El BNG por que el derecho a matar figure en el estatuto

El vicepresidente de la Xunta y candidato del BNG a la Xunta, Anxo Quintana, propone que el nuevo Estatuto de Galicia que se negociará en la próxima legislatura incorpore el derecho a una muerte digna o a interrumpir voluntariamente el embarazo. “Hay una serie de derechos como el del aborto que deben estar específicamente recogidos como derechos fundamentales de las personas”, señaló ayer el número dos del Gobierno autonómico durante la inauguración de un centro Quérote en A Coruña.

El vicepresidente gallego mostró, de este modo, su apoyo a una reforma de la actual ley del aborto -a la que calificó de “muy antigua”- tal y como propone el Ejecutivo estatal. “La Administración pública debe garantizar en términos jurídicos la posibilidad de elección de las mujeres”, indicó Quintana y matizó: “Pero la nueva normativa no sólo debe hacer referencia a la despenalización del aborto sino también a ampliar los derechos de las mujeres”, palabras con las que obvia no ya el derecho a la vida del nasciturus, sino también el derecho a la salud de las mujeres, por los graves riesgos y secuelas que deja de por vida el aborto, o el derecho de las mujeres a ser atendidas para no tener que verse abocadas a la tragedia que siempre supone el aborto.

No es la primera vez que desde el BNG se aboga por modificar la legislación española sobre al aborto. A mediados del pasado mes de abril, los nacionalistas llevaron una proposición de ley al Congreso -la primera que formularon en la actual legislatura- para que el Gobierno central regulase la interrupción del embarazo mediante una ley de plazos. Esta formación apuesta porque el aborto “no constituya un delito” siempre que se realice con el consentimiento libre y voluntario de la interesada y que se practique dentro de las 16 primeras semanas de gestación. No deja de parecer hipócrita la postura, cuando es sabido que las mujeres no reciben información sobre los riesgos que supone todo aborto para su propia salud o de las alternativas existentes, ávidos como están los empresarios del aborto por hacer negocio, hasta el punto de falsificar incluso los certificados médicos requeridos por la ley, como se está viendo ante los tribunales.

Siguiendo con la falacia de considerar el aborto como un “derecho”, cuando lo que es un derecho constitucional es la vida y cuando el aborto es todo lo contrario, un delito aunque despenalizado en determinados supuestos, los nacionalistas defendían en su propuesta que se garantice el “derecho al aborto” en todos los hospitales de la red pública gallega, así como que estos centros cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo estas intervenciones. Ni una palabra sobre el derecho a la objeción de conciencia, duele reconocer que son los propios profesionales sanitarios de la red pública quienes rechazan intervenir en la realización de abortos, conscientes de la aberración que supone esta practica.

En su momento, la diputada del BNG, Olaia Fernández, calificó esta reforma de “imprescindible” ya que “el aborto sigue siendo una carga penosa y su criminalización o despenalización hipócrita y restrictiva, un problema grave para las mujeres”. “La actual legislación es restrictiva y alejada de los Estados avanzados”, añadió la nacionalista.

Hacia el aborto libre

La actual legislación sobre el aborto, que entró en vigor en 1985, despenaliza el aborto en el caso de violación, taras graves del feto o cuando existe riesgo para la salud de la madre. Para flexibilizar esta normativa, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció a mediados de 2008 que en la presente legislatura redactaría una nueva ley del aborto. Para elaborar el nuevo documento, el Gobierno creó una subcomisión parlamentaria cerrada en falso, con ausencia de muchas voces defensoras de la vida y hurtando del debate a la sociedad al ser a puerta cerrada.

Las conclusiones de la Comisión serán evaluadas por un denominado Comité de expertos, nombrados todos ellos por el Gobierno, afines a la reforma cuando no parte directamente interesada, como ocurre con los empresarios del aborto designados. Este Comité elevará un informe final al Gobierno con las posibles líneas de reforma. Aunque por el momento no ha trascendido ninguna de las conclusiones de este grupo de expertos, no habrá sorpresas: el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, afirmó en una entrevista reciente que “una hipótesis más que probable” es que se apueste por una ley que permita el aborto “libre, sin supuestos y hasta la 14 semana”.

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