El caso del barco abortista, a la espera de la ginecóloga

El caso del barco abortista continúa todavía en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. El juez está a la espera de recibir la declaración de una de las ginecólogas que participó en los cuatro abortos que se produjeron en un barco que zarpó desde Valencia en octubre de 2008, según informó recientemente el abogado del partido denunciante, Alternativa Española.
Los abortos, que no estaban permitidas por la legislación española, se practicaron supuestamente en aguas internacionales. Gunilla Kleiverda, que reside en Holanda, tendrá que responder a cuestiones sobre en cuántas intervenciones participó o practicó y las condiciones en las que se desarrollaron. También deberá acreditar que puede ejercer.
Las intervenciones se realizaron en una embarcación bajo bandera holandesa porque en ese país se permite la interrupción antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. Sin embargo, al ser el aborto cometido mediante fármacos, éste no se culminó hasta pasadas varias horas de la toma de los mismos, por lo que el desafío a la legislación española fracasó, ya que el delito es continuado, y se cometió en aguas internacionales, pero se concluyó en España.
La página del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece unos datos demoledores del número de abortos que se producen cada año en la Comunitat. Los últimos hacen referencia a 2008, pero la tendencia no ha dejado de crecer desde 2005. Si hace seis años, el número de abortos ascendía a 9.257, en 2008 la cifra se situó en 11.580. Sólo Madrid, Cataluña y Andalucía superaron esa cifra. Según el Instituto de Política Familiar, es la sexta región con mayor número de abortos entre adolescentes.

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El gobierno catalán garantiza el lucrativo negocio del aborto con dinero público

El aplaudido por los abortistas providas españoles como defensor de la familia, a cuyo presidente jalean como sólido cristiano gobierno regional de Cataluña, acaba de dar una muestra más de lo que los defensores de la vida pueden esperar de los partidos políticos liberales-conservadores con representación parlamentaria.
El gobierno «cristiano»-demócrata acaba de garantizar el lucrativo negocio de la muerte a dos antros dedicados al asesinatos de seres humanos.
El ejecutivo catalán, gobernado por CiU, invertirá en los próximos cuatro años un total de 14,2 millones de euros en la eliminación de personas no nacidas. Los abortos se llevarán a cabo en la Clínica d’Ara Agrupación Tutor Médica y el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar. Estos dos centros son los únicos que se presentaron al concurso convocado por el Servicio Catalán de la Salud y que fue publicado el pasado 6 de abril en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
Según consta en el anuncio oficial, el precio del contrato supone un importe anual de 3.562.008,10 euros, lo que se traduce, en cuatro años, en 14.248.032,40. No obstante, la Generalitat se reserva el derecho a revisar este contrato de gestión. Esta partida presupuestaria es asignada en plena polémica por los recortes aplicados por el gobierno de Arturo Mas, cristiano de sólidos principios, en la sanidad pública, que han dado lugar a numerosas movilizaciones del sector.
A demás el gobierno catalán está promocionando la alternativa de «abortar en casa» mediante la dispensación de productos químicos que procuren la muerte de los hijos en gestación de las madres que quieran matarlos. Diez ambulatorios y hospitales están autorizados en Cataluña para la dispensación de la píldora RU-486, si bien Salud trabaja en la acreditación de otra decena de centros.

En tiempo de recortes, Sanidad gastará más dinero en financiar anticonceptivos y aborto

El Gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas que han comportado en gran medida recortes sociales para algunos de los colectivos más necesitados de ayudas económicas, como aquella que afecta a los jubilados; la retirada de los 400 euros; la desaparición del cheque bebé, una medida antinatalista aplaudida por algunas feministas; las subidas de impuestos que, por ejemplo, lastran la inversión productiva, hasta el extremo de recaudar ahora más impuestos que nunca. Todo ello con la excusa de frenar el gasto público.
Sin embargo, cuando se trata de sus estandartes ideológicos, el Ejecutivo socialista, lejos de aplicar la tijera, se muestra más bien generoso. Un nuevo ejemplo lo tenemos en la decisión del Ministerio de Sanidad de ampliar la oferta de anticonceptivos de última generación que se financiarán con dinero público.
Amparándose en una disposición de la reforma de la Ley del Aborto, el Ministerio que dirige Leyre Pajín ha dado luz verde a los dos nuevos anticonceptivos, una combinación de etinilestradiol y drospirenona, y un implante subcutáneo que contiene etonorgestrel, a los que las mujeres tendrán acceso a partir de ahora.
La decisión se tomó el pasado 20 de abril en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. “Con esta decisión se cumple el mandato de la disposición adicional tercera” de la ley de salud sexual e interrupción del embarazo. La ley (que modificó las condiciones para abortar) establecía un plazo de un año —hasta el 4 de julio de 2011— “para incorporar nuevas presentaciones a la actual oferta de anticonceptivos financiados”, dice la nota de Sanidad.
De esta manera, la ministra Leire Pajín pone en marcha una medida que incluyó en un paquete en el que también se legislaba sobre el abaratamiento de los preservativos o se facilitaba sin receta la píldora del día siguiente, todo ello supuestamente destinado a mejorar la salud de las mujeres y a reducir el número de abortos, unos objetivos que distan de cumplirse.
Aún así, Pajín señaló en el comunicado que el Gobierno “tiene la responsabilidad de facilitar y poner al alcance de las mujeres todas las posibilidades para evitar embarazos no deseados”.

Así defienden las leyes antiaborto la vida de los bebés: Cinco detenidos por inducir aborto a una menor de 15 años y enterrar el feto

Chile cuenta con una legislación que defiende la vida humana desde la concepción. Hasta se considera inconstitucional el aborto químico mediante la llamada píldora del día después. Las leyes en defensa de la vida demuestras allí ser eficacez, y castigar a quienes terminan con una vida humana. Reproducimos la siguiente noticia del Canal de Noticias, del país andino.

Las leyes contra el aborto defienden la vida y castigan a quienes destruyen la vida humana.

Un espeluznante caso policial ocurrió en la ciudad de Angol, donde una joven de 15 años estudiante del Liceo Comercial de esta ciudad, se practicó un aborto inducido por sus padres, quienes junto a una tercera persona recurrieron a Internet para buscar la forma y el tipo de fármaco para terminar con la vida del feto.
La denuncia a la policía uniformada se hizo a través de un llamado telefónico anónimo al 133, entregando información que una joven había abortado en su casa. Con estos antecedentes, la Sección de Investigación Policial, SIP, inició la investigación, corroborando los antecedentes proporcionados en forma anónima y determinando que estaban involucrados en este hecho, su madre, el conviviente de ésta, el pololo y una amiga de la familia que cuenta con estudios obstétricos.
La joven fue individualizada como: A.M.R.D., quien al ser interrogada por la policía dijo que su madre identificada como Sandra Díaz (32), junto a su conviviente identificado como Alejandro Martínez (37), indujeron a la muchacha a abortar, al perecer en complicidad con el pololo de ésta, José Yechi (21) y con la ayuda de Carla Espinoza (22), siendo esta última quien hizo los contactos a través de Internet logrando contactar a una mujer de la cual se desconocen mayores antecedentes quien vendió mediante depósito a una Cuenta Rut de un tercero en la suma de 75 mil pesos una dosis del medicamento: “Misotrol”, el que fue despachado hasta Angol a través de Chilexpress.
Cabe precisar que tanto el contacto de Internet identificada como “Antonia” y la persona donde se hizo el depósito, no han sido detenidas, aunque se está tras la pista de ellas.
Las declaraciones de los detenidos dejaron al descubierto un desenlace macabro, ya que luego de suministrase el medicamento, comenzó a sentir fuertes contracciones ya a la madrugada mientras que en una dependencia destinada a cocina, tenían todo preparado para el proceso de aborto.
En fuentes policiales, se informó que de acuerdo a las confesiones, la joven expulsó el feto aún con signos vitales, por lo que la madre al continuar con el procedimiento y romper la placenta, quitó la vida al bebé.
Acto seguido depositaron todo en una bolsa negra para al día siguiente trasladarse a un camino secundario hacia el sector Maitenrehue y a la altura de Casablanca, a orilla de camino, procedieron a enterrar el feto.
Cabe precisar que al cierre de esta nota (13.10 horas) aún se está desarrollando en el Juzgado de Garantía la audiencia de control de la detención de los cinco imputados. 

La Cataluña de CyU comienza a dispensar la píldora abortiva en los ambulatorios con el rechazo masivo de las mujeres y hasta de los abortistas.

Cataluña aplica desde el año 2001 un protocolo sobre la píldora abortiva, que hasta ahora han utilizado negocios de abortos privados y hospitales públicos y que este mes han empezado a dispensar ambulatorios de la comunidad por primera vez en España antes de las siete semanas de gestación.
El protocolo, fue acordado con las clínicas y ginecólogos catalanes tras la aprobación de la píldora RU-486 por parte de las cortes españolas en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar.
Titulado ‘Aborto farmacológico con RU-486 (Mifepristona) en el primer trimestre del embarazo’, el texto advierte de que la dispensación debe hacerse por un médico o una enfermera autorizada por éste, tras la firma de un consentimiento informado por parte de la paciente, la comprobación del embarazo de máximo 49 días mediante una ecografía vaginal y una analítica de sangre que incluya pruebas de coagulación.
A pesar de la iniciativa promuerte del gobierno catalán, un 90 por ciento de las mujeres rechazan la píldora abortiva antes de las siete semanas cuando se les ofrecen todas las vías posibles a seguir ante un embarazo no deseado, según revela un estudio iniciado en noviembre por el abortista, condenado por negligencia en un aborto, Santiago Barambio en su clínica Tutor Médica de Barcelona
En declaraciones a Europa Press, el también presidente de la asoción de negociantes del aborto (ACAI) ha remarcado que sólo escogen la citada opción un 10 por ciento de las mujeres, debido a la «incertidumbre e impredecibilidad» del proceso de expulsión del embrión que se puede producir dos y hasta cuatro días después.
Entre la semana siete y la ocho –el plazo máximo autorizado en Catalunya– se decantan por matar a sus hijos en gestación un 6,6 por ciento de las mujeres, siendo la gran mayoría las que optan por hacerlo mediante aspiración con sedación.
Desde el 1 de febrero, la píldora abortiva –la RU-486, hasta ahora sólo autorizada en hospitales– se ha empezado a administrar, en fase piloto, en seis centros de atención primaria (CAP) y de salud reproductiva y sexual, convirtiéndose Cataluña en la primera comunidad española que dispensa el aborto farmacológico en ambulatorios.
Tras el anuncio, Barambio, que puede ver amenazado si negocio si las mujeres acuden a matar a sus hijos mediante aborto químico a la seguridad social, decidió iniciar un estudio de consumo de la píldora, rebajando su precio a la mitad de lo que cuesta matar a un hijo mediante un aborto quirúrgico –oscila entre los 400 euros– y «por debajo de la competencia para ver si ello constituía un incentivo», en palabras del despiadado personaje que pretende incetivasr a las madres abaratando el coste por destruír a sus hijos.
«Ni así», ha sentenciado Barambio, para quien este fármaco provoca en un 40 por ciento de las ocasiones «efectos indeseados» como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea.
En todos los casos, ha reseñado, también provoca «dolores tipo parto –provocados por las contracciones que pueden durar horas– y un sangrado superior al de una menstruación», por lo que es insuficiente el uso de una compresa, y en un 1% de los casos existe el riesgo de que el exceso de hemorragia haga indispensable una transfusión.
En el 70 por ciento de los casos, el dolor es «significativo o muy significativo», según refieren las mujeres sometidas al tratamiento en la citada clínica.
Lo más difícil de asumir para la mujer es la incertidumbre que provoca el no saber en qué momento se producirá el proceso de expulsión que, según el ginecólogo, podría llegar en casos excepcionales a los 20 días.
En cualquier caso, esta incertidumbre provoca «disfunciones sociales y de tipo laboral» porque la mujer no puede acudir a su puesto de trabajo de forma normal, puesto que no sabe en qué momento puede iniciar el proceso, para el que necesita ausentarse de cualquier cargo o actividad.
La metalidad promuerte de Barambio ve, a demás, un problema añadido en que, especialmente en mujeres jóvenes, que viven con sus progenitores y que quieren ocultar a toda costa esta decisión a sus familiares, sienten que este método genera una «falta de confidencialidad».

Los promuerte inisten en aplicar las políticas fracasadas para controlar disminuír el número de abortos

La Sociedad Española de Contracepción (SEC), una de las organizaciones promuerte más destacadas de España, ha emitido un comunicado en que manifiesta, ante la reciente publicación definitiva, por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de los datos de abortos en España correspondientes al año 2009, que es una muy buena noticia el haber conseguido, por primera vez en muchos años, una disminución en el número de interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país, así como el que este hecho esté presente en los segmentos más jóvenes de la población de mujeres. La SEC señala su desacuerdo en las interpretaciones catastrofistas que leen de forma negativa el dato, al considerar como abortos los casos de utilización de píldora post-coital o anticoncepción de urgencia (píldora del día siguiente).
Mienten en su nota al afirmar que «todas las entidades científicas médicas sostienen desde hace ya tiempo, en base a la evidencia, que en ningún caso el mecanismo de acción de la píldora post-coital es abortivo, ni siquiera anti-implantatorio (no evita la implantación del embrión en el útero materno)». Con una absoluta falta de vergüenza afirman que «seguir manteniendo este tipo de argumentos solo se entiende por ignorancia o, lo que es peor, por intento de manipulación y confusión de la opinión pública.»
Para los promuerte «la libre dispensación de la píldora post-coital se considera por la SEC como factor positivo para disminuir el número de embarazos no planificados o no deseados», pese a que ellos mismos reconocen que es «prematuro la atribución a esta medida (que data del final de septiembre del 2009,) como causa única de la disminución del número de abortos». De hecho, tanto la epidemiología, como los datos de abortos en regiones en que este compuesto abortivo estaba disponible sin control antes de la liberalización completa por parte de Trinidad Jiménez, como Galicia, confirman que poner en riesgo la salud de las mujeres y disparar los abortos químicos con estos compuestos no disminuye el número de abortos quirúrgicos.
El hecho de que la mayor disminución del número de abortos se haya producido en el segmento de población de mujeres inmigrantes (disminución del 9,2%, frente a un aumento del 2,7% en las españolas), indica, para los promuerte, «que el marcado descenso en la llegada a España de mujeres inmigrantes en edad fértil es el principal factor para esta disminución en el número de interrupciones. Es conocido el hecho de que el mayor porcentaje de abortos entre dichas mujeres se produce precisamente en los tres primeros años de residencia en nuestro país. No podemos olvidar que en 2009 solo llegaron a España aproximadamente el 10% de las que llegaron en 2008».
El incremento de un 2,7% en el número de interrupciones en la población autóctona supone una excusa para los promuerte, que insisten en aplicar sus políticas fracasadas, una vez más, exigiendo «la continuación de la implementación de políticas activas de prevención del embarazo no deseado y el incremento de la tasa de abortos en las mujeres de más de 40 años, una llamada de atención para la consideración especial de este segmento de edad, donde el aborto supone un porcentaje más elevado sobre el total de embarazos producidos y donde se atiende con menor intensidad la necesidad de anticoncepción eficaz».

La consejera de Sanidad reconoce que la PDD es abortiva, pero no piensa hacer nada al respecto.

Ángeles Palacios

La responsable del área de Sanidad de la Región de Murcia, Ángeles Palacios, reconoció ayer que la píldora del día después que se vende de forma incontrolada en la Región, y que es promocionada por diferentes instituciones públicas destinadas a menores, como por ejemplo la página de internet informajoven.org, del ayuntamiento de Murcia, de su mismo partido, es un compuesto destinado a destruír vidas humanas.
En concreto la consejera dijo que «la píldora es un abortivo, y como tal tendría que considerarse también un aborto; no es clínico sino un aborto farmacológico, y no está contabilizado». Sin imbargo no parece que vaya a ir más allá de ese reconocimiento. No se tomará ninguna medida al respecto.
Mientras tanto, las filas de la izquierda regional rugieron contra la consejera por afirmar lo obvio. El responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena afirmó que «es increíble que la consejera intente equiparar la píldora del día después con un método abortivo, algo que desmiente, taxativamente, la Organización Mundial de la Salud. Con esta actitud, la consejera intenta anteponer sus propios intereses morales y políticos a los intereses de salud pública de la sociedad». No hace falta recordar qué hace el PSOE por imponer sus convicciones morales a la sociadad, ni el descrédito que vive la OMS, ni su clara alineación con el aborto, pero sí recordaremos que los países en cuyas constituiones se defiende la vida desde la concepción prohíben este fármaco abortivo precisamente por que destruye la vida humana concebida.
Por su parte los comunistas, por boca de la responsable de Mujer de IURM, Victoria Rodríguez, han recordado, recipanto letra a letra la propaganda de la multinacional farmaceútica que lo comercializa, que la píldora del día después es un anticonceptivo de emergencia y no un método abortivo, y le ha emplazado a consultar a los profesionales sanitarios para que «no siga mezclando conceptos».

Sanidad publica dos días tarde los datos sobre el aborto que demuestran que Pajín mintió

Los abortos químicos se disparan sin control, mientras que los quirúrgicos descienden por el descenso de inmigrantes.

El ministerio de Sanidad ha tardado dos días en hacer públicos los datos, que desmienten el triunfalismo de Leire Pajín. Con las estadísticas en la mano, vemos que la píldora del día después no es la causa del descenso del número de abortos. Es más, entre las mujeres españolas los abortos han aumentado un 3%. Tanto los grupos provida como las clínicas abortistas han acusado de imprudencia a la Ministra de Sanidad.
El dato global, que refleja una bajada entre 2008 y 2009, se debe a la inmigración. Sobre todo entre las latinoamericanas, que abortaron un 11% menos.
Y esto no lo dicen sólo los grupos provida. También las clínicas abortistas han acusado de imprudencia a Leire Pajín y han desmentido que el descenso de abortos el año pasado fuera consecuencia de las políticas preventivas y medidas como la píldora del día después.
En cualquier caso, no es verdad que sea el mejor dato de la década. En 2009 se abortó casi el doble que en el año 2000. Simplemente, en los últimos doce meses hubo una bajada en los datos oficiales, que se relacionn con la caída de la tasa de la natalidad, con la merma de la población extranjera que vive en España y principalmente con que existen otras formas de abortar, mediante fármacos, que no se contabilizaron.

Ginecólogos promuerte reconocen que la nueva píldora abortiva no sirve para reducir el número de aborto

Nueva píldora del día después. Hasta sus promotores reconocen que no disminuirá el número de abortos quirúrgicos.

El jefe de servicio de Ginecología del Hospital General de Ciudad Real y presidente del Grupo para el Estudio de la Mujer de Madrid , Javier Haya, ha explicado que el nuevo anticonceptivo oral -compuesto por acetato de ulipristal- ofrece «una tasa de eficacia muy alta con 5 días de margen», por lo que constituye una buena «herramienta para evitar embarazos no deseados».
Ha reconocido que «la disponibilidad de un anticonceptivo eficaz no evitará una tasa de aborto elevadísima», ha dicho el doctor, pero -a su juicio- «ofrece una segunda oportunidad a la mujer para evitar una decisión tan amarga».
El ginecólogo ha mentido al indicar que tanto la píldora del día después -compuesta por levonorgestrel-, como la de los cinco días «no son métodos abortivos», sino anticonceptivos porque actúan antes de que se produzca la fecundación, inhibiendo o alterando la ovulación para retrasarla, puesto que si la fecundación ya se ha producido al tomar el fármaco, se evita entonces la anidación del cigoto en el útero, lo que sí es un aborto.
Hasta el director general de HRA Pharma España, el laboratorio que comercializa desde diciembre la única píldora de los cinco días que se vende en España -ellaOne-, Ignacio García Pinacho, ha advertido de que la anticoncepción de urgencia sólo es efectiva si la mujer no ha ovulado. Tras la ovulación, se produce un aborto.

Directivos de laboratorio argentino a juicio por fármaco anti-vida

Fármaco antivida cuyos efectos se ocultaron a las usuarias.

Tres directivos del laboratorio Monte Verde S.A., han sido citados a juicio en Córdoba por una denuncia de tráfico de medicamentos peligrosos para la salud en alusión a la fabricación y comercialización de la píldora del día siguiente con el nombre de «Segurite».
Según informó la ONG Portal de Belén, el tráfico de medicamentos peligrosos para la salud es un delito sancionado reprimido por el Código Penal, con penas entre tres y diez años de prisión. Los acusados son Jorge Alberto Belluzo, Rolf Eric Robert Hattman y Claudio Daniel Nuñez.
La denuncia sostiene que el laboratorio extranjero que ostenta la patente de «Segurite», fabricada en Argentina por Laboratorio Raffo y comercializada por Monte Verde, reconoce que el fármaco actúa impidiendo la anidación del óvulo fecundado, sin embargo en el país «el prospecto de esta pastilla omite esa información a la usuaria. Por tanto, es un producto letal que disimula el carácter nocivo para la salud. Ese engaño es, precisamente, el delito por el que deberán responder los acusados».
Portal de Belén destacó que «es la primera vez en la historia, que se juzgará criminalmente, a laboratorios que elaboran químicos mortales para las personas por nacer; y que -también en violación de la ley de defensa de la competencia-, engañan a las usuarias haciéndoles creer que se trata de productos anticonceptivos».
«Este engaño masivo a las argentinas, ha sido posible por la complicidad de las autoridades competentes del ministerio de salud de la Nación, que participaron en la falsificación del texto de los prospectos», agrega la ONG.