de la vida. Y la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CiViCa) proponía por esas mismas fechas una revisión del Proyecto de Ley para evitar “inseguridad jurídica”.
El último en pronunciarse sobre el contenido del Proyecto de Ley que regula el proceso final de la vida ha sido el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y lo ha hecho con un Informe elaborado por Juan Martínez Otero, Justo Aznar, Ignacio Gómez y Germán.
En su informe, el Observatorio de Bioética señala que “quiere contribuir al diálogo abierto sobre esta propuesta legislativa” y, para ello, ha analizado “en profundidad el texto del Proyecto de Ley, subrayando los puntos en los que el mismo ha sido objeto de mayores críticas, tanto desde instancias profesionales, como desde otras instancias sociales de carácter académico, asociativo o religioso”.
En el texto, los autores han destacado los aspectos del proyecto que a su juicio merecen una valoración positiva, aquellos que les parecen “injustificables y negativos” y los que consideran que son controvertidos, ya que son “cuestiones importantes que no quedan suficientemente claras”.
En sus conclusiones, el Observatorio de Bioética dice que se trata de “un Proyecto oportuno, pero advierte de que “vista la trayectoria en relación al respeto a la vida humana del Ejecutivo responsable del presente Proyecto, resulta comprensible que muchos se hayan opuesto de plano al mismo, haciendo hincapié en su ambigüedad y en sus posibles abusivas interpretaciones”.
También aclara que “en las cuestiones controvertidas se ha procurado mostrar todas las interpretaciones que el tenor del Proyecto admite, evidenciando que en todos los casos cabe una lectura conforme con la ética médica y con los principios de la bioética personalista”.
Por último, advierte de que “el Proyecto de Ley abre la puerta a interpretaciones menos respetuosas con la dignidad de los pacientes, la deontología médica y la propia lex artis”.

Estos son los puntos principales que contempla el informe del Observatorio de Bioética:

Lo positivo: desaparece la ‘muerte digna’
1. El informe considera que un primer punto que merece una valoración positiva es el de la desaparición del término ‘muerte digna’, ya que “lo que sea o no sea una muerte digna no corresponde al legislador determinarlo” y, además, “la expresión ‘muerte digna’ no es una expresión aséptica, sino que está cargada de connotaciones de corte eutanásico”.
2. Una segunda cuestión positiva tiene que ver con el hecho de que esté presente en el texto del Proyecto de Ley “el reconocimiento de los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes en los últimos estadios de su enfermedad”.
3. También hace mención en este apartado, entre algunos otros derechos recogidos en el texto, a la “regulación pormenorizada de los derechos al acompañamiento y a la intimidad personal y familiar”.

Lo negativo: imprecisa eutanasia y ‘no’ a la lex artis

1. En cuanto a las cuestiones que el Observatorio de Bioética considera negativas, cabe destacar la “definición imprecisa de eutanasia”. El Proyecto determina que “el objeto de la Ley no es modificar ‘la tipificación penal de la eutanasia o suicido asistido, concebido como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro’. Esta definición de eutanasia o suicido asistido resulta reductiva e imprecisa, por lo que debería concretarse algo más, principalmente incluyendo el término ‘omisión’”.
2. Un segundo punto conflictivo es el que se refiere a la “eliminación de la mención expresa a la lex artis como límite a las voluntades anticipadas del paciente”. De esta manera, el Proyecto “pone por encima del buen actuar médico el respeto a la voluntad del paciente […], aunque la misma sea contraria a la buena praxis médica”.
3. También denuncia el Observatorio de Bioética la “concepción maximalista de la autonomía del paciente que late a lo largo de todo el texto, autonomía frente a la que los profesionales sanitarios quedan supeditados de manera cuestionable”.
Esta concepción “contrasta con el olvido, cuando no la sospecha, acerca de la autonomía del médico”. Se trata además de una concepción que es al mismo tiempo “una tendencia creciente en nuestro universo cultural, que en el ámbito sanitario se concreta en una huida general del paternalismo médico y la aspiración de dar al paciente todas las herramientas de decisión y autoafirmación personal”.

Cuatro cuestiones controvertidas

1. Dentro de las cuestiones que el informe considera controvertidas, hay que destacar “la posible configuración de la sedación terminal como un derecho”, sobre todo porque determina el hacerlo “aunque ello implique un acortamiento de la vida”, y “quién determina cuándo es necesaria y oportuna” esa sedación.
2. Un segundo apartado que no queda nada claro es la del “rechazo de tratamiento y la obstinación terapéutica”, es decir, “qué intervenciones sanitarias son rechazables y cuáles no”.
“La cuestión espinosa aquí consiste en determinar qué atenciones a un enfermo en fase terminal pueden considerarse tratamientos –que por lo tanto pueden rechazarse o interrumpirse-, y cuáles constituyen simples cuidados o atenciones ordinarias, que han de considerarse como debidos”, dice el informe.
3. Otro aspecto controvertido tiene que ver con “cuál es la relación entre la dignidad humana y la calidad de vida”, que suele generar confusión y que “no son equiparables en ningún caso”.
“Sería aconsejable, pues, que el Legislador evitare confundir la dignidad de la persona con la dignidad de sus condiciones de vida, con su calidad de vida. Equiparar ambos conceptos llevaría a la posibilidad de establecer escalas de dignidad entre los seres humanos, en función de criterios cuantificables –y arbitrarios- como el confort, la salud, las capacidades, etc.”
4. El último punto que genera controversia es la “ausencia de mención al derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. Y ello a pesar de que “el propio Proyecto reconoce implícitamente la conexión de las decisiones relativas al final de la vida con las convicciones y creencias de los pacientes y los profesionales sanitarios (art. 18)”.
“Esta ausencia de regulación, sin embargo, no debería sorprender a nadie”, dice el Observatorio. “Si se regulase la objeción de conciencia hasta el más ingenuo de los lectores sospecharía que el texto legal da cabida a ciertas formas de eutanasia o asistencia al suicidio. De no ser así, ¿qué sentido tendría regular la objeción de conciencia?”, añade.
El informe concluye este apartado preguntándose “en qué situación queda el profesional sanitario, que a lo largo del texto legal ve ciertamente supeditada su voluntad al respeto a la autonomía del paciente”.

Los promuerte siguen con la presión pese a las múltiples derrotas que han sufrido en todo el mundo.

Los defensores de la eutanasia siguen presionando a favor de su causa a pesar de haber sufrido varias derrotas recientes, como la votación que tuvo lugar en el senado francés, el pasado mes de enero, en contra de una propuesta para legalizar la eutanasia.
Esta derrota y otros contratiempos no han parado las presiones, como advertía el abogado Hugh Scher en su discurso al Tercer Simposio Internacional sobre Eutanasia y Suicidio Asistido, celebrado en Vancouver, Canadá.
El 4 de junio, Scher, que es asesor legal de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, habló de algunos casos judiciales de Canadá, informaba B. C. Catholic el 16 de junio.
Actualmente, la Asociación para las Libertades Civiles de la Columbia Británica, junto a la familia Carter, está en plena batalla legal para defender que evitar el suicidio asistido constituya una violación de derechos y, por tanto, sea inconstitucional. Tienen la esperanza, señalaba Sher, de que su caso llegue al Tribunal Supremo de Canadá.
Poco después de estas palabras, las fuerzas pro vida de Canadá obtuvieron una victoria ante el Tribunal de Apelación de Ontario, al dictaminar este que el Centro Sanitario Sunnybrook no podía suspender de modo unilateral el soporte vital, informaba el periódico Star el 29 de junio.
Los médicos de Hassan Rasouli, en estado vegetativo, querían poner fin a su ventilación y alimentación en contra de los deseos de la familia.
El tribunal sentenció que, en tales casos, los médicos necesitan la aprobación de un comité médico provincial antes de poder ignorar los deseos de la familia.
Estados Unidos ha sido también escenario de varios enfrentamientos por la eutanasia. Un artículo en el National Catholic Register del 27 de marzo señalaba que, en fechas recientes, ha habido debates sobre la eutanasia en las cámaras legislativas de Hawai, Montana, New Hampshire y Vermont.
Desde entonces, en Oregón, donde el suicidio médico es legal, se han prohibido los kits de suicidio. El gobernador John Kitzhaber firmaba una ley que prohibía estos kits, al considerar que animaban a la gente a quitarse la vida, informaba el 29 de junio el periódico Register Guard.
Comisión en el Reino Unido
Inglaterra también ha sido escenario de una encendida disputa por la eutanasia. En junio, la BBC emitía un documental realizado por el escritor Terry Pratchett. Sufre de Alzheimer, y ha llevando adelante una campaña para cambiar la ley sobre suicidio asistido.
El documental narra la situación de Peter Smedley, que sufría una enfermedad neuromotora, por lo que viajó a Suiza para morir en las instalaciones de la organización Dignitas. El ex obispo de Rochester, Michael Nazir Ali, decía que el documental “glorificaba el suicidio”, informó el 14 de junio la BBC.
En una reseña del documental hecha el 19 de junio, Robert Epstein señalaba que, en la misma noche de su emisión, la BBC recibió 898 quejas contra él.
El programa se emitió precisamente cuando una comisión de iniciativa privada – la Comisión para la Muerte Asistida – está llevando a cabo una investigación sobre el suicidio asistido.
La preside un antiguo Lord Canciller, Lord Falconer. La financiación proviene de Terry Pratchett y del empresario Bernard Lewis, informaba el 30 de noviembre pasado el periódico Guardian.
Los críticos observaban que difícilmente será imparcial, teniendo en cuenta la participación de Pratchett, que es un activo promotor del suicidio asistido.
Los acontecimientos posteriores han confirmado estas dudas. George Pitcher, un sacerdote anglicano que tiene un blog en la página web del periódico Telegraph, comentaba un programa de radio que entrevistó a Lord Falconer.
En su post del 26 de junio Pitcher señalaba que Lord Falconer se vio obligado a admitir que nueve, de los 12 miembros de la comisión, tenían todo un historial de declaraciones a favor de cambiar la ley de suicidio asistido.
Poco después la British Medical Association (BMA) aprobaba una moción que criticaba la falta de imparcialidad de la comisión.
Según un reportaje del 6 de julio del Christian Institute, esta moción señala que una gran mayoría de los miembros de la comisión está a favor del suicidio asistido.
La postura de la BMA refleja el hecho de que la mayoría de los médicos se oponen a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico. Un artículo publicado el 9 de marzo en Science Daily señalaba que un repaso a las investigaciones sobre este tema, realizadas durante los últimos 20 años, muestra que los médicos del Reino Unido no han estado nunca a favor del suicidio asistido.
Realizaron el estudio los doctores Ruaidhrí McCormack, Clifford M y M. Conroy, todos ellos miembros del Departamento de Medicina Paliativa del Centro Médico Milford, de Limerick, Irlanda. Analizaron 16 estudios publicados en el periodo 1990-2010.
Esta oposición al suicidio asistido por parte de los médicos recibía el respaldo de un artículo publicado en la revista Current Oncology: “Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la ilusión de la seguridad y el control”. El artículo de J. Pereira está en el vol. 18, edición número 2.
Pereira analizaba la experiencia de las garantías jurídicas en aquellos países europeos que han legalizado la eutanasia – Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pereira, que se dedica a cuidados paliativos en Ottawa, Canadá, descubrió que en muchos casos estas garantías eran ineficaces o ignoradas. También examinó la situación en el estado norteamericano de Oregón.
En Holanda, en el 2005, más de 560 personas murieron sin haber dado su consentimiento explícito. Esto significa que por cada cinco personas que recibieron la eutanasia, una no había dado su consentimiento explícito, algo que exige la ley. Pereira comentaba que, a pesar de esta proporción, los intentos de llevar estos casos a juicio han resultado inútiles.
Esto, decía, ofrece “evidencias de que, con el tiempo, el sistema judicial se ha vuelto más tolerante con estas transgresiones”.
La situación en Bélgica es incluso peor. Pereira citaba un estudio reciente que examinaba la parte flamenca de Bélgica. Hubo 66 de 208 casos de eutanasia, es decir, el 32%, que se llevaron a cabo sin que se solicitase o sin el consentimiento del paciente.
El motivo más común para hacerlo es que la persona esté en coma o tenga demencia.
También encontró deficiencias en lo que respecta a la notificación obligatoria de casos de suicidio asistido. En Bélgica, Pereira descubrió que no se informaba de casi la mitad de todos los casos. No es de sorprender que también descubriera que no se cumplían los requisitos legales en los casos de los que no se informaba.
Las leyes establecen también que el acto del suicidio asistido únicamente lo puede realizar un médico. Sin embargo, un estudio en Flandes mostraba que, de las 120 enfermeras que cuidaban a pacientes de suicidio asistido, el 12% había llevado a cabo eutanasias. Este porcentaje se elevaba hasta el 45% en aquellos casos en los se realizaban sin consentimiento.
También se ordenaba que hubiera una consulta a un segundo médico. Y, en caso de que la persona no sea un enfermo terminal, en Bélgica es necesario que un tercer médico examine el caso. Según Pereira hay pruebas de que en Bélgica, Holanda y Oregón esto no es de aplicación universal.
Pereira también contaba cómo las restricciones se han ido progresivamente relajando en los últimos años.
Cuando los defensores de la legalización de la eutanasia empezaron con sus presiones en Holanda, decían que esta se aplicaría a un pequeño número de casos de sufrimiento insoportable.
En el 2006, la Real Asociación Médica Holandesa declaró que la eutanasia debería estar abierta a todos los mayores de 70 años y cansados de vivir. Otra evidencia de esta pendiente resbaladiza fue la decisión de permitir la eutanasia a partir de los 12 años, cuando antes estaba limitada a los adultos.
“La gente gravemente enferma no necesita la eutanasia”, afirmaba Nicholas Tonti-Filippini, en un artículo publicado el 5 de julio en el periódico australiano Age. Lo que la gente necesita son mejores cuidados paliativos, señalaba.
Tonti-Filippini, decano adjunto del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Melbourne, explicaba que el sufrimiento no le es nada extraño ya que padece una enfermedad autoinmune y es enfermo crónico.
“Lejos de proteger la dignidad de las personas gravemente enfermas y que sufren, una ley de eutanasia atentaría contra su dignidad minando el sentido de nuestro valor como individuos, independientemente de nuestro sufrimiento o nuestra discapacidad”, argumentaba. Palabras a tener en mente mientras continúe el debate.

Unidos por la vida pide que “enviemos de vacaciones al aborto”

A semejanza de lo que está ocurriendo en países de larga tradición abortista como Rusia, Polonia y Hungría, en España también queremos poner coto a la voracidad de la Bestia con una campaña disuasoria para las mujeres que piensan abortar. Por ello Unidos por la Vida ha lanzado en el mes de mayo la campaña “Elige la Vida” de recogida de firmas para que las CCAA incluyan esta información disuasoria en los sobres que facilitan a las mujeres antes de un aborto. Ya hemos entregado firmas en dos CCAA (Madrid y Castilla-La Mancha), como se puede ver en la web en las cartas a sus presidentes.
Además, la OMC ha decidido apoyar al gobierno en su pretensión de acabar con la objeción de conciencia, y su nuevo (y espúrio) código deontológico obligará a los médicos a dar esos sobres a las mujeres embarazadas que estén pensando en abortar. Por ello es de la máxima urgencia que esos sobres incluyan TODA la información veraz sobre la realidad del aborto, para el niño y para la mujer. Como decimos en la Nota de Prensa, esto es indispensable para garantizar una “decisión libre e informada”, como marca la ley de plazos. Actualmente, salvo raras excepciones, no incluyen ninguna de las cosas que pedimos en nuestra Petición Popular: imagenes del feto en desarrollo, de abortos, información del dolor fetal en el aborto y de las secuelas para la mujer (SPA, cáncer de mama, etc.).
Por ello desde Uninos por la Vida nos piden que divulguemos y apoyemos esta campaña para conseguir que los nuevos gobiernos autonómicos, atiendan a esta petición lo antes posible, en la mayor parte de España. De vosotros depende darle cauce a esta inciativa por el bien de todos, y hacerla llegar a vuestros amigos y asociados. La unión hace la fuerza. Y podeis ver también el balance de la campaña del clavel aquí.

Un saludo y ¡Unidos por la Vida!

Lós médicos se rebelan frente al nuevo códico “ético” abortista

La aprobación el pasado 9 de julio del nuevo Código de Ética y Deontología Médica, que sustituye al de 1999, ha abierto una brecha en la profesión. El Colegio de Médicos de Toledo ha impugnado el texto mediante la presentación de un recurso administrativo y lidera un movimiento “para despertar conciencias” entre las 52 corporaciones colegiales de España. El punto de fricción está en los apartados 1 y 2 de artículo 55, que hacen referencia a la actuación del profesional ante la voluntad de una paciente de abortar.
El nuevo código que se ha impuesto sin consultar a nadie y ya está vigente para los 230.000 médicos que hay en España, en el apartado 2 se recoge que el médico que se acoja a la objeción de conciencia “no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia ni de resolver, por sí mismo o con la ayuda de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudiesen plantear”.
El Colegio de Médicos de Toledo defiende que el profesional que se acoja a la objeción de conciencia no tiene tampoco por qué informar a la mujer sobre los aspectos que se regulan en el nuevo código. Este colegio interpuso en septiembre de 2010 un recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la Junta de Castilla-La Mancha sobre procedimientos de aplicación de Ley del Aborto. Según la información que ha remitido el colegio toledano, dicho recurso se admitió a trámite y se dictó un auto de suspensión cautelar, “que dejaba sin efecto la mayor parte de las normas recurridas”. Con ello, se permitía a todos los médicos de Castilla-La Mancha “la objeción de conciencia respecto a los deberes de información”.
“De esta forma, y de forma cautelar, se nos da la razón en cuanto a la defensa del derecho individual de todo médico a la objeción de conciencia en el aborto, al considerar el tribunal que dicho trámite informativo podría ser considerado una intervención directa en el mismo, dado el carácter de conditio sine qua non de dicho trámite”, según se recoge en la carta que el colegio de Toledo ha enviado al resto.
El presidente de la comisión de control de deontología de la Organización Médica Colegial, Marcos Gómez, sostiene que “es imposible que los 230.000 médicos estén de acuerdo en nada” y que los artículos en que más debate había, entre ellos los puntos 1 y 2 del 55, fueron aprobados por el 90% de la asamblea.
Gómez afirma que la elaboración del código ha llevado dos años y medio y 16 borradores, un proceso en el que se ha dado tiempo a todos los colegios a realizar aportaciones. Sólamente 28 lo han hecho. Pese a que Gómez lo niega, la redacción de los artículos se hayan hecho en un escenario de secretismo, y el nuevo código se ha impuesto por la política de hechos consumados.

Leire Pajín admite en Twitter que incumple la ley del aborto y echa balones fuera

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se ha visto forzada a admitir que está incumpliendo su propia ley del aborto, haciendo opaca una información que la normativa le obliga a dar, como es el número de embarazos suprimidos a su amparo.
A través de la red social Twitter admitió un incumplimiento flagrante de la ley: “Publicamos las cifras de aborto cuando nos las proporcionan las comunidades autónomas, una vez al año”.

Pero si el Ministerio está recibiendo los datos de forma anual, realiza dejación de funciones y reconoce que no está haciendo cumplir la ley, que en este punto es clara, al ordenar que “el envío de la información a la Administración del Estado se efectuará de tal forma que el tiempo transcurrido desde el alta hospitalaria hasta la recepción en la Dirección General de Salud Pública… no excederá de tres semanas” (orden de 16 de julio de 1986 sobre estadística e información epidemiológica del aborto, artículo 5).

“Aun así, suponiendo que la recogida de datos se realizara año a año (lo que, recordemos, es ilegal), cabe preguntarse en qué fecha del año se realiza, porque nunca se han publicado los datos del aborto hasta pasados 9 meses del año en cuestió”, añade Derecho a Vivir, preguntándose si la información la están reteniendo los gobiernos autonómicos, o es el Ministerio quien la tiene pero retrasa su publicación.

Además, esta ONG provida recuerda que “aún no se ha modificado el formulario para que los empresarios del aborto comuniquen cada muerte por aborto provocado”: el sistema estadístico sigue siendo el mismo que antes de la entrada en vigor de la ley del aborto el 5 de julio de 2010.