Para el Servicio Andaluz de la Salud favorecer “matar” niños en el seno materno es un valor para evaluar a sus médicos

El Programa de Acreditación de Competencias Profesionales editado recientemente por el Servicio Andaluz de Salud evalúa a los médicos de Atención Primaria por el número de derivaciones para realizar abortos que tramiten:

Evalucación de los médicos de atención primaria. (Prestar atención a la página 96)

Con este incentivo la Consejería trata de “normalizar y reprimir” las posibles objeciones de conciencia al aborto que plantee este colectivo sanitario.
No tramitar abortos supondrá una calificación negativa que perjudicará las expectativas de promoción de estos profesionales, y un detrimento económico de unos “pluses” que podrían llegar hasta los 500€/mes. Por otro lado, esta normativa propicia un evidente trato discriminatorio, pues la evaluación de las competencias profesionales se vincula a motivos ideológicos, del todo ajenos a criterios de mérito y capacidad.
Además, cualquier profesional que reciba quejas en esta materia por parte de los usuarios, tratarían que incurrienra una supuesta falta administrativa, por lo que los médicos deben estar preparados administrativamente.
Estos criterios están causando un gran malestar entre los sanitarios que han tenido ocasión de conocerlos a través de la web de la Agencia de Calidad Sanitaria del SAS en cuyas páginas 49 y 96 figuran las normas de acreditación y evaluación de competencias de los médicos de AP.
La Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC) atiende a diario consultas de médicos y enfermeros que transmiten gran inquietud, al considerar que se les impone una obligación que puede chocar con sus conocimientos profesionales y las normas deontológicas que los Estatutos y Códigos de la profesión que prohíben expresamente la práctica del aborto en esas circunstancias.

Andalucía impide a los médicos de familia objetar al aborto

La Junta de Andalucía ha emprendido una campaña «informativa» advirtiendo a los médicos de atención primaria de que no podrán ejercer su derecho a objeción con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto.
La Consejería de Salud ha mantenido reuniones en distintos centros de salud de atención primaria haciendo hincapié en que sólo podrán objetar, a tenor de una interpretación estricta de la ley «aquellos implicados directamente en la interrupción del embarazo, esto es ginecólogos y anestesistas, que actúan en el acto quirúrgico».
En definitiva, el Gobierno socialista andaluz se niega a reconocer el derecho a la objeción de conciencia a los médicos de atención primaria que forman parte del «proceso terapéutico», informando en la primera consulta a la mujer que desea abortar pese a que han manifestado su voluntad de no participar a la hora de iniciar un proceso de aborto.

Ante este panorama planteado por la Junta, los médicos de atención primaria que hasta ahora habían podido ejercer su derecho a objetar y derivar a la paciente que quería abortar a otra consulta ya no lo podría hacer a juicio de la Junta.Sin embargo, a esto se oponen tanto los médicos de atención primaria objetores como el sindicato médico y el propio Colegio de Médicos, que aseguran que el derecho a la objeción por cuestiones éticas está «garantizado».
De hecho, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Cesáreo García Poyatos, explicó que «la interpretación de la Ley que hace la Junta de Andalucía está posiblemente incluso en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional». Y añadió que «el derecho a la objeción de conciencia la puede ejercer cualquier médico. Esto es una condición propia en la que pesan principios religiosos, ideológicos, morales de la persona y ahí no puede intervenir nadie diciendo quien puede objetar y quien no puede objetar».
A juicio del órgano colegial, «la Junta lo que hace al informar es “interpretar la ley” y piensa que como el médico de familia no forma parte del proceso, sino que su misión es informar a la persona que va a abortar dándole toda la información aunque él no derive a ningún lado para que aborte». Y añadió que lo que hace el médico de familia «es entregar la documentación informativa para que ella tome la decisión, por eso, ellos entienden que el médico de Atención Primaria no tiene por qué objetar, lo consideran un mero tramitador de documentación».
Sin embargo, García Poyato entiende que el médico puede objetar y asegura que «yo no tengo por qué participar en ningún eslabón del proceso si mis principios religiosos, ideológicos o morales me lo impiden, está por encima de la ley». En estos casos, a juicio de García Poyato, lo que tengo que hacer «es facilitarle a esta persona que ejerza su derecho con otro compañero u otra persona».

El SAS amañó un concurso para adjudicar a dos negocios abortistas ayudas millonarias

Reproducimos por su interés la noticia sobre el escandaloso caso de las subvenciones públicas recividas por negocios abortistas en Andalucía, publicadas en El Mundo:

Una de los abortorios favorecidos por la concesión irregular de subvenciones.

Dos de las más importantes clínicas abortistas de Andalucía con sedes en Sevilla y Málaga, Clínica Triana SL y Atocha Ginecológica SL, recibieron ayudas millonarias de la Junta de Andalucía en virtud de un concurso público plagado de irregularidades.

Un juzgado, el de lo Contencioso Administrativo 10 de Sevilla, acaba de anular el procedimiento administrativo por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a estas clínicas la gestión del «Servicio de interrupción voluntaria del embarazo» en situación de riesgo o de más de doce semanas o, lo que es lo mismo, el concierto para llevar a cabo abortos subvencionados por la Administración autonómica.

Ambas empresas ‘ganaron’ el concurso público convocado en agosto de 2007 y los casi cinco millones de euros que llevaba aparejado a modo de ‘premio’. Pero el proceso no fue limpio y, según ha dictaminado ahora la Justicia, fue diseñado ad hoc para las dos clínicas, que ya venían prestando este servicio a la sanidad pública andaluza desde años atrás.

El SAS estableció como requisito para poder optar a la adjudicación del servicio un criterio –acreditar la realización de al menos 500 abortos en el año anterior– que, de acuerdo con la resolución del juez a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, tenía como único objetivo beneficiar los «intereses particulares» de los propietarios de las dos clínicas, que en la práctica monopolizan el ‘negocio’ del aborto en Andalucía con la aquiescencia de la Junta de Andalucía.

< De hecho, señala el magistrado que firma la sentencia, sólo estas dos clínicas, que tenían en exclusiva el servicio público de abortos, podían cumplir esta exigencia que, añade, no está contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDLeg. 2/2000), que establece hasta siete medios para valorar la solvencia técnica o profesional de los empresarios a la hora de contratar con la Administración. Ninguno de ellos encaja con la exigencia del mínimo de intervenciones que requería el SAS en el concurso ahora anulado.

Esta exigencia «encubría» en realidad, según palabras del magistrado, el interés de la Administración andaluza por adjudicar los casi cinco millones del concurso a las dos empresas que ya venían prestando este servicio, Atocha Ginecológica SL y Clínica Triana SL.

Pero el juez va más allá y acusa a los responsables del Servicio Andaluz de Salud de utilizar «de forma torcida» su poder para beneficiar «concretos intereses particulares». Se basa el magistrado para hacer estas afirmaciones en «elementos indiciarios» que le llevan al convencimiento de que «la Administración ha actuado ilegalmente» al adjudicar un concierto millonario a dos clínicas elegidas arbitrariamente en función de criterios que han resultado ser irregulares.

En concreto, la exigencia de haber practicado en el año anterior al concurso más de 500 abortos de embarazos de más de doce semanas o que impliquen alto riesgo es «arbitraria e irrazonable», ya que, dice la resolución del Juzgado de lo Contencioso 10 de Sevilla, «ni siquiera se atiende a la calidad de tales intervenciones primando exclusivamente la cantidad». Un criterio, que vuelve a repetir el juez, sólo podían cumplir «precisamente» las dos empresas privadas a las que el SAS derivaba la práctica de tales abortos, «vedando así toda oportunidad de concurrir a los demás aspirantes y asegurando que el concurso se adjudicase a esas concretas empresas».

A este concurso, de hecho, optó una tercera empresa, Poliplanning SL, con clínicas en Huelva y Cádiz, que quedó fuera y que fue la que interpuso la demanda que ha derivado en la anulación del procedimiento por parte del juez.

AES contra la eutanasia en Andalucía

Militantes de AES contra la eutanasia.

La semana pasada La Junta de Andalucía presentó, para su discusión en el Parlamento Andaluz, un proyecto de ley titulado “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte” que supone la primera regulación de la Eutanasia en España, aunque se haya esquivado el término y se ampare en resquicios legales para dar cobertura jurídica a la propuesta.
En cuanto se conoció la noticia, el partido social cristiano Alternativa Española hizo público un comunicado en que denunciaba “la puesta en marcha de una ley para legalizar, encubriéndola semánticamente, la Eutanasia en Andalucía”. Así mismo en su escrito AES recuerda que “la puesta en marcha de esta normativa, que mediante resquicios legales puentea el problema de las competencias en esta materia, es posible porque el Estatuto de Andalucía, realizado de forma consensuada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, apoyado por PP y PSOE, en su articulado abría la puerta a la Eutanasia.”. También expresan su temor por que este proyecto abre la puerta para que en toda España se legisle de igual modo contra la vida e su final.
Como acto de protesta, algunos militantes de AES se concentraron ante el ministerio de Sanidad para defender la Vida.

Eutanasia en Andalucía

El gobierno andaluz ha aprobado este martes nueve de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.
La futura ley regula el “abanico de posibilidades” clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales. La ley de la muerte digna persigue “salvaguardar la libertad y el respeto” a la voluntad de la persona, y “respaldar y garantizar” la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.
Un paso más en la implantación de la cultura de la muerte, que cuenta con el respaldo del estatuto de autonomía andalúz, pactado por los dos principales partidos promuerte de la región.

Los médicos, contra el proyecto andalúz de “muerte digna”

Francisco Toquero, Isacio Siguero y Juan José Rodríguez Sendín, en la comparecencia de prensa en la que comentaron el anteproyecto.

El Consejo General de Colegios Médicos rechazó ayer públicamente el anteproyecto de ley andaluz de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte al considerar que las leyes actuales ya recogen sobradamente todos los supuestos que pueden darse al final de la vida, como las voluntades anticipadas, el rechazo a los tratamientos y el derecho a ser informado.

Por ello, la institución cree que estas garantías deben desarrollarse de forma homogénea por todas las comunidades y vigilarse su cumplimiento “en vez de introducir nuevos elementos que están contribuyendo a distorsionar la realidad, avivando un debate social confuso e innecesario que puede ser perjudicial para los intereses de los pacientes, al proporcionar una medicina defensiva contraria a los principios éticos de los médicos”, señaló Isacio Siguero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC). Según la institución, la solución pasa por poner en manos de médicos y pacientes todos los recursos necesarios en el marco de la legislación actual para poder universalizar los cuidados paliativos.

Siguero declaró que a los médicos “no se les puede amenazar bajo ningún concepto”, en referencia al apartado de sanciones que lleva aparejado el proyecto andaluz, algunas de ellas de hasta un millón de euros. Además, ve la ley innecesaria porque los colegios tienen potestad disciplinaria contra aquéllos que incumplan el Código Deontológico.

Asimismo, la institución señaló que los médicos están comprometidos con proporcionar la mejor asistencia posible a los pacientes, más aún si sus circunstancias vitales son críticas, pero siempre en el marco de las leyes y garantías evidentes y la ética que rige esta profesión. A pesar de estas reflexiones, el presidente de la institución colegial ve positivo que en Andalucía exista una preocupación mayor por esta cuestión.

La OMC recuerda que la deontología médica ya se ha pronunciado suficientemente en contra el comúnmente llamado encarnizamiento terapéutico. “Se trata de una práctica rechazada por los profesionales médicos y, desde los colegios de médicos y la propia OMC, se lucha contra ella, pero nunca generalizando, sino apuntando a los responsables directos”.

Por otro lado, considera que el texto revela un claro desconocimiento de la realidad asistencial y critica que “no haya contado con las organizaciones médicas profesionales para su elaboración”.

La institución cree que “es evidente que ningún médico quiere practicar mal su profesión y su labor está orientada a una buena vida y a una buena muerte” y el proyecto de ley andaluz está propiciando un debate confuso.

Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la OMC, mostró su pesar por “el escaso y heterogéneo desarrollo de las voluntades anticipadas en España”, siendo un tema capital para asegurar la calidad de la asistencia al final de la vida. Asimismo, pidió más formación en cuidados paliativos para el profesional y criticó que el texto andaluz responda más a una cuestión de oportunidad política que de necesidad.

Exigen a autoridades andaluzas rechazar proyecto de eutanasia

Profesionales por la Ética (PPE), llamó a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía “respetar el ordenamiento constitucional y europeo” en materia de salud y por lo tanto rechazar el anteproyecto que busca abrir la puerta a la eutanasia.

En un comunicado, PPE advirtió que el “Anteproyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte”, “desdibuja los perfiles penales de la eutanasia, reduciendo su ámbito semántico y generando su progresiva aceptación social”.

Indicó que el “objetivo, de facto”, es modificar el régimen jurídico actual en materia de eutanasia, “introduciendo en el ordenamiento jurídico español una norma-cuña que pretende consagrar un pretendido derecho ‘territorial’ que haría de Andalucía un ‘referente’ en la regulación de la muerte”.

Asimismo, señalaron que “la legalización de la eutanasia es una injusta presión sobre los pacientes más débiles, a los que se les abre la puerta del suicidio asistido para evitar sentirse como una carga social y familiar”.

“Lo que se postula como una ley ‘a favor’ de la dignidad de la persona acabará convirtiéndose en fuente ingente de conflictos por la desprotección de los profesionales sanitarios, de las familias e instituciones y de los propios pacientes en sus derechos fundamentales”, indicó.

Por ello, tras exigir el respeto de las leyes nacionales y europeas, PPE expresó la “necesidad de contar con los profesionales sanitarios y las comisiones deontológicas para cualquier propuesta de modificación del actual ordenamiento”.

Y ahora, la “eutanasia libre” en Andalucía

Presidencia del parlamento andalúz

Si hasta hoy era un peligro ser un feto en España, ahora también lo será estar muy enfermo en Andalucía. La Junta que preside Manuel Chaves ha acordado iniciar los trámites del proyecto de la llamada Ley de ‘muerte digna’ (forma eufemística de referirse a la eutanasia), una norma que hará prevalecer “los derechos del paciente a poner fin a su vida”. Además, se insta a las instituciones religiosas a no interferir en la decisión de la persona que desea morir.
También están obligados a cumplir las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, incluyendo las de orden religioso. Además, los médicos también deberán respetar la decisión del paciente, sin imponer sus opiniones religiosas, personales, morales o fisiológicas. Seguramente que el criterio médico del profesional tampoco sea tenido en cuenta, ante el desero de un paciente manipulado y desinformado convenientemente para que piense que terminar con su vida es su única alternativa…

“AYUDA AL PACIENTE”
Según la nueva ley, los facultativos tendrán la obligación de ofrecer al paciente todas las intervenciones necesarias para garantizar su adecuado cuidado, como si los médicos y enfermeros no se dedicasen exáctamente a eso sin necesidad de que la ley autonómica se lo indique. Además, deben darle toda la información clínica al paciente siempre que así lo desee, con un pronostico y diagnóstico comprensible, con el fin de ayudarle a tomar la decisión. La ley también garantizará los cuidados paliativos integrales, que le serán proporcionados en su propio domicilio siempre que sea posible y el paciente lo desee. Ambas cosas no son ninguna novedad, y ya vienen recogidas en diferentes leyes como la de autonomía del paciente(y que es sistemáticamente violada en las clínicas abortistas, por cierto).

Javier Arenas, lider del PP andalúz, en un acto a favor del sí en la votación sobre el Estatuto Andalúz, que incluye el "derecho a la muerte digna"

Lo más triste de éste nuevo paso de la cultura de la muerte hacia el total desprecio a la vida humana es que no es sino el desarrollo de un estatuto autonómico pactado entre PSOE y PP, y fue recivido con la más absoluta indiferencia por los ciudadanos. Nuestros políticos se inventan las “demandas sociales” en base a su fanatismo ideológio o a su falta de escrúpulos y valores morales, y la sociedad no es capáz de reacconar ante este nuevo atentado contra el derecho a la Vida. ¿Quién hará oposición ante la eutanasia en Andalucía? Desde Manifiesto por la Vida animamos a todos los defensores de la dignidad y la vida humanas a hacer una oposición firme frente a esta imposición de los principales partidos políticos andaluces.