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Aborto libre hasta los tres meses y medio

marzo 6, 2009
Aído y su "comité de expertos"

Aído y su "comité de expertos"

El aborto será libre en España hasta los tres meses y medio de gestación (14 semanas). Además, se podrá interrumpir un embarazo hasta la semana 22 en dos supuestos: peligro para la salud de la embarazada o malformaciones en el feto. Pasado este plazo, todavía hay una excepción, si la malformación es de las llamadas «incompatibles con la vida» (una anencefalia, por ejemplo), el aborto se podrá llevar a cabo hasta el final del embarazo. En caso de que el peligro para la madre sea grave, también se pondrá fin al embarazo, pero, en este caso, a través de un «parto inducido» en el que, si es posible, se intentará salvar la vida del feto.
Éste será el panorama legislativo en nuestro país en pocos meses. Así lo anunció ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien presentó las principales conclusiones del documento que ha elaborado a lo largo de seis meses el comité de expertos nombrado por su Ministerio. Un grupo de médicos y juristas –todos ellos favorables a ampliar la ley del aborto y afines al PSOE– cuya propuesta será, en palabras de Aído, el «elemento esencial» de la nueva ley. Hoy mismo, la titular de Igualdad presentará las 60 páginas del informe completo al Consejo de Ministros y «antes del verano» estará listo un anteproyecto de ley que garantizará «que se aborte con total libertad dentro de unos plazos». Lo que no se puede hacer en España, sin embargo, es ser madre con total libertad, ya que los problemas laborales, sociales, familiares, etc empujan a muchas mujeres a acudir a abortorios para que unos personajes despiadados asesinen a sus hijos por dinero…
El informe, que será la piedra angular de la norma, presentado por dos portavoces del comité –el ginecólogo del Hospital Severo Ochoa de Leganés Javier Martínez Salmeán y la jurista María Durán i Febrer– introduce otras novedades, como la posibilidad de que las menores de edad con 16 años cumplidos puedan optar a la interrupción del embarazo sin necesidad de consentimiento de sus padres. Aunque Aído no confirmó que esta propuesta se vaya a incorporar al articulado de la ley, y sólo aseguró que «se valorará», se mostró partidaria de que «si a una joven se le permite casarse a esa edad, se le considere también madura para interrumpir su embarazo».
No habrá consentimiento paterno, pero los expertos quisieron transmitir que las mujeres que aborten tendrán otras «garantías». En primer lugar, y para que la decisión sea «libre e informada», a la mujer que decida abortar se le informará «por escrito y unos días antes de todas las ayudas a las que puede acceder si decide continuar con su embarazo». Además, si el aborto se lleva a cabo por encima de la semana 14, acogiéndose a las indicaciones que recogerá la ley, éstas tendrán que ser certificadas «por un médico que no sea el que va a llevar a cabo el aborto».
Sin embargo, según precisó más tarde una fuente cercana al comité a este periódico, este médico supuestamente independiente «podrá pertenecer a la misma clínica privada». Esta medida, por tanto, no es más que una nueva trampa para continuar garantizando el negocio de los abortorios.
Otra de las garantías dentro de la propuesta de los expertos es la recomendación al Gobierno de elaborar una estrategia de salud sexual «con enfoque de género». Entre otras medidas, pese a demostrar que son un rotundo fracaso, proponen mejorar al acceso a todos los métodos anticonceptivos. En este sentido, Martínez Salmeán se mostró partidario de la libre dispensación de la «píldora del día después», que en la actualidad sólo se da con receta médica, y que no está recomendada por el propio fabricante a menores de 16 años, por no existir garantías de que sea segura. A demás dicho fármaco es, en la mayoría de los casos, abortivo. Por lo tanto éste “experto”, parece ser sólamente en cuanto a imposición de ideología del género y abortista se refiere, mostrándose como un completo ignorante en lo que se refiere a la salud de la mujer.
En cuanto a la justificación jurídica, Durán aseguró que su propuesta no es incompatible con la Constitución española. Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en la que asegura que el «nasciturus» es un bien jurídico protegido, Durán aseguró que el Altro Tribunal «en ningún momento entra en la ley de plazos, porque ésa no era la cuestión por la que se le había preguntado». Asimismo, distinguió entre el embrión, que efectivamente es un bien, y la mujer, que «tiene derechos».
Para apoyar sus conclusiones, además, Durán recordó la resolución del Parlamento Europeo del pasado 14 de enero, en la que reconocía el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, y que fue apoyada por eurodiputados del Partido Popular.
En todo caso, y aunque los abortos se practiquen fuera del marco jurídico de la nueva ley, los juristas que han participado en el comité abogan porque «el aborto consentido quede fuera del derecho penal». Si, finalmente, el Gobierno no acepta esta propuesta «proponemos que se atenúen las penas: que no se penalice a la mujer y que para las terceras personas que participen no sea causa de prisión». Ésta, en reaqlidad parece ser la verdadera y única causa de la nueva ley del aborto, que los señores Morín y compañía no puedan ser enviados a la cárcel por cometer todo tipo de tropelías, atentar contra la salud de sus pacientes, contra la legislación vigente, conla la hacienda pública…Es decir, gatrantizar la total impunidad de los abortistas.

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Conclusiones de comité confirman farsa socialista a favor de aborto, afirma IPF

marzo 6, 2009

Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), calificó de aberrantes e inconstitucionales las conclusiones del comité de “expertos” del Ministerio de Igualdad, que propuso que el aborto sea libre hasta las 14 semanas y que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
“Lo que ha hecho el Gobierno en el día de hoy es un paso más de manipulación, sectarismo y desprecio por la sociedad, ya que como se esperaba las conclusiones coinciden con los presupuestos gubernamentales”, expresó Hertfelder, quien criticó que el comité lo hayan formado personas interesadas ideológica y económicamente en la promoción del aborto.
El presidente del IPF dijo que se trata de “un paso más” a favor del proyecto del Gobierno y en contra de las necesidades de las mujeres, niños, padres, de la sociedad “y de cualquier otra cosa que no se ajuste a sus deseos”. “Se ha consumado la farsa”, afirmó.
Por ello, exigió al Gobierno formar “un comité de auténticos expertos que abra un debate serio y profundo”, sin dogmatismo ideológico y sectario. De lo contrario, advirtió, la aplicación de estas conclusiones provocará “que el aborto sea un coladero mayor que el actual”.
Hertfelder señaló que las conclusiones del comité, además de ir contra la Constitución española, son “contrarias a la mayoría de las legislaciones de la UE27”.
En febrero pasado, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados un proyecto que propone reformar la ley del aborto, con similares recomendaciones que las del comité del Ministerio de Igualdad: aborto libre y la no necesidad del consentimiento de los padres para que aborten las adolescentes de 16 años.
En el caso del comité, este propone que el aborto libre sea hasta las 14 semanas, y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Asimismo, “recomendaron” al Gobierno socialista que no se establezca límite alguno para aquellos casos de diagnósticos tardíos de malformaciones.
Con respecto a la objeción de conciencia, indicó que los hospitales públicos deberán derivar a una determinada unidad a las mujeres que quieran abortar, para evitar que vayan a una clínica privada cuando un médico desea ejercer su derecho.
Los miembros del comité “plantean que la objeción de conciencia no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria (el aborto) en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada”, afirmó en una nota el Ministerio de Igualdad.
La ministra de igualdad, Bibiana Aído, informó que estas conclusiones serán presentadas mañana al Consejo de Ministros, para que el Gobierno elabore “antes del verano un Anteproyecto de Ley que tomará en cuenta sus recomendaciones y las que ha aprobado la Comisión de Igualdad del Congreso”.

El comité de expertos en sentenciar bebés

septiembre 5, 2008
La ministra de Igualdad

La ministra de Igualdad

El Ministerio de Igualdad ha anunciado que una “nueva” ley sobre el aborto –que no una reforma– entrará en vigor “a finales de 2009 o principios de 2010”, tras la puesta en marcha –explicada por su titular, Bibiana Aído, en rueda de prensa– de un Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

   Aído indicó que este grupo, con un “alto nivel científico e intelectual”, elaborará el texto del Proyecto de Ley en un periodo de seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación.

   Asimismo, explicó que al mismo tiempo, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la “nueva” ley.

   Las conclusiones de esta subcomisión de la Cámara Baja, indicó la ministra de Igualdad, serán analizadas por el Comité de Expertos antes de que este envíe el Proyecto de Ley al Parlamento.

El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Tonat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

   Por parte del Ministerio de la Presidencia participará José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica; del Ministerio de Justicia estarán presentes los asesores del Gabinete del ministro Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán; y, por parte de Sanidad, asistirán José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.

El anuncio del Gobierno de elaborar una nueva ley del aborto en lugar de reformar la nueva y la constitución del comité de expertos que le asesorará en esta materia motivaron una serie de reacciones en contra por parte de las organizaciones pro vida y posturas a favor entre otras asociaciones de feministas y partidarias de la muerte. En el ámbito político, desde el Partido Popular no quisieron hacer declaraciones, dado que cada vez parece más claro que es un tema ante el que sienten como mínimo una absoluta indiferencia, cuando no, una postura similar a la del gobierno al que dicen oponerse.

Instituto de Política Familiar

El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, aseguró que una ley de plazo hará crecer el número de abortos y destacó que en el 97% de las cerca de 100.000 interrupciones del embarazo que se practican anualmente en España se aduce el motivo psicológico. A su juicio, la ley sería correcta si eliminara el supuesto del riesgo psicológico para la madre y ofreciera una red de apoyo socioeconómico y cultural para las embarazadas. “Sólo con eso, el aborto sería algo marginal”, dijo. Por cuanto al comité de expertos, opinó que se trata de “un auténtico paripé” al estar formado por personas de perfil “absolutamente sectario”.

Asociación de victimas del aborto

Asociación de víctimas del aborto

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), Beatriz Mariscal, criticó el perfil “muy ideologizado” del comité de expertos. “Hemos echado en falta la presencia de grupos pro vida, de entidades sin ánimo de grupo y sociedades de ayuda a la mujer y el embarazo, en contraposición de personas con un perfil muy marcado como Javier Martínez Salmeán, que ha promovido el aborto en todos los centros en los que ha trabajado y ha asesorado al Gobierno portugués en esta materia, o Patricia Lourenzo, que está vinculada a la Fundación Alternativas”. Según advirtió, “con la legislación actual una ley de plazo sería inconstitucional y, si ya están descontroladas las cifras del aborto y se practican unos 100.000 al año, con esta norma podrían duplicarse y hasta triplicarse”.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, valoró sin embargo positivamente que se haya optado por una nueva ley porque “reformar la anterior hubiera sido parchear una norma que se había evidenciado insuficiente”, ya que al parecer que uno de cada 5 embarazos termine en aborto no le parece suficientemente espantoso ni progresista. Ssobre el comité de expertos opinó favorablemente, dado su componente sectario, pero expresó su deseo de que el feminismo más radical tenga participación directa en el proceso.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, opinó que “ya era hora de que se afronte el aborto con una ley que permita a la mujer decidir tener o no al hijo que espera y que sea mínimamente progresista”, es decir, que en lugar de ayudar a la mujer a terminar con su embarazo sin dificultades, ejecute a su niño y genere beceficios a los negocios abortistas. Aseguró estar “esperanzada” tras conocer algunos de los nombres que conforman el comité de expertos, entre los que citó a Elena Arnedo o Francisco Donat Colomer y expresó su confianza en que se recabe la opinión de las asociaciones feministas en la elaboración del texto.