Es comprensible la oposición a la ley del proceso final de la vida por “su ambigüedad y posibles abusivas interpretaciones”

Desde que el pasado 17 de junio se publicara en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el polémico Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, han ido creciendo las críticas de instituciones y organizaciones que consideran que esa ley, si se llega a aprobar tal como está redactada, generará aún más controversia e incluso “podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”, tal como advertía la Conferencia Episcopal Española.
La Asociación Medicina y Persona, por ejemplo, presentó recientemente un manifiesto en el que ponía al descubierto las “tres grandes mentiras” que encierra el anteproyecto de ley elaborado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Unos días antes, el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Javier Rocafort, advertía de “como se está apresurando la ley” y denunciaba que de las 36 alegaciones que habían presentado ante Sanidad junto a la Organización Médica Colegial (OMC) sólo se había tenido en cuenta una.
También el presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, José Jara, entraba en el debate el pasado 2 de junio con un artículo publicado en Diario Médico en el que advertía de hasta seis “puntos oscuros” en la propuesta de ley que regula el proceso final de la vida. Y la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CiViCa) proponía por esas mismas fechas una revisión del Proyecto de Ley para evitar “inseguridad jurídica”.
El último en pronunciarse sobre el contenido del Proyecto de Ley que regula el proceso final de la vida ha sido el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y lo ha hecho con un Informe elaborado por Juan Martínez Otero, Justo Aznar, Ignacio Gómez y Germán.
En su informe, el Observatorio de Bioética señala que “quiere contribuir al diálogo abierto sobre esta propuesta legislativa” y, para ello, ha analizado “en profundidad el texto del Proyecto de Ley, subrayando los puntos en los que el mismo ha sido objeto de mayores críticas, tanto desde instancias profesionales, como desde otras instancias sociales de carácter académico, asociativo o religioso”.
En el texto, los autores han destacado los aspectos del proyecto que a su juicio merecen una valoración positiva, aquellos que les parecen “injustificables y negativos” y los que consideran que son controvertidos, ya que son “cuestiones importantes que no quedan suficientemente claras”.
En sus conclusiones, el Observatorio de Bioética dice que se trata de “un Proyecto oportuno, pero advierte de que “vista la trayectoria en relación al respeto a la vida humana del Ejecutivo responsable del presente Proyecto, resulta comprensible que muchos se hayan opuesto de plano al mismo, haciendo hincapié en su ambigüedad y en sus posibles abusivas interpretaciones”.
También aclara que “en las cuestiones controvertidas se ha procurado mostrar todas las interpretaciones que el tenor del Proyecto admite, evidenciando que en todos los casos cabe una lectura conforme con la ética médica y con los principios de la bioética personalista”.
Por último, advierte de que “el Proyecto de Ley abre la puerta a interpretaciones menos respetuosas con la dignidad de los pacientes, la deontología médica y la propia lex artis”.

Estos son los puntos principales que contempla el informe del Observatorio de Bioética:

Lo positivo: desaparece la ‘muerte digna’
1. El informe considera que un primer punto que merece una valoración positiva es el de la desaparición del término ‘muerte digna’, ya que “lo que sea o no sea una muerte digna no corresponde al legislador determinarlo” y, además, “la expresión ‘muerte digna’ no es una expresión aséptica, sino que está cargada de connotaciones de corte eutanásico”.
2. Una segunda cuestión positiva tiene que ver con el hecho de que esté presente en el texto del Proyecto de Ley “el reconocimiento de los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes en los últimos estadios de su enfermedad”.
3. También hace mención en este apartado, entre algunos otros derechos recogidos en el texto, a la “regulación pormenorizada de los derechos al acompañamiento y a la intimidad personal y familiar”.

Lo negativo: imprecisa eutanasia y ‘no’ a la lex artis

1. En cuanto a las cuestiones que el Observatorio de Bioética considera negativas, cabe destacar la “definición imprecisa de eutanasia”. El Proyecto determina que “el objeto de la Ley no es modificar ‘la tipificación penal de la eutanasia o suicido asistido, concebido como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro’. Esta definición de eutanasia o suicido asistido resulta reductiva e imprecisa, por lo que debería concretarse algo más, principalmente incluyendo el término ‘omisión’”.
2. Un segundo punto conflictivo es el que se refiere a la “eliminación de la mención expresa a la lex artis como límite a las voluntades anticipadas del paciente”. De esta manera, el Proyecto “pone por encima del buen actuar médico el respeto a la voluntad del paciente […], aunque la misma sea contraria a la buena praxis médica”.
3. También denuncia el Observatorio de Bioética la “concepción maximalista de la autonomía del paciente que late a lo largo de todo el texto, autonomía frente a la que los profesionales sanitarios quedan supeditados de manera cuestionable”.
Esta concepción “contrasta con el olvido, cuando no la sospecha, acerca de la autonomía del médico”. Se trata además de una concepción que es al mismo tiempo “una tendencia creciente en nuestro universo cultural, que en el ámbito sanitario se concreta en una huida general del paternalismo médico y la aspiración de dar al paciente todas las herramientas de decisión y autoafirmación personal”.

Cuatro cuestiones controvertidas

1. Dentro de las cuestiones que el informe considera controvertidas, hay que destacar “la posible configuración de la sedación terminal como un derecho”, sobre todo porque determina el hacerlo “aunque ello implique un acortamiento de la vida”, y “quién determina cuándo es necesaria y oportuna” esa sedación.
2. Un segundo apartado que no queda nada claro es la del “rechazo de tratamiento y la obstinación terapéutica”, es decir, “qué intervenciones sanitarias son rechazables y cuáles no”.
“La cuestión espinosa aquí consiste en determinar qué atenciones a un enfermo en fase terminal pueden considerarse tratamientos –que por lo tanto pueden rechazarse o interrumpirse-, y cuáles constituyen simples cuidados o atenciones ordinarias, que han de considerarse como debidos”, dice el informe.
3. Otro aspecto controvertido tiene que ver con “cuál es la relación entre la dignidad humana y la calidad de vida”, que suele generar confusión y que “no son equiparables en ningún caso”.
“Sería aconsejable, pues, que el Legislador evitare confundir la dignidad de la persona con la dignidad de sus condiciones de vida, con su calidad de vida. Equiparar ambos conceptos llevaría a la posibilidad de establecer escalas de dignidad entre los seres humanos, en función de criterios cuantificables –y arbitrarios- como el confort, la salud, las capacidades, etc.”
4. El último punto que genera controversia es la “ausencia de mención al derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. Y ello a pesar de que “el propio Proyecto reconoce implícitamente la conexión de las decisiones relativas al final de la vida con las convicciones y creencias de los pacientes y los profesionales sanitarios (art. 18)”.
“Esta ausencia de regulación, sin embargo, no debería sorprender a nadie”, dice el Observatorio. “Si se regulase la objeción de conciencia hasta el más ingenuo de los lectores sospecharía que el texto legal da cabida a ciertas formas de eutanasia o asistencia al suicidio. De no ser así, ¿qué sentido tendría regular la objeción de conciencia?”, añade.
El informe concluye este apartado preguntándose “en qué situación queda el profesional sanitario, que a lo largo del texto legal ve ciertamente supeditada su voluntad al respeto a la autonomía del paciente”.

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