La ministra de Igualdad
El Ministerio de Igualdad ha anunciado que una «nueva» ley sobre el aborto –que no una reforma– entrará en vigor «a finales de 2009 o principios de 2010», tras la puesta en marcha –explicada por su titular, Bibiana Aído, en rueda de prensa– de un Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aído indicó que este grupo, con un «alto nivel científico e intelectual», elaborará el texto del Proyecto de Ley en un periodo de seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación.
Asimismo, explicó que al mismo tiempo, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la «nueva» ley.
Las conclusiones de esta subcomisión de la Cámara Baja, indicó la ministra de Igualdad, serán analizadas por el Comité de Expertos antes de que este envíe el Proyecto de Ley al Parlamento.
El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Tonat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
Por parte del Ministerio de la Presidencia participará José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica; del Ministerio de Justicia estarán presentes los asesores del Gabinete del ministro Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán; y, por parte de Sanidad, asistirán José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.
El anuncio del Gobierno de elaborar una nueva ley del aborto en lugar de reformar la nueva y la constitución del comité de expertos que le asesorará en esta materia motivaron una serie de reacciones en contra por parte de las organizaciones pro vida y posturas a favor entre otras asociaciones de feministas y partidarias de la muerte. En el ámbito político, desde el Partido Popular no quisieron hacer declaraciones, dado que cada vez parece más claro que es un tema ante el que sienten como mínimo una absoluta indiferencia, cuando no, una postura similar a la del gobierno al que dicen oponerse.
Instituto de Política Familiar
El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, aseguró que una ley de plazo hará crecer el número de abortos y destacó que en el 97% de las cerca de 100.000 interrupciones del embarazo que se practican anualmente en España se aduce el motivo psicológico. A su juicio, la ley sería correcta si eliminara el supuesto del riesgo psicológico para la madre y ofreciera una red de apoyo socioeconómico y cultural para las embarazadas. “Sólo con eso, el aborto sería algo marginal”, dijo. Por cuanto al comité de expertos, opinó que se trata de “un auténtico paripé” al estar formado por personas de perfil “absolutamente sectario”.
Asociación de víctimas del aborto
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), Beatriz Mariscal, criticó el perfil “muy ideologizado” del comité de expertos. “Hemos echado en falta la presencia de grupos pro vida, de entidades sin ánimo de grupo y sociedades de ayuda a la mujer y el embarazo, en contraposición de personas con un perfil muy marcado como Javier Martínez Salmeán, que ha promovido el aborto en todos los centros en los que ha trabajado y ha asesorado al Gobierno portugués en esta materia, o Patricia Lourenzo, que está vinculada a la Fundación Alternativas”. Según advirtió, “con la legislación actual una ley de plazo sería inconstitucional y, si ya están descontroladas las cifras del aborto y se practican unos 100.000 al año, con esta norma podrían duplicarse y hasta triplicarse”.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, valoró sin embargo positivamente que se haya optado por una nueva ley porque “reformar la anterior hubiera sido parchear una norma que se había evidenciado insuficiente”, ya que al parecer que uno de cada 5 embarazos termine en aborto no le parece suficientemente espantoso ni progresista. Ssobre el comité de expertos opinó favorablemente, dado su componente sectario, pero expresó su deseo de que el feminismo más radical tenga participación directa en el proceso.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, opinó que “ya era hora de que se afronte el aborto con una ley que permita a la mujer decidir tener o no al hijo que espera y que sea mínimamente progresista”, es decir, que en lugar de ayudar a la mujer a terminar con su embarazo sin dificultades, ejecute a su niño y genere beceficios a los negocios abortistas. Aseguró estar “esperanzada” tras conocer algunos de los nombres que conforman el comité de expertos, entre los que citó a Elena Arnedo o Francisco Donat Colomer y expresó su confianza en que se recabe la opinión de las asociaciones feministas en la elaboración del texto.
Manifiesto por la Vida 