El procurador Alejandro Ordóñez planta cara en Colombia a la imposición del aborto

Alejandro Ordóñez planta cara a la imposición del aborto en Colombia

Esta semana, sería radicado el proyecto de ley que busca que instituciones educativas, personal médico y funcionarios apliquen objeción de conciencia.
El procurador Alejandro Ordóñez sigue firme en su cruzada contra la llamada cátedra del aborto y varias de las decisiones de la Corte Constitucional sobre este procedimiento médico.
Esta semana, el jefe del Ministerio Público radicará en el Congreso el proyecto de ley que busca que “nadie” pueda ser obligado a cumplir una orden que considere contraria a sus convicciones en lo relacionado con el aborto.
Pero lo que sin duda generará más discusión tiene que ver con la objeción de conciencia que, si la idea de Ordóñez prospera, podrían interponer profesores y rectores de colegios para no dictar la polémica cátedra, ordenada por la Corte Constitucional.
Ordóñez pide también que los argumentos de personal médico sanitario y de funcionarios “siempre sean procedentes” cuando se nieguen a contribuir a esta práctica que, según la Corte, se puede aplicar cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando existan malformaciones y cuando la madre corra peligro.
“Entonces, un funcionario, con convicciones respecto de la vida o del matrimonio, no podría acceder a la función pública porque tendría que actuar contra su ideas”, cuestionó el procurador Ordóñez durante un foro en la Universidad Nueva Granada.
Esto significa que jueces, autoridades disciplinarias y policiales, y notarios podrían negarse a participar en decisiones relacionadas con el aborto.
“Un juez, por poderoso que sea, no puede cambiar la naturaleza de las cosas. Nos cambiaron la naturaleza del delito: el aborto pasó de delito a derecho y, por tanto, las consecuencias jurídicas frente a la conciencia de quienes tengan que decidir dentro de sus funciones públicas son gigantescas”, dijo.
En su última sentencia, la Corte dejó claro que los médicos pueden negarse a practicar abortos legales, pero no las instituciones. Y en el caso de funcionarios, dijo que ese derecho tiene límites, ya que están obligados a cumplir con la ley por encima de cualquier convicción moral, política o religiosa.
Ordóñez califica de “totalitaria” esta posición y plantea que en un plazo de 8 días los funcionarios podrán negarse a decidir sobre el tema. Mónica Roa, una de las principales opositoras de la penalizacíón del aborto, aseguró que, dada su ilegalidad, es la tercera causa de mortalidad materna.

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