Asociaciones promuerte piden que se impida por ley la objeción de conciencia de los médicos

Para los promuerte, la ley debe actuar contra quien no quiere destruir una vida, en lugar de contra quien la asesina.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Asociación Derecho a Morir Dignamente y Jueces para la Democracia, entre otras entidades, han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno que impida por ley la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Según han destacado en una ‘Jornada sobre derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia’, celebrada en Sevilla, el “supuesto” derecho constitucional de incumplimiento de una obligación legal por motivos de conciencia “no puede anteponerse al derecho de la ciudadanía a tener acceso a las prestaciones sanitarias legalmente reconocidas”.
En este sentido, estas entidades ponen como ejemplo la objeción de conciencia a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, que en ocasiones es “impuesta al conjunto de los facultativos y del personal sanitario por sus respectivos jefes”, al tiempo que hay veces que también “se extiende a cualquier acto, sanitario o no, remotamente relacionado” con esta intervención.
Piden que ningún médico pueda invocar su libertad de conciencia
Por ello, proponen que “ningún médico pueda invocar su libertad de conciencia para incumplir la voluntad de su paciente de no ser sometido a tratamientos o actuaciones que rechaza en el momento o anticipadamente, por sí mismo o por medio de sus representantes legítimos”.
Igualmente, y en relación con la eutanasia, piden que ningún profesional sanitario pueda aducir razones de conciencia “para negarse a aliviar el sufrimiento de un paciente, especialmente mediante la aplicación de la sedación terminal en la agonía”.
Además, reclaman que el ejercicio efectivo de los derechos sanitarios “debe ser garantizado en todos y cada uno de los centros sanitarios públicos”, mientras que la libertad de elección en el terreno sanitario exige una información adecuada y previa sobre los profesionales objetores.
“Los poderes públicos deberán conjugar el derecho a la información con la salvaguarda de la intimidad”, insisten en el manifiesto, con el que confían en acabar con “invocaciones abusivas de pretendidos derechos” que “frustran el correcto ejercicio” de estas prácticas asistenciales.

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