Posts Tagged ‘aborto en la sanidad pública’

La Cataluña de CyU comienza a dispensar la píldora abortiva en los ambulatorios con el rechazo masivo de las mujeres y hasta de los abortistas.

febrero 27, 2011

Cataluña aplica desde el año 2001 un protocolo sobre la píldora abortiva, que hasta ahora han utilizado negocios de abortos privados y hospitales públicos y que este mes han empezado a dispensar ambulatorios de la comunidad por primera vez en España antes de las siete semanas de gestación.
El protocolo, fue acordado con las clínicas y ginecólogos catalanes tras la aprobación de la píldora RU-486 por parte de las cortes españolas en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar.
Titulado ‘Aborto farmacológico con RU-486 (Mifepristona) en el primer trimestre del embarazo’, el texto advierte de que la dispensación debe hacerse por un médico o una enfermera autorizada por éste, tras la firma de un consentimiento informado por parte de la paciente, la comprobación del embarazo de máximo 49 días mediante una ecografía vaginal y una analítica de sangre que incluya pruebas de coagulación.
A pesar de la iniciativa promuerte del gobierno catalán, un 90 por ciento de las mujeres rechazan la píldora abortiva antes de las siete semanas cuando se les ofrecen todas las vías posibles a seguir ante un embarazo no deseado, según revela un estudio iniciado en noviembre por el abortista, condenado por negligencia en un aborto, Santiago Barambio en su clínica Tutor Médica de Barcelona
En declaraciones a Europa Press, el también presidente de la asoción de negociantes del aborto (ACAI) ha remarcado que sólo escogen la citada opción un 10 por ciento de las mujeres, debido a la “incertidumbre e impredecibilidad” del proceso de expulsión del embrión que se puede producir dos y hasta cuatro días después.
Entre la semana siete y la ocho –el plazo máximo autorizado en Catalunya– se decantan por matar a sus hijos en gestación un 6,6 por ciento de las mujeres, siendo la gran mayoría las que optan por hacerlo mediante aspiración con sedación.
Desde el 1 de febrero, la píldora abortiva –la RU-486, hasta ahora sólo autorizada en hospitales– se ha empezado a administrar, en fase piloto, en seis centros de atención primaria (CAP) y de salud reproductiva y sexual, convirtiéndose Cataluña en la primera comunidad española que dispensa el aborto farmacológico en ambulatorios.
Tras el anuncio, Barambio, que puede ver amenazado si negocio si las mujeres acuden a matar a sus hijos mediante aborto químico a la seguridad social, decidió iniciar un estudio de consumo de la píldora, rebajando su precio a la mitad de lo que cuesta matar a un hijo mediante un aborto quirúrgico –oscila entre los 400 euros– y “por debajo de la competencia para ver si ello constituía un incentivo”, en palabras del despiadado personaje que pretende incetivasr a las madres abaratando el coste por destruír a sus hijos.
“Ni así”, ha sentenciado Barambio, para quien este fármaco provoca en un 40 por ciento de las ocasiones “efectos indeseados” como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea.
En todos los casos, ha reseñado, también provoca “dolores tipo parto –provocados por las contracciones que pueden durar horas– y un sangrado superior al de una menstruación”, por lo que es insuficiente el uso de una compresa, y en un 1% de los casos existe el riesgo de que el exceso de hemorragia haga indispensable una transfusión.
En el 70 por ciento de los casos, el dolor es “significativo o muy significativo”, según refieren las mujeres sometidas al tratamiento en la citada clínica.
Lo más difícil de asumir para la mujer es la incertidumbre que provoca el no saber en qué momento se producirá el proceso de expulsión que, según el ginecólogo, podría llegar en casos excepcionales a los 20 días.
En cualquier caso, esta incertidumbre provoca “disfunciones sociales y de tipo laboral” porque la mujer no puede acudir a su puesto de trabajo de forma normal, puesto que no sabe en qué momento puede iniciar el proceso, para el que necesita ausentarse de cualquier cargo o actividad.
La metalidad promuerte de Barambio ve, a demás, un problema añadido en que, especialmente en mujeres jóvenes, que viven con sus progenitores y que quieren ocultar a toda costa esta decisión a sus familiares, sienten que este método genera una “falta de confidencialidad”.

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ACAI muestra su satisfacción por la aprobación de la Ley del Aborto

febrero 24, 2010

Los traficantes del aborto, exultantes con la nueva ley del aborto, acumulan denuncias y condenas por delitos de diversa índole

La patronal de los exterminadores de niños, llamada Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se ha mostrado exultante por la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto en el Senado.
Los traficantes de abrtos han felicitado al Ministerio de Igualdad por haber sido promotor de esta nueva el, que “reconoce por primera vez a las mujeres su derecho a decidir sin tutelas sobre su maternidad”.
En un comunicado, la asociación ha abogado porque la voluntad de conseguir la “mejor ley posible”(para sus intereses económicos e ideológicos) se mantenga en el desarrollo reglamentario de la norma.
Tras la aprobación de la ley, ACAI ha pedido a los gobiernos autonómicos que no obstaculicen la aplicación efectiva de la nueva legislación desde su capacidad de gestión sanitaria. Seguramente no encontrarán en ellos obstáculo alguno, como no lo han encontrado a la hora de cometer fraudes y tropelías de todo tipo con la ley anterior.
ACAI ha reclamado al Ejecutivo, coincidiendo en esto tanto con Hazte Oír, como con algunos otros grupos que se autodenominan “provida”, la incorporación de la prestación sanitaria del “aborto provocado” al Sistema Nacional de Salud.
La asociación ha señalado que, debido a que la interrupción de la gestación es una práctica no normalizada en el Sistema Nacional de Salud, “existe una clara reticencia a la realización de abortos por parte de los médicos y ginecólogos de la sanidad pública que no encuentran proyección profesional en su práctica”.
Por ello, ha considerado que, con independencia de la formación de los profesionales y de la regulación de la objeción de conciencia, es imprescindible normalizar la práctica para asegurar que en España haya médicos comprometidos con este derecho básico de la mujeren el servicio sanitario público.
Queremos recordar que a ACAI pertenecen Santiago Barambio, que ha sido su portavoz, y ha sido condenado por daños contra una mujer a la que realizó un aborto, el negocio Isadora, donde se perpetran asesinatos de niños más allá de la edad legal permitida por la ley en vigor, el negocio Mediterranea Médica, de la que es director médico José Luis Carbonell, imputado por delito de aborto por su participación en el barco de la muerte, el abortorio El Bosque, investigado por cometer todo tipo de delitos contra la salud y la hacenda pública, o los negocio abortista Triana en Sevilla y Atocha Ginecológica en Málaga(ahora llamado Centro Médico 2002) implicados en una trama de subvenciones irregulares de millones de euros a cargo del Servicio Andaluz de Salud. Vamos, todo un elenco de criminales, no sólo por su profesión de asesinos de bebés.