El caso del barco abortista, a la espera de la ginecóloga

El caso del barco abortista continúa todavía en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. El juez está a la espera de recibir la declaración de una de las ginecólogas que participó en los cuatro abortos que se produjeron en un barco que zarpó desde Valencia en octubre de 2008, según informó recientemente el abogado del partido denunciante, Alternativa Española.
Los abortos, que no estaban permitidas por la legislación española, se practicaron supuestamente en aguas internacionales. Gunilla Kleiverda, que reside en Holanda, tendrá que responder a cuestiones sobre en cuántas intervenciones participó o practicó y las condiciones en las que se desarrollaron. También deberá acreditar que puede ejercer.
Las intervenciones se realizaron en una embarcación bajo bandera holandesa porque en ese país se permite la interrupción antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. Sin embargo, al ser el aborto cometido mediante fármacos, éste no se culminó hasta pasadas varias horas de la toma de los mismos, por lo que el desafío a la legislación española fracasó, ya que el delito es continuado, y se cometió en aguas internacionales, pero se concluyó en España.
La página del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece unos datos demoledores del número de abortos que se producen cada año en la Comunitat. Los últimos hacen referencia a 2008, pero la tendencia no ha dejado de crecer desde 2005. Si hace seis años, el número de abortos ascendía a 9.257, en 2008 la cifra se situó en 11.580. Sólo Madrid, Cataluña y Andalucía superaron esa cifra. Según el Instituto de Política Familiar, es la sexta región con mayor número de abortos entre adolescentes.

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Tras realizar un aborto eugenésico contra su hijo, una madre denuncia a los ginecólogos por que el bebé estaba sano

Los hechos comenzaron el pasado mayo, cuando a una madre gestante mujer le realizaron una ecografía donde el ginecólogo no encontró ninguna anomalía pero que, por la postura del bebé, no podía verlo bien, por lo que decidieron repetir la prueba.
Tras varias ecografías, los médicos diagnosticaron que el bebé padecía una enfermedad llamada «Artogriposis múltiple congénita» y que, posiblemente «el grado de desarrollo sería muy elevado debido a que él bebe nunca movió los pies ni las manos» y que podría sufrir problemas cardíacos e incluso otra discapacidad.
Una vez detectada la enfermedad, los médicos recomendaron hacer un amniocentesis y empezar el protocolo para interrumpir el embarazo, ya que «todo estaba muy claro y no dieron ningún porcentaje de error», según ha informado el Defensor del Paciente.
Durante el procedimiento, la mujer acudió a una clínica sevillana para que le realizaran una fotolisis en donde se detectó «malformación fetal grave sin posibilidad de tratamiento», según el informe que los médicos de esta clínica remitieron a la mujer.
Así pues, la madre decidió terminar con la vida de su propio hijo, realizándose un aborto. Posteriormente otro informe consideró que el bebé estaba completamente sano. La madre, que consideraba que un hijo enfermo no debía vivir, pero sí uno sano, puso una denuncia contra los ginecólogos.
La Fiscalía de Málaga ha apreciado un posible delito de aborto por negligencia médica y así ha remitido al juzgado decano la denuncia. Lo más llamativo de la denuncia es que, según consta en un documento remitido hoy a Efe por la asociación el Defensor del Paciente, se diga que la mujer «se vio obligada a abortar al diagnosticarse malformación fetal grave sin posibilidad de tratamiento». Sin entrar en si existe negligencia médica o no, lo que está claro es que quién decidió terminar con la vida de su hijo enfermo fue la propia madre, seguramente mal aconsejada por médicos desalmados. Pero el hecho de no hubiera terminado con la vida de su hijo de ser este sano, demuestra lo detestable del supuesto, avalado por todos los partidos políticos españoles con representación parlamentaria, del aborto contra persionas discapacitadas y enfermas.

El criminal Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel

El criminal Morín, detenido

La Audiencia de Barcelona juzgará al cri,inal abortista Carlos Morín y a 11 de sus colaboradores, entre ellos su esposa, por practicar más de cien abortos ilegales en sus clínicas de la capital catalana. La Fiscalía solicita para él una pena de 309 años de prisión, y entre 50 y 200 años para los acusados de colaborar con el abortista peruano, entre ellos psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que practicaron abortos a pacientes en avanzado estado de gestación, superadas las 14 semanas que marca la ley. La Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.
Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, Morín y su esposa crearon una «estructura estable y permanente» a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar abortos provocados «sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal» y con un «único afán desmedido de lucro». El auto de la juez añade que este criminal obtuvo «ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès».
El caso se destapó en 2006 a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, que acusaba al negociante del aborto peruano de practicar abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses a cambio de 4.000 euros. Según la Fiscalía, el negocio alcanzó una «gran difusión» no sólo en Barcelona, sino también en el resto de España y Europa, de donde acudían muchas pacientes que no habían podido matar a sus bebés en sus países de origen.
Los negocios de abortos de Morín y su esposa, María Luisa Durán, alteraban las ecografías de las pacientes y hacían constar una edad del feto menor a la real para ocultar los abortos ilegales. Según el escrito de la Fiscalía, entre los 101 abortos ilícitos que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras en la semana 29, 28 o 27.
Los negocios Ginemedex y TBC efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de la anterior ley del aborto: que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante. Las pacientes, sin embargo, no recibían la visita de un psiquiatra, y era el personal del propio centro el que rellenaba los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se practicaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves deficiencias, pero, según añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que lo acreditara.
En las entradas y registros practicados en las clínicas de Morín se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos, así como unos dispositivos para la evacuación de restos biológicos, entre ellos un desagüe de grandes proporciones, en el que se encontró ADN nuclear humano. De entre los expedientes, finalmente se investigaron 167 abortos, pero el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que dirigía la investigación, acordó el pasado febrero archivar medio centenar de casos que serían legales de acuerdo con la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor en julio de 2010.
Tras la fase de instrucción, la juez ha acordado la apertura del juicio oral. En el proceso ejercen como acusación particular la asociación católica E-Cristians, el partido social-cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

El criminal abortista Carlos Morín y su mujer, a la salida del juzgado, con militantes del partido Social Cristiano AES.

En un comunicado hecho público la semana pasada Alternativa Española dice no poder más que «felicitarse por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona de abrir juicio oral contra el doctor Morín y varios de sus colaboradores, hasta sumar una docena de imputados, por los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita». Desde el partido social cristiano recuerdan que AES ha estado presente en el denominado “caso Morín” presentando denuncias contra el mismo en cuanto se conocieron los hechos y se ha personado en la causa como acusación y como tal figurará en el juicio.
AES quiere resaltar «que la elevada petición de pena presentada por la fiscalía, 309 años de prisión para el doctor Morín y entre 50 y 200 para sus colaboradores, viene a demostrar que teníamos razón al impulsar las acciones legales contra este individuo y su lucrativo negocio».
Sin embargo, desde la organización política católica se lamentan «de que sólo se le procese por algo más de un centenar de casos de abortos ilegales y que algunos de los casos se hayan desechado por que, pese a que no lo eran cuando se cometieron, se considera que con la nueva ley ya no cabe la ilegalidad».

Piden 345 años de prisión para el criminal abortista Morín

La acusación particular de e-cristians en el caso contra el doctor Carlos Morín, acusado de realizar abortos ilegales en sus clínicas, ha pedido 345 años de cárcel por los 115 abortos que le imputa la juez. E-Cristians ha informado mediante una nota de prensa del contenido de las calificaciones de la acusación particular que ejerce en el caso del doctor Morín y los otros doce imputados por realizar presuntamente abortos ilegales. Esta entidad católica ejerce la acusación particular, junto con el partido social cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro Jurídico Tomás Moro.
El juicio dirimirá la culpabilidad del doctor Carlos Morin, su esposa María Luisa Duran Salmerón y otros 11 colaboradores, entre psiquiatras, anestesistas y profesionales que practicaron o permitieron los abortos.
Las penas que pide E-Cristians para Morin como principal imputado por esos abortos ilegales son de 345 años de prisión y 690 años de inhabilitación para ejercer la medicina como autor, coautor o cooperador necesario.
También le reclaman, por cooperación necesaria en dos delitos de intrusismo, 24 meses de multa; por delito continuado de falsedad documental, cuatro años y seis meses de prisión y multa de dieciocho meses.
Además, por su calidad de fundador y director de una asociación ilícita, se enfrenta a cuatro años de prisión y una multa de veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por doce años.
El pasado mes de febrero la titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona dio por finalizada la investigación de abortos en las tres clínicas barcelonesas del doctor Morín y le imputó a él, a su esposa y a 11 colaboradores un total de 115 abortos ilegales.
En esta causa judicial, destapada a raíz de un reportaje de la televisión danesa, se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Morín, de las que finalmente acabaron investigándose 167.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que ampara la eliminación de bebés hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 en el caso de riesgos para la gestante o el feto, la juez acordó el sobreseimiento libre de una cincuentena de casos que ahora son legales, aplicando el principio de retroactividad de las leyes.

Así defienden las leyes antiaborto la vida de los bebés: Cinco detenidos por inducir aborto a una menor de 15 años y enterrar el feto

Chile cuenta con una legislación que defiende la vida humana desde la concepción. Hasta se considera inconstitucional el aborto químico mediante la llamada píldora del día después. Las leyes en defensa de la vida demuestras allí ser eficacez, y castigar a quienes terminan con una vida humana. Reproducimos la siguiente noticia del Canal de Noticias, del país andino.

Las leyes contra el aborto defienden la vida y castigan a quienes destruyen la vida humana.

Un espeluznante caso policial ocurrió en la ciudad de Angol, donde una joven de 15 años estudiante del Liceo Comercial de esta ciudad, se practicó un aborto inducido por sus padres, quienes junto a una tercera persona recurrieron a Internet para buscar la forma y el tipo de fármaco para terminar con la vida del feto.
La denuncia a la policía uniformada se hizo a través de un llamado telefónico anónimo al 133, entregando información que una joven había abortado en su casa. Con estos antecedentes, la Sección de Investigación Policial, SIP, inició la investigación, corroborando los antecedentes proporcionados en forma anónima y determinando que estaban involucrados en este hecho, su madre, el conviviente de ésta, el pololo y una amiga de la familia que cuenta con estudios obstétricos.
La joven fue individualizada como: A.M.R.D., quien al ser interrogada por la policía dijo que su madre identificada como Sandra Díaz (32), junto a su conviviente identificado como Alejandro Martínez (37), indujeron a la muchacha a abortar, al perecer en complicidad con el pololo de ésta, José Yechi (21) y con la ayuda de Carla Espinoza (22), siendo esta última quien hizo los contactos a través de Internet logrando contactar a una mujer de la cual se desconocen mayores antecedentes quien vendió mediante depósito a una Cuenta Rut de un tercero en la suma de 75 mil pesos una dosis del medicamento: “Misotrol”, el que fue despachado hasta Angol a través de Chilexpress.
Cabe precisar que tanto el contacto de Internet identificada como “Antonia” y la persona donde se hizo el depósito, no han sido detenidas, aunque se está tras la pista de ellas.
Las declaraciones de los detenidos dejaron al descubierto un desenlace macabro, ya que luego de suministrase el medicamento, comenzó a sentir fuertes contracciones ya a la madrugada mientras que en una dependencia destinada a cocina, tenían todo preparado para el proceso de aborto.
En fuentes policiales, se informó que de acuerdo a las confesiones, la joven expulsó el feto aún con signos vitales, por lo que la madre al continuar con el procedimiento y romper la placenta, quitó la vida al bebé.
Acto seguido depositaron todo en una bolsa negra para al día siguiente trasladarse a un camino secundario hacia el sector Maitenrehue y a la altura de Casablanca, a orilla de camino, procedieron a enterrar el feto.
Cabe precisar que al cierre de esta nota (13.10 horas) aún se está desarrollando en el Juzgado de Garantía la audiencia de control de la detención de los cinco imputados. 

«El Ayuntamiento de Barcelona me pagó el aborto con Morín»

Reproducimos por su interés el siguiente artículo del periódico La Razón:

El cheque escolar es una reivindicación de una importante parte de la sociedad, al entender que ello contribuiría de manera más eficaz a garantizar la libertad de elección de centros escolares por los padres. Sin embargo, esa petición no ha tenido la más mínima acogida por parte de los distintos gobiernos. En cambio, otro tipo de ayudas sí parece que gozan del favor de algunas administraciones públicas, aunque sus destinos no sean otros que subvencionar abortos en algunas de las clínicas privadas del tan controvertido doctor Carlos Morín.
Claro ejemplo de ello lo reflejan, al menos, dos de las mujeres que declararon ante la Guardia Civil después de destaparse el escándalo de las presuntas irregularidades cometidas en esos centros médicos de Barcelona; testimonios que han permanecido secretos durante todos estos años para garantizar la identidad y seguridad de las afectadas y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.
«Extendido por el Consistorio»
Una de estas mujeres –de la que este periódico no facilitará ningún dato– no tuvo reparos en confesar que recibió un cheque del Ayuntamiento de Barcelona, extendido ya a nombre de TCB, una de las clínicas de Morín, para que abortara allí, cuando ya se encontraba embarazada de 21 semanas y 5 días.
Previamente había confirmado que esperaba un hijo y ella estaba dispuesta a interrumpir el embarazo, por lo que acudió al médico y a la asistenta social del centro de asistencia que correspondía a su distrito. Allí mismo le facilitaron información sobre donde podía abortar.
Sobre el modo de pago por esa «operación» fue clara y rotunda: «Los servicios del Ayuntamiento de Barcelona, debido a las condiciones personales, estando la hija que posee tutelada por la Dirección General de la Infancia de la Generalitat, le facilitaron un cheque» por una cantidad que no recordaba, pero sí hizo constar que «estaba a nombre de la clínica privada TCB» , propiedad de Morín, y que del pago con dicho cheque no obtuvo ninguna justificación. Además de la cantidad que figuraba en ese talón «extendido por el Ayuntamiento» tuvo que pagar otros 200 euros en efectivo. El pago con el talón lo realizó a las dos semanas de abortar.
El departamento del Ayuntamiento donde le facilitaron el talón fue la sede del distrito de Ciudad Vella y los trámites para conseguir «la financiación de la interrupción del embarazo se los hizo una funcionaria» del Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Además, tenía muy claro que cuando le dieron el «cheque del Ayuntamiento, sabía que era para realizar el aborto».
En ningún momento, aseguró al respecto, nadie del Ayuntamiento, de la Generalitat ni del Centro de Atención Primaria «le dijeron que el aborto era ilegal, ni tampoco en la clínica donde lo hizo».
En Tarrasa, un bono descuento
Pero Barcelona no es un caso único a la hora de prestar esa «ayuda social». En Tarrasa también ocurrió algo parecido con otra joven que fue a «Planificación Familiar» cuando verificó que estaba embarazada. Allí «la tranquilizaron» y la informaron de las «posibilidades de llevar a cabo» el aborto, dándole los nombres de dos clínicas.
Para ello, y como quiera que se encontraba «dentro de la edad que Planificación Familiar tiene previsto, le facilitaron un bono que le suponía una rebaja en el precio en la intervención que sufriese».
Ese mismo departamento le facilitó el teléfono al que debía llamar y allí le dijeron que podía acudir también a la clínica TCB de Morín. En ese bono ya ponía el precio que también debería abonar: 255 euros, que pagó en efectivo el día de la interrupción del embarazo.

«Turismo abortivo» en las clínicas de Morín

El criminal Morín en el momento de su detención

Francesas, holandesas o alemanas que en sus países no podían abortar no tuvieron problemas para hacerlo en una de las clínicas del polémico doctor Morín. El cauce de que en esos centros podían interrumpir sus embarazos les llegó por distintas vías, algunas incluso por los propios hospitales donde intentaron por vez primera acabar con la gestación.
También desde centros hospitalarios españoles se facilitaron tarjetas con los teléfonos de las clínicas de Morín, donde los obstáculos eran menos que mínimos, hasta el punto de que una situación de parto prematuro de un «niño esperado» de 28 semanas acabó en aborto.
Los testimonios de que en las clínicas TCB o Ginemedex se propiciaban una especie de «turismo europeo para abortar» proceden de las propias mujeres que interrumpieron allí sus embarazos, testimonios y diligencias a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Así se ha dado la paradoja de que en el caso de la holandesa, que también tenía nacionalidad marroquí, la Fiscalía de su país abrió un procedimiento penal al considerarla sospechosa de «haber matado a un bebé que todavía no había nacido, visto que llevaba más de 22 semanas de embarazo», en concreto 27. Sin embargo, en la documentación incautada en la clínica figuraba que se encontraba de 22 semanas.
En relación con este caso, la investigación se inició después de que, en noviembre de 2007, un hermano del novio de la joven comunicase a la Policía que éste había «desaparecido» una semana y que, cuando regresó, comprobó cómo el embarazo «había desaparecido». Los agentes holandeses se pusieron en contacto con el joven, que argumentó que su novia dio a luz a un niño sin vida en un hospital. Esta versión no fue creída por la Policía, que se trasladó al centro en cuestión, descubriendo que había mentido. Esto fue determinante para iniciar la investigación. Dos policías visitaron a la obstetra que la atendía, que confirmó que en la última revisión se encontraba de 25 semanas y que todo era un «embarazo normal».
Las investigaciones determinaron que la chica viajó en noviembre hasta Barcelona para abortar, lo que, presuntamente, llevó a cabo en Ginemedex. También determinaron que había llamado desde Holanda a un número de Barcelona. La respuesta de las autoridades españolas confirmó que se practicó ese aborto en la clínica de Morín. Guardias Civiles que llevaban a cabo las investigaciones aportaron a la Justicia holandesa fotografías de una mujer que podía ser, por su aspecto, la aludida por la Fiscalía. En esas imágenes se observa a una pareja extranjera saliendo de Ginemedex y regresando a la misma pocas horas después. Finalmente, volvieron a salir y cogieron un coche con matrícula holandesa. «De las gestiones practicadas y de los datos obrantes en los documentos clínicos que obran en esta unidad, se sabe que (…) tuvo una interrupción de embarazo en la clínica Ginemedex de Barcelona».
De Francia también llegaban «clientes» que no pudieron interrumpir legalmente sus embarazos. Una de las chicas declaró ante la Policía Judicial gala, en respuesta a una comisión rogatoria cursada por la magistrada Elisabet Castelló, que cuando abortó estaba de «22 o 23 semanas».
Narró que en un primer momento se trasladó a una clínica de Gerona que conoció a través de internet y que fue allí donde le dieron la dirección de Ginemedex, donde le confirmaron que estaba de 24 semanas. Allí, sus padres pagaron 2.500 euros, sin recibir factura, y ella firmó «un buen número de documentos», pero que en ningún caso rellenó cuestionario alguno. Sobre si se entrevistó con algún psiquiatra, como exige la ley, la joven fue sincera: «No fui a ver a ningún psiquiatra porque yo no tenía problemas de ese tipo».
Otra joven francesa también puso fin a su embarazo en otra clínica de Morín. El motivo era que superaba el «tope de gestación» de 22 semanas. Primero, intentó abortar en un hospital de Dijon, acompañada de sus padres. Allí les dieron «folletos de clínicas que practicaban la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas en Holanda y en España». En un principio, no recordaba el nombre de la clínica, pero luego identificó que se trataba de TCB. El mismo día que llegó le practicaron la interrupción, sin que firmase ningún documento. También afirmó que no fue atendida en ningún momento por algún psiquiatra. Otra joven alemana se trasladó a Barcelona para poner fin a su gestación en una clínica de Morín, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La juez imputa a Morín y a su equipo por 115 abortos ilegales

El criminal Morín a la salida de los juzgados, ante activistas provida de Alternativa Española

La titular del Juzgado de Instrucción número 33, Elisabet Castelló, ha imputado al médico peruano Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas –TBC y Ginemedex– en 2007, tras finalizar la investigación del caso.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez ve indicios de que los acusados pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita.
Morin, directa y personalmente o por medio de los médicos que empleaba en sus clínicas, «practicó intervenciones para la interrupción del embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos», ya que, según el auto de la juez, no se cumplían los requisitos exigidos en la antigua ley –peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas del feto–.
En ninguno de los 115 casos que recoge el auto se cumplen tampoco las condiciones de la nueva ley, que entró en vigor en julio de 2010, ya que sigue manteniendo la penalidad de los abortos practicados después de las 14 semanas, salvo que se den las circunstancias anteriores.
Por ello, se ha excluido de la imputación los abortos que se practicaron en embarazadas de hasta 14 semanas.
Durante el 2007, en que se produjeron los abortos ilegales, Morin explotaba las dos clínicas junto a su mujer, también imputada, y tenían como colaboradores al resto de acusados, que ejercían funciones de ginecólogos, anestesistas y psiquiatras.
Además, la juez apunta a que Morín disponía de la colaboración de otra de las imputadas, Virudes S.V., que trabajaba como administrativa en una clínica de una antigua socia del médico –autorizada para la práctica de abortos a embarazadas de primer trimestre–, que le derivaba a todas las pacientes que excedían del límite, cobrando una comisión.
De esta forma, los psiquiatras imputados emitían dictámenes falsos sin visitar a las pacientes en los que certificaban que se encontraban en «una situación de grave peligro para su salud psíquica», para evitar que el aborto fuera punible en relación al antiguo artículo del Código Penal, ahora derogado.
La juez considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las órdenes de Morín, que controlaba la actividad económica de los centros y podía mantener un elevado nivel de vida.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las acusaciones –el Ministerio Fiscal, y las acusaciones particulares Asociación E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro Jurídico Tomás Moro– a que formulen escrito de acusación para abrir el jucio oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia.
La trama de abortos ilegales salió a la luz en octubre de 2006 tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión danesa DR, que alarmaba sobre presuntas interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas. El caso generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años; utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 euros al mes, y que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con otro nombre.Tras el registro de las clínicas del médico a finales de 2007, la Guardia Civil detuvo a Morín, su esposa y otros cuatro colaboradores, y más adelante la juez ordenó la detención de otros siete médicos, todos los cuales quedaron en libertad provisional.

El imperio abortista se desmorona en el país donde nació.

El instituto de anáilisis y estudios Efrat nos ha remitido la noticia que publicamos a continuación sobre el desmoronamiento del imperio abortista en los EEUU a causa de sus continuos crímenes y escándalos:

Desde Estados Unidos nos han llegado noticias confirmando la divulgación de nuevos escándalos y procesos criminales relacionados con las actividades de la industria del aborto en ese país, que vamos a detallar a continuación:

1. Filadelfia (Pensilvania): El fiscal del distrito Seth Williams ha presentado numerosos cargos penales contra la clínica propiedad del abortista Kermit Gosnell, ubicada en esa ciudad. Entre otros delitos, al Dr. Gosnell, a su esposa y a otros colaboradores se les imputa el asesinato de una mujer de 41 años por sobredosis de anestesia, el asesinato de siete bebés que nacieron vivos, y haber provocado lesiones graves a varias mujeres (en unos casos perforación del cuello uterino , y en otros casos perforación del útero). La clínica estaba especializada en abortos de tercer trimestre, y tras la investigación policial se han publicado imágenes de la misma propias de una película de terror: Bebés congelados, colecciones de pies de bebés conservados en frascos, e incluso manchas de sangre salpicada en las paredes y las mesas de exámenes. Ex trabajadores de la clínica también han acusado al Dr. Gosnell de practicar abortos a menores de edad en contra de su voluntad cuando sus respectivas madres se lo pidieron, y de realizar abortos sin formularios de consentimiento. En suma, el fiscal acusa a la clínica Gosnell de asesinato, infanticidio, conspiración, aborto a las 24 semanas o más, uso indebido de cadáveres, robo, corrupción de menores, y otros delitos conexos: Por ejemplo, el equipo de investigadores ha tomado declaración a una trabajadora de la clínica, Tina Baldwin, quien afirma haber visto al abortista bromeando en una ocasión a propósito de un bebé que se retorcía mientras éste le cortaba el cuello: “Esto es lo que yo llamo una gallina con la cabeza cortada”. Frente a quien pudiera pensar que tan sólo se trata de un testimonio aislado, el informe de la acusación detalla asimismo cómo los bebés grandes, nacidos vivos –a los siete y ocho meses de gestación– respiraban y se movían antes que Gosnell cortara sus cuellos o rompiera sus médulas espinales. En algunos casos, el abortista incluso jugó con ellos antes de matarlos.

2. Arlington (Virginia): La organización pro-vida norteamericana Students For Life ha dado a conocer un estudio impactante (www.noabortioninhealthcare.com) que evidencia cómo las universidades han estado llevando a cabo en secreto la financiación de la industria del aborto desde hace años, mediante la inclusión de la cobertura del aborto en los planes de salud para estudiantes, planes subvencionados en no pocos casos con dinero procedente de subsidios federales.

3. Washington DC: La Camara de Representantes de Estados Unidos ha admitido a trámite un paquete de tres diferentes proyectos de ley para cortar toda financiación federal tanto a la organización abortista Planned Parenthood en su totalidad como a cualquier centro de abortos estadounidense aunque no pertenezca a Planned Parenthood.

4. San José (California): La organización pro-vida norteamericana Live Action ha publicado 7 vídeos impactantes (http://www.liveaction.org/traffick) grabados en diferentes oficinas de Planned Parenthood y protagonizados por actores que se hicieron pasar por traficantes sexuales de niñas. En algunas de las imágenes, los trabajadores de Planned Parenthood ofrecen sugerencias para burlar el código penal, proporcionar abortos o contraceptivos a las niñas prostitutas, e incluso para hacer que las niñas se reincorporen a la prostitución inmediatamente después de abortar. Como era de esperar, Planned Parenthood ha declarado que los videos no son mas que un montaje, aunque, curiosamente, se ha comprometido a reciclar a su personal en todo el país para saber cómo tratar con los traficantes de personas que acudan a las instalaciones de Planned Parenthood pidiendo abortos para sus chicas.

Nuevo caso de clínica de los horrores, ahora en EEUU.

El asesino Kermit Gosnell

Como ha ocurrido en España con los negocos abortistas que se han investigado (El Bosque, Isadora, EMECE, GINETEC, TCB, etc), cada vez que sale a la luz la realidad de las prácticas de los negocios abortistas, se descubre que se trata de auténticas salas de los horrores.
Así en Filadelfia, EEUU, Un informe masivo y repleto de fotografías, sometido a un gran jurado el pasado 14 de enero, detalla las escalofriantes prácticas de Kermit Gosnell, médico abortista Gosnell, que ganaba al menos 1,8 millón de dólares al año, gracias a los abortos que practicaba en Women’s Medical Society, en la ciudad de Filadelfia en el Estado de Pennsylvania en los Estados Unidos de América. Los empleados de su clínica han dado testimonio de que ellos han asistido en el parto a “cientos” de niños recién nacidos vivos que respiraban, antes de que sus médulas espinales o sus cuellos fueran cortados para completar el aborto.
Kermit Gosnell fue arrestado el miércoles por ocho cargos de asesinato. Uno de los cargos fue un aborto mal realizado que causó la muerte de Karnamaya Mongar, una refugiada de Nepal de 41 años de edad. Los otros siete cargos son por el asesinato fuera del útero de los niños. Después de que sus restos fueron descubiertos y analizados por la policía, se pudo determinar que habían nacido vivos y posteriormente matados.
El fiscal de distrito, el señor R. Seth Williams, diseminó el informe de 281 páginas, que sirvió de base para los cargos de asesinato en contra de Gosnell y nueve de sus asociados. Como parte del informe, se incluyeron las fotografías de algunas de las víctimas del señor Gosnell.
En el informe, el gran jurado comentó que varias agencias y grupos supieron de lo que ahora se conoce como “la tienda de horrores” de Gosnell, pero no hicieron nada al respecto. También proveyeron descripciones extremadamente detalladas de abortos mal realizados, abortos tardíos, e infanticidios, raramente vistos en documentos oficiales de un tribunal en el pasado.
“La ley del Estado de Pennsylvania requiere que los médicos provean el cuidado acostumbrado para los bebés vivientes fuera del vientre materno. En su lugar, Gosnell optó por cortarles sus cuellos y almacenar sus cuerpos en varios envases del hogar, como si fuesen basura,” se señala en el informe.
En el informe, se encuentran los testimonios detallados de personal de la clínica quienes dijeron que “la matanza de bebés grandes y en su etapa avanzada, quienes habían sido observados respirando y moviéndose era un evento común”, en la clínica sucia. Un trabajador de la clínica afirmó que tales situaciones ocurrían “cientos” de veces. Otra empleada, Tina Baldwin, le dijo a los miembros del jurado que el señor Gosnell una vez bromeó sobre un bebé que se estaba moviendo mientras le cortaba su cuello: “A esto se le llama un pollo con su cabeza cortada.”
Según lKareema Cross, también trabajadora de la clínica, Gosnell a menudo inyectaba digoxin a los bebés después de nacer, porque no era suficientemente diestro para matarlos dentro del útero. La inyección con digoxin es un método usado a menudo para los abortos tardíos.
En el informe se señaló que un empleado sin licencia, que trabajaba en la clínica, intentó justificar la práctica de Gosnell de cortarle las médulas espinales a los recién nacidos como si fuese un “aborto por nacimiento parcial.” El gran jurado concluyó que los dos procedimientos son distintos. El aborto por nacimiento parcial ocurre cuando se succiona el cerebro de la cabeza del bebé en el momento en que la cabeza del bebé todavía se encuentra dentro de la madre, lo que facilita la extracción de la cabeza. Sin embargo, las víctimas de Gosnell eran matadas “cuando era claro que no había una necesidad o una justificación médica para colapsar el cráneo.”
El día después de la muerte de Karnamaya Mongar, Gosnell había solicitado ser miembro de la Federación Nacional para el Aborto (National Abortion Federation/NAF), pero no cumplía con los requisitos. Aún cuando un empleado de la NAF pasó varios días en la clínica de abortos de Gosnell, enumerando varias violaciones, la NAF no lo denunció ante las autoridades, se señala en el documento.
“A pesar de los esfuerzos de engañarla, el evaluador de la NAF tomó nota de que los expedientes no se mantenían en orden, que los riesgos no eran explicados, que los pacientes no eran monitoreados, que el equipo monitor no estaba disponible, que la anestesia era mal administrada,” se lee en el informe. “Claro, rechazó la solicitud de Gosnell. Pero nunca le dijo a otros con autoridad sobre todas las cosas horribles y peligrosas que había visto.”
A la vez que se afirmo que “la inercia burocrática no es exactamente una novedad”, los miembros del jurado dijeron que, “Nosotros entendemos que la razón por la que nadie actuó de antemano es porque la mujeres en cuestión eran pobres y de color, porque las víctimas eran infantes sin identidad, y porque el tema era el balompié político del aborto.”
El grupo también reprendió de modo fuerte a las organizaciones reguladoras que miran a otro lado, dando así su aprobación a las prácticas criminales del señor Gosnell.
El grupo vkermit_gosnell_2.jpgigilante pro-vida, Operación Rescate (Operation Rescue), ha lanzado un llamado para una reformas masivas del modo que los abortistas y las clínicas de aborto sean tratadas por las agencias reguladoras a nivel nacional. Según ellos dicen, la tienda de horrores de Kermit Gosnell ciertamente no es la única clínica de aborto de su clase operando en los Estados Unidos de América.
“Operación Rescate hace un llamado para que se realicen inspecciones de emergencia de inmediato en cada clínica de aborto en la nación. Nosotros hemos dicho a menudo que si esto se hiciera, ninguna clínica de aborto permanecería abierta, porque todavía no hemos visto una sola de éstas que se adhiera a todas las leyes con las que tienen que cumplir”, asegura Troy Newman, Presidente de Operación Rescate.
“A la vez que se acerca el aniversario número 38 de Roe v. Wade (la decisión judicial estadounidense que despenalizó el aborto), es hora de que los americanos consideren lo que son los horrores del aborto y le exijan al gobierno que ponga fin a esta práctica barbárica para siempre.”