Una madre abortista acusó en falso a su marido de malos tratos para obtener ventajas en el divorcio.

El caso es paradigmático de la ideología feminista que sufrimos. Una mujer acusa en falso a su marido, sin que éste tenga la presunción de inocencia, ni se comprueben lo hechos, y el hombre permanece imputado dos años y debe dejar su domicilio. A demás, la mujer, inmigrante marroquí, debe ser considerada una heroína por el movimiento feminista, pues, a demás de ejercer todas las injusticias legales posibles contra su marido, ejercitó dos veces su “derecho al aborto”.
Dos informes médicos emitidos en última instancia, la perseverancia en declararse inocente y la eficacia de su abogado le han salvado de ir a la cárcel de manera irremisible. Y, además, después de dos años, por fin se ha desprendido del estigma de hombre maltratador. Sobre su persona recaían graves imputaciones. Fue acusado de un delito de violencia de género y de haber provocado dos abortos a su esposa de sendas palizas. Le pedían casi tres años de cárcel. En las horas previas al juicio todo quedó esclarecido. Un certificado emitido por una clínica demostró que la mujer faltó a la verdad, que las interrupciones de los embarazos habían sido voluntarias y no como consecuencia de agresiones. En la vista, el juez llegó a pedir disculpas al acusado en nombre de la administración de Justicia. Ahora, la mujer se enfrenta a un proceso como imputada por un presunto delito de denuncia falsa.
La pesadilla para este hombre comenzó en 2009. El 15 de marzo de ese año, el acusado regresó sobre las dos de la tarde a su domicilio en cuyo interior, según se hizo constar en la denuncia, propinó una paliza a su mujer después de que ésta le manifestase que no había nada para comer.
La unidad familiar estaba compuesta por un varón natural de una localidad del Goierri y una mujer nacida en Marruecos que vino a Gipuzkoa con una hija fruto de una relación anterior.
La esposa denunció que el día de los hechos su esposo llegó embriagado y que tras conocer que no había preparado la comida, le agarró del cabello, le tiró al suelo, le propinó varias patadas en las piernas y brazos así como un puñetazo en la cara. Añadió que aquella situación se mantuvo hasta que se personó la Ertzaintza. En el momento en el que los agentes llegaron a la vivienda se encontraron con una mujer tendida en el suelo y al inculpado encima suyo.
La esposa denunció que venía soportando malos tratos de manera habitual desde hacía dos años. Relató que las discusiones eran reiteradas y que en el transcurso de las mismas era objeto de insultos, agarrones del pelo y puñetazos.
Pero la denuncia no quedó ahí. La presunta víctima reveló que quince días antes, hallándose embarazada de dos meses, el marido le golpeó en el estómago al tiempo que le decía que «el hijo que lleva dentro no era suyo». La mujer explicó que debido a esta agresión sufrió hemorragias que finalmente provocaron la pérdida del bebé.
Afirmó también que un año antes, estando también embarazada de dos o tres meses perdió otro hijo como consecuencia de otra paliza y que le tuvieron que practicar un aborto en Marruecos.
Las graves acusaciones estuvieron a punto de llevar al acusado a la cárcel. No llegó a pisar el centro penitenciario, pero fue por poco. No obstante, el proceso judicial en su contra siguió su curso. De poco sirvió que manifestase que su mujer mentía, que no le provocó ningún aborto, que jamás le había maltratado, que las lesiones que presentaba cuando acudió a la Ertzaintza no se las habían infligido él, que aquel mediodía cuando llegó a casa ya las tenía, que incluso de una de las lesiones tenía incluso costra, que la trifulca en el piso fue un montaje y que todo obedecía a una estrategia diseñada por su pareja, después de que él le mostrase su decidida intención de separarse dada la crisis matrimonial en la que vivían desde hacía algún tiempo.
Tras casi dos años de instrucción, el juzgado de lo Penal 2 de Donostia fijó fecha para el juicio. El ministerio público solicitaba un año de cárcel, medida de alejamiento y una indemnización de 300 euros. Por su parte, la acusación particular que ejercía la mujer reclamaba dos años de prisión, además de otros diez meses por dos delitos de aborto por imprudencia. También le imputaba por injurias y le exigía 10.000 euros por los abortos provocados.
Las acusaciones se mantenían incluso a pesar de que la Unidad de Valoración Forense Integral había emitido un informe en el que concluía que la mujer había «fantaseado o inventado las alegaciones, probablemente debido a problemas psicológicos (debido a su personalidad) y para obtener ganancias (en el proceso de separación)».
De casi nada sirvió tampoco que no existiese ningún informe médico respecto a que los abortos fueran consecuencia de las agresiones que denunció ni que sus médicos habituales jamás hubiesen observado lesiones en las diferentes exploraciones que con anterioridad le habían practicado.
Pero todo cambió en las horas previas al juicio. Dos informes médicos solicitados como prueba para el juicio por el abogado del acusado, el letrado Xabier Gurrutxaga, echaron por tierra la tesis acusatoria. Los dictámenes emitidos por dos clínicas desvelaron que los dos abortos que se le practicaron a la mujer fueron voluntarios y ninguno traumático.
Ante tal falsedad, la Fiscalía y la acusación particular retiraron las respectivas acusaciones. Lo hicieron el mismo día del juicio, cuando la esposa reconoció expresamente, a preguntas del fiscal, ante el juez de Penal 2 de Donostia que todo era falso. El marido quedó absuelto en aquel mismo instante. La denunciante se enfrentará ahora a un proceso judicial por un presunto delito de «acusación y denuncia falsa».
Según fuentes consultadas, los motivos que llevaron a la esposa a denunciar a su marido no fueron otros que los de obtener algún beneficio ante el proceso de separación matrimonial que se intuía. Durante el tiempo que duró la instrucción judicial hasta el reconocimiento de la denuncia falsa, el marido tuvo que salir del domicilio conyugal. Asimismo, en el mismo periodo, la esposa percibió las prestaciones económicas previstas por las instituciones para mujeres víctimas de maltrato.

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