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Las clínicas abortistas acaparan la atención del Gobierno y del PSOE

noviembre 10, 2008

Han sido recibidas por tres ministros y están en las dos comisiones de expertos.

La ministra Aído con su comisión de abortistas en la que está la primera presidenta de la indrustria abortista ACAI

En España el aborto es un acto médico en manos de empresas privadas que responden a la lógica de buscar el máximo beneficio, y por lo tanto de incentivar la demanda, y reducir costes, favorecido por la escasez de controles y regulaciones”. Es una de las conclusiones del informe Aborto y políticas públicas dirigido por Josep Miró i Ardevol, y publicado por el Instituto de Estudios de la Universitat Abat Oliba CEU.
 
La teoría de Miró i Ardevol tiene cara y ojos. El doctor Morín tenía tres centros abortistas en Barcelona, practicó abortos de hasta ocho meses de gestación y en 11 años el departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña no lo investigó nunca.
 
La retahíla de espeluznantes detalles sobre abortos ilegales cometidos en nuestro país, bautizado por la prensa extranjera como el “paraíso del aborto”, llevó al Gobierno a abordar este problema de salud pública que no para de crecer, con al menos 101.592 “interrupciones del embarazo” practicadas en 2006.
 
Hacia una ley de plazos
Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó antes de las elecciones que tuviera intención de modificar la ley del aborto del 85, el tiempo ha demostrado lo contrario. Desde enero se comprueba una constante preocupación del Ejecutivo y el PSOE por atender las demandas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Desde que se descubrieron los abortos ilegales del doctor Morín, el lobby del aborto no ha parado de pedir una ley de plazos, en concreto pidieron que se pudiera abortar sin tener que dar explicaciones hasta las 24 semanas de gestación.
 
El 17 de enero de este año, tanto el ministro de Justicia, Mariano Fdez. Bermejo, como el de Sanidad, Bernat Soria, se reunieron con representantes de todas las clínicas autorizadas en España.
 
El 4 de septiembre, la ministra de Igualdad presentó a los expertos que le asesorarán en la redacción de una nueva ley del aborto. Numerosas asociaciones denunciaron que “todos ellos eran conocidos proabortistas”. Entre esos asesores está la primera presidenta de ACAI, Consuelo Catalá. Aunque la propia asociación se quejó públicamente por no estar presente en la “comisión de Aído”, para muchas asociaciones provida no hay duda de que Catalá velará por ellas.
 
Para terminar de garantizar los intereses del lobby de las clínicas abortistas, el pasado jueves, el Grupo Parlamentario Socialista decidió reservar dos tribunas en la subcomisión del Congreso a los centros abortistas: escuchará a Santiago Barambio, presidente de ACAI y a Guillermo Sánchez, de la Clínica Dátor.
 
Mientras tanto, ni una de las asociaciones provida, de apoyo a las embarazadas o de víctimas del aborto han obtenido la atención ni del Gobierno, ni del PSOE.

DAV pide la recusación de varios de los “expertos” de la Subcomisión, por intereses económicos

octubre 31, 2008




El empresario del aborto Santiago Barambio, en la subcomisión del aborto para hacer una ley a la medida de sus intereses económicos.

El empresario del aborto Santiago Barambio, en la subcomisión del aborto para hacer una ley a la medida de sus intereses económicos.

Derecho a Vivir (DAV) ha pedido la recusación de dos de los “expertos” presentados por el PSOE, representantes de la industria del aborto, por entender que incurren en una incompatibilidad.


Se trata de Santiago Barambio, presidente de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), la patronal que agrupa a las empresas del aborto, y Guillermo Sánchez Andrés, presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator, una de las empresas abortistas más rentables de España.


Según DAV, ambos tienen intereses económicos en que el Parlamento suprima las cautelas que prevé la ley despenalizadota del aborto, y así poder multiplicar los ingresos, al tiempo que se multiplican los abortos en España. La patronal abortista quiere de esta forma evitar todo riesgo legal relacionado con su actividad económica, la práctica de abortos.


Además, se pide la asesoría de Mari Rose Caléis y de Isabel Serrano Fúster. Ambas son miembros de la Federación de Planificación Familiar, una de las organizaciones internacionales que más han presionado en todos los países para lograr el “aborto libre y gratuito”. La Federación ha sido calificada por grupos provida como la “multinacional del aborto”


Los socialistas incluyen en esta lista de expertos a María Luisa Sotelo, directora de la abortista Fundación Mujeres; a Yolanda Besteiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas (organización integrada dentro de la estructura del PSOE); a Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis (que ya ha pedido al Gobierno que apruebe una “ley de plazos”); a Elvira Méndez, directora general de la Asociación Salud y Familia (que firmó junto con la ACAI un manifiesto a favor de una ley de plazos); y a Domingo Álvarez González, ginecólogo fundador y director del Centro de Planificación La Cagiga de Santander.


De nuevo, Carmen Calvo, Presidenta de la Subcomisión, demostró la opacidad con la que quiere dirigirla. En  la reunión de esta mañana, el Grupo Socialista llevaba un listado cerrado de 12 supuestos expertos, mientras el PP, que no había recibido ninguna información, llevó un listado de 25 expertos.

Leire Pajín quiere acelerar el aborto libre

septiembre 2, 2008
Leire Pajin, nueva promotora del enriquecimiento sin trabas de los negocios abortistas

Leire Pajín, nueva promotora del enriquecimiento sin trabas de los negocios abortistas

La secretaria de organización del PSOE abrirá de forma inmediata un debate parlamentario para «cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo, que en su opinión, responde a una demanda social». Indicó que la actual Ley «tiene demasiados años», lo que a su juicio ha provocado que España esté en «hay una situación que hay que corregir». Pero no es las cien mil muertes anuales de inocentes lo que se trata de corregir, sino el enriquecimiento sin trabas de los negocios que causan estas muertes.

De este modo, el PSOE promoverá una norma «que se adapte a la realidad actual» y recordó que el XXXVII congreso de esta formación política aprobó una resolución para cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo.
«Lo vamos a hacer con los mejores expertos para conseguir la mejor ley, aquella que nos resuelva un problema que existe en nuestra sociedad», dijo Pajín.

Estos espertos los contituyen las representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (forma eufemística de referirse al hecho de quitar la vida a niños no nacidos), ACAI, con las que se ha reunido la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a las que les pide que, en 15 días, le den su opinión sobre el borrador del Real Decreto que está llevando adelante el Gobierno para «preservar la confidencialidad de los datos de las mujeres que abortan».

En esta reunión, los representantes de las también llamadas «checas de nascituri» han expuesto a la ministra «la situación actual» del aborto en España, las desigualdades por comunidades autónomas que se dan en el acceso a este servicio y su propuesta para modificar la Ley del Aborto convirtiéndola en una «norma de plazos» y no de supuestos.
Los representantes de estos negocios pedirán que se cambien las normas que las mujeres deben cumplir en muchas comunidades para pagar su aborto y que, dicen, «es la vía por la que en la mayoría de ocasiones, se viola su intimidad». Nada han dicho, sin embargo, sobre la inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción.

 

Continuando con su aterradora exposición, Leire Pajín advirtió sobre el»espeluznante aumento de embarazos no deseados entre las adolescentes», aunque no dijo nada sobre su relación directamente proporcional al aumento de campañas de «educación sexual», enfocadas únicamente a fomentar la irresponsabilidad de los jóvenes en materia sexual y su promiscuidad. Seguramente matando a los frutos de esos embarazos pretenda la secretaria de organización del partido del gobierno hacer que su número disminuya.