Las conclusiones de la subcomisión carecen de justificación médica y ética

 

La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) ha señalado que las conclusiones de la subcomisión para la reforma de la ley del aborto responden sólo a motivos ideológicos, contradicen el ordenamiento constitucional y carecen de justificación ética, médica y social.
La asociación señala que en la actualidad el aborto es un delito despenalizado en tres supuestos y los médicos que no lo realizan actúan en el terreno de la legalidad y de las normas deontológicas. La negativa al aborto no es una “práctica abusiva”, sino una manifestación de buena praxis, legal y deontológicamente intachable. Al menos hasta el momento, pues con esta reforma el aborto pasaría de ser un delito despenalizado en ciertos casos a convertirse en un derecho limitado exclusivamente por unos plazos; y como acto médico exigible, quedaría el objetor en una situación de excepción.
La futura ley contradice el ordenamiento constitucional porque incluir el aborto dentro de los denominados derechos reproductivos es algo ajeno a las grandes Declaraciones de Derechos internacionales, a nuestra Carta Magna y a la doctrina constitucional, que establece, por un lado, que la vida humana es un proceso continuo que comienza con la gestación y termina en la muerte y, por otra, que la objeción de conciencia es en este caso un derecho constitucional que no precisa para su ejercicio de regulación específica.
Es muy dudoso que la reforma responda a una demanda social: en cualquier caso, la opacidad y precipitación con que ha procedido la subcomisión ha hurtado al debate a los ciudadanos. Los presupuestos en que se fundamenta no se corresponden con la realidad, puesto que no hay una objeción de conciencia institucional, sino una mayoría de médicos y personal auxiliar que individualmente, por motivos legales, científicos y éticos, se niegan a participar en abortos. Además, no está claro a qué comunidades se refiere la propuesta: salvo raras excepciones, la mayoría apoya el aborto desde hace años, negando iniciativas para ayudar a embarazadas y facilitando la labor a las clínicas abortistas.
Los términos de la propuesta parecen pretender hacer “entrar por el aro” a los objetores, abocarles al dilema de plegarse a una ideología o cargar con las consecuencias laborales o profesionales. La situación de los médicos no ofrece demasiada escapatoria, pues la mayoría trabajan para la sanidad pública. Violentar la conciencia de aquéllos que ejercen una profesión con tanta carga humana es un gravísimo atentado a la libertad.

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