Opiniones de todo tipo en la Subcomisión sobre el aborto

En declaraciones a Europa Press antes de comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto, López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, propuesta por el PP, ha explicado ante los miembros de la Subcomisón que “cuando una mujer aborta antes de la semana 22 de gestación se debe hablar de interrupción voluntaria del embarazo y cuando lo hace a partir de esa fecha, de infanticidio, ya que desde ese momento el feto es viable fuera del útero materno”.
Destacó que la interrupción del embarazo “es siempre un drama para la mujer” y añadió todas las que abortan, tanto voluntaria como involuntariamente, sufren “en mayor o menor medida” algún tipo de trastorno psicológico.
Según dijo la experta, el riesgo de alteraciones aumenta entre un 4,3 y un 16,6 por ciento en las mujeres que abortan de forma no natural, pudiendo sufrir “fobias, ataques de pánico, ansiedad y depresión”. Además, destacó la correlación entre el aborto y el suicidio y el abuso el alcohol y las drogas, por lo que pidió que se informe claramente a las mujeres de las posibles consecuencias físicas y psicológicas de abortar.
López-Moratalla hizo también hincapié en la llamativa “desaparición masiva de niños nacidos con Síndrome de Down” y dijo que “la eliminación de embriones no conformes a una determinada regla de normalidad les niega su derecho a vivir como son”.

Por su parte, la catedrática de microbiología de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de Medicina, Carmen Maroto Vela (propuesta por el PP), defendió que el embrión es un ser vivo porque biológicamente la mujer y el niño son dos entidades distintas. “El feto está con la mujer pero no es la mujer”, indicó.
Así, pidió que la nueva ley contemple la posibilidad de que las mujeres, en vez de abortar, puedan dar a su hijo en adopción, “ahora que hay tantas parejas yendo a otros países a adoptar un niño”. Además, consideró que es “una incoherencia que una mujer que aborta tenga todas las garantías y todos los derechos, y que una mujer que alumbra a un feto vivo y lo deja en la basura se la persiga”. También calificó de “contradicción que las mujeres aborten a fetos con malformaciones compatibles con la vida cuando hace tan sólo unos días se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y todo el mundo el mundo defendía sus derechos”.

La directora general de la Asociación Salud y Familia (propuesta por el PSOE), abogó por “minimizar la práctica de abortos en clínicas privadas”. Elvira Méndez, dijo que los centros públicos deben tener “un mayor protagonismo en los servicios sanitarios públicos” de los abortos, “porque mejorará en la calidad asistencial y la calidad de la contracepción y generalizará el conocimiento en la utilización de métodos reversibles de larga duración”. En esto coincidió con un experto presentado por el PP hace pocos días, que también pedía que el aborto se realizase en centros públicos.

A su vez, el ginecólogo en el Complejo Hospitalario Cristal-Piñor de Orense, José Luis Doval, que compareció a solicitud del BNG, reconoció el fraude de ley que se comete regularmente con el supuesto de riesgo psíquico para la madre, al indicar que la mayoría los centros abortistas sugieren a las mujeres que recurran “al subterfugio del riesgo psíquico para abortar, cuando en realidad lo hacen por causas sociales que no están contempladas en la ley”.
La subcomisión del Congreso se reunirá también este viernes para continuar con la ronda de comparecencias. Es la primera vez que esta subcomisión se reúne dos veces en la misma semana desde su creación. Además, tiene la intención de terminar de escuchar a todos los comparecientes antes de Navidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. En las cuatro reuniones que se han celebrado hasta ahora, la subcomisión ha recibido a 16 de los 30 especialistas que están llamados a comparecer, y se pretende que los 14 expertos restantes comparezcan en tres reuniones antes de las fiestas.
Cuando finalicen las comparecencias, las letradas comenzarán a redactar un informe en el que se recogerán las principales ideas expuestas por los ponentes. Una vez elaborado este documento, los diputados deberán confeccionar un texto común sobre las recomendaciones que quieren enviar al Ejecutivo para que éste las tenga en cuenta a la hora de elaborar la nueva ley sobre el aborto.

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