El Consejo Fiscal dice que “no se puede hablar de derecho al aborto”

El dictamen aprobado ayer martes 23 de junio por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y remitido hoy al Ministerio de Juticia señala que “no pude hablarse de derecho al aborto”, pues, en ese caso, “supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”.
El texto, aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, apunta que los artículos 12 y 14 del anteproyecto del Gobierno -que recogen la garantía de acceso al aborto y el aborto a petición de la mujer- “deben considerarse como normas inconstitucionales” y basa su dictamen en la sentencia de Tribunal Consitucional de 1985.
La discrepancia, según sostienen, radica en la “desprotección del nasciturus” y en que el Estado “debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma”.
Afirman también que la despenalización “no puede convertirse en derecho” y que el aborto “sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus”. “Dicho valor cede ante situaciones extremas. Pero, en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto”, apuntan.
Por su parte, los fiscales que no votaron a favor este texto, entre los que se encuentra el Fiscal General el Estado, Cádido Conde-Pumpido, emitieron un segundo dictamen también enviado a Justicia, en el que señalan que en el anteproyecto “no se habla de un derecho al aborto”, sino del “reconocimiento y garantía” en el acceso a aborto.
En cualquier caso, consideran que en el aborto aparecen “dos bienes jurídicos” y, por ello, al mencionar el texto del Gobierno los derechos fundamentales de la mujer como objeto de protección preferente en la aplicación de la ley, señalan que la regla “presenta cierto desenfoque en el terreno de la ponderación de intereses”.
“Una norma jurídica que pretenda solventar la colisión descrita por el Tribunal Constitucional de modo general, sistemático y automático a favor de los derechos fundamental de la mujer en perjuicio del otro objeto de protección encajaría con dificultad en la doctrina expuesta”, recoge el informe de los fiscales progresistas y pide que se modifique la redacción del artículo 12.
Sobre el plazo de semanas, el dictamen más radicalmente promuerte dice que “se echa de menos una mínima explicación acerca de las razones por las que se ha optado por las 14 semanas”. “Explicación que debería permitir vincular esa opción normativa de manera más clara con la idea de una protección escalonada de la vida intrauterina”, apunta.
Sobre las interrupciones por causas médicas, el Consejo Fiscal al completo considera que la introducción de un límite temporal de 22 semanas “aportará, como mínimo, una mayor seguridad jurídica”. Sin embargo, el dictamen mayoritario apunta que estos supuestos, aún habiendose considerado constitucionales, chocan con la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
A la luz de la convención, según recoge el documento, “no sería admisible una legislación en materia de IVE, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad”.
Sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo sin límite temporal cuando el feto padezca “una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”, todos los fiscales coinciden en el problema es que “la norma no concreta demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida humana independiente que pondría límite a la aplicación del supuesto”.
“Dicho más claramente, existen enfermedades graves y de naturaleza crónica que permiten una calidad de vida razonable. Incluso hay supuestos de engermedades graves e incurables en que el estado de la ciencia permite albergar fundadas esperanzas de un cambio de esa situación en un plazo razonable”, coinciden.

En relación a la constitución del Comité Clínico que decidirá sobre una intervención urgente, y en la que se recoge que no podrán formar parte del mismo quienes se hayan manifestado en contra del aborto, el grupo mayoritario apunta que es “una prohibición de difícil encaje constitucional”. En cambio, los progresistas afirman que la Constitución no lo prohíbe.
En el plano de la información a la mujer, el dictamen mayoritario rechaza que se entregue a la mujer en un sobre cerrado y propone que exista un asesoramiento “obligatorio y reglado”, en el que deben incluirse “padres, guardadores y respresentantes legales”. Además, recogen que debe ser una entidad independiente la que informe a la mujer “de las posibles ayudas a problemas que empujen al aborto así como los posibles riesgos y secuelas del aborto, ayudas a la familia y otras opciones como la entrega en adopción”.
Tras esto, que estiman en un plazo de una semana, y con un documento en el que se certifique que ha recibido esta información, la mujer podrá decidir libre y responsablemente qué hacer en cualquier sentido.
El texto alternativo insiste, por su parte, en que la norma “debería ser más clara en los términos de esta delimitación, y contemplar los aspectos específicos de la IVE que afectan sigular e inevitablemente a la prestación del consentimiento al acto médico”.
También ha habido consenso, salvo en cuestiones formales, para defender que se informe a los padres cuya hija menor de 18 años vaya interrumpir voluntariamente su embarazo para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad. Todos los fiscales apuestan en este sentido por acudir “a la solución intermedia”.
Los mayoritarios apuestan por que los padres “deban ser informados de la situación de su hija, y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de la decisión por quien corresponde: la menor misma”.

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