Aído y su "comité de expertos"
El aborto será libre en España hasta los tres meses y medio de gestación (14 semanas). Además, se podrá interrumpir un embarazo hasta la semana 22 en dos supuestos: peligro para la salud de la embarazada o malformaciones en el feto. Pasado este plazo, todavía hay una excepción, si la malformación es de las llamadas «incompatibles con la vida» (una anencefalia, por ejemplo), el aborto se podrá llevar a cabo hasta el final del embarazo. En caso de que el peligro para la madre sea grave, también se pondrá fin al embarazo, pero, en este caso, a través de un «parto inducido» en el que, si es posible, se intentará salvar la vida del feto.
Éste será el panorama legislativo en nuestro país en pocos meses. Así lo anunció ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien presentó las principales conclusiones del documento que ha elaborado a lo largo de seis meses el comité de expertos nombrado por su Ministerio. Un grupo de médicos y juristas –todos ellos favorables a ampliar la ley del aborto y afines al PSOE– cuya propuesta será, en palabras de Aído, el «elemento esencial» de la nueva ley. Hoy mismo, la titular de Igualdad presentará las 60 páginas del informe completo al Consejo de Ministros y «antes del verano» estará listo un anteproyecto de ley que garantizará «que se aborte con total libertad dentro de unos plazos». Lo que no se puede hacer en España, sin embargo, es ser madre con total libertad, ya que los problemas laborales, sociales, familiares, etc empujan a muchas mujeres a acudir a abortorios para que unos personajes despiadados asesinen a sus hijos por dinero…
El informe, que será la piedra angular de la norma, presentado por dos portavoces del comité –el ginecólogo del Hospital Severo Ochoa de Leganés Javier Martínez Salmeán y la jurista María Durán i Febrer– introduce otras novedades, como la posibilidad de que las menores de edad con 16 años cumplidos puedan optar a la interrupción del embarazo sin necesidad de consentimiento de sus padres. Aunque Aído no confirmó que esta propuesta se vaya a incorporar al articulado de la ley, y sólo aseguró que «se valorará», se mostró partidaria de que «si a una joven se le permite casarse a esa edad, se le considere también madura para interrumpir su embarazo».
No habrá consentimiento paterno, pero los expertos quisieron transmitir que las mujeres que aborten tendrán otras «garantías». En primer lugar, y para que la decisión sea «libre e informada», a la mujer que decida abortar se le informará «por escrito y unos días antes de todas las ayudas a las que puede acceder si decide continuar con su embarazo». Además, si el aborto se lleva a cabo por encima de la semana 14, acogiéndose a las indicaciones que recogerá la ley, éstas tendrán que ser certificadas «por un médico que no sea el que va a llevar a cabo el aborto».
Sin embargo, según precisó más tarde una fuente cercana al comité a este periódico, este médico supuestamente independiente «podrá pertenecer a la misma clínica privada». Esta medida, por tanto, no es más que una nueva trampa para continuar garantizando el negocio de los abortorios.
Otra de las garantías dentro de la propuesta de los expertos es la recomendación al Gobierno de elaborar una estrategia de salud sexual «con enfoque de género». Entre otras medidas, pese a demostrar que son un rotundo fracaso, proponen mejorar al acceso a todos los métodos anticonceptivos. En este sentido, Martínez Salmeán se mostró partidario de la libre dispensación de la «píldora del día después», que en la actualidad sólo se da con receta médica, y que no está recomendada por el propio fabricante a menores de 16 años, por no existir garantías de que sea segura. A demás dicho fármaco es, en la mayoría de los casos, abortivo. Por lo tanto éste «experto», parece ser sólamente en cuanto a imposición de ideología del género y abortista se refiere, mostrándose como un completo ignorante en lo que se refiere a la salud de la mujer.
En cuanto a la justificación jurídica, Durán aseguró que su propuesta no es incompatible con la Constitución española. Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en la que asegura que el «nasciturus» es un bien jurídico protegido, Durán aseguró que el Altro Tribunal «en ningún momento entra en la ley de plazos, porque ésa no era la cuestión por la que se le había preguntado». Asimismo, distinguió entre el embrión, que efectivamente es un bien, y la mujer, que «tiene derechos».
Para apoyar sus conclusiones, además, Durán recordó la resolución del Parlamento Europeo del pasado 14 de enero, en la que reconocía el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, y que fue apoyada por eurodiputados del Partido Popular.
En todo caso, y aunque los abortos se practiquen fuera del marco jurídico de la nueva ley, los juristas que han participado en el comité abogan porque «el aborto consentido quede fuera del derecho penal». Si, finalmente, el Gobierno no acepta esta propuesta «proponemos que se atenúen las penas: que no se penalice a la mujer y que para las terceras personas que participen no sea causa de prisión». Ésta, en reaqlidad parece ser la verdadera y única causa de la nueva ley del aborto, que los señores Morín y compañía no puedan ser enviados a la cárcel por cometer todo tipo de tropelías, atentar contra la salud de sus pacientes, contra la legislación vigente, conla la hacienda pública…Es decir, gatrantizar la total impunidad de los abortistas.
Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), calificó de aberrantes e inconstitucionales las conclusiones del comité de «expertos» del Ministerio de Igualdad, que propuso que el aborto sea libre hasta las 14 semanas y que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
Manifiesto por la Vida 
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