Posts etiquetados ‘despenalización del aborto’

6 de octubre: se aprobó el aborto en España en 1983

octubre 5, 2010

El PSOE de Felipe González introdujo el aborto en España hace 27 años. Hoy todos los partidos parlamentarios aceptan aquella ley

El 6 de octubre de 1983 el parlamento de los diputados español aprobó la ley de despenalización parcial del aborto. Gracias a la contestación social a la misma, y a la oposición de la oposición encarnada por Alianza Popular, se planteó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, que finalmente declaró inconstitucional la ley en algunos aspectos. Sin embargo, leves modificaciones posteriores hicieron encajar el asesinato de bebés como algo compatible con nuestra constitución.
Desde entonces más de un millón de personas han sido exterminadas bajo las legislaciones abortistas, con independencia de quién haya gobernado, y siempre al amparo de nuestra constitución.

La Iglesia advierte de que se debe corregir la Constitución de Kenia para evitar que se cuele el aborto el el país.

agosto 24, 2010

Activistas provida en Kenia

La Conferencia Episcopal de Kenia (CEK), reafirmó la necesidad de corregir la Constitución recientemente aprobada, porque en su artículo 26 se abre la puerta a una posible legalización del aborto.
Luego de una reunión de los obispos, el Presidente de la CEK, el Cardenal John Njue, dijo que si bien el nuevo texto tiene aspectos positivos, el punto 4 del artículo 26 señala que “el aborto no está permitido a menos que, según la opinión de un profesional sanitario especializado, haya necesidad de un tratamiento de emergencia, o la vida o la salud de la madre estén en peligro, o si lo permite alguna otra ley escrita”.
Según la agencia Fides, los obispos advirtieron que la afirmación “si lo permite alguna otra ley escrita”, abre de facto el camino para la legalización de esta práctica.
Los prelados indicaron que errores como este tienen que ser corregidos a la brevedad y afirmaron que como pastores de la Iglesia brindan una orientación moral, e insisten “en la necesidad de afrontar las cuestiones morales que vician la nueva Constitución. Esta voz no podrá jamás ser callada”.
En ese sentido, el Cardenal Njue afirmó que durante el proceso de referéndum “hemos cumplido nuestro rol de dirigir nuestro rebaño por el camino de la decisión más justa. No nos hemos sustraído de la responsabilidad de afirmar de manera inequívoca cuáles son los principios de nuestra fe en relación con algunos problemas presentes en nuestra nueva Constitución”.

Human Rights Watch arremete contra Argentima por su “discurso católico” y oponerse al aborto.

agosto 24, 2010

Las asociaciones pro derechos humanos cada día más beligerantes contra la vida y los principios católicos

Un informe publicado la semana pasada por la agrupación promuerte que se declara defensora de derechos humanos “Human Rights Watch” promueve el aborto en Argentina y critica a ese país a causa de un supuesto (y falso) incumplimiento del derecho internacional. El informe «¿Derecho o ficción?: la Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva» asegura que «En la Argentina, los intereses nacionalistas, sumados a un discurso católico ortodoxo sobre “valores familiares”, han fundamentado históricamente algunas de las políticas contra los métodos anticonceptivos y a favor del crecimiento demográfico más influyentes de la región».
El informe alude de manera falsa a una serie de tratados y comités de derechos humanos, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al sostener que el derecho internacional exige a la Argentina la provisión del aborto libre. En realidad, ningún tratado internacional de derechos humanos contempla el derecho al aborto. Muchos de los países que intervinieron las negociaciones del CEDAW y del PIDCP contaban con leyes pro-vida que continúan vigentes al día de la fecha.
«¿Derecho o ficción?» también insinúa que otros dos tratados internacionales (la Convención sobre los Derechos del Niño, o CDN, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o PIDESC) exigen a la Argentina que otorgue a las adolescentes el derecho a la anticoncepción y al aborto sin el consentimiento de sus padres. Estos convenios no mencionan el aborto ni la anticoncepción y, si bien los comités que supervisan su cumplimiento pueden emitir opiniones consultivas, no tienen autoridad para efectuar interpretaciones vinculantes sobre las disposiciones de los tratados.
La CDN incluye expresamente una disposición sobre el «derecho a la vida» que establece que «todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida» y que «los Estados Partes garantizarán [...] la supervivencia y el desarrollo del niño». Además, el preámbulo de la mencionada Convención exige «la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento» para el niño. Asimismo, el PIDCP establece: «El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente».
Por otro lado, el informe parece insinuar que uno de los más recientes tratados internacionales ratificados por la Argentina, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), exige al país conceder a estos ciudadanos el aborto libre. A modo de ejemplo, cita las palabras con las que la CDPD establece que los discapacitados tienen derecho al mismo nivel de atención de la salud que las demás personas «incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva». Sin embargo, la palabra «aborto» no figura en ninguna parte del texto de esta Convención. Más de una decena de países efectuó declaraciones explícitas sobre la aprobación de la CDPD por parte de la Asamblea General, en las que afirman que nada en el tratado puede ser interpretado para establecer nuevos derechos, inclusive el derecho al aborto.
El mes pasado, el comité de la CEDAW también censuró a la Argentina por sus leyes en contra del aborto al decir que «insta [a la Argentina] a revisar la legislación vigente que penaliza el aborto, con serias consecuencias para la salud y las vidas de las mujeres». Además, el Comité solicitó a ese país que asegure que «se aborde la educación en materia de salud sexual y reproductiva en todas las escuelas y en todos los niveles».

Fundación Vida al servicio del Partido Popular, no de la defensa del ser humano no nacido.

febrero 21, 2010

Manuel Cruz hace declaraciones como si ignorase el caracter declaradamente abortista del Partido Popular

El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, ha tenido la semana pasada una lamentable intervención pública, en que parece desmarcarse completamente de la defensa de la vida para centrarse únicamente en atacar al gobierno y servir a los intereses del partido Popular haciéndoles parecer como si tuviesen algún interés en defender la vida humana, algo que el señor Cruz sabe que es falso.
Comenzó su intervención denunciando “la desorbitada deuda moral que el Gobierno Zapatero está legando a las futuras generaciones de españoles con la nueva Ley del aborto”. Por ello, ha exigido al Gobierno “un ejercicio de responsabilidad y medidas de calado y urgentes, porque esta losa es tan pesada o más que la económica ya que está fracturando al país”.
Para Manuel Cruz, “todos los focos están puestos en lo económico y se están olvidando los valores y a las personas. Estamos inmersos en un diluvio de estadísticas que deshumanizan los problemas de cada persona, y eso es muy grave, porque se está olvidando el sufrimiento de miles de mujeres a las que sólo se les da la opción de abortar y se les empuja a ello sin pensar, en lugar de ofrecerles nuevas alternativas o potenciar las ya existentes”. Con esta actitud, Cruz ha indicado que “el Gobierno de Zapatero está cargando sobre las próximas generaciones de españoles una enorme y terrible deuda moral que les costará superar. Con sus medidas está creando una sociedad hedonista y egoísta, para la que no hay más que el placer propio e inmediato y para los que la palabra responsabilidad y esfuerzo son sinónimo de fascismo, cuando son las bases de la convivencia”.
Y centrándose en lo que más parece interesar al dirigente de la Fundación Vida, Manuel Cruz destacó que, en el futuro, “los socialistas tendrán que pedir perdón por esta ley y por los crímenes contra los niños indefensos a los que se está exterminando, sobre todo los supuestos discapacitados, que están sufriendo un auténtico genocidio alentado por las leyes”, olvidándose de que la ley actual del aborto, apoyada por todos los partidos políticos parlamentarios ya ha producido un genocidio de seres humanos inocentes e indefensos.
Para finalizar su discurso sectario y partidista, completamente alejado de la defensa de la vida, y sí servilmente entregado a los intereses partidistas del principal partido de la oposición, Fundación Vida volvió a reclamar a la oposición “una postura clara y firme sobre el aborto”, y que presenten sus alternativas para acabar con este mal: “No puede ser que los únicos que rompieron la disciplina de partido en las votaciones en el Congreso hayan sido del Grupo Popular y no haya pasado nada, mientras que el PSOE obliga incluso a apoyar la ley a sus diputados por encima incluso de su conciencia”, concluye Cruz. Al parecer el señor Cruz no ha leído en la prensa las declaraciones de destacados miembros de la directiva del segundo partido abortista más votado en España, como las del señor Rajoy (la ley del aborto actual respeta el derecho a la vida), De Cospedal (el PP no está en contra del aborto y sí conforme con la ley actual), Esperanza Aguirre(pretendemos financianciar el 100% de los abortos que se cometan en nuestra comunidad), Ana Mato (el “derecho al aborto”, no es un problema importante), Soraya (el PP no derogará la ley abortista de Aído), Luis de Grandes (nuestra posición es la de aceptar la vigente ley (del aborto)) o González Pons ((la ley del aborto vigente) no ha generado debate social; había un acuerdo tácito), o Juan Morano ((sobre la píldora abortiva) me parece un avance que es indiscutible…., me parece que es elemental, me parece que es una cosa que hace mucho tiempo que tenía que estar en marcha, un avance científico que no perjudica a nadie)

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Uruguay está a favor de la muerte y la dregradación moral de la sociedad

febrero 3, 2010

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Chediak, dijo este martes que está dispuesto a debatir en el seno del organismo temas como la legalización del aborto y de algunas drogas como el cannabis o la marihuana, así como a modernizar el sistema judicial del país, para lo cual se mostró partidario de aplicar penas alternativas a la prisión y de que las cárceles funcionen fuera de la órbita del Ministerio del Interior.
El jurista aseguró que “en determinadas circunstancias, incluso mayores que las que habilita la legislación actual” el aborto consentido debería estar permitido dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, Chediak indicó que se trata de un tema complejo porque alude a «la conciencia de cada uno» y afecta de forma trasversal a todos los estratos sociales. “No hay unanimidad ni en los sectores políticos, ni a nivel de mujeres y hombres, ni entre barrios o grupos”, añadió.
En referencia a la legalización de los drogas, el magistrado señaló que algunas experiencias internacionales podrían servir de punto de partida para el debate en Uruguay, aunque se apresuró a explicar que no está a favor del consumo de sustancias. “Eso no quiere decir que esté a favor del consumo de ninguna droga, ni siquiera fumo ni tomo”, apuntó.
Asimismo, Chediak, que asumió el cargo este lunes, anunció reformas en la Justicia uruguaya, pese a que se encuentra entre los tres mejores poderes judiciales de Iberoamérica, después de Chile y Costa Rica, y que “goza de total independencia institucional”.
Dicha modernización se basa en una asignación mayor de recursos orientados a transformar el sistema y consolidar un poder judicial “del siglo XXI, más moderno, más rápido y con oficinas más funcionales para abogados y público”, aseveró el magistrado.

El Presidente del Tribunal Supremo de los EEUU abre la puerta a la revocación de la sentencia que permitió legalizar el aborto

enero 28, 2010

Jonh Robets, jurando su cargo ante el abortista Obama

John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, declaró la semana pasada que dicho tribunal no dudará en revocar sus propias sentencias, emitidas años atrás, si de esa manera se protegen mejor los cimientos constitucionales sobre los que está edificada la nación norteamericana. De esa manera, se abre la puerta a la revocación de leyes que, como la del caso Roe v. Wade, permitieron la legalización del aborto en dicho país.
Roberts ha explicado que aunque lo normal es que el Supremo no revise sus sentencias, no existe ninguna regla que indique que el tribunal que preside deba atenerse automáticamente a la última sentencia dada sobre cualquier tema.
Y puso como ejemplo que, en caso contrario, la segregación racial seguiría siendo legal, el salario mínimo sería inconstitucional y el gobierno podría realizar escuchas telefónicas a sospechosos sin obtener previamente autorización de un juez.
Roberts cree que no basta con constatar que sobre tal o cual tema hubo una sentencia y aboga porque, sobre todo en asuntos de vital importancia, el tribunal se asegure de que las sentencias pasadas fueron correctas.
Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo estadounidense han sido recibidas con agrado por los grupos pro-vida del país, que ven la posibilidad de que el aborto pueda volver a ser ilegalizado o, al menos, que se permita a algunos estados promulgar leyes contra el mismo.
Según recientes encuestas, son cada vez más los norteamericanos que se oponen radicalmente al aborto o al menos lo ven como un mal moral.

Los diputados tendrán que responder de los efectos de la despenalización del aborto

febrero 25, 2009

SOS Familia ha advertido de que los congresistas que pactaron el texto sobre la nueva Ley del Aborto “serán los responsables ante la justicia de las consecuencias que se deriven del genocidio que supondrá la despenalización de la práctica y su reconocimiento como un derecho más”, y ha afirmado que “no cabe un debate sobre una ley de plazos, de supuestos o edades que determine cuándo y cómo se puede abortar”.
El portavoz de la organización, Fernando Larrain, ha explicado que el tema central de la discusión del aborto no se trata en el texto pactado en el Congreso y ha demandado explicaciones que definan “cuál será el criterio científico, legal y ético que tomarán los diputados para decidir y diferenciar cuándo el objeto abortado es un ser humano y cuándo es un conjunto de células descartable”. Además, ha destacado que aquéllos que defienden esta ley “tendrán que demostrar la inconsistencia científica que concluye que desde la fecundación ya está constituido un ser humano incipiente, con un código genético propio, único y diferente a sus progenitores, que lo conformarán hasta el día de su muerte”.

Leire Pajín quiere acelerar el aborto libre

septiembre 2, 2008
Leire Pajin, nueva promotora del enriquecimiento sin trabas de los negocios abortistas

Leire Pajín, nueva promotora del enriquecimiento sin trabas de los negocios abortistas

La secretaria de organización del PSOE abrirá de forma inmediata un debate parlamentario para “cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo, que en su opinión, responde a una demanda social”. Indicó que la actual Ley “tiene demasiados años”, lo que a su juicio ha provocado que España esté en “hay una situación que hay que corregir”. Pero no es las cien mil muertes anuales de inocentes lo que se trata de corregir, sino el enriquecimiento sin trabas de los negocios que causan estas muertes.

De este modo, el PSOE promoverá una norma “que se adapte a la realidad actual” y recordó que el XXXVII congreso de esta formación política aprobó una resolución para cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo.
“Lo vamos a hacer con los mejores expertos para conseguir la mejor ley, aquella que nos resuelva un problema que existe en nuestra sociedad”, dijo Pajín.

Estos espertos los contituyen las representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (forma eufemística de referirse al hecho de quitar la vida a niños no nacidos), ACAI, con las que se ha reunido la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a las que les pide que, en 15 días, le den su opinión sobre el borrador del Real Decreto que está llevando adelante el Gobierno para “preservar la confidencialidad de los datos de las mujeres que abortan”.

En esta reunión, los representantes de las también llamadas “checas de nascituri” han expuesto a la ministra “la situación actual” del aborto en España, las desigualdades por comunidades autónomas que se dan en el acceso a este servicio y su propuesta para modificar la Ley del Aborto convirtiéndola en una “norma de plazos” y no de supuestos.
Los representantes de estos negocios pedirán que se cambien las normas que las mujeres deben cumplir en muchas comunidades para pagar su aborto y que, dicen, “es la vía por la que en la mayoría de ocasiones, se viola su intimidad”. Nada han dicho, sin embargo, sobre la inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción.

 

Continuando con su aterradora exposición, Leire Pajín advirtió sobre el”espeluznante aumento de embarazos no deseados entre las adolescentes”, aunque no dijo nada sobre su relación directamente proporcional al aumento de campañas de “educación sexual”, enfocadas únicamente a fomentar la irresponsabilidad de los jóvenes en materia sexual y su promiscuidad. Seguramente matando a los frutos de esos embarazos pretenda la secretaria de organización del partido del gobierno hacer que su número disminuya.

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