Posts Tagged ‘negocio de aborto’

Los abortistas muestran su “compromiso con los derechos de las mujeres”: Sin dinero no matarán más niños

septiembre 22, 2011

Uno de los negocios abortistas que se queja de no recibir financiación pública

Los siete negocios abortistas que provocan abortos mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian “reiterados incumplimientos en los pagos” de los abortos realizados desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que supone la cobertura de este asesinato con cargo a la sanidad pública.
Los negocios de aborto Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las abortorios. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de abortos provocados a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.
Cuando se aprobó la nueva ley del aborto, que permite abortar sin control y de forma gratuita a las mujeres con gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron estos siete negocios, que matan a los hijos de las madres abortistas de manera gratuita cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al Sescam.
“Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes”, asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero, mostró ayer su “sorpresa” por el plante y aseguró que la primera petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del sistema público.
El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. “Tenemos dificultades para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de proveedores”, aseguró. “Nuestra prioridad es ser equitativos con todos ellos”. De este modo el político del Partido Popular deja meridianamente claro el compromiso abortista de su partido, que en ningún momento ha pretendido dejar de financiar la muerte de bebés, simplemente que no tiene recursos suficientes para hacerlo.
Carretero aseguró que su intención es ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de desbloquear la situación. “Claro que nos preocupa. Primero tenemos que comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a durar”, explicó. “Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías alternativas”, añadió el político del partido abortista. Lo que sea con tal de que siga habiendo abortos.
El pulso de los negocios de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia. Es la lamentable gestión del gobierno anterior del PSOE, y no la voluntad de no pagar con dinero público el asesinato de niños, lo que ha producido esta situación.

El criminal Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel

septiembre 22, 2011
El criminal Morín, detenido

El criminal Morín, detenido

La Audiencia de Barcelona juzgará al cri,inal abortista Carlos Morín y a 11 de sus colaboradores, entre ellos su esposa, por practicar más de cien abortos ilegales en sus clínicas de la capital catalana. La Fiscalía solicita para él una pena de 309 años de prisión, y entre 50 y 200 años para los acusados de colaborar con el abortista peruano, entre ellos psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que practicaron abortos a pacientes en avanzado estado de gestación, superadas las 14 semanas que marca la ley. La Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.
Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, Morín y su esposa crearon una “estructura estable y permanente” a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar abortos provocados “sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal” y con un “único afán desmedido de lucro”. El auto de la juez añade que este criminal obtuvo “ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès”.
El caso se destapó en 2006 a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, que acusaba al negociante del aborto peruano de practicar abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses a cambio de 4.000 euros. Según la Fiscalía, el negocio alcanzó una “gran difusión” no sólo en Barcelona, sino también en el resto de España y Europa, de donde acudían muchas pacientes que no habían podido matar a sus bebés en sus países de origen.
Los negocios de abortos de Morín y su esposa, María Luisa Durán, alteraban las ecografías de las pacientes y hacían constar una edad del feto menor a la real para ocultar los abortos ilegales. Según el escrito de la Fiscalía, entre los 101 abortos ilícitos que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras en la semana 29, 28 o 27.
Los negocios Ginemedex y TBC efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de la anterior ley del aborto: que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante. Las pacientes, sin embargo, no recibían la visita de un psiquiatra, y era el personal del propio centro el que rellenaba los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se practicaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves deficiencias, pero, según añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que lo acreditara.
En las entradas y registros practicados en las clínicas de Morín se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos, así como unos dispositivos para la evacuación de restos biológicos, entre ellos un desagüe de grandes proporciones, en el que se encontró ADN nuclear humano. De entre los expedientes, finalmente se investigaron 167 abortos, pero el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que dirigía la investigación, acordó el pasado febrero archivar medio centenar de casos que serían legales de acuerdo con la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor en julio de 2010.
Tras la fase de instrucción, la juez ha acordado la apertura del juicio oral. En el proceso ejercen como acusación particular la asociación católica E-Cristians, el partido social-cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

El criminal abortista Carlos Morín y su mujer, a la salida del juzgado, con militantes del partido Social Cristiano AES.

En un comunicado hecho público la semana pasada Alternativa Española dice no poder más que “felicitarse por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona de abrir juicio oral contra el doctor Morín y varios de sus colaboradores, hasta sumar una docena de imputados, por los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita”. Desde el partido social cristiano recuerdan que AES ha estado presente en el denominado “caso Morín” presentando denuncias contra el mismo en cuanto se conocieron los hechos y se ha personado en la causa como acusación y como tal figurará en el juicio.
AES quiere resaltar “que la elevada petición de pena presentada por la fiscalía, 309 años de prisión para el doctor Morín y entre 50 y 200 para sus colaboradores, viene a demostrar que teníamos razón al impulsar las acciones legales contra este individuo y su lucrativo negocio”.
Sin embargo, desde la organización política católica se lamentan “de que sólo se le procese por algo más de un centenar de casos de abortos ilegales y que algunos de los casos se hayan desechado por que, pese a que no lo eran cuando se cometieron, se considera que con la nueva ley ya no cabe la ilegalidad”.


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