En tiempo de recortes, Sanidad gastará más dinero en financiar anticonceptivos y aborto

El Gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas que han comportado en gran medida recortes sociales para algunos de los colectivos más necesitados de ayudas económicas, como aquella que afecta a los jubilados; la retirada de los 400 euros; la desaparición del cheque bebé, una medida antinatalista aplaudida por algunas feministas; las subidas de impuestos que, por ejemplo, lastran la inversión productiva, hasta el extremo de recaudar ahora más impuestos que nunca. Todo ello con la excusa de frenar el gasto público.
Sin embargo, cuando se trata de sus estandartes ideológicos, el Ejecutivo socialista, lejos de aplicar la tijera, se muestra más bien generoso. Un nuevo ejemplo lo tenemos en la decisión del Ministerio de Sanidad de ampliar la oferta de anticonceptivos de última generación que se financiarán con dinero público.
Amparándose en una disposición de la reforma de la Ley del Aborto, el Ministerio que dirige Leyre Pajín ha dado luz verde a los dos nuevos anticonceptivos, una combinación de etinilestradiol y drospirenona, y un implante subcutáneo que contiene etonorgestrel, a los que las mujeres tendrán acceso a partir de ahora.
La decisión se tomó el pasado 20 de abril en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. “Con esta decisión se cumple el mandato de la disposición adicional tercera” de la ley de salud sexual e interrupción del embarazo. La ley (que modificó las condiciones para abortar) establecía un plazo de un año —hasta el 4 de julio de 2011— “para incorporar nuevas presentaciones a la actual oferta de anticonceptivos financiados”, dice la nota de Sanidad.
De esta manera, la ministra Leire Pajín pone en marcha una medida que incluyó en un paquete en el que también se legislaba sobre el abaratamiento de los preservativos o se facilitaba sin receta la píldora del día siguiente, todo ello supuestamente destinado a mejorar la salud de las mujeres y a reducir el número de abortos, unos objetivos que distan de cumplirse.
Aún así, Pajín señaló en el comunicado que el Gobierno “tiene la responsabilidad de facilitar y poner al alcance de las mujeres todas las posibilidades para evitar embarazos no deseados”.

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