De nuevo Amnistía Internacional presiona para promover el aborto, ahora en Perú.

La asociación internacional de extrema izquierda Amnistía Internacional, que teóricamente promovería los derechos humanos en el mundo, está cada vez más dedicada a la promoción del aborto, intentando elevar tan abominable crimen a la categoría de derecho humano universal. Por este motivo ha lanzado una serie de “informes” en que ataca a diferentes naciones del mundo en que existe la más mínima protección contra el nasciturus, convirtiendo de manera aberrante esta protección en “violencia contra las mujeres”.
En este caso el ataque va dirigido a Perú, donde el aborto es ilegal.
Aunque su informe reconoce que la falta de atención obstétrica de urgencia -y no la falta de acceso al aborto- es el factor que más incide en la alta tasa de mortalidad materna en la nación andina, y se presenta un listado de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres pobres, generalmente indígenas, a la hora de acceder a la atención a la maternidad y neonatal básica.
Sin embargo, la idea clave del informe es reclamar que Perú, y por extensión, a otros países, que asuma la “obligación” de garantizar ciertos “derechos de salud relacionados con la maternidad” que, según entiende Amnistía Internacional (AI), incluyen el mal llamado “aborto terapéutico”. En este sentido, la organización hace eco de la estrategia empleada por el Centro de Derechos Reproductivos, entidad pro-abortista que en los últimos años ha impulsado un “derecho a la salud materna” que mitiga el énfasis puesto en el aborto. Los críticos ven esta “forma encubierta de abordar el tema de los derechos al aborto” como el caballo de Troya diseñado para menoscabar toda oposición a eliminar la vida gestante.


AI asegura que la “falta de acceso” a la atención de la salud “es una violación del derecho humano de las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud”. En el informe también se reclama que el Programa de Acción de El Cairo adoptado en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- documento que no tiene carácter vinculante en la legislación internacional- compromete a los Estados a proveer “el aborto en la máxima medida permitida por las leyes nacionales”. La realidad es otra: El texto de El Cairo es menos radical: reconoce que no crea ningún nuevo derecho y advierte que “en ningún caso debería promoverse el aborto como método de planificación de la familia” y afirma que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto… se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”, a la vez que establece que en los lugares donde el aborto está permitido por la ley, debe ser realizarse en condiciones de seguridad.
Desarrollando este aspecto, Amnistía ataca a Perú por no haber “respondido de forma adecuada y oportuna” la “conclusión” vinculante del Comité de Derechos Humanos, que es responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité declaró que Perú conculcó las disposiciones del tratado cuando un hospital público denegó la petición de un “aborto eugenésico” a una mujer embarazada de un niño anencefálico. No obstante, el texto de dicho tratado no hace mención al aborto, y nada indica que quienes lo redactaron tenían la intención de dejar sin efecto las legislaciones nacionales de la mayoría de los países que, cuando se adoptó el Pacto en 1966, prohibían o restringían al máximo la práctica del aborto.

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