María Kutz, consejera navarra de sanidad
La consejera de Salud, María Kutz, insistió ayer en el Parlamento en que la nueva Ley del Aborto, que calificó de «bodrio», supone una invasión a las competencias de Navarra y que hay un «claro contrafuero». «Las competencias de funcionamiento y organización las tiene el departamento de Salud y nadie nos puede imponer nada. No nos pueden venir a decir desde Madrid cómo organizar los servicios sanitarios», aseguró.
Kutz compareció ayer ante la comisión de salud del Parlamento foral, a petición de NaBai, para informar sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno foral a la nueva ley del aborto.
Según Kutz, la invasión de competencias se produce en la disposición final V de la ley donde se indica que «se garantizará la prestación en la red sanitaria pública o vinculada a la misma en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada siempre que así lo solicite la misma». Esta disposición no respeta las competencias de Navarra, insistió. Además, a juicio de la consejera, el legislador muestra «gran torpeza» ya que contradice el propio articulado de la ley (artículos 18 y 19). En ellos se indica que «la prestación del aborto se podrá realizar en centros de la red sanitaria públicos o vinculados a la misma y que si el servicio público no pudiera facilitar la prestación la mujer embarazada tiene derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional».
La consejera reiteró que desde el primer momento la nueva ley le pareció «un bodrio». Apuntó que «el tiempo me ha dado la razón», al insistir en que invade competencias y no resuelve un problema tan complejo como la objeción de conciencia de los profesionales. Ahora, señaló, el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. «No tengo miedo al Constitucional. Estamos en un estado de derecho y para eso están los tribunales», dijo. Y añadió que «acataremos lo que diga el Tribunal Constitucional». Con todo, Kutz apuntó que la ley del aborto «se cumple en Navarra».
Javier Marcotegui (UPN) afirmó que la primera obligación del Gobierno es la defensa del Fuero si ve un riesgo y en este caso «hay sospechas». José Andrés Burguete (CDN) se mostró contrario a la ley pero criticó la «defensa postiza del autogobierno» por parte del Ejecutivo en un momento de «sometimiento» tras aceptar el tijeretazo de Zapatero.
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