Partido Popular: Propaganda provida y reconocimiento del derecho al aborto

Ana Pastor, que introdujo en España las píldoras que provocan el aborto químico.

Ayer por la mañana, la responsable de Política Social del PP, Ana Pastor, habló en la cadena Cope de radio. Lo hizo para hacer propaganda de su partido como partido defensor de unos valores que está muy lejos de querer defender. Según la principal promotora de la legalización del aborto químico en España, el Partido Popular elaborará una Ley de apoyo a la Maternidad y creará un Ministerio de las Familias. También se ha mostrado convencida de que el Tribunal Constitucional rechazará la Ley del Aborto. Por último, en la linea del discurso de su partido, alabó la ley actual de despenalización del descuartizamiento de niños.
El intento de presentación del partido abortisa como uno pro-vida de la cadena de radio ha sido detestable. El titular de la noticia “El PP afirma en COPE que derogará la Ley del Aborto si llega a La Moncloa” es falso. Lo que dice la introductora de las píldotras abortivas en España, es que como seguro que el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, ellos la derogarán. Ellos, y cualquiera que gobierne en España. No se puede mantener una ley inconstitucional.
Resulta significativo, sin embargo, el resultado de la encuesta que la propia cadena hace a los oyentes en la parte inferior de la página en la misma noticia. En ella, el 40% de los oyentes están convencidos de que el PP mantendrá la ley abortista, mientras que otro 20% dice que esperarán a que el TC les resuelva la papeleta.

Manifestantes provida ante el negocio abortista Ginemédica, finanaciado generosamente por el PP

Y mientras hacen los medios afines intentan presentar al PP como un partido defensor de la vida (todavía lo cree el 39% de los que respondieron a la encesta anterior), ellos se empeñan en demostrar lo contrario. Recientemente el gobierno del PP de Castilla y León ha justificado la financiación de la clínica Ginemédica apelando al derecho al aborto.
En respuesta a una ciudadana que se quejaba del acuerdo por el que se financia la prestación de abortos por parte de la Clínica Ginemédica, la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León ha justificado el pago de dichos abortos con dinero público apelando al «derecho a la maternidad libremente decidida» de las mujeres. La Consejería asegura que las políticas de protección de la vida prenatal son eficaces mediante el apoyo a las mujeres embarazas y a la maternidad, pero «pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella».

Por su interés, reproducimos la respuesta que ha recibido una ciudadana de Castilla y León por parte de la Consejería de Salud del gobierno autónomo de dicha región:

Estimada Sra:
En respuesta a su correo electrónico de fecha 21 de febrero, en el que pone de manifiesto su rechazo con el acuerdo para la prestación de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que la Junta de Castilla y León ha firmado con la Clínica Ginemédica, queremos trasmitir que:
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, así como que ésta decisión sea respetada.
La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad, por ello desde la Consejería de Sanidad se vienen desarrollando una serie de medidas propuestas para garantizar que la mujer adopte su decisión, tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella.
Por todo ello esta institución tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad los derechos reconocidos según la normativa, así como guardar y hacer cumplir los requerimientos que están recogidos en la legislación vigente. Asimismo, el servicio público de salud deberá asumir esta prestación, cuando no se proporcione en los Centros asistenciales del ámbito de SACYL, en un centro acreditado en el que se cumplan las condiciones requeridas por la Ley.

Atentamente

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