La Florida quiere acabar con el aborto.

Rick Scott, gobernador provida de la Florida, que demuestra cómo, desde la política, se acaba con el aborto

La presencia de congresistas estatales defensores de la vida, junto con la presidencia de un gobernador completamente comprometido con esta lucha, han llevado a que este año haya en el antiguo territorio español un esfuerzo concentrado para hacer más estrictas las leyes sobre el aborto en la Florida.
Desde revivir una medida tan sencilla como la de exigir que una mujer pase por un ultrasonido antes de someterse a un aborto, hasta una prohibición general que representaría una impugnación legal del precedente Roe v. Wade, se han presentado por lo menos 18 propuestas de ley.
Los negociantes de la muerte se encuentran desconcertados por esta avalancha de iniciativas en defensa de los no nacidos. “Es un año sin precedentes”, dijo Stephanie Kunkel, directora ejecutiva de la Alianza de Afiliados para la Paternidad Planificada (Alliance of Planned Parenthood Affiliates) de la Florida. La cifra pone a la Florida entre los cinco estados del país con mas proyectos de ley sobre el aborto, dijo Kunkel. West Virginia es el primero, con más de 30.
“Hay algunos que sólo socavan el derecho de la mujer a decidir, y hay otros que son asaltos completos”, dijo Danielle Prendergast, directora de política pública de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que se opone a los proyectos de ley. ‘‘Dadas la composición y el tono de esta Legislatura, me parece que aprobarán más de los que pudieran haber aprobado en sesiones previas”.
La presión contrasta fuertemente con el año pasado, en que no había un gobernador defensor de la vida, cuando el proyecto de ley del ultrasonido fue finalmente vetado por el entonces gobernador Charlie Crist, que dijo: “Las opiniones personales no deben convertirse en leyes que amplíen insensatamente el papel del gobierno y fuercen a las personas a someterse a pruebas o procedimientos médicos que no sean médicamente necesarios”.
La propuesta más significativa es la del representante Charles Van Zant, republicano de Palatka, que impugnaría la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantizó el derecho de la mujer a acabar con la vida de su hijo en gestación. Pero sin una propuesta equivalente en el Senado, no es probable que progrese.
Otras propuestas, sin embargo, están avanzando rápidamente, y tres llegaron a las comisiones el martes, incluyendo la medida del ultrasonido que exige que una mujer pase por uno antes de someterse a un aborto, y que se le pregunte si quiere revisar los resultados.
“Esto es sobre el derecho de una mujer que está considerando la terminación de un embarazo a poseer toda la información relevante, para que pueda tomar una decisión bien fundamentada”, dijo la patrocinadora de la propuesta, la representante Elizabeth Porter, republicana de Lake City, a los miembros de la Subcomisión de Calidad en los Servicios de Salud y Humanos de la Cámara. “El conocimiento nunca es algo malo”.
Sus oponentes dicen que la medida interfiere en la relación médico-paciente, y obliga a los médicos a realizar un procedimiento que podría no ser médicamente necesario.
La Comisión de Salud y Servicios Humanos aprobó una propuesta de ley patrocinada por la representante Rachel Burgin, republicana de Riverview, que limitaría los abortos durante el tercer trimestre de embarazo, exigiría que los médicos que practican abortos pasen un seminario de ética, y ordenaría que las clínicas de abortos fueran propiedad de médicos.
Y la Comisión de Banca y Seguros del Senado aprobó una propuesta de ley que prohibiría que las aseguradoras privadas cubran abortos si la póliza es pagada por medio de fondos públicos. “Esta propuesta de ley no prohíbe que las mujeres tomen la decisión de terminar un embarazo”, dijo el senador Stephen Wise, el republicano de Jacksonville que patrocinó la legislación. “Esta ley dice que los contribuyentes no van a pagar un aborto”.
Una propuesta de enmienda constitucional respaldada por la senadora Anitere Flores, republicana de Miami, que prohibiría emplear fondos públicos para pólizas de salud que incluyeran la cobertura del aborto, pone especialmente nerviosos a los negociantes de la muerte, ya que es la situación que se da en muchos casos y que garantica sus suculentos ingresos. La propuesta no ofrece excepciones para los casos de violación o incesto, o para el de que el embarazo amenace la salud de la madre, o para el de que el feto no se esté desarrollando apropiadamente.
Igualmente, un proyecto de ley patrocinado por la senadora Ronda Storms, republicana de Valrico, y el representante Carlos Trujillo, republicano de Miami, que prohibiría los abortos después de 20 semanas de gestación, no incluye excepciones para las violaciones, el incesto y las cuestiones de salud.
Llamada “Ley de Protección de los No Nacidos Capaces de Sentir Dolor” (Pain-capable Unborn Child Protection Act), esa propuesta de ley considera que un aborto no debe realizarse en un estado de gestación en el que la criatura en desarrollo podría experimentar dolor. La ley actual permite los abortos hasta la vigésimo cuarta semana de embarazo.
El gobernador Rick Scott dejó bien en claro durante su campaña que él está en favor de hacer más estrictas las leyes de la Florida sobre el aborto. Al preguntársele el martes sobre las propuestas de ley que se encontraban en estos momentos en la Legislatura, Scott dijo: “Yo le dejé saber mi posición a la gente. No he sorprendido a nadie. Voy a ser un gobernador pro vida”.

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