La Junta de Andalucía le deniega el derecho a objetar a un funcionario de Salud

El vacío legal existente en cuanto a la objeción de conciencia al aborto da a lugar a paradojas singulares. El escenario es Sevilla y su origen, el Servicio Andaluz de Salud (SAS). José Fernando Pérez, reconocido por el Gobierno como objetor de conciencia al servicio militar antes de 1978, es en la actualidad funcionario del SAS.
Por sus manos pasan documentos que tiene que tramitar con su sello nominal, número de identificación y firma. Recientemente, Pérez se dirigió a sus superiores para hacerles saber que se declaraba objetor ante cualquier forma de pena de muerte: judicial, militar o el aborto. Pero la gerencia le denegó su petición. ¿Qué salidas le quedan? Bien un recurso de reposición, bien un contencioso administrativo ante los Tribunales de Justicia. El hecho de que ayer se celebrara el Día Internacional contra la Pena de Muerte le da a esta historia otra irónica vuelta de tuerca.

«Un funcionario goza de un puesto de trabajo garantizado e inamovible, como elemento sustancial para preservar la independencia de la función pública, de tal modo que no sean manipulables por las coacciones morales, o premios indebidos que genere el escalón de autoridad política en base a intereses propios de su ideología», recuerda en un comunicado la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc).
Ahora, el siguiente paso a seguir por «una célula de funcionarios objetores» creada para la ocasión será acudir al Defensor del Pueblo, en el territorio nacional y autonómico, «para que conozca la situación de los funcionarios y del personal laboral del SAS». Además, en Andoc recuerdan el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, «que cautelarmente ordena que se modifiquen las órdenes restrictivas de esa comunidad», que sólo admitía la objeción «para los médicos ejecutores».
También el Consejo de Europa afirmó que ninguna persona será coaccionada o discriminada «debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto».
«Un funcionario tiene todo el derecho a negarse a participar en una cadena que conduce a producir intencionadamente la muerte de un feto o un embrión», sostienen en Andoc.

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