Posts Tagged ‘delito de aborto’

Matar a un hijo “ilegalmente” en España cuesta sólo 6.000 euros de multa.

enero 18, 2011

La diferencia entre matar a un hijo dentro y fuera de la ley en España está sólo en el precio que hay que pagar.

La defensa legal de la vida humana en España llega hasta los 6.000 euros de multa. Este es el compromiso con la vida de nuestra legislación y de nuestra constitución.
Así se demuestra en el hecho de que la Fiscalía de Guipúzcoa pida una multa de 6.000 euros para una ciudadana brasileña acusada de inducirse un aborto mediante la ingestión de pastillas cuando estaba embarazada de seis meses y expulsó el feto, aún con vida, en el inodoro del Hospital al que había acudido.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a los días 2 y 3 de septiembre de 2009, cuando la procesada, que entonces tenía 27 años, y había superado las 26 semanas de gestación, presuntamente tomó diez cápsulas de un fármaco para provocar la expulsión del feto, que no sufría “anomalías ni alteraciones incompatibles con la vida”.
Tras ingerir este fármaco, la mujer acudió al Servicio de Urgencias de Ginecología del Hospital Donostia y, a consecuencia de la ingestión de este fármaco, sobre las 21:00 horas, presuntamente expulsó el feto en un inodoro al que había acudido.
Los profesionales de este servicio médico recuperaron al feto de este lugar “aún con vida”, aunque falleció un cuarto de hora más tarde debido a una falta de aporte de oxígeno a los tejidos y a lo inmaduro del parto.
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de aborto provocado por el que reclama para la procesada una multa de 6.000 euros.

 

AES pide el cierre de la clínica abortista denunciada en Cádiz y el fin de los conciertos.

noviembre 30, 2010

Activistas provida de Alternativa Española ante un negocio abortista

Ante la noticia de que la fiscalía considera que existen indicios de delito en un negocio abortista de Jerez, tras la denuncia de un inspector de sanidad que previamente había puesto los hechos en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud, el partido social cristiano Alternativa Española en Andalucía ha emitido un comunicado en el que denuncian como “sospechosa la actuación de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz”. Una clínica que cuenta con un concierto económico firmado por la Junta para la práctica de abortos y sobre la que pesa una denuncia efectuada en el año 2009. AES considera especialmente grave la denuncia efectuada por la Fiscalía sobre la posible paralización del expediente abierto en la Delegación de Salud por parte de las autoridades de la Junta. Así mismo AES estima especialmente significativa tanto la obstrucción realizada por una clínica con concierto a la inspección médica y la falta de actuación de la Delegación de Salud pese a los dos expedientes abiertos. AES exige que ante este tipo de denuncias se proceda inmediatamente tanto a la suspensión de los conciertos económicos como a la paralización de los permisos para la realización de abortos en dichos centros.

La Fiscalía ve indicios de delito en un negocio abortista

noviembre 29, 2010

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante el Juzgado que un abortista vulnera la normativa vigente al firmar el dictamen previo un especialista que no ha intervenido en el examen y valoración de la paciente. El fiscal considera que hay indicios de que eso supone un delito de falsedad en documento público. La denuncia de la Fiscalía salpica a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al señalar que ha detectado una “inactividad grave” por parte de ese organismo ante las irregularidades en la clínica halladas por un inspector médico. Salud estaría en este caso “rozando la prevaricación omisiva”, indica el fiscal.
El asunto ya está en manos de un Juzgado de la capital gaditana que en breve comenzará a tomar declaraciones para tratar de esclarecer si, tal como sospecha la Fiscalía, hay motivos para sentar a algún responsable en el banquillo. Eso es algo que decidirá el juez tras la investigación solicitada por el fiscal.
La denuncia de la Fiscalía se apoya fundamentalmente en un informe realizado por un inspector médico que detectó varias irregularidades en el modo en que la clínica denunciada realiza la eliminación de bebés solicitadas por las madres de éstos.
Una de las clientes de la clínica presentó el año pasado una reclamación contra ese centro médico y la Delegación Provincial de Salud se la remitió a la Inspección de Servicios Sanitarios. Tras las oportunas actuaciones, un inspector elaboró un informe que describía una serie de anomalías detectadas en la clínica y las posibles infracciones cometidas por el centro médico en cuestión.
La Delegación de Salud pidió después al inspector que profundizase en la investigación sobre la posibilidad de mala praxis o incumplimiento de los derechos del paciente que pudieran haberse producido en el caso de la paciente que presentó la reclamación. Entonces, el inspector comunicó de nuevo con la clínica y le requirió al gerente documentación que no había sido aportada anteriormente.
La clínica se financia con el dinero de todos los andaluces, puesto que tiene suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un concierto para la gestión del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas y que no implique alto riesgo. El inspector visitó la clínica en julio del año pasado y después realizó un nuevo informe.
En octubre de 2009, el inspector decidió acudir a la Fiscalía de Cádiz porque consideró que el expediente administrativo incoado en virtud de la queja efectuada por la paciente que presentó la reclamación se encontraba paralizado y que la Delegación de Salud no le había dado el cauce administrativo solicitado.
Esto es, el inspector estimó que, tal como apunta la Fiscalía en su denuncia, había una inactividad grave por parte de la Delegación de Salud. A su juicio, la Administración sanitaria no había dado los pasos que debía tras conocer su segundo informe y la conclusiones detalladas en él.
El informe concluye, entre otras cuestiones, que hay un incumplimiento de la clínica inspeccionada del concierto suscrito con el SAS para practicar abortos. Que ha habido una ampliación en la oferta asistencial y también bajas y nuevas incorporaciones de personal sanitario que presta servicios en la clínica sin que hayan sido comunicadas reglamentariamente ni aprobadas por la autoridad sanitaria competente. También que hay indicios racionales de incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de un médico.
El inspector agrega en las conclusiones de su informe que hubo obstrucción a la función inspectora por parte de los responsables de la clínica: resistencia a suministrar documentación médica y negativa absoluta a facilitar los datos personales de pacientes. El inspector anota en este apartado de las conclusiones que pudo observar catorce historias clínicas de las que no posee constancia documental.
El informe del inspector explica también que encontró indicios racionales de irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente en lo referente al profesional sanitario que debe emitir el dictamen preceptivo previo a la realización del aborto y el diagnóstico que debe figurar en ese documento. Hay motivos para afirmar, señala el inspector, que es cumplimentado por una médico general cuya titulación no la habilita para hacerlo porque carece de cualificación como especialista. Hay también indicios de falsedad en documento público, agrega el inspector, por parte de un médico que firma todos los dictámenes pese a no existir constancia de que haya realizado personalmente la oportuna revisión médica a las pacientes. El inspector propuso en su informe la resolución del concierto con la clínica.

Un juez ordena que la ginecóloga del barco abortista declare en Holanda

noviembre 12, 2010

Las Provincias informa sobre el caso del barco de la muerte de Valencia:

El barco de la muerte a la salida del puerto de Valencia

La investigación de los abortos farmacológicos practicados en la embarcación que zarpó desde Valencia sigue lentamente su curso. El último paso se dio en Valencia, pero debe terminar en Holanda.
El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha ordenado que Gunilla Kleiverda, una de las supuestas ginecólogas de la oenegé holandesa que se desplazó a la ciudad del Turia, sea interrogada en su país natal.
El magistrado, en su auto del pasado mes de octubre, ha detallado las preguntas que el juez holandés deberá realizarle a la mujer. En concreto, las cuestiones se centran en el número de intervenciones del embarazo que practicó o participó, las condiciones en las que se desarrollaron así como que acredite su título y que está habilitada para ejercer.
Gunilla pertenece a la oenegé holandesa Women on Waves, la asociación impulsora de la acción que se llevó a cabo en Valencia. Los hechos ocurrieron en octubre de 2008, unos meses antes de que el Gobierno ampliara los plazos legales para interrumpir la gestación.
En principio, se practicaron cuatro abortos. Uno de ellos a una menor sin el consentimiento de los padres. La legislación holandesa permite interrumpir el embarazo antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. En cambio, la misma operación no estaba autorizada por la legislación española.
La cuestión residía -y reside- en saber si los hechos se produjeron en aguas internacionales -donde rige la ley de la bandera que ondea en el barco- o en aguas de soberanía española. En el caso de Valencia, por sus especiales características geográficas, las aguas internacionales comienzan alrededor de las 17 millas (unos 30 kilómetros).
La Guardia Civil ya contestó al juzgado que desconocía el horario, el tiempo y la distancia que había navegado el velero. Es decir, que no se controlaron sus movimientos en Valencia. A los pocos días de que la embarcación abandonara la capital del Turia, el partido Alternativa Española denunció los hechos en el juzgado. En un primer momento, el asunto quedó archivado. Pero fue la Audiencia quien ordenó reabrir el caso tras recurrir la acusación la decisión del órgano.
Posteriormente, una vez el caso recayó en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia se tomó declaración como imputado al médico José Carbonell. El especialista es miembro de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y director de un centro en la Comunitat, se desentendió de los abortos y dijo que viajaba en el velero como simple «observador» y porque es «patrón de yate». Carbonell no aportó pruebas de que la embarcación llegara a aguas internacionales, tal y como en su día publicó LAS PROVINCIAS.
El juzgado también dispone desde hace unos meses de las grabaciones que el cámara de TVE realizó en la embarcación donde se practicaron los abortos. Sin embargo, el visionado de estas imágenes, según fuentes cercanas al caso, han aportado muy poca información. 

Se mantiene el silencio sobre el proceso judicial al doctor Carlos Morín

noviembre 12, 2010

Artículo publicado en Forum Libertas:

Carlos Morín a la salida de los juzgados de Madrid


El Juzgado número 33 de Barcelona guarda silencio respecto al caso que implica a Carlos Morín por las acusaciones de delitos de aborto y de asociación para delinquir. El proceso se inició en 2006, cuatro años después de su inicio sigue sin haber una sentencia.
La juez Elisabet Castelló es la magistrada que se ocupa de la causa contra Morín por el escándalo de prácticas abortistas ilegales que la televisión pública danesa destapó en 2006 en la clínica Ginemedex de la capital catalana, que fue denuncado por Alternativa Española. Este procedimiento continúa sin cerrarse y la última diligencia data de noviembre del año 2009. Es cierto que la defensa del doctor imputado por supuestos delitos de práctica de abortos ilegales inició unas diligencias pendientes, pero también lo es que el juzgado parece paralizado con respecto a este tema.
En este sentido, el juzgado de la magistrado Castells no ha notificado a las partes las diligencias iniciadas por la defensa que deberían de darse a conocer a todas las partes implicadas en el proceso.
Por esta razón, los abogados de la parte acusadora considerarin hace cuatro meses que ya no era justificable la dilación del Juzgado número 33 e intentaron reactivar judicialmente la causa presentando un escrito de impulso judicial.
Un hecho que hizo más notorio la dilación del proceso en Barcelona es la resolución de la causa que tenía abierta el mismo Morín en Madrid. En aquel caso el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid archivó el pasado mes de julio las causas que tenía abiertas con el doctor Carlos Morín por la práctica de abortos ilegales en sus clínicas de la capital española.
Es evidente que la nueva Ley del Aborto aprobada recientemente por los socialistas es la baza a la que juega la defensa del doctor Morín para, de esta forma, juzgar las causas de su defendido en un nuevo marco legislativo con respecto al aborto.
No obstante, el abortista tiene abiertas en la Ciudad Condal numerosas causas y supuestos delitos de aborto ilegal realizados por encima de las cuatro semanas de límite que obligaba la ley.
A estos supuestos delitos hay que sumarle la reiteración de los mismos y otros supuestos delitos relacionados con supuestas irregularidades económicas.
La nueva Ley del Aborto aprobada a iniciativa del PSOE el pasado verano, propone un nuevo marco legislativo que podría generar un tratamiento diferente a un caso como el de Morín. El texto aprobado contiene toda una serie de ‘vías de escape’ para lo que se consideraba delito. Algunos de esos puntos son:

- La mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y la ley debe establece plazos en los que el aborto es libre.

- Se excluye la necesidad de permiso paterno desde los 16 años.

- Se deben mantener “al menos” los supuestos de malformación y riesgo para la salud de la mujer. En estos casos el aborto “podría practicarse en un tiempo mayor”.

- En caso de diagnóstico de malformación se recomienda que “en el mismo centro donde se ha producido se continúe, en su caso, el protocolo de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

- Mención explícita a la “derogación del delito de aborto”, condición impuesta al PSOE por los partidos minoritarios.

- “Facilitar apoyo institucional” a las clínicas y “trabajar por la dignificación de esta prestación”.

Piden que se juzgue al juez que autorizó un aborto en Argentina.

agosto 5, 2010

Martín Lozada, el juez abortista

El Consejo de la Magistratura de Río Negro se reunirá hoy en Bariloche para analizar el pedido de juicio político al juez Martín Lozada, que hace cuatro meses autorizó a abortar a una chica de 17 años que había denunciado que su padre y su tío la violaban en forma recurrente.
“El pedido lo hizo la corporación de los abogados. No surgió de ningún sector político. Acá hay una cuestión ideológica de fondo que es muy clara”, dijo a Clarín el legislador provincial Pedro Iván Lázzeri (UCR), integrante del Consejo.
Según fuentes judiciales, el Consejo elevaría el pedido de juicio político a la Auditoría Judicial , que deberá responder con un informe sobre el caso para que finalmente los consejeros decidan luego si corresponde el enjuiciamiento.

El aborto en cuestión fue autorizado por el magistrado el 5 de abril y se realizó dos días después en el hospital de Bariloche. Pero una semana más tarde fue anulado por la Cámara Primera del Crimen, que aseguró que el juez afectó garantías constitucionales al darle a las partes “una participación meramente ficticia”. Al respecto la Cámara señaló que Lozada autorizó la interrupción del embarazo antes de que el tribunal de alzada se expidiera sobre la apelación de la defensora de Menores, Paula Bisogni, que había intervenido “en defensa de la criatura por nacer”.
Lozada también había detenido al padre y tío de la menor e iniciado una causa penal sobre las presuntas violaciones, que con la anulación del primer fallo pasó a manos del juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi. Apenas la recibió, el nuevo magistrado liberó a los imputados por “falta de mérito” y ordenó un estudio de ADN en el feto del aborto, cuyos resultados indicaron que el bebé no era hijo de los familiares de la joven.

Centro Tomás Moro presentará recursos ante cierre de “caso Morín”

julio 20, 2010

El Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), “presentará los recursos pertinentes” ante el archivamiento del caso de las clínicas abortistas de Carlos Morín en Madrid, pues indicó que las prácticas denunciadas son ilegales tanto con la antigua legislación como con la nueva ley del aborto.
En un comunicado, indicó que los abortos realizados por las clínicas “Mayrit” y “CB Medical Ginedemex” son ilegales no solo según la anterior legislación, “sino que lo siguen siendo con la nueva legislación, más conocida como Ley Aído”.
“Es más, cabe destacar que en la práctica de dichos abortos, ni se dio la información que según el Ministerio de Igualdad es la clave de la constitucionalidad de la nueva regulación de la muerte provocada del feto, ni se respetó el tiempo de reflexión necesario antes de la realización de los feticidios”, señaló.
El CJTM hizo este anuncio ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que archivó este caso arguyendo que de acuerdo a la nueva legislación –que entró en vigencia el 5 de julio-, no se ha encontrado delito alguno.
Ante ello, el centro jurídico cuestionó que si los abortos realizados en las clínicas de Morín no podían ser calificados como delitos por la anterior legislación, “¿cómo permanecieron abiertas las actuaciones penales desde el febrero de 2007, y se cierran curiosamente unos días después de la entrada en vigor de la nueva Ley Aído que da carta de naturaleza a las muertes eugenésicas, entre otras nefandas prácticas?”.
“¿No confirma dicho archivo que la nueva Ley es una legislación de punto final redactada contra los intereses de los nasciturus, de las mujeres y del personal sanitario, y en defensa únicamente del gran negocio de la muerte?”, preguntó.
Además de anunciar que asesorará a los profesionales de la salud en la objeción de conciencia, el CJTM informó que ha creado un sitio web para los españoles puedan “controlar el desarrollo legislativo del aborto, y las actuaciones jurídicas tendentes a minimizar sus nefastas consecuencias”.
El sitio web es http://www.vida.tomas-moro.org

Un abortorio cerrado por irregularidades graves se inventa una comercialozadora para seguir matando bebés

julio 8, 2010

El abortorio Mayrit continúa funcionando por causa del desinterés de la Comunidad de Madrid en aplicar las sanciones

El abortorio Mayrit fue sometida a una severa inspección de los servicios de Sanidad de la Comunidad de Madrid en diciembre 2007. En dicha inspección se detectaron varias deficiencias estructurales como “deficiencias de equipamiento y falta de instalación de vacío, así como superficie no adecuada en el área de reanimación”. Además, se detectaron deficiencias de funcionamiento. Los inspectores encontraron un paquete de historias clínicas de los dos meses anteriores marcadas para ser destruidas cuando la ley obliga a mantener las historias clínicas durante al menos cinco años. Los inspectores también encontraron un paquete de informe de psiquiatría firmado por la médico psiquiatra en blanco. El País en su momento informó que según Sanidad, Mayrit “suponía un riesgo inminente y grave para la salud de las personas”.
Como consecuencia de aquella inspección, el 13 de diciembre de 2007, la Dirección General suspendió las actividades abortistas quedando como un mero centro ginecológico y de planificación familiar. Además, la Comunidad de Madrid elevó los resultados de la inspección al juzgado de guardia que remitió las actuaciones al juzgado nº 8 de Madrid, quien a su vez se inhibió a favor del 35, cuya titular era Gema Gallego, posteriormente nombrada consejera del CGPJ.
Finalmente, el juzgado archivó la causa en septiembre de 2008 y el asunto terminó en vía muerta. Mal. Porque la Comunidad de Madrid había acordado “suspender las actuaciones administrativas hasta que el juzgado resolviera sobre los hechos”. El juzgado resolvió, pero la Comunidad de Madrid, no continuó. ¿Por qué?
No sólo eso, sino que en lugar de continuar las actuaciones, Mayrit se crea una carcasa comercial, Sergine,una sociedad constituida en abril de 2010 y que tiene como objeto social dar cobertura comercial al centro de abortos Mayrit, constituida hace 19 años, como nos recuerdan en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tanto la sede social como el teléfono de Sergine y Mayrit coinciden. ¿Casualidad? Todo parece apuntar a que se trata de una continuidad del negocio, pero con cambio de nombre para lograr pasar los filtros de la consejería y colarse en el sobre informativo que la Comunidad de Madrid entrega a las mujeres que quieren abortar según lo establecido en la nueva Ley Aído. Una prueba más, junto con el “olvido” de la Comunidad de aplicar las sanciones administrativas al abortorio Isadora de que como dice la presidente de la Comunidad”Madrid cumple todas las leyes”, pero no aplica las que sancionan a los abortistas.

Maniobras dilatorias en los juzgados para dar inmunidad a la filial de Morín en Madrid

junio 25, 2010

La juez Gema Gallego había realizado la primera instrucción. Había tomado testigos, tenía suficientes pruebas indiciarias para iniciar la instrucción contra la filial de Carlos Morín en Madrid, CB Medical. Al parecer, las pruebas psicológicas llegaban directamente desde Barcelona. Es decir, no había examen psicológico en Madrid.
Pues bien, Gema Gallego, antes de partir como consejera del CGPJ había dejado todo ordenado. Pero su sucesor ha decidido dormir el sueño de los justos y solicitar la acusación justo ahora que quedan escasos días para que entre en vigor la nueva ley. Suena a retraso malicioso y/o una dilación indebida. Si lo es, lo dirán los juzgados.

El Foro de la Familia canalizará las denuncias contra el aborto de menores

junio 3, 2010

Con el lema «La sexualidad importa, sin ningún género de dudas», el Foro Andaluz de la Familia presentó esta semana en rueda de prensa una campaña de concienciación sobre la importancia de la educación afectivosexual, cuyos objetivos son los de contrarrestar los efectos que, en esta materia, pretende fomentar la recién aprobada Ley de Salud Sexual y Reproductiva por el Gobierno.
El representante del Foro en Córdoba, Federico Díe, afirmó ayer a que «los presuntos derechos al aborto y a la esterilización a lo que llevan, en realidad, es a una trivialización de la sexualidad, a la que no estamos dispuestos».
Por el contrario, tanto la campaña como el Foro, lo que buscan es destacar que «lo importante es la persona en su conjunto y no el placer, aunque éste sea un componente que hay que tener en cuenta», matizó Díe.
El representante del citado foro indicó que, partiendo de que «la práctica de la sexualidad requiere una madurez personal, un claro concepto de la solidaridad y un proyecto de vida compartido, lo que implica un compromiso», la campaña pretende, mediante charlas y actividades diversas, que los padres, sobre todo, cobren conciencia de la importancia de lo que está en juego.
Entre los proyectos que incluye esta iniciativa está la creación de un «observatorio del adoctrinamiento de género», que canalizará las demandas y, en su caso, las denuncias de los padres ante la puesta en práctica de las imposiciones ideológicas incluidas en la llamada Ley de Salud Sexual, que contará con una página web para encauzar las respuestas ante esta forma de imposición.
La primera actividad de esta campaña tuvo lugar ayer mismo. Fue por la tarde y consistió en una conferencia en la que Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia a nivel nacional. En su exposición, Juliá refrendó estas ideas y animó a los participantes a fomentar una educación sexual basada en la integridad de la persona y en la que la búsqueda del placer no sea la única motivación.
El Foro Andaluz por la Familia es una asociación aconfesional entre cuyos objetivos se encuentran los de defender en el seno de la sociedad los valores esenciales de la persona y de la familia y los de actuar ante los organismos responsables de la política familiar. A su vez, es una entidad miembro del Foro Español de la Familia.


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