Las clínicas abortistas acaparan la atención del Gobierno y del PSOE

Han sido recibidas por tres ministros y están en las dos comisiones de expertos.

La ministra Aído con su comisión de abortistas en la que está la primera presidenta de la indrustria abortista ACAI

En España el aborto es un acto médico en manos de empresas privadas que responden a la lógica de buscar el máximo beneficio, y por lo tanto de incentivar la demanda, y reducir costes, favorecido por la escasez de controles y regulaciones”. Es una de las conclusiones del informe Aborto y políticas públicas dirigido por Josep Miró i Ardevol, y publicado por el Instituto de Estudios de la Universitat Abat Oliba CEU.
 
La teoría de Miró i Ardevol tiene cara y ojos. El doctor Morín tenía tres centros abortistas en Barcelona, practicó abortos de hasta ocho meses de gestación y en 11 años el departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña no lo investigó nunca.
 
La retahíla de espeluznantes detalles sobre abortos ilegales cometidos en nuestro país, bautizado por la prensa extranjera como el “paraíso del aborto”, llevó al Gobierno a abordar este problema de salud pública que no para de crecer, con al menos 101.592 “interrupciones del embarazo” practicadas en 2006.
 
Hacia una ley de plazos
Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó antes de las elecciones que tuviera intención de modificar la ley del aborto del 85, el tiempo ha demostrado lo contrario. Desde enero se comprueba una constante preocupación del Ejecutivo y el PSOE por atender las demandas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Desde que se descubrieron los abortos ilegales del doctor Morín, el lobby del aborto no ha parado de pedir una ley de plazos, en concreto pidieron que se pudiera abortar sin tener que dar explicaciones hasta las 24 semanas de gestación.
 
El 17 de enero de este año, tanto el ministro de Justicia, Mariano Fdez. Bermejo, como el de Sanidad, Bernat Soria, se reunieron con representantes de todas las clínicas autorizadas en España.
 
El 4 de septiembre, la ministra de Igualdad presentó a los expertos que le asesorarán en la redacción de una nueva ley del aborto. Numerosas asociaciones denunciaron que “todos ellos eran conocidos proabortistas”. Entre esos asesores está la primera presidenta de ACAI, Consuelo Catalá. Aunque la propia asociación se quejó públicamente por no estar presente en la “comisión de Aído”, para muchas asociaciones provida no hay duda de que Catalá velará por ellas.
 
Para terminar de garantizar los intereses del lobby de las clínicas abortistas, el pasado jueves, el Grupo Parlamentario Socialista decidió reservar dos tribunas en la subcomisión del Congreso a los centros abortistas: escuchará a Santiago Barambio, presidente de ACAI y a Guillermo Sánchez, de la Clínica Dátor.
 
Mientras tanto, ni una de las asociaciones provida, de apoyo a las embarazadas o de víctimas del aborto han obtenido la atención ni del Gobierno, ni del PSOE.

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