Aído antepone el derecho de la madre a matar a su hijo al del médico a no hacerlo.

La ministra del aborto con el juez Garzón, imputado por pedir dinero a empresas a las que estaba investigando, en Torres, Jaén

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, admitió ayer que la ley recoge la objeción de conciencia como un derecho, en alusión al gran número de facultativos y personal sanitario que se ha inscrito en los registros de los colegios de médicos para no practicar abortos en Andalucía. Pero Aído puntualizó que lo importante ahora es regular la normativa de tal modo que el derecho a objetar «no vaya en detrimento» del derecho de las mujeres a ejecutar a sus bebés.
la entrada en vigor de la Ley del Aborto está disparando las cifras de médicos andaluces que han decido objetar ante la nueva norma que atenta contra sus principios éticos. De hecho, el Colegio de Médicos de Málaga señaló que en dos meses se han duplicado los facultativos que han expresado su deseo de no practicar abortos.
Ante esta situación, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos aprobó la creación del Registro Andaluz de Médicos Objetores de Conciencia, que garantizará la cláusula de conciencia a los profesionales en razón de que la práctica sanitaria afecte a sus convicciones y creencias.
La ministra realizó esta declaración previamente a la inauguración de un seminario sobre nuevas herramientas en la lucha contra la violencia de género que se desarrolla en el municipio jiennense de Torres. Posteriormente se desplazó hasta el teatro Infanta Leonor de la capital de la provincia para participar en la entrega de diplomas a mujeres que han participado en un programa de formación y empleo. En puerta del espacio escénico le aguardaba un grupo de jienenses con pancartas en defensa de la vida y alusivas a la defensa del feto: Aborto NO, Vida SÍ.
La Ministra se escondió entrando por la puerta trasera del teatro para evitar encontrarse con los vecinos críticos a su política, a quienes, según denunciaron éstos, la policía solicitó la identificación «Los vecinos tuvieron que mostrar su DNI a las fuerzas de seguridad del Estado por alteración del orden público».

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