Antología abortista de la ONU contra el procurador general de Colombia

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, arremetió contra la postura del procurador General de la Nación de Colombia frente al aborto.
El organismo abortista supranacional recordó que la Corte Constitucional de Colombia avaló el asesinato de bebés en “casos excepcionales”, como la violación, el riesgo de muerte de la gestante con ocasión del embarazo o cuando sea el bebé quien presente malformaciones (los famosos supuestos que los abortistas airean como primer paso pasa instaurar el aborto indiscriminado) y se quejan de que, a pesar de ello, hay profesionales de la salud que se siguen negando a efectuar intervenciones de esta naturaleza.
A los supuestos garantes de los derechos humanos les preocupante que “proveedores de servicios de salud se niegan a proporcionar abortos legales y que el Procurador General de la Nación no apoya la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional (C-355 de 2006) en esta materia”.
La organización aplaudió al Estado colombiano por haber dado vía libre a la aplicación del aborto en las descritas circunstancias, en tanto que advirtió la necesidad de “ofrecer una estrategia clara y agresiva” en la materia, con el fin de” evitar que las mujeres sigan poniendo en riesgo sus vidas”(eufemismo para lograr la aceptación social del crimen del aborto).
También insistieron en la corrupción de menores como una obligación del estado: “Al Comité le preocupa que la insuficiente educación sexual en el curriculum escolar, y de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal, sigue causando la pérdida de la vida para mujeres que han recurrido a abortos inseguros”, sostuvo la dependencia de la ONU.
En ese sentido, la Corte emitió una nueva sentencia, la T-388 de 2009, que conmina a los entes de control y al Gobierno Nacional a diseñar una agresiva plataforma que garantice la formación pedagógica a las adolescentes colombianas, en torno a los derechos sexuales femeninos, en lo que fue denominado como la cátedra del aborto; se trata de un fallo que fue apelado por el Procurador ante la Sala Plena de la Corporación.
Insistió, así mismo, en conminar al Estado a crear las herramientas del que sea necesario disponer para que ningún médico pueda negarse a practicar el asesinato de bebés la bajo las condiciones señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional.

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