Posts Tagged ‘cultura de la muerte’

El gobierno catalán garantiza el lucrativo negocio del aborto con dinero público

septiembre 14, 2011

El aplaudido por los abortistas providas españoles como defensor de la familia, a cuyo presidente jalean como sólido cristiano gobierno regional de Cataluña, acaba de dar una muestra más de lo que los defensores de la vida pueden esperar de los partidos políticos liberales-conservadores con representación parlamentaria.
El gobierno “cristiano”-demócrata acaba de garantizar el lucrativo negocio de la muerte a dos antros dedicados al asesinatos de seres humanos.
El ejecutivo catalán, gobernado por CiU, invertirá en los próximos cuatro años un total de 14,2 millones de euros en la eliminación de personas no nacidas. Los abortos se llevarán a cabo en la Clínica d’Ara Agrupación Tutor Médica y el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar. Estos dos centros son los únicos que se presentaron al concurso convocado por el Servicio Catalán de la Salud y que fue publicado el pasado 6 de abril en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
Según consta en el anuncio oficial, el precio del contrato supone un importe anual de 3.562.008,10 euros, lo que se traduce, en cuatro años, en 14.248.032,40. No obstante, la Generalitat se reserva el derecho a revisar este contrato de gestión. Esta partida presupuestaria es asignada en plena polémica por los recortes aplicados por el gobierno de Arturo Mas, cristiano de sólidos principios, en la sanidad pública, que han dado lugar a numerosas movilizaciones del sector.
A demás el gobierno catalán está promocionando la alternativa de “abortar en casa” mediante la dispensación de productos químicos que procuren la muerte de los hijos en gestación de las madres que quieran matarlos. Diez ambulatorios y hospitales están autorizados en Cataluña para la dispensación de la píldora RU-486, si bien Salud trabaja en la acreditación de otra decena de centros.

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Canadá reconoce la impunidad penal para el infanticidio

septiembre 14, 2011

Pese a que el discurso predominante entre los movimientos provida españoles culpabiliza del aborto a “la industria del aborto”, y llama a las madres abortistas “víctimas del aborto”, estos planteamientos son una patraña, que sólo pretende justificar la negativa de los partidos mayoritarios a prohibir el aborto. Según el planteamiento abortista provida, como no hay madres abortistas, que la culpa de que paguen por matar a sus hijos es de otro, con apoyo a esas madres, no habría abortos, por lo que no es necesario abolir las leyes que amparan el asesinato de bebés.
Pero no es necesario buscar mucho para saber que sí hay madres dispuestas a asesinar a sus hijos. Y esas madres asesinas deben pagar por sus crímenes, no estar protegidas por leyes abortistas que es España son los propios provida los que ayudan a perpetuar.
Un nuevo caso que acaba de saltar a la luz es el escandaloso de Katrina Effert, que tras fracasar en el intento asesinar a su bebé durante el embarazo abusando intencionadamente del alcohol, procedió a estrangularlo en sus primeros minutos tras el nacimiento.
Esta “víctima del aborto”, para los abortisas-provida españoles, o “víctima del infanticidio”, para ser más exactos, ha quedado en libertad por el asesinato de su hijo.
El 13 de abril del 2005 dio a luz secretamente en el baño de la casa de sus padres. A continuación estranguló con sus propias manos a su hijo y tiró su cuerpo al otro lado de una cerca. Por entonces tenía 19 años de edad. Entonces dos juzgados la encontraron culpable de un delito de asesinato en segundo grado, pero en ambas ocasiones los juicios fueron declarados nulos por la corte de apelaciones. En mayo, la corte de apelación de Alberta cambió el cargo de asesinato por el de infanticidio, que tiene una pena menor
El pasado viernes, la asesina consiguió de la juez Justice Veit una condena de tres años de cárcel “suspendida”, por lo cual pudo salir por su propio pie de la corte.
La juez Veit aseguró en su sentencia, con una dramática coincidencia con el discurso de los abortistas provida españoles, que la falta de una ley del aborto en Canadá implica que “mientras que muchos canadienses ven el aborto con la solución menos ideal para la práctica del sexo sin protección y para los embarazos no deseados, por lo general entienden, aceptan y simpatizan con las dificultades que el embarazo y el parto causan a las madres, sobre todo si no tienen apoyo“.
“Naturalmente los canadienses sienten pena por la muerte de los niños, especialmente si es a manos de sus madres, pero también sienten pena por la propia madre”.
Así pues no sólo el aborto, sino el asesinato de bebés nacidos empieza a quedar amparado por la ley en la sociedad occidental. Tal vez no dentro de demasiado tiempo asistamos los providas a convocatorias de actos a favor de leyes que apoyen a las puérperas sin apoyo para que no asesinen a sus hijos, y a descalificaciones por parte de los organizadores, con apoyo de los medios de comunicación “conservadores”, y de partidos parlamentarios, a quienes pretendan dejar el infanticidio fuera de la ley.
Hace 2 años se editó el siguiente video, de los más premonitorio:

Detenido un médico en Francia por cometer eutanasia en 4 pacientes

agosto 14, 2011

Abogado de la defensa del médico asesino.

Consternación en el Hospital de Bayona tras conocerse ayer que un médico del servicio de Urgencias ha sido detenido bajo la acusación de practicar la eutanasia activa a cuatro pacientes. La Fiscalía pedía prisión para Nicolas Bonnemaison, de 50 años, por «envenenamiento a personas particularmente vulnerables», pero las autoridades judiciales decretaron ayer tarde la puesta en libertad bajo control del acusado tras interrogarle varias horas. Se le prohíbe, entre otras cosas, ejercer su profesión y mantener contacto con las familias de los fallecidos, recoge el diario francés Sud-Ouest.
Según el fiscal adjunto, Marc Mariée, el médico habría reconocido haber inducido la muerte a varios pacientes, utilizando supuestamente «sustancias que provocaron la muerte inmediata» de cuatro enfermos ingresados, todos ellos de edades avanzadas y en estado terminal. Pocas horas más tarde el abogado del médico, Arnaud Dupin, confirmó que su cliente «no se arrepiente de su actuación». Bonnemaison «no ha desmentido los hechos, ha explicado las circunstancias en que tomó esas decisiones para aliviar el sufrimiento de personas que iban a morir en los minutos siguientes», según las declaraciones de Dupin recogidas por el citado rotativos. Las familias, por su parte, no han presentado de momento ninguna denuncia.
Las muertes sospechosas se han producido en los últimos cinco meses. Fue el último fallecimiento, el de una anciana de 92 años que murió el pasado 3 de agosto, el que ha destapado los supuestos casos de eutanasia, una práctica ilegal que está penada con hasta treinta años de cárcel en Francia. Nicolas Bonnemaison fue detenido por la Policía gala el pasado miércoles. Al parecer, fue el propio personal sanitario de urgencias quien alertó a la jefatura del servicio de la muerte en extrañas circunstancias de una mujer de 92 años el pasado 3 de agosto. Según el diario Sud-Ouest, la paciente nonagenaria ingresó en el hospital el 2 de agosto, en estado de coma. Permaneció en la unidad de hospitalización de corta estancia -adscrito a Urgencias-, a la espera de conseguir una cama en el servicio de cuidados paliativos, aunque falleció en la misma unidad un día después.
Enfermeras y auxiliares de la unidad mostraron su asombro por el fallecimiento «prematuro» de ésta y otros ancianos, por lo que avisaron a sus superiores que, tras recabar datos, decidieron denunciar el caso ante la Policía. Siempre según el diario galo, el acusado habría reconocido los hechos ante los agentes policiales e informado de que utilizó para esas muertes un medicamento, el Norcuron, que paraliza las vías respiratorias.
El rotativo llega a describir cómo la tarde del pasado 3 de agosto, una auxiliar habría visto al médico sospechoso cuando entraba en la habitación donde estaba ingresada una anciana con una jeringuilla en la mano y que, momentos después, se habría dirigido a la familia de la mujer para anunciarles su fallecimiento.
Michel Glanes, director del Centro hospitalario de la Costa Vasca (CHB), relató que las familias de los fallecidos están recibiendo ayuda psicológica, al igual que el personal del servicio en el que trabajaba Bonnemaison. El ministerio de Sanidad ha abierto por su parte una investigación.

Es comprensible la oposición a la ley del proceso final de la vida por “su ambigüedad y posibles abusivas interpretaciones”

julio 25, 2011

Desde que el pasado 17 de junio se publicara en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el polémico Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, han ido creciendo las críticas de instituciones y organizaciones que consideran que esa ley, si se llega a aprobar tal como está redactada, generará aún más controversia e incluso “podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”, tal como advertía la Conferencia Episcopal Española.
La Asociación Medicina y Persona, por ejemplo, presentó recientemente un manifiesto en el que ponía al descubierto las “tres grandes mentiras” que encierra el anteproyecto de ley elaborado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Unos días antes, el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Javier Rocafort, advertía de “como se está apresurando la ley” y denunciaba que de las 36 alegaciones que habían presentado ante Sanidad junto a la Organización Médica Colegial (OMC) sólo se había tenido en cuenta una.
También el presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, José Jara, entraba en el debate el pasado 2 de junio con un artículo publicado en Diario Médico en el que advertía de hasta seis “puntos oscuros” en la propuesta de ley que regula el proceso final de la vida. Y la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CiViCa) proponía por esas mismas fechas una revisión del Proyecto de Ley para evitar “inseguridad jurídica”.
El último en pronunciarse sobre el contenido del Proyecto de Ley que regula el proceso final de la vida ha sido el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y lo ha hecho con un Informe elaborado por Juan Martínez Otero, Justo Aznar, Ignacio Gómez y Germán.
En su informe, el Observatorio de Bioética señala que “quiere contribuir al diálogo abierto sobre esta propuesta legislativa” y, para ello, ha analizado “en profundidad el texto del Proyecto de Ley, subrayando los puntos en los que el mismo ha sido objeto de mayores críticas, tanto desde instancias profesionales, como desde otras instancias sociales de carácter académico, asociativo o religioso”.
En el texto, los autores han destacado los aspectos del proyecto que a su juicio merecen una valoración positiva, aquellos que les parecen “injustificables y negativos” y los que consideran que son controvertidos, ya que son “cuestiones importantes que no quedan suficientemente claras”.
En sus conclusiones, el Observatorio de Bioética dice que se trata de “un Proyecto oportuno, pero advierte de que “vista la trayectoria en relación al respeto a la vida humana del Ejecutivo responsable del presente Proyecto, resulta comprensible que muchos se hayan opuesto de plano al mismo, haciendo hincapié en su ambigüedad y en sus posibles abusivas interpretaciones”.
También aclara que “en las cuestiones controvertidas se ha procurado mostrar todas las interpretaciones que el tenor del Proyecto admite, evidenciando que en todos los casos cabe una lectura conforme con la ética médica y con los principios de la bioética personalista”.
Por último, advierte de que “el Proyecto de Ley abre la puerta a interpretaciones menos respetuosas con la dignidad de los pacientes, la deontología médica y la propia lex artis”.

Estos son los puntos principales que contempla el informe del Observatorio de Bioética:

Lo positivo: desaparece la ‘muerte digna’
1. El informe considera que un primer punto que merece una valoración positiva es el de la desaparición del término ‘muerte digna’, ya que “lo que sea o no sea una muerte digna no corresponde al legislador determinarlo” y, además, “la expresión ‘muerte digna’ no es una expresión aséptica, sino que está cargada de connotaciones de corte eutanásico”.
2. Una segunda cuestión positiva tiene que ver con el hecho de que esté presente en el texto del Proyecto de Ley “el reconocimiento de los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes en los últimos estadios de su enfermedad”.
3. También hace mención en este apartado, entre algunos otros derechos recogidos en el texto, a la “regulación pormenorizada de los derechos al acompañamiento y a la intimidad personal y familiar”.

Lo negativo: imprecisa eutanasia y ‘no’ a la lex artis

1. En cuanto a las cuestiones que el Observatorio de Bioética considera negativas, cabe destacar la “definición imprecisa de eutanasia”. El Proyecto determina que “el objeto de la Ley no es modificar ‘la tipificación penal de la eutanasia o suicido asistido, concebido como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro’. Esta definición de eutanasia o suicido asistido resulta reductiva e imprecisa, por lo que debería concretarse algo más, principalmente incluyendo el término ‘omisión’”.
2. Un segundo punto conflictivo es el que se refiere a la “eliminación de la mención expresa a la lex artis como límite a las voluntades anticipadas del paciente”. De esta manera, el Proyecto “pone por encima del buen actuar médico el respeto a la voluntad del paciente […], aunque la misma sea contraria a la buena praxis médica”.
3. También denuncia el Observatorio de Bioética la “concepción maximalista de la autonomía del paciente que late a lo largo de todo el texto, autonomía frente a la que los profesionales sanitarios quedan supeditados de manera cuestionable”.
Esta concepción “contrasta con el olvido, cuando no la sospecha, acerca de la autonomía del médico”. Se trata además de una concepción que es al mismo tiempo “una tendencia creciente en nuestro universo cultural, que en el ámbito sanitario se concreta en una huida general del paternalismo médico y la aspiración de dar al paciente todas las herramientas de decisión y autoafirmación personal”.

Cuatro cuestiones controvertidas

1. Dentro de las cuestiones que el informe considera controvertidas, hay que destacar “la posible configuración de la sedación terminal como un derecho”, sobre todo porque determina el hacerlo “aunque ello implique un acortamiento de la vida”, y “quién determina cuándo es necesaria y oportuna” esa sedación.
2. Un segundo apartado que no queda nada claro es la del “rechazo de tratamiento y la obstinación terapéutica”, es decir, “qué intervenciones sanitarias son rechazables y cuáles no”.
“La cuestión espinosa aquí consiste en determinar qué atenciones a un enfermo en fase terminal pueden considerarse tratamientos –que por lo tanto pueden rechazarse o interrumpirse-, y cuáles constituyen simples cuidados o atenciones ordinarias, que han de considerarse como debidos”, dice el informe.
3. Otro aspecto controvertido tiene que ver con “cuál es la relación entre la dignidad humana y la calidad de vida”, que suele generar confusión y que “no son equiparables en ningún caso”.
“Sería aconsejable, pues, que el Legislador evitare confundir la dignidad de la persona con la dignidad de sus condiciones de vida, con su calidad de vida. Equiparar ambos conceptos llevaría a la posibilidad de establecer escalas de dignidad entre los seres humanos, en función de criterios cuantificables –y arbitrarios- como el confort, la salud, las capacidades, etc.”
4. El último punto que genera controversia es la “ausencia de mención al derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. Y ello a pesar de que “el propio Proyecto reconoce implícitamente la conexión de las decisiones relativas al final de la vida con las convicciones y creencias de los pacientes y los profesionales sanitarios (art. 18)”.
“Esta ausencia de regulación, sin embargo, no debería sorprender a nadie”, dice el Observatorio. “Si se regulase la objeción de conciencia hasta el más ingenuo de los lectores sospecharía que el texto legal da cabida a ciertas formas de eutanasia o asistencia al suicidio. De no ser así, ¿qué sentido tendría regular la objeción de conciencia?”, añade.
El informe concluye este apartado preguntándose “en qué situación queda el profesional sanitario, que a lo largo del texto legal ve ciertamente supeditada su voluntad al respeto a la autonomía del paciente”.

Los promuerte siguen con la presión pese a las múltiples derrotas que han sufrido en todo el mundo.

julio 25, 2011

Los defensores de la eutanasia siguen presionando a favor de su causa a pesar de haber sufrido varias derrotas recientes, como la votación que tuvo lugar en el senado francés, el pasado mes de enero, en contra de una propuesta para legalizar la eutanasia.
Esta derrota y otros contratiempos no han parado las presiones, como advertía el abogado Hugh Scher en su discurso al Tercer Simposio Internacional sobre Eutanasia y Suicidio Asistido, celebrado en Vancouver, Canadá.
El 4 de junio, Scher, que es asesor legal de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, habló de algunos casos judiciales de Canadá, informaba B. C. Catholic el 16 de junio.
Actualmente, la Asociación para las Libertades Civiles de la Columbia Británica, junto a la familia Carter, está en plena batalla legal para defender que evitar el suicidio asistido constituya una violación de derechos y, por tanto, sea inconstitucional. Tienen la esperanza, señalaba Sher, de que su caso llegue al Tribunal Supremo de Canadá.
Poco después de estas palabras, las fuerzas pro vida de Canadá obtuvieron una victoria ante el Tribunal de Apelación de Ontario, al dictaminar este que el Centro Sanitario Sunnybrook no podía suspender de modo unilateral el soporte vital, informaba el periódico Star el 29 de junio.
Los médicos de Hassan Rasouli, en estado vegetativo, querían poner fin a su ventilación y alimentación en contra de los deseos de la familia.
El tribunal sentenció que, en tales casos, los médicos necesitan la aprobación de un comité médico provincial antes de poder ignorar los deseos de la familia.
Estados Unidos ha sido también escenario de varios enfrentamientos por la eutanasia. Un artículo en el National Catholic Register del 27 de marzo señalaba que, en fechas recientes, ha habido debates sobre la eutanasia en las cámaras legislativas de Hawai, Montana, New Hampshire y Vermont.
Desde entonces, en Oregón, donde el suicidio médico es legal, se han prohibido los kits de suicidio. El gobernador John Kitzhaber firmaba una ley que prohibía estos kits, al considerar que animaban a la gente a quitarse la vida, informaba el 29 de junio el periódico Register Guard.
Comisión en el Reino Unido
Inglaterra también ha sido escenario de una encendida disputa por la eutanasia. En junio, la BBC emitía un documental realizado por el escritor Terry Pratchett. Sufre de Alzheimer, y ha llevando adelante una campaña para cambiar la ley sobre suicidio asistido.
El documental narra la situación de Peter Smedley, que sufría una enfermedad neuromotora, por lo que viajó a Suiza para morir en las instalaciones de la organización Dignitas. El ex obispo de Rochester, Michael Nazir Ali, decía que el documental “glorificaba el suicidio”, informó el 14 de junio la BBC.
En una reseña del documental hecha el 19 de junio, Robert Epstein señalaba que, en la misma noche de su emisión, la BBC recibió 898 quejas contra él.
El programa se emitió precisamente cuando una comisión de iniciativa privada – la Comisión para la Muerte Asistida – está llevando a cabo una investigación sobre el suicidio asistido.
La preside un antiguo Lord Canciller, Lord Falconer. La financiación proviene de Terry Pratchett y del empresario Bernard Lewis, informaba el 30 de noviembre pasado el periódico Guardian.
Los críticos observaban que difícilmente será imparcial, teniendo en cuenta la participación de Pratchett, que es un activo promotor del suicidio asistido.
Los acontecimientos posteriores han confirmado estas dudas. George Pitcher, un sacerdote anglicano que tiene un blog en la página web del periódico Telegraph, comentaba un programa de radio que entrevistó a Lord Falconer.
En su post del 26 de junio Pitcher señalaba que Lord Falconer se vio obligado a admitir que nueve, de los 12 miembros de la comisión, tenían todo un historial de declaraciones a favor de cambiar la ley de suicidio asistido.
Poco después la British Medical Association (BMA) aprobaba una moción que criticaba la falta de imparcialidad de la comisión.
Según un reportaje del 6 de julio del Christian Institute, esta moción señala que una gran mayoría de los miembros de la comisión está a favor del suicidio asistido.
La postura de la BMA refleja el hecho de que la mayoría de los médicos se oponen a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico. Un artículo publicado el 9 de marzo en Science Daily señalaba que un repaso a las investigaciones sobre este tema, realizadas durante los últimos 20 años, muestra que los médicos del Reino Unido no han estado nunca a favor del suicidio asistido.
Realizaron el estudio los doctores Ruaidhrí McCormack, Clifford M y M. Conroy, todos ellos miembros del Departamento de Medicina Paliativa del Centro Médico Milford, de Limerick, Irlanda. Analizaron 16 estudios publicados en el periodo 1990-2010.
Esta oposición al suicidio asistido por parte de los médicos recibía el respaldo de un artículo publicado en la revista Current Oncology: “Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la ilusión de la seguridad y el control”. El artículo de J. Pereira está en el vol. 18, edición número 2.
Pereira analizaba la experiencia de las garantías jurídicas en aquellos países europeos que han legalizado la eutanasia – Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pereira, que se dedica a cuidados paliativos en Ottawa, Canadá, descubrió que en muchos casos estas garantías eran ineficaces o ignoradas. También examinó la situación en el estado norteamericano de Oregón.
En Holanda, en el 2005, más de 560 personas murieron sin haber dado su consentimiento explícito. Esto significa que por cada cinco personas que recibieron la eutanasia, una no había dado su consentimiento explícito, algo que exige la ley. Pereira comentaba que, a pesar de esta proporción, los intentos de llevar estos casos a juicio han resultado inútiles.
Esto, decía, ofrece “evidencias de que, con el tiempo, el sistema judicial se ha vuelto más tolerante con estas transgresiones”.
La situación en Bélgica es incluso peor. Pereira citaba un estudio reciente que examinaba la parte flamenca de Bélgica. Hubo 66 de 208 casos de eutanasia, es decir, el 32%, que se llevaron a cabo sin que se solicitase o sin el consentimiento del paciente.
El motivo más común para hacerlo es que la persona esté en coma o tenga demencia.
También encontró deficiencias en lo que respecta a la notificación obligatoria de casos de suicidio asistido. En Bélgica, Pereira descubrió que no se informaba de casi la mitad de todos los casos. No es de sorprender que también descubriera que no se cumplían los requisitos legales en los casos de los que no se informaba.
Las leyes establecen también que el acto del suicidio asistido únicamente lo puede realizar un médico. Sin embargo, un estudio en Flandes mostraba que, de las 120 enfermeras que cuidaban a pacientes de suicidio asistido, el 12% había llevado a cabo eutanasias. Este porcentaje se elevaba hasta el 45% en aquellos casos en los se realizaban sin consentimiento.
También se ordenaba que hubiera una consulta a un segundo médico. Y, en caso de que la persona no sea un enfermo terminal, en Bélgica es necesario que un tercer médico examine el caso. Según Pereira hay pruebas de que en Bélgica, Holanda y Oregón esto no es de aplicación universal.
Pereira también contaba cómo las restricciones se han ido progresivamente relajando en los últimos años.
Cuando los defensores de la legalización de la eutanasia empezaron con sus presiones en Holanda, decían que esta se aplicaría a un pequeño número de casos de sufrimiento insoportable.
En el 2006, la Real Asociación Médica Holandesa declaró que la eutanasia debería estar abierta a todos los mayores de 70 años y cansados de vivir. Otra evidencia de esta pendiente resbaladiza fue la decisión de permitir la eutanasia a partir de los 12 años, cuando antes estaba limitada a los adultos.
“La gente gravemente enferma no necesita la eutanasia”, afirmaba Nicholas Tonti-Filippini, en un artículo publicado el 5 de julio en el periódico australiano Age. Lo que la gente necesita son mejores cuidados paliativos, señalaba.
Tonti-Filippini, decano adjunto del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Melbourne, explicaba que el sufrimiento no le es nada extraño ya que padece una enfermedad autoinmune y es enfermo crónico.
“Lejos de proteger la dignidad de las personas gravemente enfermas y que sufren, una ley de eutanasia atentaría contra su dignidad minando el sentido de nuestro valor como individuos, independientemente de nuestro sufrimiento o nuestra discapacidad”, argumentaba. Palabras a tener en mente mientras continúe el debate.

El espanto del aborto en Rusia.

junio 10, 2011

La situación del aborto en Rusia es tal, que sólo en 2007 se han producido más nacimientos que ejecuciones de bebés intraútero, no ya en lo que va de siglo, sino incluídos los 10 años anteriores del siglo pasado. Esta situación ha generado tal problema demográfico que los legisladores rusos han vuelto a plantear la necesidad de establecer normas más estrictas para la realización de abortos.
El Comité para los derechos de la mujer y del niño de la Duma de Estado, en cooperación con varias organizaciones sociales, ha redactado el Proyecto de Ley “Sobre enmiendas a la legislación de la Federación Rusa, encaminadas a aumentar las garantías del derecho a la vida”.
Parte de las propuestas formuladas tienen que ver con la introducción de un pago por los abortos realizados (a excepción de los necesarios por indicaciones médicas o tras una violación).
Otra propuesta del grupo de autores del proyecto consiste en introducir normas más estrictas a la venta de medicamentos que provocan el aborto. También se propone prohibir que la operación sea realizada en un plazo de tiempo inferior a las 48 horas desde el momento del ingreso de la paciente en el centro médico; y las 11 semanas de gestación, es plazo no podrá ser inferior a 7 días, a excepción de casos de urgencia.

Pero otro foco de abortos descontrolados el el retalivo a productos abortivos. El precio de una caja es más o menos de unos 80 dólares y se suelen vender por Internet que casi no se somete a control. Todavía menos orden hay con la venta de complementos alimenticios de efectos semejantes.
De acuerdo con los resultados del informe de dos investigadoras estadounidenses publicado en la revista The Annals of Pharmacotherapy, este grupo de preparados puede tener graves efectos secundarios.
En su estudio, fueron analizados 607 historiales médicos con datos sobre efectos adversos de los medicamentos abortivos. En 68 casos la hemorragia fue tan intensa que las pacientes necesitaron una transfusión de sangre. Una de las mujeres murió a causa de la pérdida de sangre. En 7 casos, una infección ocasionó el choque séptico que derivó en la muerte de 3 mujeres. En 513 casos después del tratamiento con los medicamentos abortivos las mujeres necesitaron intervención quirúrgica, en la mitad de los casos, con urgencia. En 22 casos, la gestación no se interrumpió y el 23% de los bebés nacidos posteriormente sufrieron graves problemas de desarrollo.

Suiza frenará el suicidio asistido

junio 10, 2011

Manifestantes contra el negocio de la muerte en Suiza muestran una factura por asesinar a una persona.

En relación con la entrada anterior sobre la deplorable intención de la cadena pública inglesa BBC de convertir en espectáculo y propaganda el suicidio de un hombre cobarde que no quería enfrentarse a su enfermedad, por lo que se desplazó a Suiza, el Gobierno suizo pretende evitar que su país sea “la meca de los suicidas”. Esa fama la han conseguido por los chiringuitos dedicados al asesinato de ancianos, facilitando inyecciones letales. El Código Penal suizo solo prohíbe la cooperación al suicidio si es en interés propio, lo que abre la puerta para practicarlo por otros móviles. La regulación solo permitirá la cooperación al suicidio de personas con alguna enfermedad física incurable y corta esperanza de vida. Las dos condiciones habrán de ser certificadas por sendos médicos, independientes del chamizo que vaya a facilitar el suicidio asistido. Además, se deberá informar al paciente de los cuidados paliativos.
El cumplimiento de todos esos requisitos se documentarán en un expediente que estará a disposición de las autoridades.“En el futuro no será posible que alguien cruce la frontera y se suicide unos días más tarde con ayuda de alguna institución privada”, ha dicho la ministra de Justicia. Las condiciones exigidas, sobre todo los dos dictámenes médicos, evitarán decisiones precipitadas y también, porque ante la enfermedad, el deseo de morir puede ser muy vivo pero transitorio. Estas cautelas son para evitar que los centros eutanásicos, que empezaron ofreciendo el suicidio asistido para casos desesperados, acogieron a personas que no estaban en fase terminal. Las respuestas de las asociaciones al anuncio de la regulación confirman su apertura, ya que critican el proyecto por “privar del suicidio asistido a personas con enfermedades crónicas”.
También han declarado que: “una persona que ha quedado paralítica por esclerosis múltiple o que tiene alzheimer debe poder obtener la ayuda [para suicidarse] si decide que no quiere afrontar lo que le espera”. Pero el gobierno exige más garantías para que el suicidio sea excepcional: “el Estado no debe favorecer la ayuda a morir, sino la ayuda a vivir”. Juan Pablo II declaró que “la tentación de la eutanasia, adueñarse de la muerte, de modo anticipado y poniendo así fin a la propia vida, se presenta absurda e inhumana. Nos encontramos ante la cultura de la muerte que avanza en las sociedades del bienestar”.

La BBC emitirá el suicidio asistido de un hombre

junio 10, 2011

Negocio de suicidos suiza de Dignitas

La BBC volvía a desatar ayer la polémica en Inglaterra con su campaña contra la vida y la decisión de emitir el próximo lunes un documental en el que se muestra cómo el multimillonario Peter Smedley, de 71 años, se quitó la vida el pasado diciembre en un negocio de suicidos de Dignitas en Suiza. El programa se enmarca en una serie sobre el suicidio asistido.
El documental, presentado por el escritor inglés sir Terry Pratchett, a quien se le ha diagnosticado alzhéimer y se ha convertido en una destacada figura de la propaganda por la eutanasia, acompaña a Smedley y su esposa Christine durante su viaje al hospital suizo. Allí, este ingiere dos bebidas, una para preparar su estómago y otra compuesta por un cóctel de barbitúricos. Pronto se queda dormido y se produce su muerte. Smedley sufría un trastorno neuromotor irreversible diagnosticado hace dos años.
La BBC echa mano de la lágrima fácil y de la falsa compasión para justificar la cobardía un hombre que no quiso enfrentarse con su sufrimiento. Desprecia a las miles de personas en todo el mundo que, con valor y alegría disfrutande su vida en situaciones dolorosas.

La ley de muerte digna sigue el camino hacia la eutanasia que inició la ley andaluza pactada por PSOE y PP

mayo 20, 2011

La ley de muerte digna que está gestando el gobierno, pese a sus intentos por confundir a la población, es una ley de la eutanasia. Dicha ley avanza un paso más hacia la apertura total de la puerta a la eutanasia, camino que se inició con la ley andaluza pactada entre el PSOE y el PP, y de la que sus promotores también decían que en nada tenía que ver con la eutanasia, lo cual es falso y fácil de comprobar.
La Federación Española de Asociaciones Provida asegura que el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna es una “ley de eutanasia, sea cual sea el nombre inventado para presentarla”. En un comunicado, esta federación ha explicado que los cuidados paliativos “son un avance humanizador sin precedentes”, si bien entiende que “no tienen nada que ver, ni en su fondo ni en su forma”, con lo que el anteproyecto de ley aprobado este viernes “disfraza una ley de muerte provocada”.
“Es vieja la estrategia del eufemismo y la mentira, pero ya no se engaña a nadie que haya seguido de cerca la forma de actuar de quienes quieren que la cultura de la muerte entre por ley a controlar nuestras vidas”, ha señalado.
La federación ha incidido en que la “única muerte acorde a la dignidad” de la persona es la que “respeta su momento natural”, sin adelantarlo ni retrasarlo por medios “desproporcionados”. Por ello, recordamos a los lectores que debemos trabajar hasta que la vida humana y su dignidad sea protegida en las leyes y en la sociedad.

El Tribunal Supremo indio admite el asesinato de un enfermo y lo llama eutanasia pasiva

marzo 7, 2011

La india se precipita por la pendiente promuerte con una vertiginos velocidad. En el gigante asiático parece que el desprecio por la vida humana va ganado día a día posiciones.
El Tribunal Supremo de la India aceptó hoy la posibilidad de una eutanasia pasiva, sujeta a un permiso judicial previo, a una enfermera que lleva 37 años en estado vegetativo, después de rechazar la eutanasia activa.
Un panel de la corte estableció en su veredicto que los pacientes terminales pueden recibir “eutanasia pasiva en casos excepcionales, con aprobación de los tribunales”, en una sentencia que sienta jurisprudencia, porque en la India no hay regulación al respecto.
La demandante, la activista Pinki Virani, quería poner fin a la vida de su amiga Aruna Shanbaug, una enfermera en estado vegetativo desde 1973, tras ser violada y estrangulada con una cadena de perro por un limpiador del hospital en el que trabajaba.
Según la agencia india IANS, los tres jueces del panel rechazaron la eutanasia activa, consistente en la aplicación de medicaciones o remedios letales para acabar con la vida del enfermo.
Sin embargo, aceptaron que se pudiera retirar los sistemas mecánicos o la medicación necesarios para mantener con vida al paciente terminal si un Tribunal Superior decide sobre su conveniencia tras consultar con tres doctores eminentes, escuchar al Gobierno y tener en cuenta la versión de la familia de cada paciente. Semejante acto no supone, como dice el tribunal la “eutanasia pasiva”, que sería la no iniciación de tratamientos a un paciente en estado terminal, para no prolongarle artificalmente la vida. Se trata de una ejecución en toda regla, ya que se realizan acciones destinadas únicamente a matar a un enfermo que no puede defenderse ni expresar su opinión.

Además, los jueces indicaron que Virani carece de una cercanía suficiente con la paciente como para atribuirse el derecho a decidir sobre su eutanasia, algo que sí reconocieron a los doctores y enfermeras que la cuidan en el hospital KEM de Bombay.