Planned Parenthood, en el punto de mira de los legisladores norteamericanos

Contrariamente a lo que prometió durante su campaña el presidente más abortista de la historia de Estados Unidos, parece que en esa nación el negocio del aborto se está encontrando cada vez con mas trabas por parte del poder legislativo.
El último dolor de cabeza les ha llegado desde el estado de Minnesota, donde se ha presentado un proyecto de ley que eliminará la financiación del aborto con cargo a los fondos estatales.
Para la industria del aborto esto constituye un duro golpe moral ya que desde 1976 los habitantes de Minnesota han venido votando para presidentes a candidatos pro aborto. No en vano, los votos electorales de Minnesota y del Distrito de Columbia fueron los únicos que no ganó el presidente republicano Ronald Reagan. Ahora la realidad es otra y según todos los pronósticos el proyecto va prosperar debido a que, por primera vez en décadas, la Cámara de Representantes de Minnesota y el Senado están controlados por legisladores pro-vida.
Sin embargo, el lobby del aborto ha sacado pecho y sus portavoces han advertido que la aprobación del proyecto de ley entraría directamente en contradicción con una decisión del Tribunal Supremo de ese estado, promulgada en 1995, por la cual los programas estatales de salud para personas sin recursos deben incluir el aborto. Lejos de arredrarse, los legisladores pro-vida han advertido a sus adversarios que el proyecto de ley anunciado será tan sólo un “aperitivo” de la batería de leyes que se van a presentar, entre las cuales entrará la prohibición del aborto más allá de las 20 semanas de gestación, o el fin de la financiación estatal a cualesquiera organizaciones que ofrezcan servicios de aborto, medida que se dirige principalmente a las clínicas abortistas afiliadas a Planned Parenthood y que puede acarrearles perdidas millonarias: Como botón de muestra, baste decir que durante 2008, tan sólo el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota se gastó cada día 4.109 dólares en pagar abortos con el dinero de los contribuyentes, los cuales, a la vista de los resultados electorales, parece que han decidido romper con el pasado otorgando su voto a candidatos pro-vida.

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