El Sindicato Médico de Murcia, ante la polémica surgida por la entrada en vigor de la nueva ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, vio «lógico el temor a la aplicación de una ley que divide a la sociedad, que carece del suficiente consenso y con una constitucionalidad que habrá que validar».
El sindicato, en una nota de prensa, reconoció que las leyes son para aplicarlas, pero «si se aplican y son anticonstitucionales ¿cómo se repara el daño?», se cuestionó.
En cuanto a su colectivo manifestó «la gran inseguridad jurídica que esta Ley provoca en los médicos, únicos y últimos responsables en el tema de las menores sin conocimiento de los padres», y consideró que «la Ley debe garantizar la objeción de conciencia que debería ser regulada por Ley y no sólo para este tema, sino para otros y futuras situaciones».
Además, pidió que «regule suficientemente todos los supuestos que garantice la protección jurídica total y de responsabilidad civil para el colectivo médico derivada de sus intervenciones a raíz de esta Ley».
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