Más impunidad para los abortos ilegales

Manifestación de AES ante el abortorio Isadora,.

Manifestación de AES ante el abortorio Isadora,.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desautorizado las actuaciones del SEPRONA contra la Clínica Isadora tras el hallazgo de unos restos humanos en el centro en 2007, al considerar que se desobedeció al primer juez al que se solicitó la apertura de una investigación –que no autorizó el estudio de esos restos–, y se buscó a otro magistrado que sí abrió diligencias.
Por ello, la sección cuarta de la Audiencia ha obligado al juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, a devolver la causa penal sobre la clínica de abortos Isadora al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital al ser el primero en conocer de los hechos objeto de esta instrucción penal. Esto significa que un juez que considera que no de deben estudiar la presencia de restos humanos en las cañerías de un negocio abortista, va a dejart impunes a quienes han cometido los delitos. Por otro lado, la Comunidad de Madrid, responsable de autorizar el funcionamiento de estos negocios de muerte, tampoco tomó en su momento, ni nunca, ninguna medida contra dicho centro de exterminio de bebés.
En un auto, la Sección Cuarta resuelve una cuestión de competencia promovida por la clínica y los médicos imputados en la que solicitaba la inhibición del juez Sierra a favor del Juzgado número 6. El magistrado que conoció en primer término la denuncia se negó el 16 de febrero de 2007 a autorizar el estudio de los restos humanos encontrados por el SEPRONA en la clínica durante una inspección al estimar que la petición carecía de fundamento.
Ante su negativa, según la Audiencia, la Guardia Civil ignoró su decisión, intentando cumplir con su misión de hacer cumplir la ley, “continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente y recabando la colaboración de las autoridades administrativas”. Así, se cursó una nueva solicitud, consiguiendo que el examen de los restos recayese sobre otro juez, que sí autorizó el estudio.
“Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid que, a tenor de lo expuesto, fue el primero en conocer de los hechos objeto de este proceso y cuya decisión no fue respetada ni acatada”, recalca la Sala.
Por otro lado, en otra resolución, la Audiencia rechaza que el partido social cristiano Alternativa Española (AES), pueda personarse en esa causa y acceder así a los datos personales de mujeres que interrumpieron allí su embarazo, pese a que en otros casos en los que el partido a actuado por otros crímenes de aborto ilegal, jamás se han hecho públicas las identidades de las mujeres que fueron víctimas de los abortos ilegales.
No sorprende que en España un abortista que comete un delito quede impune, que un juez que cree que investigar un crimen de aborto careza de fundamento y lo impida no sólo sea sancionado, sino que sea aquél que quiere aclarar los hechos al que se critique, y que no sean los delincuentes, sino las fuerzas de seguridad, las que sean públicamente vilipendiadas por intentar conocer si existe o no tal crimen. Y desde luego no sorprende que la casta política endogámica se defienda entre sí, lo que explica que la clínica Isadora, propiedad de una exdiputada de Izquierda Unida, no sea objeto de investigaciones ni sanciones por la Comunidad de Madrid, pere a las graves irregularidades encontradas por la Guardia Civil.

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