Argentina ampara el asesinato de bebés si la madre denuncia una violación.

La Corte Suprema Argentia autorizó el asesinato de niños de madres violadas

La Corte Suprema de Justicia argentina autorizó el aborto para las víctimas de violación sin necesidad de acudir a un trámite judicial, informó este martes el máximo tribunal.
La Corte Suprema argentina, con el voto unánime de sus siete miembros, confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut (sur) «que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro», señaló el fallo.
La resolución sienta jurisprudencia y cambia una modalidad habitual en Argentina por la cual sólo se practicaban abortos a mujeres violadas con trastornos mentales, mientras que en los otros casos de violaciones debían contar con autorización judicial.
Mientras tanto, la Red Federal de Familias (RFF), con presencia en 21 provincias argentinas, repudió enérgicamente el reciente pronunciamiento de la CSJN que, por unanimidad avaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó la práctica de un aborto a una menor que había sido violada.
En su declaración, la entidad considera que dicho pronunciamiento “pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer”. “El Tribunal –afirma- en un acto de discriminación desfachatada y arbitraria, crea la categoría humana de personas sin derecho a la vida”.
La Red Federal de Familias reitera que la vida del niño por nacer es igualmente valiosa que la de su madre “pero sujeta a especial protección en virtud del principio de ‘superior interés’ que le es aplicable a los niños, a causa de su especial desprotección”.
Tras repudiar enérgicamente “la declaración judicial que, con pretensiones de fallo ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aclara que “dicho pronunciamiento carece de todo efecto vinculatorio” e “invita a la sociedad argentina, a sus representantes, a los órganos de los poderes de gobierno y las asociaciones políticas, religiosas y de bien común, a rechazarlo y a expresar su repudio”.

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