La Cataluña de CyU comienza a dispensar la píldora abortiva en los ambulatorios con el rechazo masivo de las mujeres y hasta de los abortistas.

Cataluña aplica desde el año 2001 un protocolo sobre la píldora abortiva, que hasta ahora han utilizado negocios de abortos privados y hospitales públicos y que este mes han empezado a dispensar ambulatorios de la comunidad por primera vez en España antes de las siete semanas de gestación.
El protocolo, fue acordado con las clínicas y ginecólogos catalanes tras la aprobación de la píldora RU-486 por parte de las cortes españolas en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar.
Titulado ‘Aborto farmacológico con RU-486 (Mifepristona) en el primer trimestre del embarazo’, el texto advierte de que la dispensación debe hacerse por un médico o una enfermera autorizada por éste, tras la firma de un consentimiento informado por parte de la paciente, la comprobación del embarazo de máximo 49 días mediante una ecografía vaginal y una analítica de sangre que incluya pruebas de coagulación.
A pesar de la iniciativa promuerte del gobierno catalán, un 90 por ciento de las mujeres rechazan la píldora abortiva antes de las siete semanas cuando se les ofrecen todas las vías posibles a seguir ante un embarazo no deseado, según revela un estudio iniciado en noviembre por el abortista, condenado por negligencia en un aborto, Santiago Barambio en su clínica Tutor Médica de Barcelona
En declaraciones a Europa Press, el también presidente de la asoción de negociantes del aborto (ACAI) ha remarcado que sólo escogen la citada opción un 10 por ciento de las mujeres, debido a la «incertidumbre e impredecibilidad» del proceso de expulsión del embrión que se puede producir dos y hasta cuatro días después.
Entre la semana siete y la ocho –el plazo máximo autorizado en Catalunya– se decantan por matar a sus hijos en gestación un 6,6 por ciento de las mujeres, siendo la gran mayoría las que optan por hacerlo mediante aspiración con sedación.
Desde el 1 de febrero, la píldora abortiva –la RU-486, hasta ahora sólo autorizada en hospitales– se ha empezado a administrar, en fase piloto, en seis centros de atención primaria (CAP) y de salud reproductiva y sexual, convirtiéndose Cataluña en la primera comunidad española que dispensa el aborto farmacológico en ambulatorios.
Tras el anuncio, Barambio, que puede ver amenazado si negocio si las mujeres acuden a matar a sus hijos mediante aborto químico a la seguridad social, decidió iniciar un estudio de consumo de la píldora, rebajando su precio a la mitad de lo que cuesta matar a un hijo mediante un aborto quirúrgico –oscila entre los 400 euros– y «por debajo de la competencia para ver si ello constituía un incentivo», en palabras del despiadado personaje que pretende incetivasr a las madres abaratando el coste por destruír a sus hijos.
«Ni así», ha sentenciado Barambio, para quien este fármaco provoca en un 40 por ciento de las ocasiones «efectos indeseados» como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea.
En todos los casos, ha reseñado, también provoca «dolores tipo parto –provocados por las contracciones que pueden durar horas– y un sangrado superior al de una menstruación», por lo que es insuficiente el uso de una compresa, y en un 1% de los casos existe el riesgo de que el exceso de hemorragia haga indispensable una transfusión.
En el 70 por ciento de los casos, el dolor es «significativo o muy significativo», según refieren las mujeres sometidas al tratamiento en la citada clínica.
Lo más difícil de asumir para la mujer es la incertidumbre que provoca el no saber en qué momento se producirá el proceso de expulsión que, según el ginecólogo, podría llegar en casos excepcionales a los 20 días.
En cualquier caso, esta incertidumbre provoca «disfunciones sociales y de tipo laboral» porque la mujer no puede acudir a su puesto de trabajo de forma normal, puesto que no sabe en qué momento puede iniciar el proceso, para el que necesita ausentarse de cualquier cargo o actividad.
La metalidad promuerte de Barambio ve, a demás, un problema añadido en que, especialmente en mujeres jóvenes, que viven con sus progenitores y que quieren ocultar a toda costa esta decisión a sus familiares, sienten que este método genera una «falta de confidencialidad».

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Una menor aborta cada 3 días sin permiso de sus padres

La patronal de los negociantes del aborto(ACAI) informó ayer de que desde que entró en vigor la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hace hoy tres meses, se han registrado ya 27 casos en 19 negocios consultados de los 36 que pertenecen a la asociación.
De lo que no hay datos es del número de menores que lo han hecho con permiso (más de 10.000 cada año según los últimos datos). ACAI detalló que en dos de los centros de los que tiene conocimiento, la mayoría sí contó con la opinión de sus padres. En concreto, reparó en un centro de Almería, donde de 10 abortos practicados a menores en los últimos tres meses sólo en un caso no se pidió el consentimiento. En otro centro de Granada, ocurrió lo mismo. Se registraron 14 abortos de menores, y una no lo comunicó.
El presidente y la vicepresidente de ACAI, Santiago Barambio y Francisca García, aseguraron ayer que durante los seis primeros meses de 2010 se ha apreciado una disminución significativa del número de abortos entre las mujeres inmigrantes que ha sido mayor o menor dependiendo de la comunidad autónoma, mientras que entre las españolas la cifra se ha estabilizado.
La vicepresidente de ACAI aseguró que la reducción de interrupciones voluntarias de embarazos entre las mujeres foráneas hay que atribuirla al parón de llegadas de inmigrantes, al retorno de muchas extranjeras a sus países de origen y a que las que se encuentran aquí, «adquieren medios para prevenir embarazos de la misma manera que las españolas». Así valoraron el balance del Gobierno, que adelantó hace unas semanas un ligero «descenso» en el número de abortos. Para los propios negocios, éste no se debe a las políticas puestas en marcha, sino más bien a la crisis económica.
Especialmente significativa ha sido la reducción de abortos en comunidades como Madrid (con un 30%) o en Cataluña (35%), aunque se ha incrementado en Murcia y Asturias (12,25 y 38%). Según ACAI, entre las españolas, el que se mantengan cifras de abortos similares a años anteriores también «tiene que ver con la crisis».
Los negocios abortistas hicieron hincapié en que, desde hace tres meses, en España hay una sola Ley del Aborto, pero 17 aplicaciones distintas de la norma, dependiendo de la autonomía de la que se trate. Las mismas clínicas aseguran que «no está garantizada en toda España la gratuidad, el acceso, ni tampoco la confidencialidad» de la persona que decide someterse a la intervención.
Entre las autonomías que «mejor» aplican la Ley del Aborto, según ACAI, figuran Andalucía (que es la que más conciertos tiene con estas clínicas), Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria. En la lista de «las peores», a juicio de los abortistas se encuentran Madrid, Cataluña y La Rioja.

Los abortistas alaban a la Sanidad Gallega por «agilidad» lograda para destruir seres humanos en los tres primeros meses de la ley del aborto

La sanidad gallega, tanto pública como privada, coincide en destacar la «agilidad» que se ha logrado en los procesos de aborto de bebés (IVE) desde la entrada en vigor de la nueva ley, hace hoy tres meses. Niegan asímismo que haya cambiado el perfil de las mujeres que deciden abortar y aseguran que los casos de menores –16 años– que acuden a abortar sin contar con el consentimiento paterno «son escasísimos».
En Vigo y Orense se realizan las intervenciones en la sanidad pública. Javier Valdés, responsable de estos casos en el Centro de Planificación Familiar de Vigo y vocal de la Sociedad Gallega de Contracepción (Sogac), destaca que en estos tres meses han percibido «un ligero aumento de las solicitudes, menor del que esperábamos, aproximadamente de un 15 por ciento». Sin embargo, recuerda que tan sólo un 10% de las IVE se practican en centros públicos frente al 90% resueltas en la red privada.
El doctor Valdés valora especialmente la agilidad conseguida, ya que la mujer que solicita acabar con la vida de su hijo ya no depende de un dictamen del psiquiatra, como sucedía antes, sino sólo de su propia decisión. De esta manera, el tiempo de espera «se ha reducido a la mitad» y en estos momentos es de unos diez días.
«Antes de la entrada en vigor de la ley, la mujer tenía que contar con el dictamen de un psiquiatra que, para atenderlas con premura, tenía que trabajar fuera de su horario. No tuvimos problema (ninguno dudó en falsificar el informe sobre los riesgos psicológicos del embarazo) con casi ningún psiquiatra y eso es algo que les agradecemos mucho», apunta el doctor.
En las clínicas privadas tampoco han percibido un aumento de casos. «Para nada, por el momento la única diferencia que encontramos es que los trámites son mucho más rápidos», aseguran desde la Clínica Gelme de Vigo, acreditada para esta práctica desde 1991. En estas clínicas privadas, tras los tres días de reflexión que impone la ley se llevan a cabo inmediatamente las intervenciones.
También en la Clínica Castrelos (miembro de la patronal de los negociantes de la muerte ACAI) coinciden en destacar esa situación de normalidad. «La agilidad de los trámites es lo único que hemos percibido en estos tres meses; en Galicia desde el primer momento ha habido una voluntad de llevar adelante la ley que no ha habido en otras comunidades», añade el doctor Elías García Climent, de este centro privado.
El gobierno popular en Galicia acumula pues los elogios de los promuerte, que ven garantizados sus ingresos y mejorado su negocio gracias a la diligencia de la consejería de sanidad en garantizar el asesinato de los bebés.

Tras el paripé de Valcárcel, en Murcia se aborta «con normalidad»

Activistas provida ante uno de los negocios abortistas de la región, socio de ACAI, que se lucran con la aplicación de la nueva ley abortista por el gobierno Regional.

Tras un mes de la nueva ley asesina en vigor, los gobiernos autonómicos han destacado el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con «normalidad», aunque algunos gobiernos regionales informan de que también se están produciendo derivaciones de mujeres a otras regiones, así como objeciones de médicos a los nuevos supuestos.
En la región de Murcia, a pesar de las palabras del presidente autonómico Valcárcel, en que indicó que la nueva ley no se aplicaría en la región hasta tener sentencia del tribunal constitucional, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia asegura que la aplicación de la Ley del Aborto va con «normalidad», aunque apunta que se sigue practicando el asesinato de bebés a las 14 semanas y que las mujeres que quieren abortar pasadas éstas se derivan a negocios abortistas, pagado con el dinero de todos los murcianos incluido el que se ahorra de otros servicios básicos para la salud.
Desde Alternativa Española en Murcia han criticado que «el gesto de Valcárcel no haya sido más que una muestra de la hipocresía habitual del Partido Popular en nuestra Región y en toda España, en que ante los medios de comunicación afines se declaran defensores de la vida, mientras aplican con entusiasmo las leyes que permiten el exterminio industrial de niños». También han lamentado que el gobierno regional no tenga dinero para financiar las redes de apoyo a las embarazadas con riesgo de aborto, ni para mantener los conciertos con las ambulancias de traslados de pacientes críticos, pero sí lo tiene para pagar con «normalidad» todos y cada uno de los abortos que se realicen en Murcia». Opinan desde el partido social cristiano que en lugar de recortar en gastos que sirven para garantizar la vida, se debería recortar los gastos que sólo producen la muerte.
Por su parte el portavoz de los negociantes de la muerte de niños, el condenado por negligencia al particar abortos Santiago Barambio, aplaudió a algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Asturias, por que «se han apresurado para conseguir que la mujer pueda acceder fácilmente al IVE a instancias de la administración y pagado por la administración», lo que sin duda es un negocio redondo para él y su siniestra organización. Sin embargo, la única región de España que ha merecido sus críticas ha sido Navarra, en la que siguen sin practicarse abortos.

Hasta los negociantes de la muerte están contra el aborto en casa que pretende la Consejería catalana de Salud.

El representante de los negocios abortistas y la ministra de Igualdad

El presidente de la Asociación Catalana de Centros Acreditados para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el condenado por daños a una mujer a la que practicó mal un aborto y luego se negó a atender, Santiago Barambio, ha advertido de que la píldora abortiva, que la Consejeria de Salud de la Generalitat dispensará en ambulatorios para embarazos de menos de siete semanas, no es «universalizable para todas las mujeres».
Barambio ha criticado el despliegue de la nueva ley del aborto en Cataluña, que a partir de enero prevé la dispensación en centros de atención primaria (CAP) de la píldora RU-486, que hasta ahora sólo está autorizada en hospitales y con lo que confía cubrir casi la mitad de los abortos que se practican en Cataluña.
Barambio ha lamentado que «esta píldora se vende como algo nuevo» (cuando fue legalizada en España hace más de 10 años durante el gobierno de Aznar y siendo la «ahora defensora de la vida en la cadena COPE» Ana Pastor su principal promotora) y «si no es más utilizada es porque las mujeres no la quieren por los problemas que ocasiona», ha asegurado el también representante de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares.
A su juicio, el método es «imprevisible» y «dificulta la confidencialidad». Ha explicado que consiste en la administración de tres pastillas, pero la expulsión del feto se puede producir en los dos días siguientes. «No se sabe cuándo», ha añadido. Por este motivo, entre otras cosas está imputado un médico abortista valenciano que participó en la ejecución de varios bebé en el barco de la asociación abortista Women on Waves.
Además, existe un 9 por ciento de posibilidades de que la mujer no acabe expulsándolo en estas 48 horas, por lo que convierte el método en un «sistema aleatorio», que pese a que ha considerado «estupendo, no es universalizable para todas las mujeres», ha defendido.
Por este motivo, muchas mujeres se decantan por una intervención y un raspado, ha señalado Barambio, que ha criticado el planteamiento que publicita Salud. «Y es que no todo el mundo que pasa por la puerta puede someterse a este método», ha concluido.
Es posible, no obstante, que el ver cómo los abortos farmacológicos afectan a su negocio sea la verdadera motivación del representante de los negociantes del aborto para criticar la medida de los socialistas catalanes.

Los mercaderes del aborto quieren que el gobierno les facilite aún más el negocio

La patronal de los negocios abortistas y única beneficiaria de la nueva ley del aborto impulsada por el gobierno, ACAI, pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad y Política Social que realice una serie de cambios en los reales decretos que desarrollan la ley del aborto para mejorar la confidencialidad del proceso y hacerlo «más ágil» y «menos angustioso» a la mujer. La vicepresidente de ACAI, Francisca García, ha anunciado que el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, con quien se han reunido este miércoles, ha mostrado «una actitud muy positiva» ante sus propuestas y se ha comprometido a estudiarlas.
Según García, las recomendaciones de ACAI podrían ser incluidas en los proyectos de Real Decreto de Garantía de Calidad Asistencial de las Prestaciones a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya aprobación está prevista “para finales de la semana próxima”.
Entre estas propuestas figura la de eliminar el requisito de que, además del centro acreditado para realizar abortos al que acuda la mujer, deba existir otro para certificar las posibles patologías fetales. A su juicio, “la experiencia ha demostrado que este requisito sólo creaba dificultades en el acceso a esta prestación”. Así se facilita la posibilidad de un nuevo fraude de ley al ser el propio negocio que cobra por el aborto el que decide si el niño a descuartizar es portador de una patología que merezca su ejecución.
han pedido acortar el plazo para que dé una respuesta a la mujer el comité clínico que certifica si existen enfermedades incurables en el feto en los abortos a partir de la semana 22. “El plazo tiene que ser breve, para evitar más angustia a la mujer. Nosotros hemos propuesto un plazo de 48 horas”, ha señalado.

Además, solicitan que la mujer en cuya comunidad autónoma, como algo excepcional, no se pueda someter a un aborto en un centro público o concertado “no tenga que esperar 10 días” para que la comunidad decida derivar el caso a un centro privado, previo abono de la intervención.

Un informe de los mercaderes del aborto de ACAI demuestra el fracaso de 50 años de cultura anticonceptiva

Muchas mujeres abortan por creer que los métodos anticonceptivos impedirían su embarazo.

El informe presentado en Madrid este lunes, 10 de mayo, por el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, muestra que casi el 70% de las mujeres que abortan en España utgilizaban métodos anticonceptivos.
Lo más significativo del informe de la ACAI es el hecho de que, dentro de este grupo que utilizó métodos anticonceptivos, alrededor de un 70 por ciento hicieron un ‘mal uso o aplicación’ del mismo. El 72% no supo emplear el preservativo y el 68% no tomó correctamente la píldora contraceptiva.
Por edades, las que más achacan este fallo a un ‘mal uso’ son las mayores: el 94% de las mujeres de 40 a 44 años; el 80% de las de 35 a 39; y el 76% de las de 30 a 34 años.
Las más jóvenes reconocen menos fallos por aplicación y hablan con más frecuencia de ‘fallos no atribuibles al mal uso’ de los métodos, lo que en el 29% de las jóvenes de 15 a 19 años fue el motivo que les llevó al aborto. Es decir que casi uno de cada tres abortos en adolescentes se debió a fallo de la anticoncepción.
Según este trabajo, realizado sobre 600 pacientes que se sometieron a un aborto en 10 clínicas entre 2008 y 2009 -antes de que se vendiera sin receta la píldora del día después en las farmacias-, el 84% de estas mujeres no tomó la píldora del día después.
Sin embargo, el 80 por ciento dijo estar informada sobre anticoncepción de emergencia, en su mayoría por amigos (20%), en planificación familiar (18%) o en el ginecólogo (11%).
Otros estudios lo advirtieron antes
Cabe recordar también que el fracaso de la anticoncepción ante el drama del aborto ha sido constatado por otros estudios anteriores. Por ejemplo, uno publicado por la clínica abortista Dator (Madrid) en 2003, realizado por la propia clínica y la Fundación Mujeres, señalaba que la mitad de las mujeres que abortan usaban preservativo.
El informe, basado en entrevistas a 600 mujeres que fueron a la clínica a interrumpir su embarazo entre diciembre de 2002 y enero de 2003, detallaba que el porcentaje era de un 49%. Además, mostraba que otro 10% de esas mujeres usaban la píldora anticonceptiva.
En definitiva, el resultado era que seis de cada diez mujeres que abortaron habían sido víctimas de fallos en la anticoncepción.
También la Sociedad Española de Contracepción reconocía en 2006 que la anticoncepción falla y sus usuarios padecen consecuencias emocionales. Tanto es así que el estudio advertía de que el 57% de las mujeres que toman la píldora en España temen quedarse embarazadas, mientras que el porcentaje crecía hasta el 80% en el caso de los hombres.
En esas mismas fechas, el 23 de junio, el diario El País informaba de que “la Organización Mundial de la Salud calcula que la efectividad de la píldora tiene una tasa de fallos del 8% y el preservativo del 14% y muchas de esas mujeres van a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

A pesar de conocer todos estos datos, el Grupo Daphne, un equipo de siete expertos financiados por la multinacional Schering para promocionar la cultura anticonceptiva en los medios de comunicación, entre otros lobbies abortistas, no han parado de trabajar en la prensa para fomentar píldoras, condones y contracepción.

El entonces jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, Iñaki Lete, recordaba en Europa Press que “la Organización Mundial de la Salud calcula que ocho de cada cien mujeres se van a quedar embarazadas mientras usan la píldora y muchas van a recurrir al aborto”. Lete era entonces miembro del Grupo Daphne.

ACAI muestra su satisfacción por la aprobación de la Ley del Aborto

Los traficantes del aborto, exultantes con la nueva ley del aborto, acumulan denuncias y condenas por delitos de diversa índole

La patronal de los exterminadores de niños, llamada Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se ha mostrado exultante por la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto en el Senado.
Los traficantes de abrtos han felicitado al Ministerio de Igualdad por haber sido promotor de esta nueva el, que «reconoce por primera vez a las mujeres su derecho a decidir sin tutelas sobre su maternidad».
En un comunicado, la asociación ha abogado porque la voluntad de conseguir la «mejor ley posible»(para sus intereses económicos e ideológicos) se mantenga en el desarrollo reglamentario de la norma.
Tras la aprobación de la ley, ACAI ha pedido a los gobiernos autonómicos que no obstaculicen la aplicación efectiva de la nueva legislación desde su capacidad de gestión sanitaria. Seguramente no encontrarán en ellos obstáculo alguno, como no lo han encontrado a la hora de cometer fraudes y tropelías de todo tipo con la ley anterior.
ACAI ha reclamado al Ejecutivo, coincidiendo en esto tanto con Hazte Oír, como con algunos otros grupos que se autodenominan «provida», la incorporación de la prestación sanitaria del «aborto provocado» al Sistema Nacional de Salud.
La asociación ha señalado que, debido a que la interrupción de la gestación es una práctica no normalizada en el Sistema Nacional de Salud, «existe una clara reticencia a la realización de abortos por parte de los médicos y ginecólogos de la sanidad pública que no encuentran proyección profesional en su práctica».
Por ello, ha considerado que, con independencia de la formación de los profesionales y de la regulación de la objeción de conciencia, es imprescindible normalizar la práctica para asegurar que en España haya médicos comprometidos con este derecho básico de la mujeren el servicio sanitario público.
Queremos recordar que a ACAI pertenecen Santiago Barambio, que ha sido su portavoz, y ha sido condenado por daños contra una mujer a la que realizó un aborto, el negocio Isadora, donde se perpetran asesinatos de niños más allá de la edad legal permitida por la ley en vigor, el negocio Mediterranea Médica, de la que es director médico José Luis Carbonell, imputado por delito de aborto por su participación en el barco de la muerte, el abortorio El Bosque, investigado por cometer todo tipo de delitos contra la salud y la hacenda pública, o los negocio abortista Triana en Sevilla y Atocha Ginecológica en Málaga(ahora llamado Centro Médico 2002) implicados en una trama de subvenciones irregulares de millones de euros a cargo del Servicio Andaluz de Salud. Vamos, todo un elenco de criminales, no sólo por su profesión de asesinos de bebés.

Uno de los «expertos abortistas» del PSOE condenado por daños a una mujer tras hacerle un aborto

Santiago Baraimbo, "experto" del PSOE consultado en la subcomisión del aborto, condenado por daños a la salud de una mujer tras provocarle un aborto

La Audiencia de Barcelona ha condenado a pagar 12.312 euros al presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), Santiago Barambio, y a la clínica privada en el que trabajaba por los daños causados a una mujer a la que sometió a un aborto y después no atendió correctamente cuando acudió al centro con sangrados.
De esta forma, la Sección Decimoséptima revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 38 de la capital catalana, que desestimó indemnizar a la afectada, Vanesa C.A., al considerar que no había relación entre las pérdidas de sangre, dolores y mareos que presentaba tras someterse a un aborto el 28 de junio de 2005.
El 26 de agosto, la mujer todavía sufría pérdidas de sangre y dolores, por lo que regresó al centro privado barcelonés, Clínica d’Ara, donde le realizaron una ecografía y le dijeron que tenía quistes foliculares y que éstos podían ser la causa de su estado.
El 8 de septiembre, Vanesa C.A. fue al servicio de urgencias del Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde tras realizarle una ecografía y no encontrar nada relevante, le recetaron una medicación antihemorrágica y la derivaron de nuevo a la clínica privada, donde le recomendaron que continuara con el tratamiento.
Sin embargo, el día 14 los síntomas no habían remitido y volvió al centro privado, donde le dieron píldoras anticonceptivas. No fue hasta el 23 de septiembre, cuando ingresó en el Hospital de Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la operaron y le extrajeron los restos residuales y del endometrio progestacional.
«Que los síntomas que presentaba podían derivarse de la interrupción voluntaria del embarazo a que había sido sometida era una posibilidad que la clínica y el facultativo debieron considerar y no limitarse a remitirla a la sanidad pública, realizando únicamente una ecografía», señala el tribunal, que celebra que la metrorragia –hemorragia de la matriz fuera del periodo menstrual– no derivara en hemorragia.
Semejante personaje, a demás de ser un negociante de la vida humana, y lucrarse con su destrucción, ejerció las funciones de «experto asesor» consultado por el PSOE durante la farsa de la subcomisión del aborto. En testimonios de profesionales condenados por su incapacidad y mala práctica se ha apoyado la nueva ley del aborto propuesta por el gobierno.
Desde manifiesto por la vida lamentamos que la sanción no incluya la inhabilitación de por vida para seguir matando niños, y lamentamos que haya mujeres como Vanesa que caen en manos de estos siniestros personajes que no sólo terminan con la vida de sus hijos, sino, también, con la salud de las madres.

Los negocios abortistas no quieren dar ni una tregua a la vida

El jefe de los abortorios no quiere que la ley pueda perjudicar a su negocio

La siniestra Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI, a la que pertenecen negocios tan sospechosos de ser centros crminales como el Bosque) quiere legalizar el aborto libre y emplea ese dato para presionar al Gobierno.
El PSOE y el Zapatero están dispuestos a traer la ley de plazos que camufle el aborto libre en España. Pero eso no es suficiente para las clínicas abortistas. Ellas pretenden absoluta impunidad explícita, y no sólo de hecho como hasta ahora a fin de evitar que la Justicia pueda actuar en el futuro cuando partidos como Alternativa Española repitan en otros casos las denuncias como las que interpusieron por los hechos los protagonizados por el «doctor» Morín.
El PSOE y el Gobierno quieren vender a la opinión pública que el resultado de la subcomisión del aborto será una ley que fije en 14 semanas el plazo legal para abortar sin tener que acogerse a supuestos de ningún tipo, como sucede en la actualidad. En la práctica, la idea es que exista el aborto libre, como ya existe de hecho, aunque no se explicite en esos términos en el texto final de la ley.
Sin embargo el dinero que se juegan las clínicas abortistas es muy considerable y por ello presionan al Gobierno con objeto de que se les deje hacer sin límites.
Una de las formas de presión que maneja ACAI es la difusión del número de fetos de más de 14 semanas que ya están exterminando en la actualidad, con la ley todavía sin modificar:
«Nos preocupa mucho que al final se apruebe una ley de 14 ó 16 semanas «, ha declarado al periódico gubernamental Público el presidente de ACAI, Santiago Barambio.
«Una de las posibilidades que se plantea ACAI es no practicar interrupciones del embarazo a las mujeres con más de 14 semanas de gestación y publicar el número de los abortos no practicados para demostrar cuántas mujeres se quedarían fuera con una ley de 14 semanas».
ACAI avanza una cifra: si dejan de practicar abortos en fetos de más de 14 semanas, habría entre 2.000 y 4.000 mujeres que no perderían a su hijo. Sin embargo no indican cuánto tiempo tardarían en alcanzar esa cantidad.
Las adolescentes son el sector más deseado por el loby de las clínicas abortistas. Su presidente lo explica en el mencionado periódico con gélido cinismo:
«Una ley de 14 semanas deja fuera a las mujeres más vulnerables: las más jóvenes».
Las palabras del presidente de los abortorios dejan en evidencia que sin la ampliación prevista por el Gobierno, el aborto libre, en la práctica, ya se practica en nuestro país.
De esta forma, la amenaza de desvelar el número de abortos mayores de 14 semanas pone en evidencia la absoluta falsedad del principal argumento de los defensores de la ampliación de la vigente ley del aborto.