El Estatuto de Cataluña confirma que es constitucional matar en España

Después de largos años de deliberaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha visto la luz. Con independencia de algunos artículos anulados por el Tribunal presidido por doña María Emilia Casas, y de los recortes al texto, el nuevo Estatuto augura unas previsiones nada esperanzadoras para la defensa de la vida, de la familia, y para la libertad de educación. Y por tanto, claro, para el futuro de Cataluña, y de toda España. Poco se puede esperar de los recursos contra la ley del aborto a ese mismo tribunal, que ha considerado perfectamente constitucionales los artículos que atentan contra la vida en el texto referido.
La legislación catalana que se avecina promueve, literalmente, la escuela laica, las políticas de género, el combate contra la homofobia -que se puede interpretar como cualquier crítica a las prácticas homosexuales-, el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva (aborto) y la promoción de las «distintas modalidades de familia», entre otras cosas; por no hablar de la imposición del catalán, la creación de una ley educativa propia que asfixia a la escuela concertada y de que establece un sistema de financiación que se ha ganado el calificativo de insolidario para con las demás Comunidades Autónomas. Éstos son, en síntesis, los artículos que más van a afectar a la visión católica de las realidades más esenciales de la vida.

Eutanasia
El Estatut abre la puerta a la práctica de la eutanasia, en su artículo 20, que lleva el epígrafe: «Sobre el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte», en referencia a la expresión muerte digna, que utilizan los partidarios de esta práctica letal. Así, establece que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte», y habla, en el artículo 20.2, del «derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y tratamientos médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas en los términos que establecen las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en condiciones de expresar personalmente su voluntad».

Aborto
Del mismo modo que el Estatuto habla de muerte digna para referirse a la eutanasia, también promociona el aborto desde el eufemismo de salud sexual y reproductiva, empleada, sin ir más lejos, en la polémica Ley del aborto desarrollada por el Ministerio de Igualdad, o en la resolución de la Unión Europea que pretende imponer el aborto a todos los estados miembros y que apoyaron la mayoría de parlamentarios del Partido Popular. Además, deja a la mujer (y, de facto, a quienes la presionan desde su entorno) la plena potestad de decidir sobre la vida del bebé, amparándose incluso en algo tan subjetivo y ambiguo como su «bienestar físico y mental». Así, en el artículo 41.5, el texto asegura que los poderes públicos «deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». Por tanto, las nauseas del embarazo, o los edemas en piernas serían causa suficiente para matar al hijo.

Distintas modalidades de familia
En la misma línea del Gobierno de Rodríguez Zapatero (cuyos socios de Gobierno son los mismos que componen el tripartito), los redactores del Estatuto catalán hablan, en su artículo 40.5, de los «distintos tipos de familia», consagrando la equiparación del matrimonio con las uniones entre personas del mismo sexo. Más aún, pues dejan la puerta abierta a «nuevas modalidades de familia» que puedan imponerse por ley: «Los poderes públicos -dice el texto- deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las distintas modalidades de familia previstas en las leyes, como estructura básica y factor de cohesión social y como primer núcleo de convivencia de las personas». Y por si quedaba alguna duda, en el 40.7, remarca que «los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja, teniendo en cuenta sus características, con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos».

Delito de homofobia
El presunto delito de homofobia, que se espera incluya el Gobierno en la Ley de igualdad de trato, ya tiene su avanzadilla en el Estatut. En su artículo 40.8, los redactores del texto igualan la homofobia con el antisemitismo y el racismo, y remarcan que se promoverá la erradicación de toda actitud homófoba, esto es, que condene, de un modo u otro, la práctica de la homosexualidad. «Los poderes públicos deben promover la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición social u orientación sexual, así como promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas». Para tal fin, y aunque el Estatut aún puede ser declarado inconstitucional, la Generalitat ya creó, en 2007, la figura de un Fiscal contra la homofobia.

Ideología de género y feminismo
La promoción de las «distintas modalidades de familia» y de la homosexualidad forma parte del discurso tradicional de la ideología de género. Y el Estatut no lo esconde. En su artículo 41, habla de la perspectiva de género que debe inspirar todas las medidas políticas, al garantizar «la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género y de las mujeres en todas las políticas públicas para conseguir la igualdad real y efectiva y la paridad entre mujeres y hombres». Más aún, pues, en el artículo 153, los redactores del texto legislativo se comprometen a desarrollar «la planificación, diseño, ejecución, evaluación y control de normas, planes y directrices generales en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para conseguir erradicar la discriminación por razón de sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para todo el territorio de Cataluña». O, lo que es lo mismo, que la Generalitat promoverá acciones y proyectos encaminados a la implantación de la ideología de género, al tiempo que controlará que toda medida que se adopte en favor de la mujer responda a sus premisas.

Feminismo
Políticas de género, igualdad, paridad…, y feminismo: lejos de limitarse a establecer medidas que pongan al mismo nivel a hombres y mujeres, el artículo 41.3 habla únicamente de la mujer y olvida hacer referencia alguna al hombre. Así, en virtud de la nueva legislación autonómica, las autoridades catalanas deberán «fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y económico, y deben promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboración y evaluación de dichas políticas».

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