Nuevo ataque abortista de la ONU a un país que defiende la Vida: El Salvador.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, calificó de “inaceptable”, la penalización absoluta del aborto en El Salvador, en la sesión realizada en Ginebra, Suiza.
El informe fue presentado en la centésima sesión del Comité, el cual está conformado por 18 especialistas, quienes pretenden imponer a EWl Salvador el aborto “en beneficio de los derechos de las mujeres”.
El informe fue presentado a la ONU por los grupos promuerte Agrupación Ciudadana por La Despenalización del Aborto Terapéutico, IPAS, MADRES y Woman’s Link World Wide.
El documento establece que en el país no hay excepciones sobre la defensa de la vida del niño por nacer, ni siquiera con mujeres que tienen complicaciones con su embarazo, mujeres o niñas víctimas de violación o incesto, por lo que al practicarse un aborto son condenadas por homicidio agravado con penas hasta de 30 años de cárcel. Esta manera de defender la vida humana, valiente y garantista, ha provocado la ira de los abortistas, quienes tratan por todos los medios de desacreditar a la nación provida con las mentiras habituales:
“La penalización absoluta del aborto viola los derechos a la vida, salud, integridad, equidad, privacidad y presunción de inocencia. Los Comités de vigilancia de los tratados internacionales han señalado que, una legislación restrictiva en materia de aborto viola los derechos humanos de la mujer y como Estado parte, El Salvador debería modificar su regulación”, reza un párrafo de la declaración que se presentó ante el Comité de los Derechos Humanos.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, también presentó otro informe sobre el tema
Según denuncian estas organizaciones el Estado Salvadoreño no ha realizado ninguna investigación o divulgado alguna información sobre el número de abortos anuales que se realizan en el país, ni sus condiciones, a pesar de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos y otros como el Comité CEDAW.
“Tampoco ha emitido datos sobre el impacto de esta penalización en mujeres y niñas, como por ejemplo, el suicidio resultado de un embarazo no deseado o cifras de mortalidad materna”, expone la declaratoria.
El informe expone que, antes de 1997 El Salvador, como la mayoría de países en el mundo, contemplaba excepciones en la penalización del aborto específicamente en casos en los que estaba en riesgo la vida o la salud de la mujer, “así como situaciones de violación, incesto o inviabilidad del feto”.
Sin embargo, en ese año, “el cambio en la legislación penal restringió cualquier posibilidad de acceso a un aborto legal y dio origen a una reforma constitucional que estableció la protección del ser humano desde la concepción. Junto con éstas reformas, se generó toda una práctica de persecución estatal dirigida por el Ministerio de Justicia para judicializar mujeres con abortos inducidos o espontáneos”.
La imposición del aborto avanza con el apoyo de los organismos internacionales. Los países que se oponen a él son sistemáticamente atacados con las mismas mentiras por organizaciones multimillonarias y en muchos casos subvencionadas por los propios comités de la ONU que deciden sobre sus denuncias.

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