Posts etiquetados ‘Juan Carlos I’

Una azafata de vuelo enmienda la plana al Rey

abril 16, 2010

Juna Carlos y Sofía, al pie de un avión

Una azafata de Iberia, ya jubilada, ha pretendido cantarle las cuarenta al Rey, disconforme con la firma de don Juan Carlos a la nueva ley del aborto. María Belén López Delgado, que así se llama esta aguerrida ciudadana, decidió el pasado mes de marzo no detenerse ante nada ni nadie para dejar patente su oposición al nuevo texto que legisla el aborto. La azafata, que fue elegida para acompañar a los Reyes en su primer vuelo a Roma como tales, ha devuelto a Zarzuela la fotografía que éstos le dedicaron con este motivo, acompañada de una dura carta de reprobación.
Según cuenta la web de Monarquía Confidencial, la señora Delgado afirma en su escrito haber sentido siempre simpatía y afecto hacia la Casa Real española por ser un importante punto de equilibrio y reconciliación política de la España convulsa. La fotografía real ha ocupado siempre un lugar privilegiado en su hogar y en los recuerdos de su vida profesional. Sin embargo, hoy se siente moralmente obligada a devolverla, dolorida y decepcionada. Critica al Rey por haber obviado su condición de católico para sancionar la Ley del Aborto, que tilda de asesina y de ofensa a la sensibilidad y dignidad de muchos españoles. Aún más, reprocha a don Juan Carlos el haber elogiado la gestión del presidente Zapatero y le vaticina, tras una velada amenaza, que algún día un gobierno como el actual pondrá su punto de mira en la Corona y entonces el Rey echará en falta el apoyo de ciudadanos decepcionados como ella.
Desde Zarzuela han emitido una escueta nota de respuesta que en resumen pretende exculpar al rey de toda responsabilidad alegando que recuerda que entre las funciones vitales de las monarquías parlamentarias europeas está la de sancionar “como acto debido” las leyes aprobadas en Cortes Generales y que para el Jefe del Estado no existen excepciones, ni capacidad de decidir a voluntad en materia legislativa. Es decir, que el rey no sirve para nada.
Desde Manifiesto por la Vida felicitamos a doña María Belén López Delgado por su acto de valentía y compromiso con la vida, y deseamos que el ejemplo cunda.

El obispo Gea dice que «hubiese sido un gesto valiente del Rey negarse a firmar la ley del aborto»

marzo 10, 2010

Después de las declaraciones del obispo de Alcalá, Reig Plá, sobre la moralidad de la firma del Rey en la ley del aborto, ahora le ha tocado el turno a monseñor Gea, que considera que «en el caso de que el Rey perdiera la Corona por negarse a firmar la ley del aborto, qué es eso comparado con los miles de vidas que se hubiesen podido salvar».
El obispo Gea ha escrito un contundente artículo en su blog de «Religión en Libertad.com», a propósito de la sanción real de la llamada Ley del aborto, impulsada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Desobediencia civil
«Desde luego que muchísimos españoles – señala Gea Escolano–, y yo estoy con ellos, ni la guardarán (la ley del aborto) ni la harán guardar, pase lo que pase, por mucho que se empeñe el Gobierno. A nadie pueden obligar a cometer un crimen. La respuesta lógica es la desobediencia civil.

El gesto valiente que pudo ser
Monseñor Gea considera que «tratándose de una ley que permite el asesinato de miles y miles de seres humanos inocentes y todavía no nacidos, pasase lo que pasase y tuviese las consecuencias que tuviese, hubiese sido todo un gesto valiente y elegante de un rey católico el negarse a firmarla».

Perder la Corona
El prelado valenciano señala también las consecuencias de este gesto: «Puede que hubiese perdido muchas cosas, incluso, en el peor de los casos, puede que la corona, pero qué es eso comparado con los miles de vidas que se hubiesen podido salvar, aparte de que se hubiese podido granjear el aprecio y admiración de millones de españoles que rechazan esa ley absurda que concede a las madres el derecho de suprimir la vida de sus propìos hijos sin más. Ha sido una gran ocasión perdida».

Gea manifiesta que «si entre las competencias del Rey está el que la ley necesita de la sanción real como necesita del voto de la mayoría de los diputados para que tenga validez, de manera que si no firma queda anulada la aprobación del parlamento y habría que empezar de nuevo para vertebrar otra ley, al haberla firmado, su situación desde el punto de vista moral, es la misma que la de los legisladores que aprobaron la ley: exclusión de la comunión sacramental hasta que se arrepientan públicamente porque ha sido público el pecado».
El obispo emérito de Mondoñeto-Ferrol, sin embargo, también subraya otra posibilidad: «Si, por el contrario, el sancionar una ley con su firma es un acto formal al que no puede negarse, como podría ser algo así como levantar un acta notarial de la aprobación de la ley por el parlamento, no quedaría privado de la comunión».

Unidos por la Vida entrega al rey una carta de repulsa por la ley del aborto

marzo 8, 2010


El pasado 5 de marzo de 2010, Unidos por la Vida ha entregado una carta al rey en el Palacio de la Zarzuela por firmar tan infame ley. En ella se adjuntaban: el BOE de la ley del aborto, una foto, el testimonio de un suicidio post-aborto, la noticia del “catering” del Senado con una foto, y una octavilla.

Recuerdan desde Unidos por la Vida las palabras de Lope de Vega:
«Todo lo que manda el Rey,
que va contra lo que Dios manda,
no tiene valor de Ley,
ni es Rey quien así se desmanda»

Monseñor Reig Pla asegura que la sanción por el Rey de la Ley de aborto es «cooperación material con el mal»

marzo 8, 2010

Preproducimos por su interés el siguiente artículo de Infocatólica:

El programa «El Gato al Agua» de Intereconomía TV estuvo dedicado el viernes a analizar la nueva «Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo». Monseñor Reig Plá, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de Eamilia y Vida, aseguró que con esta ley se produce un mayor deterioro para la vida humana respecto a la anterior ley, reiteró que los parlamentarios que votaron a favor están en situación objetiva de pecado y aseguró que con su sanción el Rey incurrió en «cooperación material con el mal».
Entre los participantes en el programa estuvieron el catedrático Rafael Navarro Valls y el magistrado José Antonio Requero, Marisa Pérez Toribio, portavoz de España educa en Libertad. También intervinieron la ginecóloga Sonsoles Alonso, las periodistas Pilar Soto y Sonsoles Salavera la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya y Ana Córdoba, del Teléfono de la Vida de Zaragoza.

El programa entrevistó a monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida. El prelado aseguró que los católicos españoles han ido creando en la opinión pública y en la práctica social una corriente de mayor conciencia y apoyo de la cultura de la vida. Ahora, “lo que corresponde, con la Evangelium Vitae en la mano, es continuar trabajando en favor de la vida, en todas sus dimensiones, acoger a las mujeres embarazadas, de proporcionarle respuestas que no sea el aborto, estar generando en las propias parroquias y movimientos civiles una cultura en favor de la vida y crear esta red de asociaciones para luchar unidos en este combate que va a ser largo”.

Responsabilidad de los parlamentarios y del Rey

En relación con los parlamentarios que han dado su voto a la nueva Ley, monseñor Reig Pla recordó la doctrina que expresó el portavoz de la CEE monseñor Martínez Camino, siguiendo tanto el Código de Derecho Canónico como la encíclica Evangelium Vitae para los casos en que “una ley proporciona un mayor deterioro para la vida humana como es esta respecto a la anterior ley”. El presidente de la Subcomisión de Familia y Vida explicó que ahora se “pasa a afirmar que la mujer se puede ‘autodeterminar conscientemente’ –esas son las palabras que utiliza la ley–, puede decidir ella hasta la decimocuarta semana lo que es la vida humana”. Se refirió a que la ley aprobada “empeora no sólo lo que es la legislación del aborto sino lo que es la educación sexual, y la introducción de la ideología de género, así como la formación de los profesionales sanitarios”.

Reiteró que, en consecuencia, “los católicos que tenían que votar la ley necesariamente tenían que votar en conciencia en contra” y “los que hayan votado a favor tienen que saber que se ponen objetivamente en una situación de pecado”.

Finalmente, preguntado por la posición de la Iglesia respecto a si la situación del Rey que ha sancionado la ley es la misma que la de los políticos que han dado su voto favorable a la misma, monseñor Reig Pla afirmó que “es una situacion mas singular”, si bien “en el tema de la conciencia humana cuando se trata de reforzar una ley que va a provocar la muerte de inocentes no se puede uno amparar simplemente en la Constitución”, sino que “tiene que pensar si con su firma está cooperando materialmente en este caso a que esta ley vaya adelante”. Así, “la conciencia del rey tenía que en este caso situarse no ante la constitución sino ante aquello que es cooperar materialmente con el mal”.

A la pregunta de qué tenía que haber hecho el Rey, monseñor Reig Pla sugirió diversas situaciones, como “decir que no firmaba, decir que anteponía su conciencia al hecho mismo de lo que supone el refrendar una ley que no proporciona el bien, decir yo no ejerzo como rey en esta situación”. En todo cado, concluyó el obispo, “lo que yo puedo afirmar es que es una cooperación remota con el mal”.

Carta abierta a Monseñor Martínez Camino de Rafael López-Diéguez

marzo 5, 2010

Quizás el mensaje que más me ha impactado y calado en los últimos años, fue aquella famosa frase de Juan Pablo II “ no tengáis miedo”; pues bien sin miedo y desde el máximo respeto, he de decir que estoy absolutamente en desacuerdo con lo manifestado por Martinez Camino y espero, deseo y confió no sea más que un nuevo pronunciamiento personal, por cierto muy desafortunado, a los que ya nos tiene acostumbrados, como fueron aquellos sobre el preservativo y la del que no es lo mismo dejar morir que matar, con ocasión de la Ley de Ana Pastor en relación a la FIVE.
Ayer publicaba una carta abierta a D. Juan Carlos I , que en realidad era una carta dirigida al Jefe del Estado y a la Jerarquía Católica en la que llamaba la atención sobre lo importante de una actuación coherente y clara de la Jerarquía ante la posible firma del Rey de la Ley del aborto. Pedía en mi carta que no hubiera tibiezas ni ambigüedades, que con independencia de quien y el color de su sangre al que fuera colaborador necesario, aun con obligación y riesgo de su cargo, se le exigiera o al menos se le recomendara, dar testimonio y si no lo hiciera como pecador publico cayera sobre el todo el peso del Código Canónico. Pedía en definitiva que no se diera cobertura moral, ni carta de naturaleza a la inicua actuación del Jefe del Estado si este llegara a firmar la ley del aborto.
Monseñor, según entiendo, es criterio unánime de la Doctrina y del Magisterio que el católico no debe disociar su vida pública de la privada, que no podemos actuar de forma distinta en un ámbito que en el otro, que tenemos la obligación, si la obligación, de dar testimonio público de nuestra fidelidad a la Ley de Dios, que cuanto más público y representativo sea nuestro cargo o posición social más obligados estamos.
No entiendo cómo es posible que un miembro de la Jerarquía pueda asegurar públicamente que la actuación del Rey “ Es un acto distinto, con una consideración moral distinta a la de los parlamentarios que dan el sí o no a la ley”, imagino que querría decir que es peor la actitud, mucho más condenable, la actitud de quien con una responsabilidad pública como es la del Jefe del Estado renuncie voluntariamente a dar testimonio y recuse firmar la Ley del aborto, imagino que quería decir que es injustificable que teniendo en sus manos la posibilidad de no darle rango de ley a una norma que avala el crimen más abominable, renuncie a ello, aunque sea solo a efectos meramente testimoniales.
El Rey ,como otros coetáneos suyos lo han hecho, se puede negar a firmar la Ley, pase lo que pase, cualquiera que fueran las consecuencia, eso es lo que Dios demanda. Se pudo negar a firmar la anterior y nunca lo hizo, ahora se le debe exigir que no firme y manifieste públicamente su arrepentimiento de haberlo hecho en el 85, ese será el Rey que respetemos los católicos, ese será el Rey que lo españoles católicos admiraremos, ese será el Rey que junto con Balduino y el Gran Duque de Luxemburgo pasaran a la historia como los Reyes católicos del siglo XX y XXI, serán el ejemplo a seguir, es más serán la razón de ser de la existencia de una monarquía.
Su pronunciamiento de ayer ridiculiza la actitud de muchos santos como S. Tomas Moro, que por mucho menos murió mártir, o la de tantos y tantos mártires, entre ellos muchos Obispos como usted, que por no renunciar a su Credo perdieron la vida sufriendo terribles martirios.
Me han enseñado desde pequeño que la máxima aspiración del católico es la búsqueda de la santidad y que en este camino, con la ayuda y confianza en Dios, nada debe ser un obstáculo, porque a nada se ha de temer, que la vida y mucho menos un cargo merece la pena ser vivido si no es al servicio de Dios, que el perder crédito personal y profesional ,que el ser insultado y perseguido es una bienaventuranza. Hoy de su mano descubro que esta enseñanza no afecta a los de sangre azul , aunque su colaboración fuera imprescindible para consumar un ilícito moral.
Siento tener que escribir esta carta, siento tener que ser yo, representante de un partido social cristiano, un partido de inspiración católica, el que tenga que denunciar públicamente este gravísimo error, pero es mi obligación hacerlo, “no tengo miedo”, me encomiendo a Juan Pablo II y a Santo Tomas Moro en estos momentos y les pido su intercesión para que ilumine a nuestros pastores para que actúen en coherencia y no confundan a los que hemos decidido comprometernos en la vida pública en defensa de unos Principios, que en palabras de la Iglesia y su máximo representante son innegociables.

Rafael Lopez-Dieguez

Los carlistas ante la nueva legislación abortista

marzo 5, 2010

Cartel carlista por la Vida de Navarra

Don Juan Carlos de Borbón acaba de firmar la “Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”, su segunda “ley del aborto”. En 1985 sancionó una primera ley despenalizadora que, promovida por el PSOE, apoyada por el PP, y definida por Mariano Rajoy y sus máximos dirigentes como una ley “de consenso” ha provocado la muerte de 1.300.000 víctimas inocentes y allanado el camino para esta nueva vuelta de tuerca.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista, -único partido político que propone para España la monarquía tradicional y uno de los pocos que defiende íntegramente los valores no negociables- se ve en la obligación de hacer las siguientes consideraciones a la opinión pública:

1º. Como grupo político, los carlistas no entraremos a juzgar la conciencia de don Juan Carlos ni si sus actuaciones públicas merecen o no una reprobación más o menos contundente por parte de la jerarquía de la Iglesia. Los obispos han recordado con claridad suficiente que cualquier político o gobernante que sea corresponsable o público partidario de cualquier legislación abortista no puede ser admitido en la Sagrada Comunión. Respecto a don Juan Carlos lo único que nosotros constatamos es que en el BOE de 4 de marzo no se limita, como si fuera un notario, a dar fe de un acuerdo del Parlamento sino que con su su firma otorga validez legal a la nueva ley. Concretamente el actual jefe del estado ha firmado lo siguiente:

“A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. (…) Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 3 de marzo de 2010. JUAN CARLOS R.”

2º. Don Juan Carlos ha firmado la nueva ley sin expresar el menor gesto de desaprobación. Ante quienes afirman que ha sido obligado a firmar nos preguntamos: ¿cómo es posible que alguien que dice ser rey y monarca no goce de libertad siquiera para oponerse a una ley injusta, en defensa de los españoles más indefensos?. Que una persona, supuestamente la máxima autoridad del estado, sea declarada no responsable por el sistema constitucional es una vergüenza tanto para quien firma permitiendo que le sigan llamando rey como para todos los españoles, que se ven inmersos en un régimen en el que, como en la dictadura nazi, la orden recibida parecería excusar la voluntad libre y responsable de cada conciencia individual.

3º. Por otra parte la perversidad de la nueva ley del aborto no nos puede hacer olvidar que si hemos llegado a esta situación de definir legalmente la eliminación de seres humanos inocentes como un derecho es gracias a la sanción previa de otras muchas leyes anticristianas que en las últimas décadas y en el marco de una Constitución enemiga de la raíz católica de España han ido proponiendo, apoyando o sancionando el PSOE, el PP y el jefe del estado: nos referimos a las leyes permisivas del divorcio, del divorcio-exprés, de manipulación de embriones, de las píldoras abortivas, de las parejas de hecho, del llamado “matrimonio homosexual”, de la “Educación para la ciudadanía”, etc.

4º. Una vez más pedimos a los españoles que sepan distinguir entre la llamada “monarquía constitucional” y la verdadera “monarquía tradicional”. La primera, con la figura de un rey no-responsable fiel servidor de la revolución relativista, otorga al vigente sistema partitocrático una apariencia respetable. La segunda, que además de la legitimidad de origen planteada históricamente por el legitimismo carlista exige una legitimidad de ejercicio coherente con la tradición política española, es la única que podría garantizar la necesaria estabilidad de las instituciones poniéndolas a resguardo de los vaivenes partidistas.

5º. Por último, queremos animar a los defensores de la causa pro-vida para que no decaigan en su lucha por la verdad de la dignidad humana que tiene su raíz más profunda en la dignidad de los hijos de Dios. Junto a ellos estaremos siempre los carlistas, apoyando cuantas manifestaciones contra el aborto se realicen siempre que vayan encaminadas al primer objetivo verdaderamente pro-vida: la abolición total de cualquier legislación que no proteja la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
5 de marzo de 2010

El Rey ya ha firmado la ley del aborto, pese a los miles de peticiones en contra

marzo 5, 2010

Con la misma mano con la que tomó la de Juan Pablo II para besarla, el "católico" Juan Carlos de Borbón ha firmado la sentencia de muerte de centenares de miles de inocentes españoles.

El Rey ha desoído el clamor ciudadano que se ha manifestado de diversas formas y de manera multitudinaria contra el aborto y, en concreto, contra la nueva ley que ha impulsado el ministerio de Igualdad del Gobierno socialista.
Ni las manifestaciones ciudadanas, ni las recomendaciones de un buen número de teólogos, ni las más de 62.000 firmas recogidas a través de la web http://www.majestadnofirme.com han sido suficientes.
El Rey ha rubricado la nueva Ley del aborto, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
De esta manera, el Rey desoye uno de los últimos llamamientos a reconsiderar dicho acto, proveniente de la mayor organización pro vida del mundo: Vida humana Internacional.
Su presidente, Thomas Euteneuer, alertaba en las últimas horas de que «el mundo está atento» para ver si el Rey Juan Carlos «abdicará del liderazgo moral de la nación y firmará la sentencia de muerte de millones de niños españoles que serán asesinados a través del aborto».
Euteneuer también ha señalado, según reporta Life Site News, que el Rey «ya ha sido cómplice, por su firma, en la muerte de millones de personas al firmar la ley del aborto de 1985 y otras legislaciones inmorales como la de las uniones homosexuales de 2005»

Los obispos y el «caso único»
Tras la última reunión de la Comisión Permanente de los prelados españoles, su portavoz, el obispo Juan Antonio Martínez Camino, señaló que la posición del Rey es un «caso único» al que no se le puede aplicar la norma general que ha recordado para aquellos católicos con responsabilidades públicas que colaborar o impulsan una ley contraria a la doctrina como es la del aborto.
Vida Humana Internacional, sin embargo, considera que esta posición es errónea. En el ejercicio de sus funciones, «el Rey no pierde los derechos y deberes inherentes a la persona humana, ni los inherentes a ser católico»asegura Euteneuer, que añade que el Monarca tiene «el derecho y el deber de actuar conforme a su conciencia como católico».
«Todos los reyes católicos de España, en especial Isabel y Fernando, estarían horrorizados ante la posibilidad de firmar semejante legislación asesina y sostendrían un juicio severo de un rey que abdicara de la responsabilidad moral hacia su pueblo con un acto de esta naturaleza», enfatiza Euteneuer.
Por ultimo, Vida humana Internacional ha realizado un llamamiento a la Conferencia Episcopal Española para que elabore una declaración en la que se exponga que Juan Carlos I incurriría en excomunión si firma la nueva ley del aborto.

La versión de La Zarzuela
Según ha publicado El Confidencial Digital, el equipo que asesora a don Juan Carlos maneja una «explicación» sobre lo que realmente ocurre cuando el monarca estampa su firma en cualquier ley, incluida la del aborto: «Cuando firma, el Rey ni aprueba ni rechaza nada. Lo que hace es certificar que se trata de una norma que ha sido aprobada de acuerdo con lo que marcan las leyes y la Constitución».
Según estas misma fuentes, «no hay resquicio legal para no firmar» y «hacer algo así rompería el esquema democrático actual en España».
Sin embargo, el texto de la ley dice: “A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. (…) Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 3 de marzo de 2010. JUAN CARLOS R.” Es decir, que pese a lo que dice Martinez Camino, y lo que dicen fuentes de Zarzuela, es el Reyquien, con su firma manda alos españoles cumplir la ley asesina.

Carta abierta a D. Juan Carlos I, por Rafael López-Diéguez

febrero 26, 2010

Rafael López-Dieguez en un acto contra el aborto en la sede madrileña del PSOE

Hace unas semanas los hombres y mujeres de AES nos concentrábamos en la plaza de Chamberí de Madrid para pedirle al Jefe del Estado, D. Juan Carlos I que, de aprobarse la criminal ley del aborto no la sancionara, que siguiera el ejemplo de su coetáneo el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y se niegue a firmar cualquier ley en contra de la vida.
Se lo pedíamos apelando a su confesionalidad y se lo pedíamos apelando a su obligación de actuar acorde a la ley natural y la moral objetiva. Nadie le pondrá una pistola en el pecho, pero es que, aunque se la pusieran, su obligación seguiría siendo no firmar.
Un rey católico, que presume de ello, NO PUEDE SANCIONAR ESTA LEY, sí, yo me atrevo a decirlo, no titubeo y además digo que si lo hace será connivente moralmente con el crimen execrable del aborto, colaborador necesario del mismo, como lo han sido los que han votado a favor de la ley, y un colaborador necesario, es un pecador público y como tal sobre él ha de recaer todo el peso del Código Canónico. Es de esperar que la jerarquía de la Iglesia reaccione ante esta más que posible actitud del Rey. En 1985 cuando firmó la anterior ley del aborto solo se alzó una voz, la de Monseñor Guerra Campos, que fue acallada por los demás miembros de la jerarquía, hoy a quien le toca ese rol. Es la hora de que la Jerarquía se pronuncie, es la hora de que se diga sin tibiezas cuáles son las consecuencias de que un católico, como dice el Rey ser, de una forma pública y notoria colabore en una forma necesaria e imprescindible con el aborto. No nos vengan con aquello de las eximentes de obligatoriedad por razón de su cargo, no nos vengan con aquello de que está obligado constitucionalmente, ninguna norma de derecho positivo es susceptible de burlar las normas de derecho natural, porque esta burla la convierte en ilegitima y por lo tanto no ha de ser cumplida. El Rey SI puede negarse a firmar, como yo me puedo negar a cometer cualquier injusticia, aunque en ello vaya mi cargo o incluso mi vida.
Nadie olvide que un proyecto pasa a tener carácter vinculante y rango de ley exclusivamente por la firma del Rey, por lo que el Rey tiene “in fine” capacidad normativa, nada está regulado en cuanto a la negativa del Rey a firmar, es una laguna de ley; se establecen plazos, 15 días, pero nada se dice si este plazo se incumple, esta laguna puede ser aprovechada por el Jefe del Estado, esta laguna es su oportunidad. De la literalidad del artículo 91 de la Constitución no se desprende obligatoriedad alguna, pero insisto aunque existiera tal obligatoriedad él tendría el deber de no firmar y/o abdicar.
La pregunta que me hago es siempre la misma ¿el Rey sancionaría un proyecto de ley por el cual se extinguiera en España la monarquía y con ello su renuncia al trono?, seguramente en este caso pactaría, se movilizaría, intentaría llegar a acuerdos, lo que supongo no ha hecho en este caso.
Monseñor Temiño, quien fue Obispo de Orense, nos recordaba “si las leyes se oponen al bien común es deber de todos procurar que no se promulguen y promulgadas no cumplirlas. No pueden obligar. Antes bien, obliga lo contrario. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Señor, ya sé que no le ha de importar mucho la opinión de este español de a pie, sé que ni tan siquiera se molestará en leer esta mi carta, asumo que de leerla le importará muy poco, es más que se reirá de lo que dice este pobre españolito que paga sus impuestos para mantener una Casa Real, pero este españolito no tiene reparos en decirle en esta carta abierta que si usted llegara a sancionar la ley ya no representaría nada para él, que usted, que ya goza de una escasa credibilidad y legitimidad, la perdería por completo y que este españolito abogaría porque se marchara a su casa y con ello dignificara una institución por la que siento gran respeto, cual es la Monarquía.
Solo terminar con una frase de Lope de Vega que leyó mi buen amigo Jose Maria, monárquico por cierto, pero monárquico de verdad, de los que están dispuestos a darlo todo y de hecho lo ha dado, que se ha jugado su puesto de trabajo por ser consecuente con su Credo, si, su puesto de trabajo y lo ha hecho con alegría, con orgullo, casi lo mismo que usted, ¿verdad?, pues bien, el autor decía así:
“Todo lo que manda el Rey que va contra lo que Dios manda, ni tiene rango de ley, NI ES REY QUIEN ASI DESMANDA”.
En la monarquía de Jose María creo, pero Señor si usted vuelve a firmar, en la suya no, usted y los suyos me sobran.

Rafael López-Diéguez, presidente de Alternativa Española

Obispos españoles y aborto: la historia se repite

febrero 26, 2010

Reproducimos por su interés el siguiente artículo, publicado en Religión en Libertad por Ángel David Martín Rubio, sacerdote licenciado en Geografía e Historia y en Historia de la Iglesia en la diócesis de Coria-Cáceres. Ha impartido clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ahora lo hace en el Instituto Teológico Virgen de Guadalupe y en el Seminario Diocesano de Cáceres:

El cardenal Tarancón y Adolfo Suarez, en la época en que se dió en España el pistoletazo de salida a la cultura de la muerte.

Todos los indicios hacen pensar que los obispos españoles van a repetir lo ocurrido en 1985 cuando, en los debates previos a la aprobación de la ley despenalizadora del aborto, se limitaron a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas en caso de salir adelante la ley, como ya lo están con la ahora vigente.
Ahora bien, en relación con la previsible aprobación de la ley que convierte el crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el democrático estado español, hay que reconocer que en esta ocasión, las alarmas se han disparado y ha sido el propio portavoz de la Conferencia Episcopal el que ha bajado a la arena para escenificar una defensa del Monarca responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Y es que iniciativas como las promovidas desde Religión en Libertad, han demostrado con argumentos jurídicos y teológicos contundentes, que era posible esperar que el Jefe del Estado niegue la sanción de la ley. Como todo hace pensar que don Juan Carlos de Borbón, firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos de miles de inocentes no nacidos, la Conferencia Episcopal ha decidido acudir en socorro del interpelado.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar ayer, los periodistas preguntaron hasta siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del Estado ante la ratificación de la ley del aborto. Teniendo en cuenta que la cuestión no pudo sorprenderle desprevenido se capta el verdadero alcance de las respuestas:
«La situación de Su Majestad el Rey es única, ningún otro ciudadano está en esa situación no existe un principio general para su caso y no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario», afirmó.
Al insistir los periodistas, añadió: «El caso del Rey es único, distinto del político que da su voto, pudiendo no darlo. La Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el acto del Rey, que es distinto al del parlamentario».
Y al ser preguntado una vez más, afirmó: «La Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto único que hace el Rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a emitir».
La doctrina de la Iglesia
Soy consciente de la agudeza crítica y del prestigio intelectual de Monseñor Martínez Camino y alguien con su perfil no puede estar convencido de las razones alegadas por él mismo, argumentos que se refutan desde los más elementales principios de la moral católica y que están en franca contradicción con los que fueron expuestos en 1985 por el entonces Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos. Menos aún se entiende tan exquisita prudencia a la hora de emitir un juicio cuando están en juego millones de vidas humanas.
Recordemos, como ya hicimos en otros artículos, la doctrina expuesta por monseñor Guerra Campos en una serie de intervenciones que contienen la única expresión completa de la doctrina católica sobre la legislación abortiva hecha pública por un obispo español. A diferencia de Martínez Camino, Guerra Campos precisó la responsabilidad de las autoridades concretada en los autores de la ley entendiendo como tales el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; los parlamentarios que la voten y el jefe del Estado que la sancione. Terminaba recordando que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de «gravísima violación del orden moral», con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en «manifiesto pecado grave». ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación in sacris la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Menos aún hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto en relación con la ampliación de la actual ley, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces obispo de Cuenca hacía unas afirmaciones que adquieren ahora mayor actualidad:
«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)».
¿Qué se puede esperar ahora?
Ahora solo cabe esperar que algunos obispos a título particular y con toda la autoridad magisterial que les compete, se desmarquen de la posición expresada por Martínez Camino y vuelvan a exponer y actualizar la doctrina católica en relación con las leyes injustas y con los responsables de su aprobación y aplicación. Esta reacción —la de cada uno de los obispos sin el paraguas de la Conferencia Episcopal— será un auténtico test que nos permita comprobar si realmente se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español (como sostienen algunos con mejores deseos que capacidad de análisis) o nos encontramos ante la enésima re-edición de la autodemolición en su más ibérica versión taranconiana.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, a nadie debería extrañar una intervención de la Sede Apostólica, tan activa en la defensa de los derechos humanos. Sería muy deseable que Benedicto XVI hiciera pública su posición para evitar que alguno de esos especialistas en detectar malas intenciones le reprochen —como ya hicieron con Juan Pablo II y el episcopado español— la aceptación tácita de la Ley de 1985.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985… O acudan a manifestaciones promovidas por sedicentes pro-vida que evitan cualquier referencia clara en contra de la legislación abortiva vigente porque se oponen a la ampliación de la actual regulación pero aceptan esta última.
En el fondo, toda la casta política y los millones de españoles que la respaldan con sus votos, actúa al servicio del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). El árbol se plantó entonces, ahora basta recoger sus frutos y lo único que admite una mínima disputa es quién habrá de llevarse la cosecha.

Si hay alternativa, únicamente será posible en la medida que tenga lugar la recuperación de la hegemonía cultural en la sociedad. Algo que implica la lucha por la Verdad ―que no se impone por sí misma― y la capacidad de generar instrumentos coercitivos que, al amparo de la ley, actúen como freno de las tendencias disgregadoras.

Más de 43 mil piden al Rey de España no firmar ley del aborto

enero 12, 2010

Más de 43 mil personas, entre las que se encuentran diversos líderes pro-vida y personalidades, han expresado su apoyo a la iniciativa titulada “Majestadnofirme.com”, en la que solicitan al Rey de España que no ratifique con su firma la nueva ley del aborto que permitiría esta práctica infanticida hasta la semana 14 de embarazo.
Esta iniciativa, promovida por Religionenlibertad.com, cuenta con el respaldo de José María Simón Castellví, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC), la doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir (DAV) y Susana Tejerina, portavoz de la Plataforma Ley y Farmacia, entre los líderes pro-vida.
En el ámbito de la cultura y medios se han adherido a la iniciativa, entre otros: Mercedes Salisachs, escritora; Pío Moa, historiador; Eulogio López, director de Hispanidad.com; Francisco José Fernández de la Cigoña, columnista e informador eclesial de Intereconomía; Antonio Arcones, presidente de Editorial Ciudadela y de Criteria Club de Lectores; y José Luis Orella, director del Diario Ya.com.
Otros firmantes son: Francisco José Alcaraz, presidente de la plataforma Voces contra el Terrorismo; Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír.org, Francisco Caja, de Convivencia Cívica de Cataluña; Eduardo Hertfelder, del Instituto de Política Familiar; y Esperanza Puente, portavoz de Red Madre.
Del mundo de la política se cuenta también con el apoyo de Asier Antona Gómez, presidente del Partido Popular de La Palma, y David García Pérez, Presidente Nacional de las Juventudes del Centro Democrático y Social (CDS), y Rafaél López Dieguez, secretario General de Alternativa Española.
Éste último intervendrá, junto con el abogado y periodista Carlos Martinez Cava en un acto público pidiendo al Rey que no sancione con su firma la ley del aborto el próximo domingo 24 de enero en la Plaza de Chamberí, a las 12 de la mañana.


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