Posts Tagged ‘excomunión’

Coherencia en la Iglesia de los EEUU

julio 6, 2010

Margaret McBride, la monja responsable del asesinato de un bebé, excomulgada en los EEUU

La religiosa Margaret McBrid, miembro de la comisión de ética del St. Joseph’s Hospital and Medical Center de Arizona, dio su consentimiento a la práctica de un aborto sobre un feto de once semanas de gestación. Como justificación de su acción, adujo que la madre padecía hipertensión pulmonar y los médicos aseguraban que la gestación podía poner en peligro su vida. Sin embargo, Monseñor Thomas J. Olmsted, obispo de Phoenix, ha declarado que la religiosa está excomulgada y ha procedido a retirarla de dicha comisión para impedir que pueda dar de nuevo su aprobación a futuros abortos. Igualmente ha sido declarada la excomunión de todo el personal sanitario que participó en la intervención. Se declara su excomunión para aclarar la conciencia de los fieles pero es ella la que se excomulga solita. De hecho, quien posibilita un aborto o lo perpetra incurre en pena de excomunión, de la misma manera que quien asesina al vecino con plena advertencia y perfecto consentimiento está en pecado grave y privado de la Gracia mientras no se arrepienta. No hace falta que lo dicte ningún tribunal eclesiástico.
Desde Manifiesto por la Vida aplaudimos esta lección de coherencia de la Iglesia de los EEUU, que desgraciadamente no parecen aprender en España muchos de nuestros obispos.

Obispos españoles y aborto: la historia se repite

febrero 26, 2010

Reproducimos por su interés el siguiente artículo, publicado en Religión en Libertad por Ángel David Martín Rubio, sacerdote licenciado en Geografía e Historia y en Historia de la Iglesia en la diócesis de Coria-Cáceres. Ha impartido clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ahora lo hace en el Instituto Teológico Virgen de Guadalupe y en el Seminario Diocesano de Cáceres:

El cardenal Tarancón y Adolfo Suarez, en la época en que se dió en España el pistoletazo de salida a la cultura de la muerte.

Todos los indicios hacen pensar que los obispos españoles van a repetir lo ocurrido en 1985 cuando, en los debates previos a la aprobación de la ley despenalizadora del aborto, se limitaron a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas en caso de salir adelante la ley, como ya lo están con la ahora vigente.
Ahora bien, en relación con la previsible aprobación de la ley que convierte el crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el democrático estado español, hay que reconocer que en esta ocasión, las alarmas se han disparado y ha sido el propio portavoz de la Conferencia Episcopal el que ha bajado a la arena para escenificar una defensa del Monarca responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Y es que iniciativas como las promovidas desde Religión en Libertad, han demostrado con argumentos jurídicos y teológicos contundentes, que era posible esperar que el Jefe del Estado niegue la sanción de la ley. Como todo hace pensar que don Juan Carlos de Borbón, firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos de miles de inocentes no nacidos, la Conferencia Episcopal ha decidido acudir en socorro del interpelado.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar ayer, los periodistas preguntaron hasta siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del Estado ante la ratificación de la ley del aborto. Teniendo en cuenta que la cuestión no pudo sorprenderle desprevenido se capta el verdadero alcance de las respuestas:
«La situación de Su Majestad el Rey es única, ningún otro ciudadano está en esa situación no existe un principio general para su caso y no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario», afirmó.
Al insistir los periodistas, añadió: «El caso del Rey es único, distinto del político que da su voto, pudiendo no darlo. La Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el acto del Rey, que es distinto al del parlamentario».
Y al ser preguntado una vez más, afirmó: «La Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto único que hace el Rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a emitir».
La doctrina de la Iglesia
Soy consciente de la agudeza crítica y del prestigio intelectual de Monseñor Martínez Camino y alguien con su perfil no puede estar convencido de las razones alegadas por él mismo, argumentos que se refutan desde los más elementales principios de la moral católica y que están en franca contradicción con los que fueron expuestos en 1985 por el entonces Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos. Menos aún se entiende tan exquisita prudencia a la hora de emitir un juicio cuando están en juego millones de vidas humanas.
Recordemos, como ya hicimos en otros artículos, la doctrina expuesta por monseñor Guerra Campos en una serie de intervenciones que contienen la única expresión completa de la doctrina católica sobre la legislación abortiva hecha pública por un obispo español. A diferencia de Martínez Camino, Guerra Campos precisó la responsabilidad de las autoridades concretada en los autores de la ley entendiendo como tales el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; los parlamentarios que la voten y el jefe del Estado que la sancione. Terminaba recordando que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de «gravísima violación del orden moral», con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en «manifiesto pecado grave». ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación in sacris la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Menos aún hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto en relación con la ampliación de la actual ley, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces obispo de Cuenca hacía unas afirmaciones que adquieren ahora mayor actualidad:
«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)».
¿Qué se puede esperar ahora?
Ahora solo cabe esperar que algunos obispos a título particular y con toda la autoridad magisterial que les compete, se desmarquen de la posición expresada por Martínez Camino y vuelvan a exponer y actualizar la doctrina católica en relación con las leyes injustas y con los responsables de su aprobación y aplicación. Esta reacción —la de cada uno de los obispos sin el paraguas de la Conferencia Episcopal— será un auténtico test que nos permita comprobar si realmente se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español (como sostienen algunos con mejores deseos que capacidad de análisis) o nos encontramos ante la enésima re-edición de la autodemolición en su más ibérica versión taranconiana.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, a nadie debería extrañar una intervención de la Sede Apostólica, tan activa en la defensa de los derechos humanos. Sería muy deseable que Benedicto XVI hiciera pública su posición para evitar que alguno de esos especialistas en detectar malas intenciones le reprochen —como ya hicieron con Juan Pablo II y el episcopado español— la aceptación tácita de la Ley de 1985.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985… O acudan a manifestaciones promovidas por sedicentes pro-vida que evitan cualquier referencia clara en contra de la legislación abortiva vigente porque se oponen a la ampliación de la actual regulación pero aceptan esta última.
En el fondo, toda la casta política y los millones de españoles que la respaldan con sus votos, actúa al servicio del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). El árbol se plantó entonces, ahora basta recoger sus frutos y lo único que admite una mínima disputa es quién habrá de llevarse la cosecha.

Si hay alternativa, únicamente será posible en la medida que tenga lugar la recuperación de la hegemonía cultural en la sociedad. Algo que implica la lucha por la Verdad ―que no se impone por sí misma― y la capacidad de generar instrumentos coercitivos que, al amparo de la ley, actúen como freno de las tendencias disgregadoras.

Pecadores Públicos y Excomulgados, un artículo de Rafael López-Diéguez

noviembre 17, 2009

No hay duda de que el Código Canónico, la Doctrina y el Magisterio han diferenciado entre quién, por razón del aborto, incurre en causa de excomunión y quién se encuentra en pecado mortal, y en consecuencia entre quién queda fuera de la iglesia y quién por su actitud se priva de poder recibir la Comunión.

La diferencia está en el grado de participación. Por un lado tenemos a quienes participan directamente en la práctica del aborto: son los que colaboran material (físicamente colaboran en la muerte del no nacido: médicos, clínicas, personal sanitario, la propia madre) y/o intelectualmente (induciendo o confundiendo el consentimiento: psicólogos, asistentes, incluso algunos autores hablan de los que “actúan” por omisión). Por otro a quienes participan indirectamente apoyándolo o sosteniéndolo con sus aptitudes. A este último grupo pertenecen quienes están dispuestos a votar a favor de una ley abortista; pero también aquellos que no cambian, pudiendo hacerlo o haberlo hecho, leyes como la vigente en España. A los primeros, a quienes participan directamente, les corresponde la pena de excomunión, mientras que los segundos, en su calidad de pecadores, se automarginan, en virtud de la libertad que Dios nos ha dado, de la Comunión.

El problema es cuando la actitud del pecador, que no del excomulgado, es pública y notoria. En estos casos cuál debe ser la reacción de la Iglesia, del sacerdote oficiante para evitar el escándalo. En punidad, como ha sucedido en otros países, a todos aquellos que con su voto apoyaran leyes abortistas, y si este apoyo fuera conocido, el sacerdote conocedor de ese posicionamiento, por Cristo, por él mismo, en beneficio de la comunidad católica y para evitar escándalo, deberá negarles la comunión. Esto puede resultar chocante, duro, radical, pero es lo que toca. Se puede decir más alto, pero no más claro. Se debe hacer sin humillación ni escarnio, con la mayor caridad cristiana, pero se debe hacer.

Es obvio que los sacerdotes no pueden preguntar a cada uno que se acerca a recibir al Señor cuál es su posicionamiento en esta materia. Ahora bien, si el que se acerca es reconocido por su posicionamiento público a favor del aborto y no se ha retractado en la misma forma, a mi entender y sin ánimo de querer criminalizar a nadie o imputar responsabilidades, el sacerdote, pese a lo incómodo, comprometido y violento de la situación, debería negarle la comunión. ¡Qué gran bien haría ese sacerdote, qué gran labor para Dios, cuántas vidas podría salvar esa actitud valiente y comprometida del sacerdote, cuántas conciencias se removerían!

Pero la Doctrina y el Magisterio no sólo se refieren, no sólo afectan, a quien apoye con su voto el aborto, o esté dispuesto a mantener leyes abortistas en vigor, sino también a quien lo financie o lo promocione, o lo que es peor, a quien no esté dispuesto a su abolición, si en sus manos estuviera tal posibilidad de hacerlo. Es por ello que la pregunta que nos asalta es: ¿cómo debería actuar el sacerdote a la hora de darles la Comunión ante aquellos políticos que, siendo conocida su actitud pública, firman conciertos con las clínicas abortistas, que distribuyen gratuitamente la píldora del día después, incluso a menores sin el consentimiento paterno, o que, cual fariseos, se azotan públicamente por la nueva ley, pero aceptan y se comprometen a mantener la actual? ¿Debería darle la Comunión o pedirle primero su reconciliación con Dios mediante el Sacramento de la Confesión? La respuesta no debiera dejar lugar a dudas, pero parece que a estas alturas sí existen y muchas.

Yo sé que la pregunta no es cómoda, que no es fácil de contestar. Es una pregunta de respuesta comprometida que quizás ponga en evidencia a muchos sacerdotes. Sin embargo yo me considero con derecho a obtener una respuesta clara de mis pastores. Entre otras razones porque, a la vista de los acontecimientos, mis hijos me demandan una contestación. La pregunta está en la calle: ¿Puede un político, que se autodenomina católico y que públicamente apoya la actual ley del aborto y se compromete a mantenerla, recibir el Sagrado Cuerpo de Cristo? ¿Puede un político, que con su voto apoye la nueva ley del aborto, recibir el Sagrado Cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué les haría merecedores a unos o a otros de tan alto privilegio? No lo olvidemos, a quien provoca escándalo más le valdría colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar.

Por último, no me vengan con preguntas espurias tipo: ¿Quién es usted para opinar? ¿Cómo se puede usted entrar en la conciencia de otro? Pues bien, lo hago porque amo mi Credo y no consiento el escándalo que puede minarlo; porque quiero que todo ser concebido nazca; porque lucho por una legislación acorde al orden natural y la moral objetiva y porque sólo con un pronunciamiento claro y riguroso, las conciencias de muchos se activarían y podríamos salvar la vida de muchos inocentes. Si esa actitud valiente, gallarda e incómoda, de un sacerdote cualquiera sirviera para que determinados políticos suspendieran sus conciertos con las clínicas abortistas o dejaran de distribuir la píldora del día después, aunque solo consiguiera salvar la vida de un único inocente, Bendito sea ese sacerdote.

Intolerancia de los tolerantes ante las declaraciones de la Iglesia contra el aborto.

noviembre 17, 2009

Monseñor Martinez Camino

El secretario general de la Conferencia Episcopal, José Antonio Martínez Camino, ha hecho en los últimos días unas declaraciones en las que ha explicado y recordado cuál es la doctrina católica sobre el aborto, al hilo de la inminente votación parlamentaria de la ampliación de la ley del aborto. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha declarado, según los medios que han recogido sus palabras: “Quien apoye, vote o promueva esa ley está en pecado mortal público y no puede ser admitido a la sagrada comunión”, y que esta doctrina “vale para todos los católicos, estén en el partido que estén y por encima de lo que les diga su partido”. Además, ha declarado excomulgados a quienes sostienen públicamente la “herejía” de que se puede matar lícitamente a un inocente. Estas declaraciones se sitúan en una línea de continuidad con las llevadas a cabo de forma reiterada por el Magisterio pontificio y por los documentos públicos de la Conferencia Episcopal Española, que a nadie pueden sorprender.
Sin embargo las reaccones histéricas de los políticos de todos los partidos han sido rabiosas y expresivas de su odio hacia la Iglesia y su interés en acallar la voz de la instutición religiosa si no pueden manipularla.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, afirmó que la Iglesia Católica es “mucho más” de lo que, a su juicio, representa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Jiménez hizo estas declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados tras defender esta tarde en el Pleno los presupuestos destinados a su departamento para el próximo año.
Por su parte, el número dos del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, calificó de “amenazas de hace 60 años” las palabras Monseñor Martínez Camino y añadió que el PSOE “no votará en función de lo que opinen los obispos”. “Personalmente sus palabras me son indiferentes. En materia de obispos me declaro agnóstico”, indicó en declaraciones a Europa Press.
Madina aseguró que el PSOE “respeta” las declaraciones del representante de la Conferencia Episcopal pero espera que la Conferencia Episcopal “respete la decisión soberana del Parlamento, que no va a estar conformado por las propuestas de este obispo”.
En ese sentido, el socialista aseguró que las palabras de Martínez Camino no influirán en los diputados del PSOE, que -dijo- apoyarán en bloque la reforma del aborto.
El vicepresidente tercero del Congreso y diputado del PP, el catolicísimo Jorge Fernández, tampoco quiso quedar fuera de las críticas al obispo, y admitió que puede “chocar” que el secretario general de la Conferencia Episcopal hable de “pecado mortal público” para definir la situación en la que se encontrarán los políticos que apoyen la nueva Ley del Aborto.
Por su parte, la diputada ‘popular’ Ana Pastor no quiso entrar a valorar las declaraciones realizadas por Martínez Camino, pero sí insistió en que la nueva Ley del Aborto que promueve el Gobierno “no es necesaria”. “Tenemos ya una ley de despenalización del aborto que creo que hay que cumplir”, se limitó a señalar, manteniendo inalterado el discurso de su partido.
La también diputada popular Celia Villalobos motró todo su desprecio a la religión mayoritaria de los españoles al espetar quee “ese es un problema de los católicos y de la Iglesia católica”, tras lo cual recordó la separación existente entre Iglesia y política en la sociedad española. “A partir de ahí, los católicos sabrán lo que tienen que hacer”, apuntó antes de tildar de error intentar trasladar la opinión de un obispo a la sociedad en su conjunto. “Los obispos hablan a los católicos y los católicos tendrán que tomar medidas, lo mismo que los que no somos católicos haremos lo que consideremos oportuno“, concluyó.
El portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarría, interpretó la advertencia lanzada por Martínez Camino como una “intromisión impropia” de las funciones de la Jerarquía Eclesiástica que, a su juicio, debe mantenerse al margen de “las materias que deben ser objeto de regulación legislativa”. En declaraciones en los pasillos del Congreso el diputado nacionalista vasco aseguró que los obispos “pueden marcar la doctrina religiosa de sus feligreses, pero las materias que deben ser objeto de regulación legislativa son absolutamente ajenas a los designios de la teología”.
El diputado de CiU Pere Macías, perteneciente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), lamentó “profundamente” como “cristiano católico” las declaraciones Martínez Camino, porque la decisión sobre el sentido del voto a la ley del aborto está en “el ámbito de la conciencia” de las personas(algo en lo que la Iglesia tiene mucho que decir a los que se consideran hijos suyos, por cierto).
Según dijo, la Iglesia ejerce “una presión que no es oportuna y que no hace ningún bien”. “Me incomoda profundamente esta actitud, al igual que puede estar incomodando a miles o millones de creyentes”, señaló. “Para mí la religión es un modo de vida muy alejado de todo aquello que sea amenazas, castigos, inquisiciones. Soy de los creía que la Inquisición había desaparecido hace varios siglos, pero parece que vuelve”, indicó este diputado que presentará enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno.
Por su parte, la diputada de CiU Conxita Tarruella, perteneciente a Uniò Democratica de Catalunya (UDC) y que también pedirá la devolución al Gobierno del proyecto de ley del aborto, reconoció que, aunque es “creyente y católica”, no siempre comparte “al cien por cien y en su literalidad” las opiniones de la Jerarquía eclesiástica y recordó que, en cualquier caso, que “la Iglesia no ha admitido nunca el aborto”.
Tarruella explicó que CiU, como hace siempre que se someten a votación temas de este tipo, dará libertad de voto a sus diputados en el Congreso y que ella apoyará la enmienda de totalidad que ha firmado junto con algunos de sus compañeros nacionalistas.
También se pronunció el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, quien aseguró que su formación, como laicista, no se siente “presionada” por las palabras de Martínez Camino, aunque en su opinión sí se sentirán “ofendidos” muchos católicos. Como ejemplo puso a su madre que, como otros católicos practicantes, debe sentir “una verdadera ofensa” ante opiniones de este tipo después de “haber luchado durante muchos años por un catolicismo popular íntimamente ligado con la realidad social”.
Dicho esto, el republicano catalán cargó contra el portavoz de la Conferencia Episcopal, quien considera que tiene “un problema, no de salud, pero sí de cordura”.

Los políticos que apoyan el aborto se excomulgan automáticamente a sí mismos.

septiembre 10, 2009


Un nuevo documento editado la semana pasada por la Conferencia Episcopal de Polonia, que profundiza en las enseñenzas de la Iglesia sobre matrimonio y familia, da un claro y firme recordatorio a lños políticos que se dicen católicos de que si violan algunos preceptos morales básicos en la esfera pública, corren riesgo de excomunión.
El documento titulado, ” Al servicio de la Verdad sobre el Matrimonio y la Familia” del que es responsable el consejo de la Conferencia para la Familia, afirma la necesidad de que los políticos defiendan la vida humana y pone el énfasis en las enseñanzas de la Iglesia sobre que apoyar, tolerar o permitir el aborto supone la excomunióin automática y que es un sacrilegio que políticos que lo hacen recivan la Comunión.
“Es absolutamente falso que un político, o miembro del gobierno tenga o pueda actuar contra su conciencia. (…) Cuando se trata de la ley de Dios, todos somos iguales, incluídos los políticos.
Desde Manifiesto por la Vida agradecemos la claridad con que se expresan en sus enseñanzas lozs obispos católicos polacos. Echamos de menos esa determinación en España, y lamentamos ver cómo a personajes que apoyan, tanto en declaraciones públicas, como en votaciones, y actos legislativos, el aborto en todas sus formas, asistan con toda normalidad a actos religiosos, sin que los oficiantes les expulsen de los mismos por pecadores públicos, y les nieguen la Eucaristía.


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.