12 enfermeras llevan a juicio a su hospital por intentar obnligarles a practicar abortos.

El hospital abortista de la University of Medicine and Dentistryde Nueva Jersey

Doce enfermeras en Nueva Jersey (Estados Unidos) han entablado un juicio contra un hospital local tras haber sido amenazadas con el despido si es que persisten en su negativa a asistir en abortos.
El caso, señaló el abogado Matt Bowman de la Alliance Defense Fund (entidad del Comité ejecutivo del Congreso Mundial de las Familias), muestra “el ataque sistemático contra el derecho a trabajar que tiene los profesionales provida sin ser forzados a violar sus valores fundamentales y morales”.
El 31 de octubre la Alliance Defense Fund presentó la demanda ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey en representación de las doce enfermeras, quienes actualmente trabajan en la University of Medicine and Dentistry en Nueva Jersey.
Según Bowman, el hospital ha violado la ley federal y estatal al exigir a las enfermeras que asistan en abortos en contra de sus consciencias y amenazándolas con despedirlas si se resisten a ello.
Dos de las enfermeras, Lorna Mendoza y Julita Chang, están en la lista de sanitarios para intervenir en un aborto hoy viernes 4 de noviembre.
Bowman dijo además que si bien en el hospital se hace abortos desde hace muchos años ya que en Estados Unidos esta práctica es legal, no se había obligado hasta ahora a las enfermeras. El cambio se dio cuando una de las enfermeras que sí hace abortos fue colocada como supervisora.
Originalmente las autoridades del hospital acordaron reunirse con las 12 enfermeras para discutir el tema, pero la cita fue cancelada a en el último momento al ver que las profesionales llegaron acompañadas a la cita con un abogado.
“Le estamos pidiendo al hospital que detenga esta presión inmediatamente. Pese a que tenemos leyes que las protegen (a las enfermeras), el centro de salud está violando la ley de manera muy arrogante”, dijo Bowman.
El abogado dijo también que esta situación se está haciendo cada vez más común en Estados Unidos, lo que muestra “una aguda crisis en este tipo de entidades (…) que fuerzan a su personal a participar en abortos en contra de sus convicciones”

El Colegio de Médicos plantea un registro para quienes objeten al aborto

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia estudia abrir un registro para que los ginecólogos que lo deseen puedan inscribirse y dejar así claro que son objetores de conciencia frente al aborto. «Estamos en ese debate», confirmó ayer el presidente de esta institución, Rodolfo Castillo. «Sería un documento privado y voluntario», añadió. La cuestión se planteó ayer durante unas jornadas que reunieron a varios expertos en la sede del Colegio.
El registro sería «una garantía, una salvaguarda para el profesional» frente a posibles problemas con la administración, explica Gumersindo González, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio. La nueva ley del aborto ha reabierto el debate sobre la objeción de conciencia en este tema. La principal cuestión que se plantea es si es necesario que quien objete lo haga de manera individual en un registro, como pretende por ejemplo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o simplemente a través de una notificación administrativa al jefe del servicio, como sucede en Navarra.
El Colegio de Médicos cree que un registro podría ser una buena solución, pero sólo si es esta institución quien se encarga de ello, y no la Administración. Rodolfo Castillo añade que la mejor forma de aclarar la situación sería mediante «una ley sobre la objeción de conciencia médica». La norma no sólo abordaría el aborto, sino otras cuestiones como la manipulación genética o la selección de embriones, añade Gumersindo González. «Debe haber una regulación porque la objeción es un derecho fundamental, pero no se puede objetar a cualquier cosa», advierte.
Actualmente, ningún hospital público de la Región practica abortos, y estas intervenciones se llevan a cabo en centros concertados, financiados generosamente por el gobierno regional. Para González, esta situación no plantea problemas porque tanto el derecho del facultativo a objetar como el de la mujer a hacer uso de la ley «se respetan».

Asociaciones promuerte piden que se impida por ley la objeción de conciencia de los médicos

Para los promuerte, la ley debe actuar contra quien no quiere destruir una vida, en lugar de contra quien la asesina.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Asociación Derecho a Morir Dignamente y Jueces para la Democracia, entre otras entidades, han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno que impida por ley la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Según han destacado en una ‘Jornada sobre derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia’, celebrada en Sevilla, el “supuesto” derecho constitucional de incumplimiento de una obligación legal por motivos de conciencia “no puede anteponerse al derecho de la ciudadanía a tener acceso a las prestaciones sanitarias legalmente reconocidas”.
En este sentido, estas entidades ponen como ejemplo la objeción de conciencia a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, que en ocasiones es “impuesta al conjunto de los facultativos y del personal sanitario por sus respectivos jefes”, al tiempo que hay veces que también “se extiende a cualquier acto, sanitario o no, remotamente relacionado” con esta intervención.
Piden que ningún médico pueda invocar su libertad de conciencia
Por ello, proponen que “ningún médico pueda invocar su libertad de conciencia para incumplir la voluntad de su paciente de no ser sometido a tratamientos o actuaciones que rechaza en el momento o anticipadamente, por sí mismo o por medio de sus representantes legítimos”.
Igualmente, y en relación con la eutanasia, piden que ningún profesional sanitario pueda aducir razones de conciencia “para negarse a aliviar el sufrimiento de un paciente, especialmente mediante la aplicación de la sedación terminal en la agonía”.
Además, reclaman que el ejercicio efectivo de los derechos sanitarios “debe ser garantizado en todos y cada uno de los centros sanitarios públicos”, mientras que la libertad de elección en el terreno sanitario exige una información adecuada y previa sobre los profesionales objetores.
“Los poderes públicos deberán conjugar el derecho a la información con la salvaguarda de la intimidad”, insisten en el manifiesto, con el que confían en acabar con “invocaciones abusivas de pretendidos derechos” que “frustran el correcto ejercicio” de estas prácticas asistenciales.

Los médicos andaluces insiten en que el aborto no es un acto médico

El Colegio de Médicos de Sevilla abordó ayer el derecho de los profesionales a ejercer la objeción de conciencia en una mesa redonda y un debate que pusieron sobre la mesa, como era inevitable, la nueva legislación sobre el aborto, el papel de los sanitarios y el registro de objetores que cada vez suma más inscritos andaluces.

Fueron varias las voces, tanto desde la mesa redonda, como entre el público que rechazaron el aborto no sólo desde el punto de vista ético, sino desde la perspectiva profesional: «El aborto no es un acto médico», dijeron. Fue el punto que abrió el coloquio con la intervención de la doctora Rubín quien afirmó que el aborto «no es la interrupción del embarazo, sino la destrucción del embarazo» y apeló a aquellos sanitarios que los practican a que «no se llamen médicos si destruyen la vida».

Su postura fue refrendada desde la mesa de oradores por el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, quien convino con Rubín en que son muchos los profesionales que aseguran que el aborto no es un acto médico y que lo contrario es sólo «una manipulación del lenguaje y un engaño perverso».

Igualmente, el profesor de Bioética y ex presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, Rogelio Altisent Trota, señaló que «la mayoría de los médicos estamos de acuerdo en que el aborto es un acto violento, pero parece que la sociedad occidental está anestesiada ante este tema».

José Antonio Díaz Fernández agregó que «hemos de tratar de llevar adelante la cultura de la vida, dar soluciones a la mujer y formación a los profesionales», además de destacar que el Consejo de Europa ha dado un giro importante «y se ha mojado al reconocer que el aborto puede ser la muerte de un ser humano».

En otro momento de la sesión de trabajo, el doctor Pérez-Roldán apuntó que hay temor en el Gobierno a que aumenten los casos de objeción de conciencia «porque si se multiplicaran podría llegar un momento en que la ley no se podría aplicar».

Precisamente, el coordinador de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Sevilla reveló en su ponencia que desde la creación del registro de objetores por la Organización Médica Colegial , el número de inscritos no ha dejado de crecer entre los profesionales andaluces. Expuso también no sólo que la objeción es un derecho fundamental de los médicos, sino que entre las cuestiones a las que pueden reaccionar está no sólo el aborto, sino también la esterilización, la contracepción, la fecundación asistida, la investigación con embriones humanos y en el futuro podrán plantearse su postura en relación a cuestiones como la clonación o la eutanasia.

La mesa redonda aportó conclusiones sobre los últimos debates en relación a la aplicación de la legislación vigente, sobre el concepto de objeción de conciencia y el papel de los colegios profesionales en el registro de objetores.

La sesión estuvo coordinada por el vicepresidente del Colegio, Antonio Gutiérrez y presidida por el presidente de la institución, Carlos González-Vilardell.

La objeción de conciencia plantea un problema muy grande a la Sanidad española

El presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, Rafael Millán, ha afirmado hoy en Logroño que la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva plantea “un problema muy grande” en el sistema sanitario español en relación a la objeción de conciencia a la que puede atenerse un facultativo sanitario.
El debate jurídico que plantea esta norma es uno de los asuntos que se tratan en el Congreso nacional “Derecho y Salud”, que hoy ha inaugurado el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, y que durante tres días reunirá a más de 130 abogados y personal sanitario de todo el país.
Millán, en declaraciones a los periodistas al inicio del Congreso, ha afirmado que esta Ley, aprobada por las Cortes, está “mal redactada” porque no regula una uniformidad de criterios para su aplicación por parte de las comunidades autónomas.
Entre las lagunas legales que, en su opinión, plantea la norma, está la falta de un criterio uniforme legal respecto a la objeción de conciencia en un médico que puede acogerse.
Hay comunidades autónomas, ha explicado Millán, que han arbitrado soluciones que favorecen la objeción de conciencia y otras que lo han dejado a criterio del médico, como la gallega.

La Junta de Andalucía le deniega el derecho a objetar a un funcionario de Salud

El vacío legal existente en cuanto a la objeción de conciencia al aborto da a lugar a paradojas singulares. El escenario es Sevilla y su origen, el Servicio Andaluz de Salud (SAS). José Fernando Pérez, reconocido por el Gobierno como objetor de conciencia al servicio militar antes de 1978, es en la actualidad funcionario del SAS.
Por sus manos pasan documentos que tiene que tramitar con su sello nominal, número de identificación y firma. Recientemente, Pérez se dirigió a sus superiores para hacerles saber que se declaraba objetor ante cualquier forma de pena de muerte: judicial, militar o el aborto. Pero la gerencia le denegó su petición. ¿Qué salidas le quedan? Bien un recurso de reposición, bien un contencioso administrativo ante los Tribunales de Justicia. El hecho de que ayer se celebrara el Día Internacional contra la Pena de Muerte le da a esta historia otra irónica vuelta de tuerca.

«Un funcionario goza de un puesto de trabajo garantizado e inamovible, como elemento sustancial para preservar la independencia de la función pública, de tal modo que no sean manipulables por las coacciones morales, o premios indebidos que genere el escalón de autoridad política en base a intereses propios de su ideología», recuerda en un comunicado la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc).
Ahora, el siguiente paso a seguir por «una célula de funcionarios objetores» creada para la ocasión será acudir al Defensor del Pueblo, en el territorio nacional y autonómico, «para que conozca la situación de los funcionarios y del personal laboral del SAS». Además, en Andoc recuerdan el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, «que cautelarmente ordena que se modifiquen las órdenes restrictivas de esa comunidad», que sólo admitía la objeción «para los médicos ejecutores».
También el Consejo de Europa afirmó que ninguna persona será coaccionada o discriminada «debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto».
«Un funcionario tiene todo el derecho a negarse a participar en una cadena que conduce a producir intencionadamente la muerte de un feto o un embrión», sostienen en Andoc.

Castilla-La Mancha acepta que el médico de familia objete al aborto

El primer registro oficial de médicos objetores de conciencia ante la ley del aborto, el que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha, irá más allá de lo previsto. El Gobierno autonómico ha acordado con sus colegios profesionales que se permita declararse objetor a los médicos de familia, los encargados de dar la primera información y derivar a las embarazadas al especialista.
La decisión de esta región -que concierta sus intervenciones con centros privadas- coincide con un auto del Tribunal Superior de Justicia autonómico. En él se dictamina de manera cautelar, tras la reclamación del Colegio de Médicos de Toledo, que los profesionales de atención primaria también puedan inscribirse en el registro que la Junta reservaba a ginecólogos, enfermeros, anestesistas o matronas; únicos profesionales que, hasta ahora, consideraba “directamente implicados”. Hasta el 14 de septiembre se habían inscrito ya en el listado 338 personas.
Lo ocurrido en Castilla-La Mancha vuelve a subrayar las diferencias en la implantación de la nueva ley en las distintas comunidades. Algunas, como Navarra -que deriva todas sus interrupciones a otras autonomías- o Madrid aseguran que permitirían también que estos profesionales objeten. Ambas aclaran, sin embargo, que aún no se ha dado ningún caso, según los portavoces de Sanidad. Otras, como Asturias o Andalucía, sostienen que, con la ley en la mano, solo pueden objetar los profesionales que tengan relación directa en la prestación. En ese grupo, afirman, no entrarían los de atención primaria.

Comunicado del colegio de médicos de Jaén sobre la ley del aborto

Ante la entrada en vigor de la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a solicitud de múltiples compañeros, el Colegio Oficial de Médicos de Jaén quiere hacer costar unos principios a través de un comunicado.
En primer lugar, desde la Junta Directiva del Colegio aseguran “los médicos aceptamos todas las leyes emanadas del Parlamento aunque sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno, evitando acciones que degraden gravemente la propia identidad moral, lo que no supone en absoluto rechazo a las personas ni mucho menos a la mujer que se encuentra ante el dilema del aborto”.
En segundo lugar, aseguran que “la objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en el proceso de desarrollo de la práctica de un aborto”.
Así lo entiende el Código de Ética y Deontología Médica (Art. 9.3 Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar).
Así, aseguran que “la Administración Sanitaria en ningún caso debe tomar represalias con aquellos facultativos objetores que se nieguen a la referida cooperación al aborto”.
Finalmente, recuerdan que el Colegio de Médicos, en caso de conflicto, “defenderá a todos aquellos facultativos implicados de acuerdo con el Código de Ética y Deontología Médica que entiende que la profesión médica está al servicio de la vida humana”.

La Asociación Familia y Dignidad pide al Consejo de Europa que no respalde el informe sobre objeción de conciencia

La asociación Familia y Dignidad Humana ha solicitado al Consejo de Europa que niegue su apoyo al llamado Informe McCafferty, una iniciativa del comité de Asuntos Sociales, de Salud y Familia del Consejo de Europa para regular la objeción de conciencia en casos de aborto.
Según explica la organización, el informe, que se someterá a la aprobación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el próximo 7 de octubre, es “una agresión inadmisible al derecho a la objeción de conciencia de los médicos, de los demás profesionales sanitarios y de sus colaboradores”.
En su opinión, “se quiere excluir de la profesión médica a unas personas cuyo derecho a la objeción de conciencia está amparado por la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 9) y por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18)”.
“Estamos ante una iniciativa que ataca directamente a la Libertad de Conciencia, una libertad que, al igual que en los siglos pasados fue invocada frente a la religión oficial y al absolutismo político, debe hoy ser defendida con vigor frente a la nueva ideología oficial basada en el relativismo moral, el laicismo y la ideología de género que se pretende imponer a todas las personas”, denuncia.
La Asociación Familia y Dignidad fue fundada en el año 2008 por un grupo de parlamentarios de partidos que apoyan el aborto (PP, CyU), pero al que se oponen ellos a título personal, y tiene entre sus principios fundacionales la defensa de que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación y como tal debe ser jurídica, ética y socialmente protegida.

Andoc pone en marcha una campaña deontológica en defensa de la objeción de conciencia de los médicos

La Asociación para el Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) ha puesto en marcha una campaña deontológica en defensa de la objeción de conciencia de los médicos en respuesta a la nueva Ley del Aborto elaborada por el Ejecutivo y aprobada en las Cortes Generales.
Según ha informado la asociación en un comunicado, esta campaña responde a la situación que viven “muchos profesionales” del sector, quienes, a su parecer, “corren riesgo o han padecido acoso moral en sus puestos de trabajo cuando no participan en materias de aborto”.
“Los médicos que se agrupan en esta plataforma denuncian una situación indeseada, en la que se modifica radicalmente su estatus profesional, pasando de ser quienes velan por la salud a pretender que sean unos ejecutores de una ley de pena capital”, ha explicado.
A su vez, ha precisado que la defensa de la objeción de conciencia responde a motivos “deontológicos y científicos, en contra de lo que sostiene la consejera andaluza de la Salud”, María Jesús Montero, quien ha afirmado que esta iniciativa es de carácter “ideológico”.
El pasado 9 de agosto, Andoc informó de que cerca de 50 médicos habían presentado objeciones de conciencia en Andalucía ante la aprobación hace poco más de un mes de esta ley, aunque las autoridades políticas por medio de los directores de centro “están comunicando las inadmisiones de las solicitudes”.