El Papa pide a Costa Rica que no legalice la fecundación in vitro

Fue en el año 2000 cuando un dictamen jurídico prohibió aplicar esa técnica de reproducción asistida en esta nación centroamericana. Entonces, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que violaba el derecho a la vida de los embriones que no eran implantados en el útero materno. Un año después, 10 parejas costarricenses interpusieron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por coartarse su acceso a ser padres. La comisión que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos para la protección de los derechos humanos reprendió al país por la medida y en agosto de este año fue más allá, al exhortar al Estado costarricense que legalice la fecundación in vitro (FIV), porque su prohibición viola derechos fundamentales de las parejas del país.
La CIDH calificó la decisión del tribunal constitucional de “interferencia arbitraria y una restricción incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José por haberse firmado en la capital costarricense. Específicamente, detalló, viola el artículo 17, que establece como fundamental el derecho de todo hombre o mujer a formar una familia. La Comisión dio de plazo hasta el 2 de febrero para que el gobierno de la conservadora Laura Chinchilla avance claramente en la eliminación de la excepcionalidad costarricense en cuanto a la FIV, para no pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José y cuyos fallos son inapelables.
La polémica en Costa Rica se produce cuando el padre de la técnica pionera de la FIV, Robert Edwards, acaba de recibir en Estocolmo el día 10 el Premio Nobel de Medicina 2010, y cuando se cumplen 42 años del nacimiento de la primera “bebe probeta”, la británica Louise Brown. Para evitar la demanda ante la Corte Interamericana, el gobierno remitió un proyecto de ley sobre la reproducción asistida a la unicameral Asamblea Legislativa, que salvo a sus promotores no convence a nadie. “Hemos sido cuidadosos con el texto y estamos optimistas de que encuentre el apoyo necesario entre los diputados”, ha indicado a IPS el ministro de la Presidencia, Marco Vargas.
“No hay un cambio de posición, es apenas una forma de ganar tiempo”, ha dicho a IPS Andrea Bianchi, una de las demandantes ante la CIDH. En su informe, la Comisión también pidió al Estado indemnizar a todos los demandantes. De hecho, el proyecto de ley establece que todo óvulo fecundado en el laboratorio debe ser implantado en el útero de la mujer “lo que entraña un grave riesgo para la mujer y el niño”, explicó a IPS Germán Trejos, abogado de los demandantes. La ciencia fija en tres el tope razonable para implantar en el cuerpo de la persona receptora.
Además de las críticas por lo inaplicable del proyecto gubernamental, si llegase a ser aprobado tal como fue presentado, la legalización de la FIV es frontalmente rechazada por Iglesia Católica, mayoritaria en el país, y por las confesiones evangélicas. Benedicto XVI dirigió un mensaje especial para el país el día 3 en que solicitó que “Costa Rica no viole los derechos del nasciturus (el ser concebido) con leyes que legitimen la fecundación in vitro y el aborto”.

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