Posts Tagged ‘feminismo’

Una madre abortista acusó en falso a su marido de malos tratos para obtener ventajas en el divorcio.

abril 4, 2011

El caso es paradigmático de la ideología feminista que sufrimos. Una mujer acusa en falso a su marido, sin que éste tenga la presunción de inocencia, ni se comprueben lo hechos, y el hombre permanece imputado dos años y debe dejar su domicilio. A demás, la mujer, inmigrante marroquí, debe ser considerada una heroína por el movimiento feminista, pues, a demás de ejercer todas las injusticias legales posibles contra su marido, ejercitó dos veces su “derecho al aborto”.
Dos informes médicos emitidos en última instancia, la perseverancia en declararse inocente y la eficacia de su abogado le han salvado de ir a la cárcel de manera irremisible. Y, además, después de dos años, por fin se ha desprendido del estigma de hombre maltratador. Sobre su persona recaían graves imputaciones. Fue acusado de un delito de violencia de género y de haber provocado dos abortos a su esposa de sendas palizas. Le pedían casi tres años de cárcel. En las horas previas al juicio todo quedó esclarecido. Un certificado emitido por una clínica demostró que la mujer faltó a la verdad, que las interrupciones de los embarazos habían sido voluntarias y no como consecuencia de agresiones. En la vista, el juez llegó a pedir disculpas al acusado en nombre de la administración de Justicia. Ahora, la mujer se enfrenta a un proceso como imputada por un presunto delito de denuncia falsa.
La pesadilla para este hombre comenzó en 2009. El 15 de marzo de ese año, el acusado regresó sobre las dos de la tarde a su domicilio en cuyo interior, según se hizo constar en la denuncia, propinó una paliza a su mujer después de que ésta le manifestase que no había nada para comer.
La unidad familiar estaba compuesta por un varón natural de una localidad del Goierri y una mujer nacida en Marruecos que vino a Gipuzkoa con una hija fruto de una relación anterior.
La esposa denunció que el día de los hechos su esposo llegó embriagado y que tras conocer que no había preparado la comida, le agarró del cabello, le tiró al suelo, le propinó varias patadas en las piernas y brazos así como un puñetazo en la cara. Añadió que aquella situación se mantuvo hasta que se personó la Ertzaintza. En el momento en el que los agentes llegaron a la vivienda se encontraron con una mujer tendida en el suelo y al inculpado encima suyo.
La esposa denunció que venía soportando malos tratos de manera habitual desde hacía dos años. Relató que las discusiones eran reiteradas y que en el transcurso de las mismas era objeto de insultos, agarrones del pelo y puñetazos.
Pero la denuncia no quedó ahí. La presunta víctima reveló que quince días antes, hallándose embarazada de dos meses, el marido le golpeó en el estómago al tiempo que le decía que «el hijo que lleva dentro no era suyo». La mujer explicó que debido a esta agresión sufrió hemorragias que finalmente provocaron la pérdida del bebé.
Afirmó también que un año antes, estando también embarazada de dos o tres meses perdió otro hijo como consecuencia de otra paliza y que le tuvieron que practicar un aborto en Marruecos.
Las graves acusaciones estuvieron a punto de llevar al acusado a la cárcel. No llegó a pisar el centro penitenciario, pero fue por poco. No obstante, el proceso judicial en su contra siguió su curso. De poco sirvió que manifestase que su mujer mentía, que no le provocó ningún aborto, que jamás le había maltratado, que las lesiones que presentaba cuando acudió a la Ertzaintza no se las habían infligido él, que aquel mediodía cuando llegó a casa ya las tenía, que incluso de una de las lesiones tenía incluso costra, que la trifulca en el piso fue un montaje y que todo obedecía a una estrategia diseñada por su pareja, después de que él le mostrase su decidida intención de separarse dada la crisis matrimonial en la que vivían desde hacía algún tiempo.
Tras casi dos años de instrucción, el juzgado de lo Penal 2 de Donostia fijó fecha para el juicio. El ministerio público solicitaba un año de cárcel, medida de alejamiento y una indemnización de 300 euros. Por su parte, la acusación particular que ejercía la mujer reclamaba dos años de prisión, además de otros diez meses por dos delitos de aborto por imprudencia. También le imputaba por injurias y le exigía 10.000 euros por los abortos provocados.
Las acusaciones se mantenían incluso a pesar de que la Unidad de Valoración Forense Integral había emitido un informe en el que concluía que la mujer había «fantaseado o inventado las alegaciones, probablemente debido a problemas psicológicos (debido a su personalidad) y para obtener ganancias (en el proceso de separación)».
De casi nada sirvió tampoco que no existiese ningún informe médico respecto a que los abortos fueran consecuencia de las agresiones que denunció ni que sus médicos habituales jamás hubiesen observado lesiones en las diferentes exploraciones que con anterioridad le habían practicado.
Pero todo cambió en las horas previas al juicio. Dos informes médicos solicitados como prueba para el juicio por el abogado del acusado, el letrado Xabier Gurrutxaga, echaron por tierra la tesis acusatoria. Los dictámenes emitidos por dos clínicas desvelaron que los dos abortos que se le practicaron a la mujer fueron voluntarios y ninguno traumático.
Ante tal falsedad, la Fiscalía y la acusación particular retiraron las respectivas acusaciones. Lo hicieron el mismo día del juicio, cuando la esposa reconoció expresamente, a preguntas del fiscal, ante el juez de Penal 2 de Donostia que todo era falso. El marido quedó absuelto en aquel mismo instante. La denunciante se enfrentará ahora a un proceso judicial por un presunto delito de «acusación y denuncia falsa».
Según fuentes consultadas, los motivos que llevaron a la esposa a denunciar a su marido no fueron otros que los de obtener algún beneficio ante el proceso de separación matrimonial que se intuía. Durante el tiempo que duró la instrucción judicial hasta el reconocimiento de la denuncia falsa, el marido tuvo que salir del domicilio conyugal. Asimismo, en el mismo periodo, la esposa percibió las prestaciones económicas previstas por las instituciones para mujeres víctimas de maltrato.

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El Estatuto de Cataluña confirma que es constitucional matar en España

junio 30, 2010

Después de largos años de deliberaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha visto la luz. Con independencia de algunos artículos anulados por el Tribunal presidido por doña María Emilia Casas, y de los recortes al texto, el nuevo Estatuto augura unas previsiones nada esperanzadoras para la defensa de la vida, de la familia, y para la libertad de educación. Y por tanto, claro, para el futuro de Cataluña, y de toda España. Poco se puede esperar de los recursos contra la ley del aborto a ese mismo tribunal, que ha considerado perfectamente constitucionales los artículos que atentan contra la vida en el texto referido.
La legislación catalana que se avecina promueve, literalmente, la escuela laica, las políticas de género, el combate contra la homofobia -que se puede interpretar como cualquier crítica a las prácticas homosexuales-, el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva (aborto) y la promoción de las «distintas modalidades de familia», entre otras cosas; por no hablar de la imposición del catalán, la creación de una ley educativa propia que asfixia a la escuela concertada y de que establece un sistema de financiación que se ha ganado el calificativo de insolidario para con las demás Comunidades Autónomas. Éstos son, en síntesis, los artículos que más van a afectar a la visión católica de las realidades más esenciales de la vida.

Eutanasia
El Estatut abre la puerta a la práctica de la eutanasia, en su artículo 20, que lleva el epígrafe: «Sobre el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte», en referencia a la expresión muerte digna, que utilizan los partidarios de esta práctica letal. Así, establece que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte», y habla, en el artículo 20.2, del «derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y tratamientos médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas en los términos que establecen las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en condiciones de expresar personalmente su voluntad».

Aborto
Del mismo modo que el Estatuto habla de muerte digna para referirse a la eutanasia, también promociona el aborto desde el eufemismo de salud sexual y reproductiva, empleada, sin ir más lejos, en la polémica Ley del aborto desarrollada por el Ministerio de Igualdad, o en la resolución de la Unión Europea que pretende imponer el aborto a todos los estados miembros y que apoyaron la mayoría de parlamentarios del Partido Popular. Además, deja a la mujer (y, de facto, a quienes la presionan desde su entorno) la plena potestad de decidir sobre la vida del bebé, amparándose incluso en algo tan subjetivo y ambiguo como su «bienestar físico y mental». Así, en el artículo 41.5, el texto asegura que los poderes públicos «deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». Por tanto, las nauseas del embarazo, o los edemas en piernas serían causa suficiente para matar al hijo.

Distintas modalidades de familia
En la misma línea del Gobierno de Rodríguez Zapatero (cuyos socios de Gobierno son los mismos que componen el tripartito), los redactores del Estatuto catalán hablan, en su artículo 40.5, de los «distintos tipos de familia», consagrando la equiparación del matrimonio con las uniones entre personas del mismo sexo. Más aún, pues dejan la puerta abierta a «nuevas modalidades de familia» que puedan imponerse por ley: «Los poderes públicos -dice el texto- deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las distintas modalidades de familia previstas en las leyes, como estructura básica y factor de cohesión social y como primer núcleo de convivencia de las personas». Y por si quedaba alguna duda, en el 40.7, remarca que «los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja, teniendo en cuenta sus características, con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos».

Delito de homofobia
El presunto delito de homofobia, que se espera incluya el Gobierno en la Ley de igualdad de trato, ya tiene su avanzadilla en el Estatut. En su artículo 40.8, los redactores del texto igualan la homofobia con el antisemitismo y el racismo, y remarcan que se promoverá la erradicación de toda actitud homófoba, esto es, que condene, de un modo u otro, la práctica de la homosexualidad. «Los poderes públicos deben promover la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición social u orientación sexual, así como promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas». Para tal fin, y aunque el Estatut aún puede ser declarado inconstitucional, la Generalitat ya creó, en 2007, la figura de un Fiscal contra la homofobia.

Ideología de género y feminismo
La promoción de las «distintas modalidades de familia» y de la homosexualidad forma parte del discurso tradicional de la ideología de género. Y el Estatut no lo esconde. En su artículo 41, habla de la perspectiva de género que debe inspirar todas las medidas políticas, al garantizar «la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género y de las mujeres en todas las políticas públicas para conseguir la igualdad real y efectiva y la paridad entre mujeres y hombres». Más aún, pues, en el artículo 153, los redactores del texto legislativo se comprometen a desarrollar «la planificación, diseño, ejecución, evaluación y control de normas, planes y directrices generales en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para conseguir erradicar la discriminación por razón de sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para todo el territorio de Cataluña». O, lo que es lo mismo, que la Generalitat promoverá acciones y proyectos encaminados a la implantación de la ideología de género, al tiempo que controlará que toda medida que se adopte en favor de la mujer responda a sus premisas.

Feminismo
Políticas de género, igualdad, paridad…, y feminismo: lejos de limitarse a establecer medidas que pongan al mismo nivel a hombres y mujeres, el artículo 41.3 habla únicamente de la mujer y olvida hacer referencia alguna al hombre. Así, en virtud de la nueva legislación autonómica, las autoridades catalanas deberán «fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y económico, y deben promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboración y evaluación de dichas políticas».

La Iglesia salvadoreña reacciona contra la imposición del protocolo feminista “contra la discriminación de las mujeres”

mayo 10, 2010

José Luis Escobar Alas, arzobispo el San Salvador

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, indicó ayer en rueda de prensa que el 6 de mayo enviaron cartas al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, a su esposa, Vanda Pignato y a cada uno de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa respecto a este instrumento de la ONU.
“Por supuesto que estamos muy de acuerdo e interesados en que desaparezca del mundo entero cualquier forma de discriminación contra la mujer; sin embargo, la ratificación del protocolo podría traer como consecuencia gravísima atentados contra la misma existencia y dignidad de la mujer”, consideró el prelado.
En las misivas, explicó el purpurado, “nuevamente reiteramos la preocupación y nuestra petición para que dicho protocolo facultativo no sea ratificado por la Asamblea”.
La Conferencia Episcopal de El Salvador envió cartas similares en septiembre de 2001 y en julio de 2003.
La Iglesia salvadoreña dijo que ratificar el protocolo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1999, “conlleva reconocer competencias a un organismo supranacional”, en referencia a un comité que vigila su aplicación. Escobar Alas dijo que este comité “ha intervenido” en otras naciones “con sesgo ideológico, con planteamientos que desbaratan los principios básicos que sustentan la familia y la sociedad”.
Explicó que en el marco de la convención se “considera la maternidad como un estereotipo que hay que erradicar, recomienda dejar de celebrar el Día de la Madre”. Además, “bajo el lema de derechos reproductivos ha impulsado la legislación del aborto y ha reprendido a países que lo penalizan (…) recomienda reconceptualizar el lesbianismo”.
El jefe de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, Guillermo Valencia, informó que actualmente no existen debates al interior de este órgano para ratificar el protocolo, que se mantiene pendiente de análisis en la Comisión de la Familia. Además, confirmó que a principios de este año los diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) buscaron apoyo con otras facciones para tratar de ratificarlo, aunque la iniciativa no prosperó.

El aborto, la violencia contra las mujeres que los progres no quieren ver.

julio 23, 2009

Un nuevo documento publicado en la revista digital inglesa The Obstetrician & Gynaecologist, la revista oficial del “Royal College of Obstetricians and Gynaecologists”, del Reino Unido, examina la relación entre el aborto y la violencia doméstica. Pese a ser un artículo favorable al aborto, y con una fuerte carga de ideología de género, los datos estadísticos y la evidencia científica del estudio arrojan los siguientes resultados:
– En Inglaterra y Gales el 20 por ciento de las mujeres informan de que han sido agredidas físicamente por su actual pareja en algún momento de sus vidas y un número significativo de las que solicitan interrumpir su embarazo han sufrido relaciones violentas.
– Una de cada tres mujeres que quieren abortar en el Reino Unido han sufrido algún episodio de violencia doméstica, en mayor grado las gestantes que abortan más de una vez.
– La alta prevalencia de la violencia durante el embarazo también está acreditada. De hecho, una encuesta realizada entre los años 2003-2005 en el Reino Unido reflejó que 19 mujeres embarazadas fueron asesinadas por sus respectivas parejas.

Por tanto, pese a que existan quienes amparados en su fanatismo ideologico feminista se empeñen en vender y proclamar el asesinato de bebés como un derecho para las mujeres, la realidad es que el aborto es gran cantidad de casos consecuencia de un acto de violencia doméstica continuada, que impide a las mujeres ejercer su derecho a la maternidad. A demás el embarazo y la maternidad son, cada día más factores re riesgo para sufrir violencia doméstica, exclusión social y discriminación laboral.