La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante el Juzgado que un abortista vulnera la normativa vigente al firmar el dictamen previo un especialista que no ha intervenido en el examen y valoración de la paciente. El fiscal considera que hay indicios de que eso supone un delito de falsedad en documento público. La denuncia de la Fiscalía salpica a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al señalar que ha detectado una «inactividad grave» por parte de ese organismo ante las irregularidades en la clínica halladas por un inspector médico. Salud estaría en este caso «rozando la prevaricación omisiva», indica el fiscal.
El asunto ya está en manos de un Juzgado de la capital gaditana que en breve comenzará a tomar declaraciones para tratar de esclarecer si, tal como sospecha la Fiscalía, hay motivos para sentar a algún responsable en el banquillo. Eso es algo que decidirá el juez tras la investigación solicitada por el fiscal.
La denuncia de la Fiscalía se apoya fundamentalmente en un informe realizado por un inspector médico que detectó varias irregularidades en el modo en que la clínica denunciada realiza la eliminación de bebés solicitadas por las madres de éstos.
Una de las clientes de la clínica presentó el año pasado una reclamación contra ese centro médico y la Delegación Provincial de Salud se la remitió a la Inspección de Servicios Sanitarios. Tras las oportunas actuaciones, un inspector elaboró un informe que describía una serie de anomalías detectadas en la clínica y las posibles infracciones cometidas por el centro médico en cuestión.
La Delegación de Salud pidió después al inspector que profundizase en la investigación sobre la posibilidad de mala praxis o incumplimiento de los derechos del paciente que pudieran haberse producido en el caso de la paciente que presentó la reclamación. Entonces, el inspector comunicó de nuevo con la clínica y le requirió al gerente documentación que no había sido aportada anteriormente.
La clínica se financia con el dinero de todos los andaluces, puesto que tiene suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un concierto para la gestión del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas y que no implique alto riesgo. El inspector visitó la clínica en julio del año pasado y después realizó un nuevo informe.
En octubre de 2009, el inspector decidió acudir a la Fiscalía de Cádiz porque consideró que el expediente administrativo incoado en virtud de la queja efectuada por la paciente que presentó la reclamación se encontraba paralizado y que la Delegación de Salud no le había dado el cauce administrativo solicitado.
Esto es, el inspector estimó que, tal como apunta la Fiscalía en su denuncia, había una inactividad grave por parte de la Delegación de Salud. A su juicio, la Administración sanitaria no había dado los pasos que debía tras conocer su segundo informe y la conclusiones detalladas en él.
El informe concluye, entre otras cuestiones, que hay un incumplimiento de la clínica inspeccionada del concierto suscrito con el SAS para practicar abortos. Que ha habido una ampliación en la oferta asistencial y también bajas y nuevas incorporaciones de personal sanitario que presta servicios en la clínica sin que hayan sido comunicadas reglamentariamente ni aprobadas por la autoridad sanitaria competente. También que hay indicios racionales de incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de un médico.
El inspector agrega en las conclusiones de su informe que hubo obstrucción a la función inspectora por parte de los responsables de la clínica: resistencia a suministrar documentación médica y negativa absoluta a facilitar los datos personales de pacientes. El inspector anota en este apartado de las conclusiones que pudo observar catorce historias clínicas de las que no posee constancia documental.
El informe del inspector explica también que encontró indicios racionales de irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente en lo referente al profesional sanitario que debe emitir el dictamen preceptivo previo a la realización del aborto y el diagnóstico que debe figurar en ese documento. Hay motivos para afirmar, señala el inspector, que es cumplimentado por una médico general cuya titulación no la habilita para hacerlo porque carece de cualificación como especialista. Hay también indicios de falsedad en documento público, agrega el inspector, por parte de un médico que firma todos los dictámenes pese a no existir constancia de que haya realizado personalmente la oportuna revisión médica a las pacientes. El inspector propuso en su informe la resolución del concierto con la clínica.
Etiquetas: aborto, delito de aborto, negocios abortistas
Manifiesto por la Vida 