El personal sanitario se opone a intervenir en la práctica de abortos

Izquierda Unida presentó esta semana una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a desarrollar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, antes de que finalice este año. Respecto al derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, IU-ICV pide en esta proposición no de ley que el gobierno la desarrolle en un reglamento, en el que conste que debe ser ejercida de manera individual y por escrito.

Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, aseguró que se quiere evitar la posibilidad de que se dén casos de “boicot colectivo” a la hora de practicar un aborto legal, lo que entiende se produciría si todos los médicos y el personal de un centro sanitario público, o vinculado, declaran su objeción de conciencia ante esa práctica, lo que viene sucediendo en muchas Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de la anterior ley, que despenalizaba el aborto en varios supuestos.

Se deberá garantizar, añade, que en todos los centros sanitarios públicos y en los vinculados a ellos que estén capacitados para realizar esa prestación habrá profesionales no objetores. Además, quienes se declaren objetores para no intervenir en la interrupción de un embarazo sí estarán obligados a dispensar a las mujeres el tratamiento previo y posterior a la intervención quirúrgica, sin que en esas fases puedan alegar objeción de conciencia.

Alternativa Laica asegura que la objeción no puede ejercerse por todos los profesionales sanitarios de un centro público
También la plataforma atea Alternativa Laica afirmó ayer en Toledo que la objeción de conciencia sobre la que informó el presidente del Colegio de Médicos de esa provincia se asemeja a «un boicot encubierto», y exigió al Gobierno regional que el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam) garantice el aborto en la sanidad pública.

Alternativa Laica ha criticado con mayor dureza a los colegios de médicos que, como el de Toledo, aseguran a los médicos que no pueden considerarse obligados a poner en practica la Ley del aborto. Para la organización laicista, se trata de “una especie de objeción de conciencia colectiva de los profesionales del sector dando por sentado que ningún médico va a practicar una interrupción del embarazo en esta comunidad autónoma», lo que «se parece mucho a una suerte de boicot encubierto» opuesta, a su juicio, a la obligación de cumplir la ley a la que como funcionarios están obligados. En nota de prensa esta organización ha criticado también al Partido Popular por recurrir al Tribunal Constitucional:

“La utilización del TC como tercera cámara tratando de ganar en el mismo lo que pierde en el Parlamento por carecer de mayoría suficiente, no deja de ser un mecanismo escasamente democrático, en un intento por imponer aquellas razones de fondo que mejor se alinean y coinciden con las posiciones defendidas por la Conferencia Episcopal Española y los sectores más ultras de los movimientos antiabortistas, a los que de manera sistemática rinden tributo”.

Andoc defiende que es un derecho fundamental que no necesita mayor regulación
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (Andoc), advirtió ayer de esa situación. “La administración sanitaria —señala Andoc— está enviando a los médicos y otros profesionales de la Atención Primaria el mensaje de que ellos no tienen derecho a objetar”. Lo cierto es que estos se han convertido en el primer eslabón del aborto, ya que son ellos los primeros en atender a las mujeres que desean abortar. Por todo ello, desde el punto de vista de Andoc “carece de justificación privar a estos médicos de un derecho fundamental como es la objeción, reconocido por los tribunales, que no necesita regulación para ser ejercido y que debe interpretarse con la máxima amplitud, diga lo que diga la nueva ley del aborto”.

Por el momento Andoc ha aconsejado prudencia a los afectados: “Les hemos recomendado que comuniquen su objeción a sus colegios profesionales y no en registros públicos que pueden servir para coaccionar o discriminar a los objetores. Asimismo les hemos recomendados que intenten hablar con sus jefes de servicio para defender sus derechos y su postura”. Este es el comunicado hecho público:

En los últimos días, nos han llegado numerosas consultas de médicos de Atención Primaria, provocadas por la confusión e incertidumbre, originadas por la aplicación de la ley del aborto, en particular sobre la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia. En muchos casos, están recibiendo el mensaje de la Administración Sanitaria y, ocasionalmente, de sus Colegios Médicos, de que no tienen derecho a objetar.

En este sentido, queremos recalcar que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios al aborto es un derecho fundamental, reconocido por los Tribunales, que no necesita regulación para ser ejercido, y que debe interpretarse “con la máxima amplitud con que la libertad ideológica está reconocida en el art. 16.1 de la Constitución, y que hace necesario que el ámbito de este derecho no se recorte ni tenga “más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

La nueva ley del aborto se limita a señalar que podrán objetar los profesionales “directamente implicados” en el aborto, que habrán de manifestar su postura “anticipadamente y por escrito”. No especifica más.

Como la doctrina constitucional respecto a la oc médica (STC 53/1985), no establece un “numerus clausus” de profesionales; ni habla de participación o cooperación necesaria, carece de justificación privar a los médicos de AP de su derecho fundamental a la objeción, toda vez que, de ordinario, son los primeros que atienden a la mujer que solicita el aborto, y los responsables, por tanto, de dar el visto bueno clínico a la prescripción; su papel no puede convertirse en meros tramitadores de unos papeles.

En este sentido, nos remitimos a unas declaraciones recientes de la ministra de Sanidad, que ha recordado la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional (la de 1985) que reconoce a los médicos la objeción de conciencia con carácter particular, y que “está perfectamente claro” que los profesionales sanitarios que quieran acogerse a esa cláusula pueden hacerlo sin problemas. Concluye, además, que por el momento, no ve la necesidad de hacer un desarrollo reglamentario específico.

Pretender utilizar a los médicos de AP y, en su caso, a algunos trabajadores sociales, como los “ejecutores” de unas prácticas que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios españoles rechazan, nos parece, además de un ataque a su libertad de conciencia, un desprecio a su dignidad profesional.

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