La patronal de los negocios abortistas y única beneficiaria de la nueva ley del aborto impulsada por el gobierno, ACAI, pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad y Política Social que realice una serie de cambios en los reales decretos que desarrollan la ley del aborto para mejorar la confidencialidad del proceso y hacerlo «más ágil» y «menos angustioso» a la mujer. La vicepresidente de ACAI, Francisca García, ha anunciado que el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, con quien se han reunido este miércoles, ha mostrado «una actitud muy positiva» ante sus propuestas y se ha comprometido a estudiarlas.
Según García, las recomendaciones de ACAI podrían ser incluidas en los proyectos de Real Decreto de Garantía de Calidad Asistencial de las Prestaciones a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya aprobación está prevista “para finales de la semana próxima”.
Entre estas propuestas figura la de eliminar el requisito de que, además del centro acreditado para realizar abortos al que acuda la mujer, deba existir otro para certificar las posibles patologías fetales. A su juicio, “la experiencia ha demostrado que este requisito sólo creaba dificultades en el acceso a esta prestación”. Así se facilita la posibilidad de un nuevo fraude de ley al ser el propio negocio que cobra por el aborto el que decide si el niño a descuartizar es portador de una patología que merezca su ejecución.
han pedido acortar el plazo para que dé una respuesta a la mujer el comité clínico que certifica si existen enfermedades incurables en el feto en los abortos a partir de la semana 22. “El plazo tiene que ser breve, para evitar más angustia a la mujer. Nosotros hemos propuesto un plazo de 48 horas”, ha señalado.
Además, solicitan que la mujer en cuya comunidad autónoma, como algo excepcional, no se pueda someter a un aborto en un centro público o concertado “no tenga que esperar 10 días” para que la comunidad decida derivar el caso a un centro privado, previo abono de la intervención.
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