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Amnistía Internacional vuelve a arremeter contra Nicaragua para imponer allí el aborto.

agosto 14, 2011

Una misión de la organización extremista de izquierda Amnistía Internacional exigió al gobierno de Nicaragua despenalizar el aborto terapéutico, para evitar casos de muerte materna o que niñas embarazadas tras una violación sean obligadas a tener a sus hijos, informó una representante de la entidad. Esta es la estrategia habitual empleada por los promuerte para depreciar el valor de la vida humana y bajar el primer escalón hacia el aboismo del aborto descontrolado.
“Estamos exigiendo que se permita el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer está en peligro y también cuando ha habido violación sexual”, afirmó la directora adjunta para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, jefa de la delegación del organismo.
Nicaragua penaliza con uno a seis de prisión a las mujeres y médicos que cometan un aborto, en virtud de una ley promulgada en 2007 por el presidente Daniel Ortega, pese a la incesante presión de de grupos promuerte autodenomidans de derechos humanos y feministas y la ingerencia y presión económica y política de varios países.
En un avance memorable en el respeto a la dignidad humana, el Congreso había aprobado en 2006 la derogación del aborto terapéutico, vigente desde 1874 en el Código Penal.
Se calcula que antes de que entrara en vigencia la ley de 2007, más de 7.000 bebés eran anualmente asesinados en los hospitales de Nicaragua.
Pese a que los datos objetivos demuestran que es la atención sanitaria adecuada a las madres gestantes la que disminuye la mortalidad materna, la propaganda promuerte de Amnistía Internacional y otros grupos abortistas radicales iniste en propagar la mentira de que tras prohibir el asesinato de bebés en cualquier circunstancia la salud de las madres queda desprotegida:
“Actualmente es difícil hacerse una idea cabal de las tendencias de las tasas de mortalidad materna en Nicaragua, lo que además “hace imposible determinar cuántas muertes son consecuencia de abortos inseguros”, señala una investigación realizada hace dos años por AI.
Mientras tanto, la Iglesia Católica local se mantiene firme en defensa de la vida humana y se opuso a restituir la legalidad del aborto terapéutico en el país, como pidió Amnistía Internacional (AI).
El obispo auxiliar de la diócesis de Managua, el sacerdote Silvio Báez, dijo al canal 4 de televisión local que “la Iglesia ha sido clara” en decir que se debe respetar la vida desde “el primer momento de la concepción”.
El director del capítulo de España de AI, el extremista Esteban Beltrán, que participó como integrante de una delegación de esa organización que visitó el país para presionar a cuatro candidatos a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones del 6 de noviembre para que despenalizaes el aborto terapéutico, en un acto de hipocresía incalificable declaró que, ya que el 98 por ciento de los países en el mundo permiten esa práctica: “¿Nicaragua en qué posición se queda? ¿En el 2 por ciento que no es capaz de fomentar la protección de las niñas que son violadas?”, como si matar a un bebé fuese una medida de protección a una mujer violada. A las provocaciones del izquierdista promuerte el vicario de la catedral de Managua, Bismarck Conde, sostuvo hoy que en distintas ocasiones los nicaragüenses han marchado pacíficamente “a favor de la vida”, que “es un valor de Dios”.
“¿Qué solamente en tres países del mundo está penalizado el aborto? Pues bendito sea Dios que hacemos la diferencia”, agregó.
También el obispo de la diócesis de León, Bosco Vivas, dijo hoy que a los prelados católicos les “agrada” coincidir con el Gobierno de Ortega en oponerse a la práctica del aborto.
“Estamos en contra de todo lo que es cultura de la muerte, llámese aborto, llámese eutanasia o llámese agresión de una persona a otra”, afirmó Vivas.

Amnistía Internacional critica a Indonesia por no cumplir su ajenda feminista en anticoncepción y aborto.

noviembre 4, 2010

La organización de extema izquierda radical Amnistía Internacional ha denunciado las leyes y prácticas indonesias que, según este siniestro grupo promuerte, “limitan gravemente el acceso de las mujeres no casadas a los anticonceptivos y permiten otras prácticas discriminatorias”. Según los promotores de la cultura de la muerte, “elGobierno indonesio se ha comprometido a fomentar la igualdad sexual, pero las mujeres de ese país todavía tienen problemas para conseguir esa equiparación de trato”,criticó el secretario general de AI, Salil Shetty, en un comunicado.
Según Shetty, “la combinación de actitudes sociales que nadie pone en tela de juicio, leyes injustas y roles sexuales estereotipados convierten muchas veces a las mujeres en ciudadanas de segunda clase”. La “discutible legislación” y las “prácticas discriminatorias” del país asiático fomentan el casamiento de muchachas de menos de dieciséis años e impiden el acceso de la mujer casada a ciertos métodos anticonceptivos o al aborto aborto de sus hijos si se dice que peligra su vida, sin obtener antes el consentimiento expreso del marido.
Amnistía Internacional también ha propagado la noticia, sin comprobación posible, de que los responsables de la “salud reproductiva” de ese país muchas veces deniegan a las mujeres no casadas o a las casadas sin hijos el acceso a la gama de servicios disponibles en materia de contracepción.
Según AI, aunque el aborto es un derecho reconocido a las mujeres violadas, muchas personas, incluso quienes trabajan en el sector sanitario, lo desconocen, y las víctimas de ese tipo de violencia sexual se topan con todo tipo de obstáculos a la hora de acceder a “esos servicios”, lo que setraduce, nada menos, que en la salvación de la vida del hijo de la mujer violada, algo terrible para este grupo de partidarios de la muerte.
Los promuerte recurren siempre al mismo argumento falso para exigir el aborto. Dicen que se calcula que anualmente se llevan a cabo en Indonesia unos dos millones de abortos, muchos de ellos en condiciones peligrosas para la mujer. Es más que cuestionable tanto la cifra, coo la fiablidad de los cálculos, si es que éstos existen, pues muy bien podría tratarse de una cifra inventada con el único objeto de impresionar. por otro lado, de ser cierta, las medidas que tendría que tomar el gobierno indonesio serían las de perseguir a quienes han provodaco la muerte de dos millones de sus súbditos en un sólo año, incluyendo las madres y otras personas implicadas en los asesinatos.

Amnistía Internacional por la imposición del aborto en Hispanoamérica

octubre 9, 2010

Una de las principales organizaciones “defensoras” de los derechos humanos (según el nuevo órden mundial anticristiano el aborto es un derecho humano, y oponerse a él es ir contra los derechos humanos) intensificó la semana pasada su promoción del aborto y apuntó a Hispanoamérica, especialmente a Nicaragua.
La asociación ultraizquierdista Amnistía Internacional exigió que los gobiernos despenalizaran el aborto inmediatamente en una declaración publicada el 28 de septiembre, en coincidencia con el «Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe».
La organización de derechos humanos se refirió concretamente a Chile, El Salvador y Nicaragua al decir que es «vergonzoso» que estos países tengan leyes que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia.
Amnistía Internacional, que alguna vez fue neutral respecto del aborto – fue fundada por un católico converso en 1961 –, ahora surge como un ruidoso proponente de dicha práctica. Recibió una donación de un millón de dólares en 2009 por parte de la Fundación Ford, la cual promueve el control de la población desde hace muchos años y subvenciona a las organizaciones que promueven el aborto y la anticoncepción en los países en desarrollo.

En su publicación de la semana pasada, Amnistía reservó sus críticas más duras para Nicaragua. Dijo que ese país «retrocedió», porque recientemente penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia. La organización de derechos humanos y sus socios nicaragüenses enviaron 37 000 firmas al presidente Daniel Ortega para exigir que derogue las leyes de su país que penalizan el aborto.
La publicación de Amnistía Internacional parece haber sido pensada para generar gran preocupación al decir que la prohibición del aborto fomenta el suicidio y el aborto autoprovocado. Asimismo, afirma que, en los países donde el aborto es delito, «si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo».
La declaración elogia a Cuba, que despenalizó el aborto hace varias décadas, y también a Ciudad de México, que hizo lo mismo en 2007.
Según el documento publicado, los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos exigen la despenalización del aborto en todos los países de América hispana y el Caribe. Sin embargo, no existe el derecho al aborto en ningún tratado de la ONU de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, en su lugar, consagra expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Amnistía Internacional apuntó en otra oportunidad a las leyes nicaragüenses que protegen la vida. El año pasado adujo que las leyes de ese país centroamericano dan lugar a la tortura o, al menos, al trato cruel, inhumano y degradante, y que, por lo consiguiente, violan la Convención de la ONU contra la Tortura.
El año pasado, la Fundación Ford destinó su millonaria donación a la Campaña Global de Amnistía Internacional por la Dignidad Humana. Ésta se propone considerar las «consecuencias que tiene la negación de la dignidad humana sobre la salud y los hogares de las personas».
El folleto de promoción de la campaña por la dignidad mundial se centra en la mortalidad materna, el VIH/SIDA y los derechos humanos. En él se dice que las muertes maternas son causadas por los abortos practicados en condiciones inseguras y que quienes viven en la pobreza carecen del debido acceso a la educación sexual y otros «servicios de salud esenciales», lo cual «les priva del derecho a controlar sus vidas reproductivas».
La campaña intenta promover un «programa mundial de captación de apoyos y de activismo». No obstante, Amnistía afirma su independencia frente a cualquier «gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso».
Hace muy poco, en 2005, Amnistía declaraba públicamente: «No hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la legislación internacional sobre derechos humanos». Su cambio de postura en 2007 hacia la militancia abortista llevó a que muchos líderes e instituciones católicas retiraran su apoyo a la organización.

Las asociaciones pro “derechos humanos” arremeten contra la vida en hispanoamérica

junio 7, 2010

A finales del mes de mayo pasado la vida y las leyes que la defienden han sufrido una virulenta ofensiva lanzada por asociaciones que dicen defender los derechos humanos. Para éstas, el que la madre ejecuta intraútero a su hijo descuartizándolo entra dentro de estos derechos humanos.
Una de estas siniestras organizaciones (en el sentido de izquierdista y en el de tétrica por su afan promuerte), llamada Human Rigths Wacth, emitió un aterrador comunicado felicitándose por que en Méjico se podrá ejecutar mediante aborto químico o quirurgico a los hijos concebidos en una violación. Según la asociación antivida esto “reafirma los derechos de la mujer a la salud y la vida al permitir a las víctimas de violación evitar los embarazos forzados”. Siempre y cuando la mujer no sea hija la hija de la madre violado, pues en ese caso se le niega el derecho a la salud y a la vida al ser condenada a muerte. A parte, en ningún estado del mundo se le niega la vida o la salud a una mujer violada. Lo único que se le niega es el poder asesinar a otra persona, competamente inocente y que lleva en su seno.
Otra conocida asociación de extrema izquierda, que ha destacado en los últimos años por su virulencia antivida en Amnistía Internacional. Tambien a finales de mayo este otro grupo promuerte ha intendado presionar a Chile para que despenalice el aborto. El director de Amnistía Internacional (AI) Chile, Sergio Laurenti, lamento que todavía 3 naciones tengan prohibición absoluta de aborto en hipanoamérica (Nicaragua, El Salvador y Chile. Posteriormente en un monumental acto de hipocresía dijo que “es importante aclarar que Amnistía Internacional no aboga a favor del aborto como un derecho, pero sí considera que es inaceptable que las mujeres no tengan un control sobre su propio cuerpo y eventualmente sobre su propio destino cuando son objeto de violaciones o cuando su vida está en riesgo. En estos casos en la mayor parte de las sociedades es admisible la interrupción del embarazo”. Es decir no abogan por el derecho a matar a los hijos, pero es inaceptable que no se permita hacerlo.
Y agrega que todas las personas tienen derecho a gozar de su sexualidad y de una salud reproductiva, “aunque sabemos que en este país hay mucha resistencia aún en la opinión publica sobre una liberalización en relación con el aborto, la despenalización del aborto para las mujeres y los prestadores de salud en estos casos es un avance que se está haciendo esperar”.

Manipulación del dolor para imponer el aborto

febrero 24, 2010

El Population Research Institute (PRI),denuncia el tráfico con el dolor de una mujer embarazada con cáncer que se lleva a cabo en Nicaragua, y que ha utilizado el grupo abortista de ultraizquierda Amnistía Internacional entre otors, para exigir la imposición del aborto en este país, en el que la vida humana de cualquier concebido está protegida por ley.
‘Amelia’ es el nombre ficticio que dieron a la mujer embarazada con cáncer cuyos familiares “presentaron entre lágrimas” en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), según reportaba El Nuevo Diario de Managua. Pedían a las autoridades de salud que hagan algo para salvarle la vida a esta mujer de 27 años, que de fallecer dejaría en la orfandad a una niña de 10 años.

Y no estaban solos. La misma nota consignaba las declaraciones del Dr. Oscar Flores Vigil quien explicó que “Amelia” tiene cáncer metastásico que ha avanzado mucho, y con el embarazo se había agravado. “Para tratar el cáncer, lo único que puede salvarle la vida es la quimioterapia, pero esto significa que tendría que hacerse un aborto terapéutico, ya que el bebé no soportaría la radiación. El bebé en desarrollo podría sobrevivir, pero seguramente quedaría afectado con daños severos en su constitución física”, dijo Flores.
También citada en la misma nota, Marta María Blandón señaló que desde el 12 de febrero se giró carta al director del hospital, al ministro de salud, al Presidente de la República, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, apelando “a que hagan lo que tengan que hacer” (el aborto), y que el Estado cumpla con su deber de salvar la vida de todas sus ciudadanas.
Llama la atención la coincidencia en un punto por parte de todos los actores de este drama: que el aborto salvaría a la paciente, como si éste fuese la cura del cáncer.
Pero resulta que el Dr . Flores Vigil y de la señora Blandón son miembros destacados del autodenominado “Grupo Estratégico por la Despenalización del aborto”. Flores tiene una larga trayectoria al frente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia abogando por la despenalización del aborto terapéutico situándose al lado de las grandes organizaciones abortistas del mundo como UNFPA, UNICEF, OMS, IPPF y otras. (Ver por ejemplo http://www.puntos.org.ni/boletina/contenido.php?CodBole=140&key=1943) Marta María Blandón es nada menos que la Directora de IPAS en Centro América. (IPAS es el mayor promotor y distribuidor de máquinas de succión para hacer abortos del mundo). Es decir, estamos hablando de dos personas que si se aprobase el aborto en Nicaragua estarían primeros en la fila de proveedores.
Ya existen ofrecimientos concretos para ayudar a “Amelia” con el tratamiento de su cáncer que no pasa por la necesidad de un aborto. Pero una vez más la mujer que supuestamente ayudan estos grupos abortistas no está accesible para la ayuda. Impera más bien el discurso político de Flores y Blandón para los cuales la única solución es la legalización del aborto. El 19 de Febrero, “El Nuevo Diario” reproducía las amenazas de Blandón y otros miembros de su grupo:

“Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”…
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico(derechos humanos ya es sinónimo de aborto en casi todos los rincones del mundo), dijo que después de hacer público el caso de “Amelia”… creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia”.

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/68704

Es decir, la “urgencia” coincide perfectamente con la agenda política del aborto legal de los últimos años y toca tangencialmente otros asuntos como el tratamiento de “Amelia” que bien podría esperar a que dicha gestión se resuelva.
Otro caso manipulado
¿Tan rápido se ha olvidado el destape de las mentiras feministas en el caso “Rosita”? PRI hizo un informe de este destape hace unos años. “Rosita” fue violada por su padrastro y no por el costarricense a quien las feministas culparon. El padrastro quien se regodeó por años publicitando la necesidad del aborto para Rosita, la había embarazado de nuevo y cuando las dirigentes feministas lo supieron decidieron ocultarlo. “Rosita” siguió todo ese tiempo abusada, pobre y utilizada en función de un objetivo político. El aborto no fue nunca una solución sino un abuso más al que se puso término cuando literalmente arrebataron a “Rosita” de las manos de sus supuestas “defensoras”. “Rosita” fue solamente la excusa a quien no se quiso ayudar verdaderamente.
Estaban involucradas las mismas personas como es el caso de la señora Blandón. Y básicamente se desarrolló el mismo patrón:

Las feministas detrás de casos de miseria y dolor de mujeres o niñas muy vulnerables,
Exposición mediática de esos casos como emblemáticos,
Las víctimas permanecen ocultas e inaccesibles para cualquier tipo de ayuda. Nunca se revelan los detalles de su historia clínica. Solamente se comunica una versión pública y oficial del grupo abortista.
Fundamentalmente para decir (y nadie pueda objetar) que la legalización del llamado “aborto terapéutico” es la solución para salvar vidas de mujeres.
Los promotores del aborto son presentados como salvadores de la vida de la mujer y quienes se opongan a sus demandas abortistas son cuasi criminales.
Sin embargo, y esto es la moraleja del caso “Rosita”, no se puede tapar el sol con un dedo ni con una red… feminista.

¿Qué dice la ciencia en los casos de cáncer de ovario en mujeres embarazadas?

Recurrimos a un servicio de información médica conocido e ideológicamente imparcial como es Up to Date (http://www.uptodate.com) La información que nos ofrece sobre el tratamiento de cáncer de ovario en una mujer gestante puede resumirse así: En la mayoría de casos de cánceres de mujeres embarazadas es posible tratar a la madre embarazada sin poner en riesgo serio al bebé. Es raro que haya necesidad de extraer la matriz para reducir el cáncer si la cirugía se realiza durante el embarazo. Y finalmente, terminar temprano el embarazo no mejora la prognosis (pronóstico) del cáncer del ovario. Se señala que un cáncer de ovario se puede curar con quimioterapia aún en los casos donde se presente metástasis. El informe completo en inglés lo puede ver haciendo clic aquí.

Por su parte la Asociación Médica Nicaragüense emitió un Comunicado donde expresa que “siente la obligación de dar a conocer a la ciudadanía los criterios científicos para el manejo de estos casos” y a continuación señala:

Está demostrado científicamente que en casos de cáncer ginecológico el embarazo no influye ni en la progresión ni en la expansión de los Tumores.
Según el estadío clínico del cáncer, en Nicaragua existen diversas opciones de tratamientos (quirúrgico, radioterapia y quimioterapia) los cuales pueden ser combinados.
Que si bien es cierto que se han obtenido éxitos en la curación de cáncer diagnosticado en etapas tempranas, estos porcentajes disminuyen a medida que la enfermedad progresa siendo prácticamente nulo cuando se llega al estado de metástasis.
Según múltiples estudios y experiencias, tomando en cuenta la evolución natural de un cáncer, su inicio se fija entre siete a diez años antes de que dicho cáncer se manifieste con metástasis.
Los cánceres diagnosticados durante el embarazo se tratarán de acuerdo a su origen, estadío, localización y severidad, bajo el concepto de consentimiento informado y actuando directamente contra la enfermedad y no contra el bebé.
En el caso de la quimioterapia puede administrarse a la madre embarazada, esperándose afectación al bebe en un 7%, lo cual no justifica que se efectúen acciones directas contra el bebe (aborto provocado).
Si como consecuencia del tratamiento (7%) se produjese la muerte del bebé, ésta se daría como un acto indirecto no querido ni procurado, lo cual, siguiendo el principio bioético de doble efecto, no sería causal de sanción penal, bioética, ni moral.
Por lo tanto ASOCIACION MEDICA NICARAGUENSE, ante la situación mediática que ha suscitado el caso “AMELIA” no encuentra ninguna justificación para que sea sometida a un aborto directo provocado. El aborto no la va a curar de su cáncer ni de sus metástasis, por lo que hay que brindarle terapia adecuada, ya sea curativa o paliativa, asegurarle calidad de vida y dar soporte psicológico a élla y su familia.

Otros casos fabricados

“Fabricar casos” es toda una estrategia. La desarrolla el Center for Reproductive Rights con sede en Nueva York. Sus autoras y patrocinadas son Mónica Roa (la del aborto en Colombia), Luisa Cabal y Lilian Sepúlveda.

Le comento algunos de los casos que ellas han trabajado en Perú:

Mamerita Mestanza. Ella murió a consecuencia de una de las más de 300,000 esterilizaciones realizadas durante el gobierno de Fujimori bajo el discurso de la Salud Reproductiva. De un día para otro, los promotores de las esterilizaciones se convirtieron defensores de la familia de Mamerita. Hicieron una ceremonia pública donde se tomaron fotos y se felicitaron a estos “defensores”. A los familiares les prometieron una indemnización que nunca se cumplió. La “defensa” se hizo en la medida de la publicidad y de las políticas públicas que querían del gobierno y mientras los favorecía. Hoy ya no es así y el caso de Mamerita quedó en nada.
Karen Llantoy. Las feministas la representaron para denunciar al Estado Peruano por no haberle practicado un “aborto terapéutico” por tener un embarazo de niño anencefálico (sin cerebro). Como es frecuente en estos casos el niño murió a las pocas horas de nacido. Acusaron al Estado de trato inhumano y cruel. Lograron que el Comité de Derechos Humanos recomendará una indemnización pero a través de este caso han presionado por la despenalización del aborto terapéutico en el Perú. Roa usó este caso como argumento para despenalizar el aborto terapéutico en Colombia. Lo anecdótico del caso es que para el gobierno peruano como para cualquiera medianamente informado de las leyes peruanas, éste hubiese sido un caso de “aborto eugenésico” claramente tipificado como delito para las leyes peruanas. Es importante señalar que la vida de Karen nunca estuvo en riesgo. Ella ahora vive en España y es una vocera ocasional a favor del “aborto terapéutico”.
Caso LC. Con las mismas características del caso “Amelia”, grupos feministas presentaron el caso de una niña de 13 años que cansada de los ultrajes de un hombre mayor se lanzó desde el techo de su casa y producto de la caída y quedó cuadraplégica. Al evidenciarse su estado de gestación, se argumentó que el embarazo ponía en grave riesgo su vida y que era necesario un aborto y el hospital se lo negó. Igualmente se ofreció ayuda a la niña pero los grupos feministas la han permanecido oculta hasta hoy y nunca presentaron la evidencia médica para ser analizada.

Nicaragua firme en la ONU en defensa de toda la vida humana.

febrero 10, 2010

Ana Isabel Morales, ministra de la gobernación de Nicaragua, ha defendido la vida ante la ONU y la presión de los pro-muerte

Nicaragua descartó permitir el aborto terapéutico al presentarse este lunes en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU donde todos los Estados miembros se someten a una revisión de la situación general de derechos humanos.
“Las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país (…) no es un asunto de carácter religioso”, señaló durante su discurso la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, al referirse a la prohibición del aborto.
“Los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad”, recalcó la ministra.
Varios países le reclamaran una reforma legal para autorizar el asesinato de bebés en determinados casos:en la eventualidad de incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si peligra la vida de ésta, destacándose las intervenciones de México, Francia, Eslovenia y Noruega.
Al propio tiempo, Vilma Nuñez de Escorcia, de origen nicaragüense y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presente durante las deliberaciones, dijo que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la “sociedad civil” para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.
Empleando el lenguaje propio de la ideología de género, manifestó su preocupación por la violaciones “de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto tepapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo dificil”.
Esther Mayor, de la multinacional proabortista Amnistía Internacional (AI) indicó que “el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto”.
“No hay ninguna excepción en la ley ni proteccion para los medicos (…) si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos (…) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas”, subrayó Esther Mayor, siendo este último término completamente falso, pues las muertes maternas descienden en Nicaragua. Resulta espeluznante que se considere una “violación de los derechos humanos” el “obligar a llevar a término un embarazo”, es decir el defender la vida del ser humano que la madre lleva en su seno.

Amnistía Internacional contra la amnistía a los no nacidos en Nicaragua.

febrero 8, 2010

Amnistía Internacional sigue con su campaña en favor del aborto y contra la vida.

El grupo radical de extrema izquierda Anmistía Internacional está presionando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que examinará mañana lunes los derechos humanos en Nicaragua en una sesión en la que los Estados miembros podrán formular preguntas, para que este país que revoque su prohibición del aborto.
Esta organización anti vida explica que el Código Penal revisado de Nicaragua, en vigor desde julio de 2008, prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar y para los profesionales de la salud que faciliten servicios de salud relacionados con el aborto.
Además, esta prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto, por lo que contempla una protección legal de toda la vida humana si excepciones.
La directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, Widney Brown, tildó de “escandalosa y draconiana” esta prohibición del aborto en Nicaragua porque, mintió al declarar que “obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo y está causando un aumento de las muertes maternas”. Nicaragua es la nación de centrroamérica con mayor descenso en la tasa de muertes maternas, coincidiendo, a demás con el uevo código penal que defiende la vida.
Los pro muerte de Amnistía Internacional exigen a las autoridades nicaragüenses que despenalicen el aborto en todas las circunstancias y que garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a un aborto legal y sin riesgos cuando el embarazo no deseado es consecuencia de una violación o de un incesto, o cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer, táctica empleada en todos los países del mundo en que se ha introducido el aborto para, poco después pasar a ser ampliada la despenalización, y convertirse en aborto libre.
En un informe manipulado, desenbmascarado por Life Site News Amnistía halló un aumento de las muertes maternas desde que entró en vigor la prohibición.
Esta organización recordó que cuatro comités de la ONU completamente entregados a la implantación de la ideología de género (el Comité contra la Tortura; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) ya han condenado esta ley y han pedido su revisión en Nicaragua.

Amnistía Internacional ataca Nicaragua por la prohibición del Aborto

agosto 31, 2009

Amnistía Internacional sigue con su campaña en favor del aborto y contra la vida.

Amnistía Internacional sigue con su campaña en favor del aborto y contra la vida.

La organización de extrema izquierda Amnistía Internacional vuelve a golpear otro país de América Hispana por sus leyes pro-vida. En un informe publicado recientemente, Amnistía calificó como “cruel, desgracia inhumana” la prohibición total del aborto en Nicaragua y denunció que la nueva ley ha dado lugar a un aumento de las muertes maternas. Al igual que en el caso de México, República Dominicana y Perú, el último informe de Amnistía sobre Nicaragua sostiene retorcida y falsamente que el derecho internacional exige a los países permitir el aborto, y llega hasta a tergiversar los hechos que muestran una disminución en la tasa de mortalidad materna gracias a las leyes en defensa de la vida. 

La ley nicaragüense que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, fue aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional en 2006 y ha sido un pararrayos para las críticas de defensores del aborto en todo el mundo. El nuevo informe de Amnistía “La prohibición total de aborto en Nicaragua: Las vidas y la salud de las mujeres en peligro, los profesionales de la medicina como delincuentes” acusa al gobierno de Nicaragua de aplicar una ley “discriminatoria” que ,aseguran, aumentará la mortalidad materna. Amnistía ataca las sanciones de la prohibición penal afirmando que forzará a los profesionales de la salud a someterse a un “riesgo legal”. 


Acusando falsamente a Nicaragua de estar violando el derecho internacional, Amnistía cita las recomendaciones no vinculantes de los órganos de vigilancia de las Naciones Unidas – el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura – como prueba de las obligaciones derivadas del derecho internacional para permitir el aborto en el país.
Críticos de las Naciones Unidas señalan, sin embargo, que ningún tratado de la ONU, menciona el aborto y que los miembros de los comités encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados se han tomado la facultad de agregar el “derecho al aborto” a los derechos ampliamente establecidos como el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la intimidad y el derecho a no ser discriminado.
Amnistía afirma que la prohibición del aborto en Nicaragua es discriminatoria debido a sus consecuencias negativas para las mujeres y las niñas, ya que sólo “las mujeres y las niñas se ven obligadas a seguir un embarazo médicamente peligroso o no deseado o enfrentarse al encarcelamiento” o “sufrir la angustia mental y dolor físico de un aborto inseguro, arriesgando su salud y su vida en el proceso. ” 

Una de las principales afirmaciones de Amnistía es que la prohibición impedirá que los profesionales médicos traten en algunos casos a las mujeres por temor a que sus acciones sean sometidas a un procedimiento penal al poder ser consideradas como ayuda a la mujer para terminar su embarazo. Según otras noticias, el gobierno de Nicaragua ha dejado claro en repetidas ocasiones que se respetara el código medico existente, que permite tratamientos para salvar la vida que indirectamente podrían causar un aborto. Aunque Amnistía reconoce que la prohibición no ha dado lugar a procesos penales, la organización ataca al gobierno nicaragüense especulando con que la prohibición se traducirá/especulando con la posibilidad de que la prohibición se traduzca en “retrasos en el diagnóstico y tratamiento, en detrimento de las mujeres y las niñas nicaragüenses que busquen atención médica.”
Desde que Amnistía publicó su informe sobre Nicaragua se le ha pedido a esta organización que rinda cuentas sobre sus conclusiones. Mathew Hoffman, reportero de LifesiteNews.com investigando los reclamos de Amnistía acerca de la prohibición de Nicaragua, encontró que dicha organización había falsificado la fecha en que el Código penal había sido modificado en “un aparente intento de encubrir el hecho de que la mortalidad materna disminuyó en 2007, el año después de que se suprimieran las excepciones en el Código penal para “abortos terapéuticos”.

De nuevo Amnistía Internacional presiona para promover el aborto, ahora en Perú.

julio 23, 2009

La asociación internacional de extrema izquierda Amnistía Internacional, que teóricamente promovería los derechos humanos en el mundo, está cada vez más dedicada a la promoción del aborto, intentando elevar tan abominable crimen a la categoría de derecho humano universal. Por este motivo ha lanzado una serie de “informes” en que ataca a diferentes naciones del mundo en que existe la más mínima protección contra el nasciturus, convirtiendo de manera aberrante esta protección en “violencia contra las mujeres”.
En este caso el ataque va dirigido a Perú, donde el aborto es ilegal.
Aunque su informe reconoce que la falta de atención obstétrica de urgencia -y no la falta de acceso al aborto- es el factor que más incide en la alta tasa de mortalidad materna en la nación andina, y se presenta un listado de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres pobres, generalmente indígenas, a la hora de acceder a la atención a la maternidad y neonatal básica.
Sin embargo, la idea clave del informe es reclamar que Perú, y por extensión, a otros países, que asuma la “obligación” de garantizar ciertos “derechos de salud relacionados con la maternidad” que, según entiende Amnistía Internacional (AI), incluyen el mal llamado “aborto terapéutico”. En este sentido, la organización hace eco de la estrategia empleada por el Centro de Derechos Reproductivos, entidad pro-abortista que en los últimos años ha impulsado un “derecho a la salud materna” que mitiga el énfasis puesto en el aborto. Los críticos ven esta “forma encubierta de abordar el tema de los derechos al aborto” como el caballo de Troya diseñado para menoscabar toda oposición a eliminar la vida gestante.


AI asegura que la “falta de acceso” a la atención de la salud “es una violación del derecho humano de las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud”. En el informe también se reclama que el Programa de Acción de El Cairo adoptado en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- documento que no tiene carácter vinculante en la legislación internacional- compromete a los Estados a proveer “el aborto en la máxima medida permitida por las leyes nacionales”. La realidad es otra: El texto de El Cairo es menos radical: reconoce que no crea ningún nuevo derecho y advierte que “en ningún caso debería promoverse el aborto como método de planificación de la familia” y afirma que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto… se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”, a la vez que establece que en los lugares donde el aborto está permitido por la ley, debe ser realizarse en condiciones de seguridad.
Desarrollando este aspecto, Amnistía ataca a Perú por no haber “respondido de forma adecuada y oportuna” la “conclusión” vinculante del Comité de Derechos Humanos, que es responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité declaró que Perú conculcó las disposiciones del tratado cuando un hospital público denegó la petición de un “aborto eugenésico” a una mujer embarazada de un niño anencefálico. No obstante, el texto de dicho tratado no hace mención al aborto, y nada indica que quienes lo redactaron tenían la intención de dejar sin efecto las legislaciones nacionales de la mayoría de los países que, cuando se adoptó el Pacto en 1966, prohibían o restringían al máximo la práctica del aborto.

Amnistía Internacional arremete contra Polonia por ser provida.

junio 26, 2009

AmnistíaabortistaLa organización internacional de extrema izquierda Amnistía Internacional ha publicado recientemente su estudio 2009 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Desde hace algunos años, la siniestra organización incluye entre éstos, el asesinato de bebés en el útero de las madres, y se ha lanzado frenéticamente a una campaña para lograr extender el aborto a nivel global, disfrazándolo de “derecho humano”.
Por ello, en su último informe, arremeten contra Polonia for “favorecer la violencia contra las mujeres al no permitir el acceso libre al aborto a mujeres” que podrían ser subsidiarias de que se cometiese un aborto contra sus hijos.


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