Los obispos y el rey, artículo de Francisco Torres.

Francsco Torres en un acto por la vida ante un negocio abortista.

Algunos pueden creer que por motivo de la caída del Antiguo Régimen, el desarrollo de las revoluciones liberales, con su componente laicista, y la transmutación del liberalismo en democracia dejó de existir la medieval alianza entre el “trono y el altar”. No es cierto. Aún pervive con otras formas en diversos países. Es más, en la mayor parte del mundo occidental, el trono, que hoy encarna el poder político, busca mantener una cierta alianza visual con el altar y éste actúa siendo consciente de esta realidad. Así pues la alianza entre el “trono y el altar” imponía servicios contractuales indeclinables que en su versión actual también se prestan.
Un episodio claro de esta pervivencia es lo que está aconteciendo con la modificación de la Ley del aborto. Desde hoy ya no existen, en la práctica, dos leyes del aborto: la que parecía que obtenía una cierta legitimidad por ausencia de oposición y escasa movilización de quienes están en contra de cualquier forma de aborto (aceptada en la práctica por muchísimos católicos) y la propuesta socialista. El debate, a partir de ahora, una vez que la ley ha superado el trámite parlamentario, vuelve a ser sobre la existencia de la ley del aborto y no sobre una ley concreta. El objetivo para quienes se denominan pro-vida ya no puede ser parar una ley. El objetivo tiene que ser abolir cualquier legislación abortista, frente a quienes van a argumentar que ahora lo que se debe hacer es modificar la ley. Modificación que siempre implica el mantenimiento de la ley.
Con buen criterio se planteó la posibilidad de bloquear la Ley y crear una situación inédita, presionando para que el rey, que tiene por título Majestad Católica, no la firmara. Presión que sólo tenía alguna viabilidad si se le excluía, como a los políticos católicos que dieran su voto afirmativo, de la Comunión. En la lógica común si un político católico no puede comulgar por firmar esta Ley en igual situación se encontraría quien, en última instancia, es responsable de su sanción. Sin darse cuenta los obispos colocaron al rey en una situación comprometida con sus declaraciones.
Dejando a un lado la incoherencia que supone afirmar que no pueden comulgar aquellos que den el Sí a esta ley sin aplicarlo a los que dieron su Sí a la ley anterior o no han hecho nada, cuando pudieron, por derogarla, que ni tan siquiera estimaron posible aplicarla en sentido restrictivo prefiriendo que se aplicara con laxitud, los obispos, con su declaración llevaron al debate la posición del rey ante la ley. Lo que quizás no entraba en el guión es que se pusiera en marcha una campaña para pedir al Jefe del Estado que no sancionara la ley.
En esta coyuntura, debido a la incoherencia, han tenido que ser los obispos, por boca de su portavoz, quienes tengan que sacar al Jefe del Estado del atolladero y desactivar una de las bases del “Majestad, no firme”. La versión moderna de la alianza entre el “trono y el altar” ha funcionado con un razonamiento típico y tópico de las distinciones de los hechos en las declaraciones políticas de los hombres de la Iglesia: no es el mismo hecho el voto afirmativo que la sanción. El rey, su Majestad Católica, podrá comulgar a pesar de firmar la ley.
Es lo lógico, y no podía ser de otra manera, porque el rey firmó también la anterior Ley sin que la Conferencia Episcopal se pronunciara. Si el Jefe del Estado firmó la anterior Ley del aborto y pudo comulgar no cabe ahora sostener lo contrario. Mantenerlo supondría considerar la anterior Ley como aceptable y la actual como inaceptable, cuando la Vida es para los católicos un absoluto. Éste es el precio que se paga por la incoherencia.
Salvando las distancias es el mismo razonamiento que aplicará el Tribunal Constitucional en el caso de que se presente el recurso que el Partido Popular anuncia (recordemos que hizo lo mismo con la propuesta de 1983 que acabó siendo la Ley del 85): la actual Ley tampoco es una despenalización absoluta por lo que se continúa protegiendo al nasciturus y, por tanto, tiene cabida dentro de la Constitución de 1978. Y a partir de ahí todos a aceptarla y, llegado el caso, a defenderla como hoy hace el Partido Popular con la de 1985.
Por todo ello el votante católico socialista y el político católico socialista, que son una realidad, no entiende por qué en un caso Sí y en otro No. Y por eso encontrarán todas las justificaciones necesarias.

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