Magnífica propuesta para que se constituya una plataforma electoral Provida.

Carlistas y activistas de Alternativa Española en un acto por la vida en Sevilla

La asociación Cruz de San Andrés ha lanzado una propuesta magnífica para que desde los propios sectores provida los que exijamos a quienes desde la política se dedican a la defensa de la vida a que organicen una plataforma electoral de cara al próximo 20-N.
Reproducimos por su interés la entrada de su página oficial, y animamos a todos nuestros lectores a firmar la alerta:

¿Cuantos cientos de miles de personas estarían dispuestas a votar a una plataforma electoral que integrara a todos los que defendemos la vida y la familia en España?

La nueva Ley electoral y las dificultades que añade a la posible presencia de una opción política netamente cristiana en las próximas elecciones al Parlamento Español, lejos de desanimar, debe de ser un acicate que nos empuje a trabajar unidos en un proyecto común, capaz de ilusionar a todos aquellos que, como cristianos, nos encontramos mucho más allá del rancio y falso encasillamiento “PP-PSOE-nacionalistas”, machaconamente propuesto desde los principales medios de comunicación del Sistema.

Por todo lo anterior, en Cruz de San Andrés vamos a recoger cuantos apoyos de ciudadanos podamos, para animar y apoyar cualquier iniciativa que permita la colaboración en su seno, de todos aquellos partidos que realmente y sin claudicaciones, están demostrando defender la Ley Natural y los cuatro Principios no Negociables de Benedicto XVI.

Te invitamos a que firmes la presente alerta y a que reenvíes el enlace a la misma, con el fin de que también la firmen todos tus conocidos.

Ana Pastor dice que el PP derogará la ley del aborto, Rajoy elude posicionarse, y el partido iniste en la ley del aborto de Felipe González.

Ana Pastor, ha asegurado esta semana que si su partido gana las próximas elecciones derogará la actual ley del aborto, que entró en vigor hace un año, “porque es injusta e innecesaria”.
Durante una conferencia-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona y ante un centenar de empresarios, algunos de ellos del sector sanitario y farmacéutico, la vicepresidenta segunda del congreso ha recordado que su partido tiene recurrida al Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto.
“Nuestro compromiso es derogar una ley que nos parece injusta e innecesaria, porque nadie la pedía”, ha contestado la exministra responsable de la introducción del aborto químico legal en España.
Sólo un día despues el jefe se su partido, Mariano Rajoy, en la localidad madrileña de Zarzalejo, al ser preguntado si el PP derogará la ley del aborto si gana las elecciones, como en las ocasiones anteriores, se ha supeditado a lo que precise el programa electoral de su formación. Fuentes de la dirección del Partido Popular, no obstante, han explicado que lo que pretende la organización de Rajoy es volver a la ley anterior a la actual, la de 1985, perpetuando así la barbarie del aborto al amparo de la legislación en España.

No existe derecho al aborto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a ratificar, una vez más, que no existe un derecho al aborto que dimane directamente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que, por tanto, no se puede exigir a ningún Estado que legalice el aborto.
Este pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo pone de manifiesto la enorme mentira de la legislación española de 2010 sobre el aborto, que se presenta a sí misma en la exposición de motivos de la Ley como si la misma fuese una aplicación en España de lo que prevén las normas internacionales. Por otro lado, esta sentencia de Estrasburgo ratifica una vez más que una eventual nueva mayoría política en España, si lo desea, puede derogar el aborto volviendo a proteger la vida humana desde la concepción, sin por ello oponerse a ninguna norma internacional en materia de derechos humanos.
Es conveniente recordar a este respecto que legalizar el aborto o prohibirlo es, en el esquema jurídico actual, una opción política de cada Estado. De ahí que la sociedad tiene todo su derecho a exigir que se derogue la actual legislación permisiva del aborto y sea sustituida por una normativa protectora del Derecho a la vida y los recién nacidos y del Derecho de la mujer a recibir todo el apoyo necesario para su maternidad.

Iniciativas políticas provida triunfan en Europa.

Social cristianos polacos en actos provida

Recientes iniciativas pro vida en distintos países europeos están logrando un notable apoyo político y en la opinión pública, hasta el punto de provocar inquietud entre los partidarios del aborto, que creían tener la batalla ganada.
En Polonia, en una votación en el Parlamento el pasado 31 de agosto, faltaron solo 6 votos para que fuera aprobado un proyecto de prohibición total del aborto. La iniciativa había sido impulsada por la Fundación Pro que recogió seiscientas mil firmas, seis veces más de las necesarias para que una propuesta ciudadana sea votada en el Parlamento. Hace un año un resultado tan ajustado hubiera sido impensable.
Tras la caída del comunismo, Polonia aprobó una de las legislaciones más restrictivas de Europa sobre el aborto, de modo que el número anual de abortos se ha reducido a unos quinientos. Mariusz Dzierzawski, apoderado del la Fundación Pro, responsable del proyecto, explica que cuando hace un año mantuvieron las primeras conversaciones con diputados, se notaba claramente que la inmensa mayoría estaba a favor de mantener el statu quo. Sin embargo, la Fundación Pro no cejó en su intento.
Su campaña, realizada con escasos medios, se componía principalmente de una exposición que viajaba por todo el país y de algunas pancartas publicitarias. Además trataron de conectar con todos y cada uno de los diputados para que dieran su opinión personal. Además de las seiscientas mil firmas, su campaña generó una polémica de la que supieron servirse para informar y convencer a miles de personas. La propuesta obtuvo así una repercusión mediática desproporcionada, incluso en el extranjero. Por ejemplo, la radio TOK hizo campaña en contra durante varias semanas y cuando hicieron una encuesta en su página de Internet resultó que el 58% de sus propios oyentes eran partidarios del cambio de la ley.
También la jerarquía eclesiástica ha sido en los últimos meses más explícita al valorar lo que espera de un político y de un votante en esta materia.
La Plataforma Cívica –principal partido del gobierno, de corte liberal y europeísta– votó en contra del proyecto, favoreciendo, como sus correligionarios españoles, la perpetuación del aborto al amparo de la ley.
El comportamiento de los miembros de la Plataforma contrasta no sólo con el de los diputados de la oposición, sino también con el de casi todos los miembros del otro partido de la coalición gobernante, el Partido Campesino Polaco, conservador, que se declararon a favor de la propuesta.
Nadie esperaba tantos votos a favor, pero la Fundación Pro cree que será posible un resultado mejor tras las elecciones parlamentarias que tendrán lugar dentro de unos meses. “Podremos decir que hemos vencido cuando la ley cambie, y tengo la esperanza –afirma Mariusz Dzierzawski –de que eso ocurrirá en breve, que en el nuevo Parlamento habrá más diputados que se pronuncien a favor de la vida”.
Lo que queda meridianamente claro es que la postura a favor de la despenalización del aborto es minoritaria. Así lo revela el fracaso de la propuesta de los comunistas que abogaban por el aborto libre, y cuya moción obtuvo solo 31 votos a favor frente a 369 en contra.
Aunque Liechtenstein se trate de un pequeño principado de solo 35.000 habitantes, también es significativo que el pasado día 18 haya rechazado en referéndum, por 47,7% de votos a favor frente a 52,3% en contra, una iniciativa popular de legalización del aborto. Ya anteriormente la propuesta de legalización durante las 12 primeras semanas había sido rechazada en el Parlamento por gran mayoría. Pero los promotores de la iniciativa decían que la decisión parlamentaria no se correspondía con la opinión mayoritaria del pueblo.
En Suiza también se someterá a referéndum una iniciativa pro vida que plantea que el aborto no forme parte de las prestaciones del seguro de enfermedad, y por lo tanto no sea financiado con fondos públicos. Su tesis es que si el aborto es un asunto privado, también su coste lo debe ser.
En la misma línea restrictiva, la Duma (Parlamento ruso) aprobó en julio una ley sobre la publicidad que aplica al aborto normas semejantes a las que limitan los anuncios de tabaco y licores. También están en trámite parlamentario otras propuestas que prevén que la mujer pague de su bolsillo el aborto, y que, en el caso de la mujer casada, el marido declare por escrito que está de acuerdo con el aborto. El deseo de reducir el número de abortos responde a la línea oficial de luchar contra el decrecimiento de la población.
En Hungría el gobierno de Viktor Orbán, líder del partido social cristiano Fidesz, está intentando crear un clima más favorable al respeto a la vida. La nueva Constitución se compromete a “proteger la vida del feto desde su concepción”. Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno ha lanzado una campaña institucional para reducir el número de abortos mostrando el valor de la vida por nacer. En lugar de abrogar directamente la ley de la época comunista que autoriza el aborto a petición hasta la duodécima semana, el gobierno intenta convencer a la sociedad.
Mientras en España, seguimos a la cola de Europa en apoyo a partidos políticos que puedan llevar propuestras de reformas legales para defender la vida a los parlamentos.

“Eutanasia y aborto son atentados contra la dignidad humana”

Monseñor Carlos Simón Vázquez, subsecretario del Consejo Pontificio de la Familia, invitado a participar del I congreso internacional sobre la vida humana y IV congreso regional de vida y familia del NOA, dialogó con médicos y público en general. Vázquez, además de ser sacerdote, es licenciado en medicina, doctor en teología y docente. En 2008 fue designado por el papa Benedicto XVI como subsecretario del Consejo Pontificio de la Familia. Durante una entrevista con diario digital argentino El Tribuno se refirió a temas como la eutanasia y el aborto, cuestiones que se están intentando imponer desde los poderes públicos a la sociedad argentina, como ya se hizo con la legalización de las uniones de aberrosexuales.

¿Considera que el concepto de familia se ha ido transformando con el correr de los años?
Creo que sí, pero no en un mal sentido de la palabra. Hay muchos aspectos positivos que han aparecido, como el vocacional, el de cooperación, la ayuda del hombre en las labores de la casa y la preocupación por los hijos, por ejemplo. Es decir que existen muchas sombras sobre la familia actual, pero también muchas luces positivas. Me gustaría subrayar esto, pues hay un mayor compromiso de amor entre los cónyuges, una mayor implicación de todos y el respeto a los mayores.

¿Cuál es su postura con respecto a la eutanasia y el aborto?
La eutanasia y el aborto son atentados contra la dignidad del ser humano. El aborto es un crimen nefasto por el cual la persona más indefensa, pobre y pequeña, se ve amenazada por la decisión de otra persona. Es algo que entristece a quien lo hace y a toda la sociedad, porque la vida es siempre un bien.
La eutanasia es algo que actualmente la medicina tiene en sus manos. Efectivamente, hay muchas enfermedades horrorosas, pero nadie tiene el derecho de acabar con la vida de otra persona porque no nos pertenece, simplemente se nos ha dado. Administramos nuestra vida, pero no somos los propietarios de ella. Creo que hay alternativas, recursos y opciones para superar estas dificultades al inicio y al final de la vida. Yo creo que la ciencia médica está apta para conseguir un equilibrio.

¿Dónde deben pararse los médicos en relación con su obligación de brindarle al paciente una muerte digna?
El conocido “encarnizamiento terapéutico” es una desproporción en la utilización de los medios, y eso también es inhumano. La vida no puede ser artificialmente mantenida a cualquier costo. Eso no es respetar la salud. Cuando una vida ha llegado a un estadio muy delicado, quizá puede pensarse en eliminar los tratamientos naturales, como la hidratación y la alimentación del paciente, para que pueda tener una muerte natural y digna. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con el concepto de eutanasia. Pero tampoco debería optarse por toda esa artificialidad empeñada en mantener al sujeto como un objeto que debe mantenerse a toda costa.

Durante su conferencia hizo referencia al concepto de muerte digna, sobre todo en personas que llevan mucho tiempo enfermas y que, entonces, deciden interrumpir los tratamientos médicos. ¿Cuál es la línea que divide esa decisión profesional del concepto de eutanasia?

La dignidad consiste en ser respetado como persona, en no ser tratado como un instrumento o un objeto; en ese sentido, considero que todos deben tener el derecho a morir en paz, sin ser condenados a un sufrimiento innecesario.

La ofensiva promuerte en Méjico choca con la voluntad provida de diputados mejicanos.

Un grupo de legisladores mejicanos pidió a los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que respete la libertad que tienen los 32 Congresos locales del país para legislar sobre el aborto, días antes de que el tribunal analice esa facultad de las regiones.
Una treintena de diputados, tanto federales como locales, de los principales partidos del país pidieron en un comunicado al alto tribunal respetar “la libertad de configuración legislativa”.
El próximo lunes, la SJCN discutirá dos acciones de anticonstitucionalidad promovidas en contra de las leyes antiabortistas de los estados de San Luis Potosí y Baja California, con la intención de imponer el aborto por ley, en contra de la voluntad incluso de los propios representantes políticos de los estados.
En México, 18 de los 32 estados han aprobado reformas que protegen la vida de todas las personas desde la concepción o la fecundación, y algunos castigan con cárcel a las mujeres que asesinan a sus propios hijos, independientemente de la edad de éstos.
Sólo en Ciudad de México, donde gobierna el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), es legal desde 2007 la ejecución de bebés.
Ese tipo de leyes en defensa de la vida de los estados mexicanos han sido criticadas por diversos grupos promuerte radicales, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De acuerdo con los legisladores, “el 88 % de los diputados locales de la mayor parte de las entidades federativas” del país votaron “a favor de estas reformas constitucionales que reflejan la voluntad ciudadana de respetar la vida humana en todas sus etapas”.
En 2007, cuando la SCJN rechazó dos recursos que buscaban anular las leyes pro-abortistas de la capital mexicana, en su sentencia la Corte reconoció “la facultad de la legislatura local” de promulgar leyes sobre el tema.
“Confiamos en que el pleno de ministros será consistente en sus criterios y ratificará la misma facultad para las 31 legislaturas locales restantes, evitando así un trato discriminatorio”, dijeron.
Los jueces de la Suprema Corte discutirán el próximo lunes el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas, que declara inconstitucionales las normas de los estados de Baja California y San Luis Potosí, al considerar que van contra el Estado laico mexicano.
Si los ministros aprueban ese proyecto, se echarían para atrás las regulaciones en contra del aborto en todos los estados del país.

Denuncian la connivencia del Gobierno balear con los empresarios del aborto

Denuncian la connivencia de Bauzá con los negociantes del aborto

El instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha exigido al Gobierno de José Ramón Bauzá que dejen de financiarse con recursos públicos los abortos y se dediquen los recursos disponibles a políticas de apoyo a las mujeres embarazadas para ayudarlas a ejercer su derecho a ser madres.
En Baleares, según IPF, se destinarán a pagar a las clínicas privadas 540.000 euros para la realización de abortos, en información recada en documentación del Ibsalut.
Para IPF “no es comprensible que se recorten las pensiones, los gastos para educación y los presupuestos para sanidad y se mantenga la subvención pública a las empresas del negocio del aborto”.
La posible connivencia del Gobierno balear con los empresarios del aborto, si no rectifican, “parece estar por encima de la crisis económica y ser más fuerte que el compromiso del Estado con los pensionistas”, precisa el Instituto de Política Familiar en Baleares.
En un momento en que se recortan los gastos públicos y se circunscriben a lo esencial, mantener la financiación pública al aborto y las empresas que negocian con él “es doblemente escandaloso e injustificable”.
Para Agustin Buades, Delegado del IPF en Baleares “si nunca debieran financiarse abortos con dinero público, en un momento en el que no hay recursos económicos ni para atender la sanidad y la educación públicas, la financiación autonómica de las empresas del aborto resulta especialmente ofensiva, y en particular, para los ciudadanos que pagan impuestos”.
IPFB recuerda que el aborto acaba con una vida humana, es un drama inmenso para la mujer que aborta y hace a nuestra sociedad más inhumana: no puede ser financiado con dinero público, diga lo que diga la ley sobre su carácter delictivo o no. No todo lo que no es delito debe ser financiado por el Estado.
IPFB se pregunta ¿por qué no se emplean los recursos disponibles en apoyar a la mujer para que ejerza el derecho a ser madre en vez de pagar abortos?.

El caso del barco abortista, a la espera de la ginecóloga

El caso del barco abortista continúa todavía en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. El juez está a la espera de recibir la declaración de una de las ginecólogas que participó en los cuatro abortos que se produjeron en un barco que zarpó desde Valencia en octubre de 2008, según informó recientemente el abogado del partido denunciante, Alternativa Española.
Los abortos, que no estaban permitidas por la legislación española, se practicaron supuestamente en aguas internacionales. Gunilla Kleiverda, que reside en Holanda, tendrá que responder a cuestiones sobre en cuántas intervenciones participó o practicó y las condiciones en las que se desarrollaron. También deberá acreditar que puede ejercer.
Las intervenciones se realizaron en una embarcación bajo bandera holandesa porque en ese país se permite la interrupción antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. Sin embargo, al ser el aborto cometido mediante fármacos, éste no se culminó hasta pasadas varias horas de la toma de los mismos, por lo que el desafío a la legislación española fracasó, ya que el delito es continuado, y se cometió en aguas internacionales, pero se concluyó en España.
La página del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece unos datos demoledores del número de abortos que se producen cada año en la Comunitat. Los últimos hacen referencia a 2008, pero la tendencia no ha dejado de crecer desde 2005. Si hace seis años, el número de abortos ascendía a 9.257, en 2008 la cifra se situó en 11.580. Sólo Madrid, Cataluña y Andalucía superaron esa cifra. Según el Instituto de Política Familiar, es la sexta región con mayor número de abortos entre adolescentes.

Marcha por la Vida 2011 en Berlín

La marcha por la vida de 2011 en Berlín ha tenido lugar en la capital alemana el pasado 17 de septiembre. Los participantes se concentraron durante una hora en frente de la Cancillería del Reichstag para pasar después a la Bebelplatz. Con alrededor de 2100 personas, según la policía el número de participantes ha aumentado de nuevo este año. Después de la Marcha por la Vida se llevó a cabo en el Hedwigskathedrale un servicio ecuménico dirigido por el obispo em. Wolfgang Weider con un sermón del Rev. Philip de Prusia.

Promuerte anticristianos acosan a los manifestantes por la vida

Durante la marcha unos 500 contramanifestantes, partidarios de la muerte, y sobre todo, enemigos del cristianismo, intentaron provocar incidentes, atacando a los defensores de la vida, a quienes atacaron e intentaron, y desgraciadamente en algún caso consiguieron, arrebatar las cruces que portaban para profanarlas, lo que motivó la intervención de la policía.

Abortistas endemoniados intentan arrebatar una ruz a un manifestante provida cristiano

Liechtenstein rechaza el aborto tras el anuncio del Príncipe Alois de vetarlo si se aprobaba

La mayor parte de los ciudadanos de Liechtenstein ha secundado la tradición católica del país y la firme actitud de su Príncipe Alois, y ha rechazado una iniciativa popular para legalizar el aborto.
La votación, celebrada este domingo en el pequeño Estado de apenas cuarenta mil habitantes, y promovida como es lógico por los promuerte, ha sido muy ajustada, con un 52,3% de votos a favor de la vida y un 47,7% a favor del aborto.
Como suele ocurrir en estos casos, la iniciativa se había camuflado con intenciones buenistas, y se presentaba bajo el lema Antes ayudar que castigar.
En esos ajustados 4,6 puntos en que se ha resuelto el referéndum ha podido influir decisivamente la intervención de Alois, quien el 15 de agosto, fiesta nacional, anunció que aunque fuese aprobado en las urnas, él jamás firmaría la ley, por lo cual no entraría en vigor.
Aunque no es el jefe del Estado, Alois, que ha demostrado ser un príncipe con firmes valores cristianos, y ha dejado en envidencia a otros que han sancionado leyes que han condenado a centenares de miles de inocentes a la muerte más terrible e injusta, con la complicidad y el silencio culpable de la jerarquía eclesial, tiene la potestad de sancionar las leyes, potestad que le fue traspasada en 2004 por su padre Hans Adam II con la intención de renovar la imagen de la monarquía.
La votación tuvo lugar por exigencia constitucional al recibir el número suficiente de firmas y apoyos institucionales, pero de hecho la ley del aborto ya había sido rechazada por el 72% de los diputados.
En la decisión del Príncipe para negarse a firmar la ley, en caso de haber sido aprobada, figura el no desproteger la vida de los niños con discapacidades, sometidos a un exterminio eugenésico legal en todos los países en los que una alteración genética (por ejemplo, el síndrome de Down) es causa de legalidad del aborto, como ocurre en España.